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Europa

El tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos fue ilegal, concluye la Justicia europea

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Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves ilegal el tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos (IEH) que se aplicó en España entre 2013 y 2018, y confirmó que la exención total del impuesto de sociedades de la que se benefició el puerto de Bilbao tampoco se ajustaba a la ley, además de fallar a favor de Google, Amazon y Airbnb en un caso relativo a Italia.

En una sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo dictamina que la legislación comunitaria «se opone a una normativa nacional que autoriza a regiones o comunidades autónomas a establecer tipos del impuesto especial diferenciados para un mismo producto y un mismo uso en función del territorio en que se consuma, fuera de los casos previstos a tal efecto».

El caso fue elevado a la Justicia europea por el Tribunal Supremo y enfrenta a la compañía DISA con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a causa de unas solicitudes de devolución de ingresos tributarios que soportó dicha sociedad la pasada década.

El tramo autonómico del citado impuesto estuvo vigente entre 2013 y 2018 pero fue derogado a partir del 1 de enero de 2019, cuando fue sustituido por otro sistema de financiación de las comunidades autónomas en el que se establece un tipo uniforme para todo el territorio.

DISA argumentó que el tipo impositivo autonómico del IEH contravenía la directiva europea aplicable, y sostuvo que el establecimiento de tipos diferenciados por razón del territorio no está dentro de las excepciones que contempla la norma europea, por lo que reclamó a Hacienda la devolución de los ingresos indebidos.

La sala de lo contencioso administrativo del Supremo optó por suspender el procedimiento y plantear al TJUE si la norma europea se opone a la española, que autorizaba a las comunidades autónomas a establecer tipos de gravamen del IEH diferenciados por territorio con relación a un mismo producto.

En su sentencia, el TJUE defiende que, a pesar de que la imposición a productos energéticos y de la electricidad «sólo está parcialmente armonizada» y reconoce a los Estados «cierto margen de maniobra«, dicho margen está «delimitado» a través del «estricto cumplimiento» de una serie de requisitos.

El fallo explica a continuación que «ninguna de las excepciones previstas autoriza expresamente a España a aplicar, para un mismo producto y un mismo uso, tipos del impuesto especial diferenciados según las comunidades autónomas en las que se consuman dichos productos».

Este punto, prosiguen los jueces europeos, no ha sido contradicho por el Gobierno español, que «tampoco niega que no ha obtenido una excepción específica para permitir a esas comunidades autónomas fijar tipos autonómicos diferenciados del IEH».

Vista de la entrada principal de la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Con carácter general, el TJUE argumenta que permitir que cada Estado miembro pueda aplicar tipos regionales sin ningún límite o mecanismo de control «podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior, fragmentándolo en mayor medida, y, de este modo, comprometer la libre circulación de mercancías».

En la misma línea, apunta que unas «diferencias importantes» entre los sistemas impositivos sobre la energía de los Estados miembros ya pueden ir «en detrimento» del mercado interior, por lo que «lo mismo cabe decir, con mayor razón» en el caso de que existan también diferencias regionales.

Fallo contra la exención fiscal al Puerto de Bilbao

El TJUE también desestimó este jueves el recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Bilbao y confirmó que la exención total del impuesto de sociedades de la que se benefició constituye una ayuda de Estado ilegal.

La sentencia respalda así, en una sentencia contra la que no cabe apelación, el veredicto que había emitido en diciembre de 2022 el Tribunal General de la UE, que desestimó el primer recurso del puerto contra las decisiones de la Comisión Europea por las que en 2019 declaró que esta exención era ilegal según las normas de competencia europeas y pidió a España suprimirla.

La Autoridad bilbaína había impugnado esas decisiones alegando que la exención fiscal no constituía una ventaja, que la Comisión no realizó un análisis completo de los datos disponibles, que la medida no era selectiva, no falseaba la competencia ni afectaba al comercio entre Estados miembros, y que era compatible con el mercado interior.

En primer lugar, los jueces rechazaron la alegación del organismo vasco de que el Tribunal General erró en su evaluación porque no tuvo en cuenta el principio de autosuficiencia económica del sistema portuario que está recogido en la legislación nacional sobre los puertos estatales, ya que consideran que sí lo tuvo en cuenta.

Asimismo, rechazan la alegación de que el Tribunal General utilizó una jurisprudencia que no era aplicable al caso cuando avaló que la Comisión Europea examinase el régimen fiscal español de forma «general y abstracta» para determinar si constituía una ayuda de Estado ilegal.

Imagen de abril de 2022 de dos cruceros atracados en el Puerto de Bilbao. EFE/Miguel Toña

En este sentido, clarifican además que el hecho de que solo hubiese un beneficiario de ese régimen -el puerto de Bilbao- no obsta para que se aplique esa jurisprudencia, que permite a la Comisión hacer un examen general y no caso por caso.

Por último, el TJUE avala la decisión de descartar los datos aportados por España para determinar si la exención fiscal constituía una ventaja, puesto que estos se referían a la apreciación individual de las ayudas concedidas mediante ese régimen fiscal y, por tanto, no eran pertinentes para el análisis de la Comisión.

Fallo a favor de Google, Amazon y Airbnb

En un tercer fallo, el TJUE concluyó que un Estado miembro no puede imponer obligaciones adicionales a un prestador de servicios en línea como Google, Amazon o Airbnb si su domiciliación fiscal está situada en otro país del bloque comunitario.

El Tribunal se pronunció a raíz de un caso de Italia, que obligó a Airbnb, Google, Amazon, Expedia y Vacation Rentals a inscribirse en un registro nacional, a remitirle periódicamente un documento sobre su situación económica y a abonarle una contribución económica.

Italia adoptó estas obligaciones en 2020 y 2021 con el objetivo de «garantizar la aplicación adecuada y efectiva» del Reglamento europeo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

Todas las compañías menos Expedia, que está domiciliada en Estados Unidos, denunciaron estas medidas por considerar que les supusieron un aumento de las cargas administrativas contrarias al Derecho comunitario e invocaron el principio de libre prestación de servicios y que están sujetos al régimen jurídico de Irlanda o Luxemburgo, el país de la UE en el que están establecidos.

El TJUE les dio la razón al señalar que Italia no puede imponer obligaciones adicionales a los proveedores de servicios establecidos en otro Estado miembro, porque «pese a ser necesarias para el ejercicio de dicha actividad de servicios en ese país, no lo son en sus Estados miembros de establecimiento».

Y es que, según la corte, esas obligaciones no están comprendidas en las excepciones permitidas por la Directiva sobre el comercio electrónico.

Editado por Lucía Leal

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Europa

Orbán promete impulsar la plena entrada de Rumanía en el espacio Schengen

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Budapest (EuroEFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, se reunió este viernes en Bucarest con su homólogo rumano, el socialista Marcel Ciolacu, y se comprometió a impulsar durante la actual presidencia húngara de la UE la plena entrada de Rumanía en el espacio Schengen.

«Hoy he visitado #Bucarest para reunirme con el primer ministro @CiolacuMarcel. Prometí que la presidencia húngara de la UE incluirá la adhesión de Rumanía al #EspacioSchengen en el orden del día del Consejo este otoño«, destacó Orbán en la red social X.

Al igual que Bulgaria, Rumanía entró el 31 de marzo pasado sólo parcialmente en el espacio de libre circulación -para viajes por mar y aire, pero no terrestres- ante un veto presentado por Austria, que exige más controles para frenar la entrada de inmigrantes al país balcánico.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 26, 2024

En su reunión, Ciolacu agradeció a Orbán el apoyo húngaro para la plena entrada de Rumanía al espacio Schengen.

«Hungría ostenta este semestre la presidencia del consejo de la UE y, como tal, Rumanía confía en la acción honesta de Hungría para consolidar la Agenda Estratégica Europea» y lograr la entrada plena de Rumanía en Schengen, dijo el mandatario rumano en su página de Facebook.

Tras 17 años como miembro de la UE y 13 de negociación, Rumanía lamenta no haber conseguido una entrada plena al espacio Schengen, algo que limita enormemente el impacto positivo en su economía, ya que un 39,3 % del transporte de mercancías del país se produce por carretera y un 20 % por tren, según datos de Eurostat del año 2021

En su reunión, los dos jefes de Gobierno acordaron además iniciar estudios de viabilidad para el enlace ferroviario de alta velocidad entre Budapest y Bucarest, que promete tener un impacto significativo en las redes ferroviarias de la región del sureste de Europa.

Orbán asistirá este sábado a la Universidad de Verano en la localidad rumana de Baile Tusnad, en el centro de Rumanía, donde pronunciará un discurso.

Effective discussion w/ @PM_ViktorOrban. We have a pragmatic approach on issues of joint interest: connectivity, energy security, preventing illegal migration. I asked t/ @HU24EU to act as an honest broker f/ advancing t/ 🇪🇺 strategic agenda &🇷🇴’s complete accession to #Schengen. pic.twitter.com/v2D0jWLZyU

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) July 26, 2024

Polémica por la multa del TJUE sobre migración

Mientras, el Gobierno de Hungría insistió en que considera «inaceptable» la multa de 200 millones de euros que le impuso en junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por haber ignorado una condena que esa misma corte le impuso en 2020 por violar el derecho comunitario sobre protección de inmigrantes.

Según varias informaciones de prensa, la semana pasada la Comisión Europea envió a Budapest un reclamo de pago por esa multa, que Orbán ha prometido pagar pero de una manera que «le duela a Bruselas».

«El Gobierno quiere llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, aunque si el resultado es que la defensa externa de las fronteras no se puede mantener, Hungría defenderá sus lindes, pero no podremos garantizar que centenares de miles de inmigrantes no vayan hacia Austria o Alemania«, advirtió en rueda de prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

«No chantajeamos a nadie», aseguró sin embargo el ministro húngaro.

Gulyás aseguró que el fallo del TJUE es «inaceptable», ya que demuestra que la corte no es imparcial y «tiene sentimientos negativos hacia Hungría», porque, a su juicio, defiende las fronteras exteriores de la UE con su política radicalmente contraria a la migración.

Editado por Lucía Leal

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Europa

El Mercosur y la UE tienen una nueva oportunidad de cerrar su acuerdo, según España

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El Mercosur y la UE tienen una nueva oportunidad de cerrar su acuerdo segun Espana 8EpqO6

Río de Janeiro (EuroEFE).- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, afirmó este viernes que el ciclo institucional que se inicia en la UE, tras las elecciones de junio pasado, y en la Comisión Europea abre una nueva oportunidad para finalmente cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur (Mercosur).

«Creo que conforme se renueve la Comisión Europea se abre de nuevo una posibilidad para impulsar las negociaciones y de llegar a un acuerdo que, estamos convencidos, sería muy positivo para ambas regiones», afirmó Cuerpo en declaraciones a medios españoles en Río de Janeiro, en donde participa de la reunión de ministros de Finanzas del G20.

Las negociaciones entre el Mercosur -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y ahora también por Bolivia- y la UE para un acuerdo comercial comenzaron hace dos décadas y ambos bloques llegaron a un acuerdo de principios en 2019.

Pero las conversaciones finales se estancaron debido a las exigencias medioambientales introducidas el año pasado por un grupo de países europeos y que el Mercosur considera como proteccionistas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó recientemente que el acuerdo puede lograrse cuando los europeos superen sus divergencias.

«Hemos tenido unos meses de parón por las elecciones que se produjeron a nivel europeo, pero creo que ahora se abre una nueva ventana de oportunidades y ese es mi principal mensaje» en Brasil, afirmó Cuerpo.

El ministro recordó que, tras la renovación del Parlamento Europeo, fue prorrogado el mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y actualmente el bloque está en el proceso de rellenar los puestos de los comisarios.

Citó igualmente como positivo para las negociaciones la victoria de la izquierda en las recientes elecciones parlamentarias francesas.

«Cuando hablo de ventana de oportunidad no solo es que cambie el ciclo institucional en la Unión Europea, sino que estamos todos, y creo que es algo común en la Unión, con una mirada mucho más orientada hacia América Latina«, afirmó.

Según Cuerpo, los últimos eventos en Europa, especialmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, dejaron claro a la Unión Europea que tiene que aumentar el número de «socios confiables».

«En ese sentido, creo que el puente que hace España entre la Unión Europea y América Latina tiene que ayudar a que se refuercen estas relaciones, y esperemos a que se cierre también el acuerdo» con Mercosur, afirmó.

Impuesto a los ultrarricos

Por otro lado, el ministro dijo que el G20 dio un paso importante al poner sobre la mesa la necesidad de crear un impuesto universal sobre las fortunas de los ultrarricos y pidió que ese esfuerzo continúe con la elaboración de una hora de ruta para su futura implementación.

📢 Today, Brasil’s Finance Minister Fernando Haddad announced a historic consensus at the G20 on international taxation, including the taxation of large fortunes. 💼💰 The agreement was reached during the 3rd meeting of G20 Finance Ministers. pic.twitter.com/xVukoXXUrF

— G20 Brasil (@g20org) July 25, 2024

 

«Ahora hay que seguir trabajando y hay que poner sobre la mesa una hoja de ruta de los pasos que tenemos que seguir dando para implantarlo», afirmó al respecto.

Sostuvo que primero se debe elaborar una base con datos sobre la renta y los activos de riqueza de los individuos considerados ultrarricos a nivel internacional.

Igualmente ve necesario establecer mecanismos de cooperación para intercambiar esas informaciones e identificar las brechas que les permiten evadir impuestos.

«Tenemos que trabajar para que podamos tener una implementación coordinada y efectiva (del impuesto) y para conseguir esa recaudación», dijo.

El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, dijo la víspera que la propuesta de Brasil para que sea creado un impuesto universal a los ultrarricos fue aclamada por el G20 e incluida en uno de los documentos que serán divulgados este viernes, al final de la cita ministerial.

Editado por Miriam Burgués

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Europa

Los Veintisiete respaldan expedientar a Francia e Italia por sus elevados déficit

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Bruselas (EuroEFE).- Los gobiernos de los países de la Unión Europea respaldaron este viernes la apertura de expedientes a Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite de déficit del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) que marcan las reglas presupuestarias de la UE.

Los Veintisiete dieron su visto bueno al procedimiento por déficit excesivo a estos siete países, en línea con la recomendación emitida en junio por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario retomó el mes pasado los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, cuyo objetivo es asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, so pena de sanciones si no actúan.

De los doce países que se exponían a este procedimiento, Bruselas decidió expedientar a siete de ellos, incluidas Italia, que registra el déficit más abultado de la UE (7,4 % del PIB) y Francia (5,5 %), así como Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Además, mantuvo abierto el que inició en 2019 contra Rumanía puesto que no ha tomado medidas para encauzar su déficit.

Esos expedientes resultarán en la adopción por parte de Bruselas de sendas de ajuste que deberían asegurar una reducción del déficit de al menos 0,5 puntos porcentuales al año, según las nuevas normas de disciplina fiscal adoptadas este año.

📢 Today, the Council launched an excessive deficit procedure for 7 EU countries:

Belgium 🇧🇪
France 🇫🇷
Italy 🇮🇹
Hungary 🇭🇺
Malta 🇲🇹
Poland 🇵🇱
Slovakia 🇸🇰

It also decided to keep the excessive deficit procedure open for Romania 🇷🇴.

Find out more about the procedure ⬇️

— EU Council (@EUCouncil) July 26, 2024

En el caso de España, sin embargo, Bruselas consideró que no estaba justificado abrir un expediente pese a que su déficit se situó en 2023 en el 3,6 %, al calcular que el desvío es temporal y se reducirá al 3 % este año y al 2,8 % en 2025, según sus previsiones.

También lograron evitar ese expediente otros países como República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia, porque la Comisión Europea tuvo en cuenta factores relevantes como la situación de la deuda pública, la evolución de la economía o la inversión en defensa.

En el marco del debate entre países sobre la apertura de estos procedimientos, Dinamarca expresó una queja por el hecho de que Bruselas perdonase el expediente a España pese a haber cerrado el pasado año con un déficit superior al permitido.

Esta crítica fue canalizada en una declaración que, sin mencionar específicamente a ningún país, pedía una implementación rigurosa de las reglas y a la que se sumaron otros cinco países, entre ellos Suecia, según pudo comprobar EFE confirmando una información adelantada por el diario español El Mundo.

Estos seis países presentaron su desacuerdo ante el Comité Económico y Financiero de la UE, que está formado por expertos de los veintisiete Estados miembros y que prepara las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas del bloque.

En dicho documento, estos seis países recuerdan que la reforma de las reglas fiscales no modificó el límite del 3 % de déficit público que establecen los Tratados de la UE, junto con el umbral de la deuda, que sigue fijado en un 60 % del PIB.

Las normas permiten evitar la apertura de un expediente si el desvío en las cuentas públicas es temporal, excepcional y cercano al 3 %. Para decidir perdonar el expediente a España, Bruselas primó el hecho de que prevé que el país reduzca su déficit al 3 % este mismo año sin esfuerzos fiscales adicionales.

Editado por Lucía Leal

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