Madrid (EuroEFE).- La posibilidad de pagar para evitar acoger migrantes, la detención de algunos menores desde los seis años, un proceso acelerado para tramitar solicitudes de asilo en las fronteras… El pacto de migración y asilo que aprobó este miércoles el Parlamento Europeo es una de las piezas más complejas y polémicas que se han debatido en los últimos años en la Unión Europea (UE).

Te explicamos en qué consiste:

¿De dónde viene?

En 2016, un año después de vivir una de las mayores crisis migratorias de su historia con la llegada de un millón de refugiados sirios y de otros países, la UE se propuso modernizar sus normas sobre la materia, el llamado reglamento de Dublín, que no se tocaba desde 2013.
Bajo esa normativa, la carga de procesar las solicitudes de asilo recae sobre el primer país de la UE al que llegan los migrantes, lo que concentra la presión en naciones del sur como España, Italia o Grecia, pero también en el este, donde llegan refugiados de Siria o Ucrania.
Los intentos por sacar adelante la reforma, rechazada por motivos distintos por la ultraderecha y por la izquierda europea, estuvieron marcados por el incendio de 2020 en el campo de refugiados griego de Moria y por el aumento de llegadas a las costas de Lampedusa (Italia) o las islas Canarias (España).

¿En qué te afecta?

Para los españoles, el pacto supondrá, en teoría, una menor presión por la creciente afluencia de migrantes a comunidades como Canarias, porque obliga a otros países de la UE a acoger a algunos de ellos o pagar para que España pueda reforzar sus recursos para atenderles, e incluso declarar una crisis que abriría la puerta a nuevas ayudas.

En la práctica, sin embargo, es posible que esa asistencia no se ajuste a las necesidades de las regiones afectadas, porque los países europeos tienen vía libre para decidir si, por ejemplo, pagan para reforzar las fronteras españolas en lugar de acoger migrantes o reforzar el sistema de protección de los solicitantes de asilo, dos áreas que podrían quedar en segundo plano, advierte Amnistía Internacional.

Para los migrantes irregulares o solicitantes de asilo, el acuerdo supone mayores controles a su llegada a la UE, incluso para niños menores de seis años; una mayor incertidumbre sobre dónde acabarán si consiguen quedarse en el continente y, probablemente, menos posibilidades de conseguir finalmente el estatus de refugiado.

Se espera que el pacto se complemente con una mayor externalización del control de las fronteras europeas, a través de acuerdos con países de tránsito como Túnez o Mauritania, lo que puede suponer que menos migrantes cumplan su objetivo de solicitar refugio en la UE.

¿En qué consiste?

El pacto es una amalgama de diez actos jurídicos que se complementan entre sí, y que hubo que negociar y acordar por separado. Desgranamos los más importantes:

Acuerdo sobre la gestión de la migración y el asilo:

Es el que ha generado más titulares, con su famoso mecanismo de solidaridad obligatoria para repartir las cargas administrativa y financiera derivadas de la llegada de solicitantes de asilo a las fronteras de la UE. Incluye dos puntos clave:

Cada país miembro deberá contribuir al mecanismo de solidaridad, pero podrá elegir si lo hace financieramente, aceptando refugiados, o de ambas formas. También podrán decantarse por dar apoyo operativo y técnico a los países bajo mayor presión migratoria. Su aportación se decidirá en función del PIB de cada país (lo que definirá el 50 % del cálculo) y de su población (el otro 50 %).

Como mínimo, ese mecanismo de solidaridad deberá resultar cada año en 30.000 solicitantes de asilo reasentados en otros países de la UE y en 600 millones de euros en contribuciones financieras.

En la práctica, eso significa que aquellos países -como Hungría o Polonia- que no quieran acoger refugiados y opten, por tanto, por la contribución económica, tendrán que asumir una factura de alrededor de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen, una cantidad que podrá variar con el tiempo si la Comisión modifica las aportaciones mínimas al mecanismo.

Procedimiento común de asilo:

Crea un proceso acelerado para conceder o retirar la protección internacional en toda la UE, que sustituirá los diferentes procedimientos nacionales y se aplicará sobre todo a quienes migren por motivos económicos y a otros que tengan pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado.

Habrá un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión sobre las solicitudes de asilo, que se acortará aún más en caso de peticiones especialmente infundadas.
Ese procedimiento acelerado se aplicará automáticamente cuando los solicitantes se consideren peligrosos para la seguridad nacional, hayan engañado a las autoridades o provengan de países con tasas de concesión de asilo inferiores al 20 %.

En su conjunto, los centros de detención temporales de toda la UE deberán tener capacidad para 30.000 solicitantes de asilo procesados por este mecanismo (una cifra que aumentará gradualmente hasta 2027), y la Comisión fijará límites concretos para cada país. Cuando se alcancen esos topes, los migrantes tendrán derecho a que sus peticiones se tramiten en el sistema ordinario de asilo.
Los menores no acompañados no podrán quedar sujetos a ese procedimiento acelerado ni a una detención, a no ser que se les considere un «riesgo para la seguridad».
Los menores que estén acompañados de familiares y que provengan de países con bajas tasas de concesión de asilo sí podrán ser detenidos y sujetos al proceso acelerado desde una edad tan temprana como los seis años, un punto que ha sido muy criticado por ONGs como Save the Children. Cada país puede decidir, no obstante, que para ellos no será una prioridad mantener a esas familias detenidas.

 ∗ La letra pequeña: Save the Children y otras organizaciones han denunciado que el pacto dificultará la reunificación de menores no acompañados con sus hermanos, pero fuentes del Parlamento Europeo consultadas por EFE negaron ese extremo y citaron el artículo 25 del procedimiento, que menciona explícitamente la obligación de intentar juntar a esos niños con sus hermanos.

Reglamento sobre controles en las fronteras:

Establece un sistema para procesar a los migrantes irregulares en un periodo máximo de apenas siete días en las fronteras externas de la UE, y de tres si se produce dentro del territorio comunitario.
Tras ese periodo, los solicitantes de asilo podrían ser desplazados a otros países de la UE en virtud del mecanismo de solidaridad.
Ese procesamiento incluirá la identificación del solicitante de asilo, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad; y deberá realizarse en las fronteras exteriores o cerca de ellas.

Se aplicará a aquellos migrantes que crucen irregularmente las fronteras exteriores de la UE, a los indocumentados que lleguen a puntos de entrada y presenten una solicitud de asilo y a aquellos que desembarquen en costas comunitarias tras una operación de
búsqueda y salvamento en el mar.

Reglamento sobre datos biométricos de los migrantes (Eurodac):
Reforma el sistema de toma y almacenamiento de huellas dactilares de los migrantes irregulares (llamado Eurodac y creado en 2003), para ampliar su alcance y facilitar las deportaciones. En concreto:

Rebaja de 14 a 6 años la edad mínima a la que se pueden tomar huellas dactilares a los menores, un punto muy polémico impulsado por Francia y Países Bajos, y que se ejecutará incluso si los niños no quieren. Consultada por EFE, una fuente del Parlamento Europeo justificó que se hará «por su propia protección y para que puedan ser identificados si resultan separados de su familia».
La base de datos de Eurodac podrá almacenar también imágenes faciales e información alfanumérica, como el nombre, la nacionalidad o el lugar de origen.
Además, se podrá incluir si una persona puede suponer una amenaza para la seguridad,  si es violento o va armado o si tiene lazos con el terrorismo.
También se registrará a personas que desembarquen en la UE tras una operación de rescate en el mar, aunque esa información sólo debe usarse con fines estadísticos.

Reglamento de crisis:

Establece un mecanismo para responder a aumentos repentinos en la llegada de inmigrantes, como el que se produjo en 2015.

Cuando un Estado miembro lo pida, la Comisión evaluará la situación y podrá declarar una crisis y hacer recomendaciones al Consejo.
Habrá un mecanismo de solidaridad especial para estos casos, que incluirá más apoyo en forma de reubicaciones o contribuciones financieras.
El procedimiento de asilo habitual podrá derogarse temporalmente para establecer plazos más largos: 10 días en vez de 7 para los controles en la frontera y 6 semanas más para decidir si se deporta a los migrantes.
El proceso acelerado para tramitar las solicitudes de asilo se podrá aplicar a aquellos migrantes que provengan de países con tasas de concesión de refugio del 50 %, en lugar del 20 % habitual.
El reglamento también abarca la instrumentalización de los inmigrantes, es decir, cuando terceros países o agentes no estatales hostiles los utilicen con intención de desestabilizar la UE, como ocurrió con Bielorrusia en 2021.

Nuevas normas sobre reconocimiento y acogida de refugiados:

El reglamento sobre requisitos de reconocimiento del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria: Crea normas comunes al respecto para todos los Estados miembros y les obliga a respetar los derechos derivados de ese estatus.
La directiva de condiciones de acogida obliga a todos los países a garantizar normas equivalentes para tratar a los refugiados en lo relativo a permisos de trabajo (que deben concederse en un máximo de seis meses), alojamiento, escolarización o asistencia sanitaria.
El nuevo marco de reasentamiento y admisión humanitaria, impulsado por europarlamentarios de izquierda, permite que los Estados miembros se ofrezcan voluntariamente a acoger a refugiados en terceros países reconocidos por ACNUR, que viajarían legalmente a territorio europeo para establecerse allí.

¿Y ahora qué?

Una vez que el pacto reciba el visto bueno de los Estados miembros (el Consejo), se procederá a publicarlo en el diario oficial de la UE: veinte días después, habrá entrado técnicamente en vigor.
Los países miembros de la UE tendrán entonces dos años para adaptar la legislación a sus propios sistemas nacionales, por lo que el texto empezará a implementarse efectivamente a mediados de 2026.
«Todo dependerá de la implementación» ha sido una de las frases más repetidas por los europarlamentarios. Está por definir, por ejemplo, cuántos países están dispuestos a acoger migrantes que lleguen a otras naciones, un compromiso que seguramente será confidencial y no llegará a hacerse público; y cuántos recursos se dedicarán a construir centros de internamiento de migrantes.
Se espera que la UE multiplique sus acuerdos con países de África para intentar contener la migración y poder deportar rápidamente a algunos migrantes a esas naciones, lo que promete definir la política migratoria comunitaria tanto o incluso más que el presente pacto.

Fuentes:

Acuerdo sobre la gestión del asilo y la migración
Reglamento sobre el Procedimiento de Asilo
Acuerdo relativo a las situaciones de crisis
Reglamento sobre el control de fronteras
Procedimiento fronterizo de retorno
Acuerdo relativo a Eurodac
Pacto sobre requisitos de reconocimiento
Acuerdo relativo a las condiciones de acogida
Marco de Reasentamiento de la UE
Análisis del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (en inglés)
Análisis del European Policy Centre (en inglés)
Nota de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España
Reacciones de diversas ONG
Informaciones en EuroEFE y Euractiv

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