Europa
EuroEFE explica: La ley europea sobre violencia de género
Madrid (EuroEFE).- La Eurocámara aprobó este miércoles la primera ley específica de la Unión Europea (UE) para combatir la violencia de género, un texto que ha decepcionado a muchas feministas porque no obliga a tipificar la violación como delito penal, pero que contiene avances notables en la lucha contra el ciberacoso, la protección de las víctimas o la prevención de crímenes machistas.
Te explicamos sus puntos clave:
¿De dónde viene?
Al calor del movimiento ‘Me Too’ y la toma de conciencia sobre la violencia de género, la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen incluyó la lucha contra esa lacra entre sus prioridades, y el 8 de marzo de 2022 presentó una propuesta para establecer normas básicas que tipificaran distintas formas de violencia machista como delito penal en los Veintisiete países miembros de la UE, llamada oficialmente ‘Directiva para combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica’.
La propuesta también buscaba rellenar lagunas en la puesta en práctica del Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional contra la violencia machista cuya implementación es muy dispar a nivel comunitario y que todavía no han ratificado cinco países miembros de la UE (Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania y República Checa).
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo abogaron por tipificar la violación como delito basándose en la falta de consentimiento, como sucede ya en España a raíz de la ley del ‘solo sí es sí’. Pero se toparon con la oposición de Francia y Alemania, que alegaron que no había «base jurídica» suficiente en los tratados de la UE para legislar sobre ese crimen, por lo que la violación quedó fuera de la lista de ofensas contempladas en la legislación.
¿En qué te afecta?
En España, muchos puntos de la directiva están cubiertos ya por la ley de ‘solo sí es sí’. Sin embargo, la medida europea puede suponer cambios enormes en otros países de la UE con marcos legales más atrasados en la materia, además de representar una garantía en caso de que la legislación española cambiara y dejara lagunas en la protección de las supervivientes de violencia machista.
Tendrás más derechos y garantías procesales en caso de ser víctima de ciberviolencia, como el acoso en Internet o la difusión de tus imágenes íntimas o manipuladas, y tus agresores se expondrán a un año de cárcel.
Si sufres algún tipo de violencia machista en cualquier país miembro de la UE, deberás tener facilidades para denunciar (incluso por Internet), acceso a asistencia jurídica gratuita y a un apoyo especializado, como los centros de crisis o los refugios.
¿En qué consiste?
La ley define la violencia contra las mujeres según lo establecido en el Convenio de Estambul, es decir, aquellas ofensas contra una mujer o niña por el hecho de serlo que resulten en «daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos«, incluyendo las «amenazas de esos actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad», tanto en la esfera pública como en la privada.
Obliga a los Estados a criminalizar el matrimonio forzado (que deberá castigarse con al menos tres años de cárcel) y la mutilación genital femenina (al menos cinco años de prisión).
Aunque la ablación es más frecuente en ciertos países de África y Asia, se calcula que unas 600.000 mujeres han sido víctimas de esa lacra en Europa, mientras que 190.000 niñas en diecisiete países europeos corren el riesgo de ser mutiladas, de acuerdo con la Red europea para acabar con la mutilación genital femenina.
La ley también obliga a los países a penalizar cuatro fenómenos relacionados con Internet y las redes sociales (que deberán castigarse con al menos un año de cárcel):
El ciberacoso: incluye las conductas amenazantes contra una persona mediante tecnologías de la información en numerosos supuestos; el envío no solicitado de material que represente los genitales; o la publicación de los datos personales de alguien para incitar a la violencia contra ella.
La persecución cibernética (‘ciberacecho‘ o cyberstalking): el sometimiento a alguien a vigilancia de forma reiterada o continua sin su consentimiento, cuando eso pueda causarle graves daños.
La incitación al odio o la violencia contra una persona o grupo en relación con su género, mediante publicaciones en tecnologías de la información.
La difusión no consensuada de imágenes íntimas o sexualmente explícitas de una
persona sin su consentimiento, o la manipulación de contenido para que parezca que una persona está practicando actividades sexualmente explícitas, como ocurrió en septiembre pasado con las adolescentes de Almendralejo (Badajoz).
Establece una lista de agravantes de delitos que deben acatar todos los Estados miembros, entre ellos: que el crimen se haya cometido contra menores o en presencia de ellos, que se cometa en el seno de la familia, el matrimonio o la convivencia; que haya provocado la muerte o graves lesiones físicas o psicológicas; que se haya abusado de una posición de poder; que dos o más personas hayan actuado conjuntamente; o que se haya cometido contra personas discapacitadas, periodistas o defensoras de derechos humanos.
¿Cómo se implementará?
Los Estados estarán obligados a hacer campañas de prevención de la violencia machista dirigidas al público desde una edad temprana, y deberán adoptarse medidas concretas para prevenir los ciberdelitos, el acoso sexual en el trabajo, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina.
Para prevenir la violación, los Estados estarán obligados a desplegar campañas destinadas específicamente a concienciar de que el sexo no consentido se considera delito, y a promover cambios en los patrones de comportamiento arraigados en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
∗ La letra pequeña: Esa obligación ha llenado de esperanza a varias de las eurodiputadas que están decepcionadas por que la ley no tipifique penalmente la violación según el consentimiento, porque al menos los países miembros deberán usar esa definición (la del ‘solo sí es sí’) para prevenir ese tipo de delito. Ese enfoque puede tener un efecto particularmente importante en los 11 Estados miembros que todavía definen la violación en función de si hay una amenaza o coerción, con lo que las víctimas deben aportar pruebas de que hubo tales presiones, un punto que disuade a muchas de denunciar.
Las supervivientes de violencia machista deberán poder presentar sus denuncias a través de canales «accesibles, fáciles de usar, seguros y con disponibilidad inmediata», como Internet.
Además, deberán tener garantizado el acceso a asistencia jurídica gratuita, y el derecho a solicitar una indemnización a sus agresores; y se deberá asegurar que los profesionales de la salud con obligaciones de confidencialidad puedan denunciar sospechas de violencia machista cuando pueda haber un daño inminente. Las autoridades y personal fiscal y jurídico que intervenga en el caso debe tener tambi
∗ La letra pequeña: Las mujeres indocumentadas pueden quedar desprotegidas y sin acceso a esas garantías si son víctimas de violencia machista, pues si acuden a una comisaría a denunciar, corren el riesgo de que sus datos se envíen a las autoridades para su deportación, según han denunciado varias ONG. La Comisión y el Parlamento Europeo abogaron por limitar o incluso prohibir que se compartiera esa información, pero los Estados miembros rechazaron esa posibilidad.
Los Estados garantizarán que quienes investiguen y enjuicien actos de violencia de género dispongan de «conocimientos especializados adecuados» y de herramientas de investigación eficaces.
Las investigaciones no podrán demorarse indebidamente cuando se reciba una denuncia y haya motivos razonables para sospechar de un delito de violencia machista, y las conclusiones y pruebas deberán quedar consignadas en un registro.
En el caso de una violación, los Estados miembros deberán velar para que la investigación o el enjuiciamiento no dependan exclusivamente de la denuncia por parte de la víctima o su representante, y que la retirada de esa posible denuncia no conlleve el sobreseimiento de la causa penal. Las supervivientes, además, deberán recibir un apoyo clínico especializado.
La superviviente tendrá derecho a una evaluación individual de sus necesidades de protección lo antes posible, que deberá resultar en las medidas pertinentes, incluido el posible dictado de órdenes urgentes de alejamiento o de protección, así como el apoyo a los menores a su cargo.
En cada país deberá haber líneas telefónicas de ayuda gratuitas, veinticuatro horas al día y siete días a la semana, para proporcionar información y asesoramiento a las víctimas, como el 016 que ya existe en España; además de refugios para supervivientes de violencia machista con espacio para menores.
Los Estados miembros deberán designar o crear un organismo oficial para supervisar las actividades en este ámbito (un punto especialmente importante en los países donde no existe ministerio de Igualdad), y procurarán llevar a cabo encuestas periódicas de población para evaluar el alcance de la violencia machista.
¿Y ahora qué?
El próximo paso es la ratificación formal en el Consejo de la UE, un proceso en el que no se esperan obstáculos.
A continuación, se procederá a la publicación de la directiva en el diario oficial de la UE: veinte días después, habrá entrado técnicamente en vigor.
Los países miembros de la UE tendrán entonces tres años para trasponer la legislación y adaptarla a sus propios sistemas nacionales, por lo que, como pronto, el texto llegará a su implementación plena a mediados de 2027.
La Comisión Europea revisará la implementación de la ley cinco años después de su entrada plena en vigor (es decir, hacia 2032) y, si es necesario, propondrá enmiendas: es entonces cuando las eurodiputadas españolas implicadas en su negociación confían en que pueda añadirse la tipificación penal de la violación basada en la falta de consentimiento.
Fuentes:
Texto del acuerdo entre el Parlamento y el Consejo
Propuesta original de la Comisión Europea
Texto del Convenio de Estambul
Análisis del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (en inglés)
Definiciones de violación en cada país miembro de la UE (en inglés)
Última encuesta oficial sobre violencia de género en la UE (2014) (en inglés)
Informaciones en EuroEFE y Euractiv
Más información:
Budapest (EuroEFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, se reunió este viernes en Bucarest con su homólogo rumano, el socialista Marcel Ciolacu, y se comprometió a impulsar durante la actual presidencia húngara de la UE la plena entrada de Rumanía en el espacio Schengen.
«Hoy he visitado #Bucarest para reunirme con el primer ministro @CiolacuMarcel. Prometí que la presidencia húngara de la UE incluirá la adhesión de Rumanía al #EspacioSchengen en el orden del día del Consejo este otoño«, destacó Orbán en la red social X.
Al igual que Bulgaria, Rumanía entró el 31 de marzo pasado sólo parcialmente en el espacio de libre circulación -para viajes por mar y aire, pero no terrestres- ante un veto presentado por Austria, que exige más controles para frenar la entrada de inmigrantes al país balcánico.
Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 26, 2024
En su reunión, Ciolacu agradeció a Orbán el apoyo húngaro para la plena entrada de Rumanía al espacio Schengen.
«Hungría ostenta este semestre la presidencia del consejo de la UE y, como tal, Rumanía confía en la acción honesta de Hungría para consolidar la Agenda Estratégica Europea» y lograr la entrada plena de Rumanía en Schengen, dijo el mandatario rumano en su página de Facebook.
Tras 17 años como miembro de la UE y 13 de negociación, Rumanía lamenta no haber conseguido una entrada plena al espacio Schengen, algo que limita enormemente el impacto positivo en su economía, ya que un 39,3 % del transporte de mercancías del país se produce por carretera y un 20 % por tren, según datos de Eurostat del año 2021
En su reunión, los dos jefes de Gobierno acordaron además iniciar estudios de viabilidad para el enlace ferroviario de alta velocidad entre Budapest y Bucarest, que promete tener un impacto significativo en las redes ferroviarias de la región del sureste de Europa.
Orbán asistirá este sábado a la Universidad de Verano en la localidad rumana de Baile Tusnad, en el centro de Rumanía, donde pronunciará un discurso.
Effective discussion w/ @PM_ViktorOrban. We have a pragmatic approach on issues of joint interest: connectivity, energy security, preventing illegal migration. I asked t/ @HU24EU to act as an honest broker f/ advancing t/ 🇪🇺 strategic agenda &🇷🇴’s complete accession to #Schengen. pic.twitter.com/v2D0jWLZyU
— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) July 26, 2024
Polémica por la multa del TJUE sobre migración
Mientras, el Gobierno de Hungría insistió en que considera «inaceptable» la multa de 200 millones de euros que le impuso en junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por haber ignorado una condena que esa misma corte le impuso en 2020 por violar el derecho comunitario sobre protección de inmigrantes.
Según varias informaciones de prensa, la semana pasada la Comisión Europea envió a Budapest un reclamo de pago por esa multa, que Orbán ha prometido pagar pero de una manera que «le duela a Bruselas».
«El Gobierno quiere llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, aunque si el resultado es que la defensa externa de las fronteras no se puede mantener, Hungría defenderá sus lindes, pero no podremos garantizar que centenares de miles de inmigrantes no vayan hacia Austria o Alemania«, advirtió en rueda de prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.
«No chantajeamos a nadie», aseguró sin embargo el ministro húngaro.
Gulyás aseguró que el fallo del TJUE es «inaceptable», ya que demuestra que la corte no es imparcial y «tiene sentimientos negativos hacia Hungría», porque, a su juicio, defiende las fronteras exteriores de la UE con su política radicalmente contraria a la migración.
Editado por Lucía Leal
Más información:
Río de Janeiro (EuroEFE).- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, afirmó este viernes que el ciclo institucional que se inicia en la UE, tras las elecciones de junio pasado, y en la Comisión Europea abre una nueva oportunidad para finalmente cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur).
«Creo que conforme se renueve la Comisión Europea se abre de nuevo una posibilidad para impulsar las negociaciones y de llegar a un acuerdo que, estamos convencidos, sería muy positivo para ambas regiones», afirmó Cuerpo en declaraciones a medios españoles en Río de Janeiro, en donde participa de la reunión de ministros de Finanzas del G20.
Las negociaciones entre el Mercosur -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y ahora también por Bolivia- y la UE para un acuerdo comercial comenzaron hace dos décadas y ambos bloques llegaron a un acuerdo de principios en 2019.
Pero las conversaciones finales se estancaron debido a las exigencias medioambientales introducidas el año pasado por un grupo de países europeos y que el Mercosur considera como proteccionistas.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó recientemente que el acuerdo puede lograrse cuando los europeos superen sus divergencias.
«Hemos tenido unos meses de parón por las elecciones que se produjeron a nivel europeo, pero creo que ahora se abre una nueva ventana de oportunidades y ese es mi principal mensaje» en Brasil, afirmó Cuerpo.
El ministro recordó que, tras la renovación del Parlamento Europeo, fue prorrogado el mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y actualmente el bloque está en el proceso de rellenar los puestos de los comisarios.
Citó igualmente como positivo para las negociaciones la victoria de la izquierda en las recientes elecciones parlamentarias francesas.
«Cuando hablo de ventana de oportunidad no solo es que cambie el ciclo institucional en la Unión Europea, sino que estamos todos, y creo que es algo común en la Unión, con una mirada mucho más orientada hacia América Latina«, afirmó.
Según Cuerpo, los últimos eventos en Europa, especialmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, dejaron claro a la Unión Europea que tiene que aumentar el número de «socios confiables».
«En ese sentido, creo que el puente que hace España entre la Unión Europea y América Latina tiene que ayudar a que se refuercen estas relaciones, y esperemos a que se cierre también el acuerdo» con Mercosur, afirmó.
Impuesto a los ultrarricos
Por otro lado, el ministro dijo que el G20 dio un paso importante al poner sobre la mesa la necesidad de crear un impuesto universal sobre las fortunas de los ultrarricos y pidió que ese esfuerzo continúe con la elaboración de una hora de ruta para su futura implementación.
📢 Today, Brasil’s Finance Minister Fernando Haddad announced a historic consensus at the G20 on international taxation, including the taxation of large fortunes. 💼💰 The agreement was reached during the 3rd meeting of G20 Finance Ministers. pic.twitter.com/xVukoXXUrF
— G20 Brasil (@g20org) July 25, 2024
«Ahora hay que seguir trabajando y hay que poner sobre la mesa una hoja de ruta de los pasos que tenemos que seguir dando para implantarlo», afirmó al respecto.
Sostuvo que primero se debe elaborar una base con datos sobre la renta y los activos de riqueza de los individuos considerados ultrarricos a nivel internacional.
Igualmente ve necesario establecer mecanismos de cooperación para intercambiar esas informaciones e identificar las brechas que les permiten evadir impuestos.
«Tenemos que trabajar para que podamos tener una implementación coordinada y efectiva (del impuesto) y para conseguir esa recaudación», dijo.
El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, dijo la víspera que la propuesta de Brasil para que sea creado un impuesto universal a los ultrarricos fue aclamada por el G20 e incluida en uno de los documentos que serán divulgados este viernes, al final de la cita ministerial.
Editado por Miriam Burgués
Más información:
Bruselas (EuroEFE).- Los gobiernos de los países de la Unión Europea respaldaron este viernes la apertura de expedientes a Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite de déficit del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) que marcan las reglas presupuestarias de la UE.
Los Veintisiete dieron su visto bueno al procedimiento por déficit excesivo a estos siete países, en línea con la recomendación emitida en junio por la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario retomó el mes pasado los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, cuyo objetivo es asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, so pena de sanciones si no actúan.
De los doce países que se exponían a este procedimiento, Bruselas decidió expedientar a siete de ellos, incluidas Italia, que registra el déficit más abultado de la UE (7,4 % del PIB) y Francia (5,5 %), así como Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Además, mantuvo abierto el que inició en 2019 contra Rumanía puesto que no ha tomado medidas para encauzar su déficit.
Esos expedientes resultarán en la adopción por parte de Bruselas de sendas de ajuste que deberían asegurar una reducción del déficit de al menos 0,5 puntos porcentuales al año, según las nuevas normas de disciplina fiscal adoptadas este año.
📢 Today, the Council launched an excessive deficit procedure for 7 EU countries:
Belgium 🇧🇪
France 🇫🇷
Italy 🇮🇹
Hungary 🇭🇺
Malta 🇲🇹
Poland 🇵🇱
Slovakia 🇸🇰
It also decided to keep the excessive deficit procedure open for Romania 🇷🇴.
Find out more about the procedure ⬇️
— EU Council (@EUCouncil) July 26, 2024
En el caso de España, sin embargo, Bruselas consideró que no estaba justificado abrir un expediente pese a que su déficit se situó en 2023 en el 3,6 %, al calcular que el desvío es temporal y se reducirá al 3 % este año y al 2,8 % en 2025, según sus previsiones.
También lograron evitar ese expediente otros países como República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia, porque la Comisión Europea tuvo en cuenta factores relevantes como la situación de la deuda pública, la evolución de la economía o la inversión en defensa.
En el marco del debate entre países sobre la apertura de estos procedimientos, Dinamarca expresó una queja por el hecho de que Bruselas perdonase el expediente a España pese a haber cerrado el pasado año con un déficit superior al permitido.
Esta crítica fue canalizada en una declaración que, sin mencionar específicamente a ningún país, pedía una implementación rigurosa de las reglas y a la que se sumaron otros cinco países, entre ellos Suecia, según pudo comprobar EFE confirmando una información adelantada por el diario español El Mundo.
Estos seis países presentaron su desacuerdo ante el Comité Económico y Financiero de la UE, que está formado por expertos de los veintisiete Estados miembros y que prepara las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas del bloque.
En dicho documento, estos seis países recuerdan que la reforma de las reglas fiscales no modificó el límite del 3 % de déficit público que establecen los Tratados de la UE, junto con el umbral de la deuda, que sigue fijado en un 60 % del PIB.
Las normas permiten evitar la apertura de un expediente si el desvío en las cuentas públicas es temporal, excepcional y cercano al 3 %. Para decidir perdonar el expediente a España, Bruselas primó el hecho de que prevé que el país reduzca su déficit al 3 % este mismo año sin esfuerzos fiscales adicionales.
Editado por Lucía Leal
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