Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea duda del grado en que el fondo europeo de recuperación y los planes nacionales asociados contribuyen a la transición ecológica y ha dado unas recomendaciones para corregir la situación.

Un informe de los auditores europeos publicado este miércoles indica que esta plataforma de inversiones «probablemente no es tan verde como se considera» y asegura que la asignación de gastos para proyectos climáticos «podría estar sobrestimada en 34.500 millones de euros».

Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal responsable del informe, explicó en rueda de prensa que la auditoría llevada a cabo ha identificado «debilidades» en el diseño e implementación del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el pilar principal del fondo de recuperación de la UE tras la pandemia.

Asimismo, se refirió a las «discrepancias entre la planificación y la práctica» y señaló que se dan pocas indicaciones de cuánto dinero se destina directamente a la transición ecológica.

La misma experta precisó, no obstante, que el objetivo del informe no es «echar la culpa a nadie», sino dar «recomendaciones de lo que se puede hacer mejor con vistas al futuro».

El documento asegura que no todas las medidas clasificadas como ecológicas fueron evaluadas y que «no se tienen plenamente en cuenta los importes reales gastados en la acción por el clima en los países de la UE».

Según la normativa aplicable, los Estados miembros tienen que destinar al menos el 37 % de sus asignaciones nacionales con cargo al MRR a la acción por el clima.

Según el informe, a fecha de febrero de 2024, el 42,5 % de los fondos del MRR (275.000 millones de euros) contribuía a apoyar los objetivos climáticos de la UE.

Sin embargo, los auditores advierten de que estas contribuciones podrían estar sobrestimadas en al menos 34.500 millones de euros.

También hallaron insuficiencias en los hitos y objetivos de las acciones para el clima, en la notificación del gasto real y en el respeto al medioambiente de algunos proyectos.

El informe se refiere a la fórmula del «coeficiente climático» que Bruselas utiliza para calcular el porcentaje de dinero previsto para la «acción por el clima».

Las acciones que contribuyen de forma sustancial reciben un coeficiente del 100 %, mientras que las que lo hacen de forma «positiva y no marginal», reciben un coeficiente del 40 %, y cuando es una contribución neutral o insignificante, un coeficiente del 0 %.

Tras una inspección minuciosa, la auditoría concluyó que algunos proyectos clasificados como ecológicos carecían de un vínculo directo con la transición ecológica.

Por ejemplo, un proyecto para mejorar la gestión del agua recibió un porcentaje de contribución climática del 40 % cuando en realidad los fondos se destinaron a soluciones informáticas para digitalizar el sistema de suministro, por lo que «habría sido más adecuado conferir un porcentaje (…) del 0 %».

Para evitar estos problemas, los auditores recomiendan que los proyectos para el clima se evalúen con mayor detalle y precisión.

Otro problema es que los países presentan en sus planes estimaciones de costes para alcanzar los objetivos de gasto relacionados con el clima que se verifican con anterioridad pero no después de su aplicación, cuando los costes reales pueden diferir de las estimaciones.

Para resolverlo, los auditores sugieren reforzar los vínculos entre los futuros instrumentos y los objetivos climáticos, y que se recopile y publique una contabilidad completa del dinero gastado.

La Comisión Europea tomó nota este miércoles de las recomendaciones y valoró que el Tribunal de Cuentas reconozca que el MRR «contribuye a la transición ecológica de la UE (…) al instar a los Estados miembros a incluir medidas climáticas sustanciales en sus planes de recuperación».

No obstante, precisó que algunas críticas expresadas «se refieren a aspectos que van más allá» de la legislación aplicable.

Sobre la petición a la Comisión de publicar datos sobre el gasto real, Bruselas recuerda que el Reglamento del MRR no incluye esa exigencia.

Editado por Sandra Municio

Bruselas (EuroEFE).- El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) pidió este miércoles que las políticas de la Unión Europea (UE) sobre esa bebida se centren en los mercados, los consumidores y la competitividad de las compañías dispuestas a permanecer e invertir en el sector.

El CEEV se manifestó en ese sentido tras participar hoy en la primera reunión del grupo de alto nivel sobre política del vino impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades para el sector.

«Si bien la producción de uva y vino afronta algunos desafíos críticos debido al aumento de los costes de producción y los impactos del cambio climático, la disminución estructural del consumo de vino a largo plazo, particularmente en los mercados tradicionales, está en el centro de la actual crisis del sector vitivinícola de la UE», señaló la organización en un comunicado.

En ese sentido, el CEEV se mostró convencido de que las soluciones deben centrarse en los mercados y los consumidores de vino, «y no solo en el funcionamiento de la cadena de suministro del vino».

Según el Comité Europeo de Empresas del Vino, el apoyo debería tener como objetivo fomentar, por una parte, la competitividad de los operadores de vino y su capacidad de adaptarse a la demanda de los mercados y, por la otra, su resiliencia ante el cambio climático con medidas de adaptación y mitigación.

Para asegurar el futuro de las empresas vitivinícolas del club comunitario, el CEEV propuso simplificar los planes estratégicos de la Política Agrícola Común y, en concreto, hacer más sencillos los procesos administrativos, en particular, en las medidas de promoción y comunicación, para que el apoyo nacional sea «más eficiente y flexible».

Igualmente, planteó actualizar la organización común de mercados del sector vitivinícola y las reglas de etiquetado, así como simplificar las normas de comercio electrónico de la UE y regular los productos de vino desalcoholizado.

Además, instó a establecer directrices sobre sostenibilidad en la UE y a mejorar el acceso al mercado.

El presidente del CEEV, Mauricio González-Gordon, subrayó la «necesidad apremiante de una reforma integral», y alertó de que el sector vitivinícola de la UE está afrontando «tanto desafíos estructurales como inmediatos».

Agregó que la reunión del grupo de alto nivel hoy fue «oportuna y esencial para un debate estratégico sobre el futuro de la política vitivinícola de la Unión Europea».

«El futuro del sector vitivinícola de la UE depende de los operadores que están comprometidos con su sostenibilidad y desarrollo, y las políticas de la UE deben centrarse en ellos y priorizar sus necesidades”, dijo González-Gordon.

El secretario general del CEEV, Ignacio Sánchez Recarte, dijo que también es necesario «gestionar mejor el potencial de producción para mejorar el equilibrio entre producción y demanda».

En la reunión de este miércoles también participó la Federación Europea de Vinos de Origen, de la que forma parte la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV).

La CECRV avisó en un comunicado de que la disminución del consumo, las dinámicas cambiantes del mercado, las perturbaciones del mercado y los desafíos climáticos son retos que ponen en peligro el futuro del sector vitivinícola.

En el encuentro del grupo de alto nivel, la Federación Europea de Vinos de Origen defendió el apoyo específico al mercado, reforzar y flexibilizar el régimen de autorizaciones de plantación de viñedos, la mejora de la promoción y la diversificación de los canales de comercialización, el fomento de la sostenibilidad y el etiquetado riguroso.

Editado por Sandra Municio

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea urgió este miércoles a los gobiernos que todavía no han enviado la versión final de sus planes de energía y clima, entre ellos España, que lo hagan lo antes posible, puesto que representan un «paso clave» para que el bloque pueda cumplir con su objetivo de reducción de emisiones de 2030.

Así consta en el «Informe sobre el Estado de la Energía» presentado por la comisaria responsable de esta cartera, Kadri Simson, quien ha recordado en una rueda de prensa que sólo diez Estados miembros han enviado la versión definitiva de dichos planes (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia).

«La Comisión urge a los restantes Estados miembros a remitir sus planes sin dilación para permitir un análisis rápido y amplio a nivel europeo, al tiempo que constituyen una plataforma sólida para abordar los obstáculos, debatir las mejores prácticas y mejorar la coordinación regional y permitir una ejecución rápida y ágil de nuestros objetivos 2030», reza el texto.

España, que envió el último borrador el pasado julio, se encuentra entre los 17 socios comunitarios que todavía no ha enviado a las autoridades comunitarias la nueva versión definitiva de su plan nacional de energía y clima (PNIEC), pero fuentes diplomáticas han asegurado a EFE que lo hará «próximamente».

En esta línea, Bruselas apunta que todos los gobiernos «deben aumentar sus esfuerzos para garantizar un nivel suficiente de ambición y asegurar que la UE está en el buen camino» para lograr sus metas climáticas.

El informe destaca que el análisis de los borradores de los planes que los países enviaron el pasado año apunta a una mejora en la ambición pero todavía «insuficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 % para 2030», como se ha marcado el club.

En concreto, el examen de los servicios comunitarios revela que los borradores enviados por las capitales conducirían a una disminución de las emisiones de CO2 del 51 % al final de esta década, lo que supone una «brecha» de cuatro puntos porcentuales.

Bruselas subraya que este agujero también queda reflejado en los objetivos nacionales de reducción de emisiones y en las metas para aumentar la captura de carbono, lo que «demuestra la necesidad de medidas y una aplicación más robusta» de los planes de clima para «están en el buen camino de cara a 2030».

Además, el informe remarca que «sólo unos pocos Estados miembros han incluido en sus borradores de actualización de los planes actuaciones detalladas sobre adaptación al cambio climático en el contexto de la resiliencia de sus sistemas energéticos».

La Organización de Naciones Unidas, que celebrará su próxima conferencia climática COP29 en Azerbaiyán el próximo noviembre, ha insistido en numerosas ocasiones en que los Gobiernos de todo el mundo deben mejorar sus planes porque las actuales proyecciones no permitirían alcanzar el objetivo de que las temperaturas a final de siglo no suban más de 1,5 grados centígrados respecto a los valores preindustriales.

En la trayectoria para cumplir los objetivos de hidrógeno verde

Por otra parte, la Comisión Europea estima que la UE está en la trayectoria para cumplir con sus objetivos de producción de hidrógeno verde, si bien las metas fijadas para 2030 son «indicativas» y no «legalmente vinculantes».

La comisaria europea de Energía dijo en rueda de prensa al presentar su «Informe anual sobre el estado de la energía» que la UE «probablemente cumplirá» sus objetivos de hidrógeno.

El informe señala que «para finales de 2024, la UE podría alcanzar una capacidad de 0,8 gigavatios en nuevos electrolizadores necesarios para descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno, un vector energético, este último, que Bruselas considera «crucial» para descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar como el transporte marítimo, la aviación o la industria pesada.

El objetivo al que aspira la Comisión Europea es llegar a 6 gigavatios en 2025 y 40 gigavatios en 2030, que contribuirían a alcanzar la meta de producir 10 millones de toneladas de hidrógeno verde (a partir de energía renovable) o bajo en carbono (a partir de energía nuclear) en 2030.

No obstante, la comisaria subrayó que «no son objetivos vinculantes, sino más bien indicativos».

Para estimular ese sector incipiente, entre otras herramientas, el Ejecutivo comunitario ha creado un Banco Europeo de Hidrógeno para contribuir a la financiación del sector y ha diseñado un sistema de subastas de subsidios a los productores de ese combustible sin CO2, con 3.000 millones proyectados para este año.

El pasado abril, en la primera de esas subastas, Bruselas repartió 720 millones de euros en ayudas, de las que 263 millones fueron para proyectos españoles, y se espera que este mes de septiembre anuncie una segunda ronda dotada con unos 2.200 millones de euros de fondos comunitarios.

Editado por Sandra Municio