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Europa

El comercio de alimentación en la identidad europea

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Las empresas claman por un Parlamento Europeo que reconozca la relevancia de los trabajadores del sector, la competitividad empresarial y su papel como palanca de cambio hacia la sostenibilidad medioambiental y social.

El sector de la distribución alimentaria forma una parte esencial de los 14 ecosistemas estratégicos definidos por la Comisión Europea en su propuesta de reforma de la política industrial europea. La importancia de la soberanía alimentaria -lo que se resume en contar con sistemas de producción y distribución de alimentos eficientes y estructuralmente fuertes- se puso de manifiesto claramente durante la pandemia de la Covid-19. Pero haríamos mal en quedarnos solo en esta necesidad y olvidar la enorme aportación del comercio de alimentación al empleo y al crecimiento económico de la UE. Solo en España, 465.000 personas trabajan en la llamada «distribución organizada» -hipermercados, supermercados, autoservicios y mayoristas- y más de 60.000 lo hacen como emprendedores en franquicias y cooperativas de alimentación.

Si ampliamos el foco hacia el comercio en general, nos encontramos con que este sector es el mayor empleador privado de Europa. Las grandes cifras lo explican fácilmente: 26 millones de europeos trabajan en el comercio -1 de cada 7 de la población activa- y las empresas aportan el 10 por ciento del PIB de la Unión; en España, el comercio minorista suma casi 2 millones de empleos y aporta el 5,4 por ciento del PIB.

De acuerdo con lo anterior, resulta imposible de entender la falta de interés que detectamos en el Parlamento Europeo por la defensa del comercio en su conjunto y, en concreto, en la comprensión de unos sistemas de distribución alimentaria que han demostrado su capacidad de resiliencia, de servicio al consumidor y su compromiso con los grandes retos a los que se enfrenta Europa. La renovación del Parlamento Europeo que saldrá de las elecciones del próximo 9 de junio debería ser una oportunidad para que la distribución alimentaria cuente con portavoces líderes en cada uno de los grupos políticos, así como con comisiones específicas que trabajen las prioridades del sector y le den una mayor visibilidad política, económica y social.

Felipe Medina durante una intervención en el Comité Económico y Social Europeo. Imagen cedida a EFE por ASEDAS

Así pues, el necesario reconocimiento a un sector estratégico y el incremento de su consideración social y política serían las grandes prioridades sobre las que ASEDAS – organización que representa a más del 75 por ciento de la distribución alimentaria minorista y mayorista en España- ha reflexionado y son también condición imprescindible para abordar los tres grandes retos que voy a enumerar a continuación.

Personas: Al ser uno de los sectores más intensivos en empleo, los trabajadores son una de las grandes fortalezas de la distribución alimentaria. En la actualidad, el ámbito laboral presenta grandes desafíos entre los que destacan la necesidad de mecanismos para reducir el absentismo, la capacidad para atraer y retener el talento, la reducción del coste regulatorio de la normativa en materia de empleo y la formación de los trabajadores para adaptarlos a las nuevas necesidades del sector, como la digitalización y la economía circular.

Competitividad: Las empresas de distribución alimentaria necesitan de una regulación que proporcione seguridad jurídica y un entorno comercial estable que asegure las condiciones de competitividad y el acceso a un mercado que permita el desarrollo de sus modelos de negocio. En este sentido, preocupan normativas como el Reglamento de Morosidad o la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales en la Cadena Alimentaria que, mal interpretados o aplicados, disparan directamente contra la línea de flotación económica de las empresas. El marco regulatorio ha de garantizar la seguridad alimentaria, las relaciones comerciales estables, la seguridad física y digital de los establecimientos comerciales y la calidad y etiquetado adecuado de los productos de alimentación. Por último, es necesaria la salvaguarda de la figura de las centrales o alianzas de compra como garantía de competencia y vertebración territorial y la consolidación de un mercado único que elimine barreras regulatorias.

Sostenibilidad: El sector de la distribución alimentaria se ha convertido en una palanca de cambio para las políticas europeas sobre sostenibilidad medioambiental y social. El amplio paquete legislativo del Green Deal y las normas de sostenibilidad ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza) -que incluyen ambiciosos proyectos como el CSRD (Deforestación, Diligencia Debida y Trabajos Forzosos)- suponen, en la práctica, que en la próxima legislatura europea se tendrán que desarrollar más de 600 nuevas normas en este ámbito. El reto es, así pues, mayúsculo y, para que culmine con éxito, es muy necesario que el legislador escuche, dialogue y llegue a acuerdos con las empresas. Con el objetivo claro y compartido por todos, debemos trabajar juntos con estudios de análisis de impacto serios y realistas, adaptados a escenarios de flexibilidad y riesgo compartido. Solo así podremos avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles que respondan a los retos globales, a la vez que a las nuevas demandas y necesidades de los consumidores.

Fortalecer el comercio de alimentación es fortalecer Europa. La fuerte identidad cultural que compartimos los europeos es una característica que funciona como nexo de unión entre las diferentes regiones -orgullosas de sus características propias y felices al compartirlas y exportarlas- tiene una base ineludible que es la alimentación. Comemos -y, por tanto, consumimos- como europeos. Esta aspiración se refleja en los lineales de los supermercados como una manera más de construir un sueño, el de la Unión Europea, que se extiende a lo largo de los siglos.

Felipe Medina, secretario general Técnico de ASEDAS y consejero del Comité Económico y Social Europeo 

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Europa

Las regiones europeas piden más protagonismo en el proceso legislativo de la UE

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Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de los principales grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones (CdR) abogaron este miércoles en un debate celebrado durante el primer pleno del organismo tras las elecciones al Parlamento Europeo por una mayor participación de las regiones en el proceso legislativo de la Unión Europea (UE).

«Deberíamos trabajar en pro de una mejor coordinación de las políticas europeas en una fase legislativa para involucrar a los actores locales y regionales, así como a otros grupos dentro de nuestras comunidades que se vean impactados (por las políticas comunitarias)», dijo el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) del CdR, Olgierd Geblewicz, en un debate en el que valoraron los resultados de las elecciones europeas.

Así, Geblewicz planteó que las necesidades de las ciudades y regiones tienen que formar parte de «cualquier financiación o cualquier estrategia energética, climática o medioambiental».

El presidente del CdR, Vasco Alves Cordeiro, consideró que en la próxima legislatura de la UE, que arrancará a mediados de julio con la formación del nuevo Parlamento Europeo, habrá que hacer frente a «retos muy duros y exigentes», como el próximo marco financiero plurianual, el futuro de la política de cohesión o el proceso de ampliación del club comunitario.

Así, auguró que será una legislatura «muy interesante, fértil y significativa» desde el punto de vista político, por lo que pidió a los nuevos eurodiputados, especialmente a aquellos que han sido miembros del Comité de las Regiones y que ahora ocuparán una silla en la Eurocámara, formar un ‘caucus’ que defienda la cohesión de las regiones de la Unión.

We have difficult challenges ahead of us: the MFF, cohesion policy, enlargement. They bring big responsibility for @Europarl_EN.

About 30 MEPs are former @EU_CoR members, so I wish them good work and invite them to consider forming a caucus in support of cohesion.#CoRPlenary pic.twitter.com/QsO8pHtp1b

— Vasco Alves Cordeiro (@CoR_President) June 19, 2024

«Somos uno de los principales actores de la democracia europea y tenemos que aprovechar el momento para acentuar nuestra visibilidad en el seno de las instituciones europeas, tal y como hacemos en nuestros territorios, municipios y países», remarcó al respecto el presidente del grupo liberal Renovar Europa, François Decoster.

Decoster planteó, asimismo, que las regiones europeas representadas en el CdR puedan tener una interacción con los candidatos a comisario de la Comisión Europea (CE) para garantizar una «voz consultiva obligatoria» de la institución.

«Deberíamos plantearnos qué vamos a hacer con nuestro mandato político porque, ¿va a entender por fin la Comisión cuáles son los intereses de las regiones y va a defenderlos?», planteó por su parte el líder de la Alianza Europea, Karl Vanlouwe, quien abogó por una UE «hecha para las regiones».

Por otro lado, los representantes de los grupos que han constituido tradicionalmente la «gran coalición» del Parlamento Europeo (los populares, socialistas y liberales) celebraron la victoria electoral de los partidos europeístas, que se impusieron a las predicciones de muchas encuestas que auguraban un mayor peso de los partidos de extrema derecha.

Aún así, el presidente de los socialistas en el CdR, Christophe Rouillon, advirtió: «Hay partidos más radicales, como la extrema derecha francesa o alemana, que entran en la UE no para salir de ella, sino para destruirla desde dentro, algo que, si cabe, es más peligroso».

Por contra, el líder del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Marco Marsilio, aseguró que las elecciones han transmitido «un mensaje inequívoco: Los votantes quieren que pasemos página y dejemos atrás las locuras de la pasada legislatura».

Así, garantizó que ECR defenderá un modelo de Europa confederal, «que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad» para evitar que «el poder se siga controlando en Bruselas».

Un Pacto Verde Global contra la crisis climática

Por otra parte, el Comité Europeo de las Regiones reclamó este miércoles la creación de un Pacto Verde Global que cree un marco de objetivos vinculantes para atajar la crisis climática en todos los países del mundo, a semejanza del existente Pacto Verde Europeo, que establece la meta de alcanzar para 2050 la neutralidad de emisiones de dióxido de carbono en la UE.

La propuesta, que forma parte de un dictamen sobre desarrollo sostenible y biodiversidad aprobado por el pleno del CdR, subraya que este eventual Pacto Verde Global debería contemplar medidas a nivel de clima, contaminación, biodiversidad, desertificación y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

🟢 #CoRplenary adopted an opinion on a global #GreenDeal calling for:

– a global strategy to jointly address climate change, biodiversity loss and sustainable development

– transparent mechanisms to allow local authorities to contribute to @UN processes@trzaskowski_ @KTutto pic.twitter.com/5kJ7vnKVWI

— European Committee of the Regions (@EU_CoR) June 19, 2024

El ponente del dictamen, el miembro del CdR y alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, recordó durante el debate que tuvo lugar en el pleno que «los retos vinculados al cambio climático no se detienen en las fronteras europeas, sino que están interconectados» con los retos de otros continentes.

En el texto adoptado, el CdR pidió que, en el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos regionales y municipales estén implicados de forma efectiva en la planificación, la financiación y el seguimiento de las acciones para mitigar la crisis climática, preservar la biodiversidad y potenciar los ODS.

«A pesar de nuestros esfuerzos silenciosos, la inclusión de las ciudades y regiones en el diálogo climático que se da en la ONU sigue siendo inconsistente, sobre todo debido a la falta de un apoyo financiero sólido y de transparencia», lamentó Trzaskowski, que también es el presidente del comité especializado en políticas climáticas y de medioambiente del Comité de las Regiones.

El dictamen del CdR, que es el órgano comunitario que representa a los gobiernos locales y regionales de los Veintisiete ante la UE, defendió la necesidad de crear un fondo internacional con pagos directos para financiar la acción climática de las regiones y ciudades, sin la intermediación de los Estados.

Además, el organismo también expresó su temor de que el mundo corra el riesgo de superar los 1,5 grados de calentamiento global respecto a la era preindustrial que los países se comprometieron a no sobrepasar mediante la firma del Acuerdo de París.

Editado por Sandra Municio

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Europa

El Eurogrupo tratará con el FMI la situación económica de la eurozona

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Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) pasarán este jueves revista al estado de la economía europea junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), que les presentará su informe sobre la misma en una reunión en Luxemburgo.

La directora gerente del organismo con sede en Washington, Kristalina Georgieva, será la encargada de trasladar a los ministros los resultados de un análisis que arroja una «imagen prudentemente optimista» sobre las perspectivas del área del euro.

El FMI espera un «modesto» crecimiento del PIB en 2024, que continúe el descenso de la inflación «pese a que aún hay algo de volatilidad» y que el mercado laboral siga robusto, pero advierte de que «queda mucho trabajo por hacer», anticipó un alto cargo europeo.

«Hay que reconstruir los colchones fiscales, la productividad tiene que aumentar con inversiones y reformas, hay que promover la integración del mercado financiero y desarrollar el mercado único en general», añadió.

❗ 20 June – Eurogroup meeting #Eurogroup
❗ 21 June – Economic and Financial Affairs Council #ECOFIN

📝 Check the indicative programme and the press opportunities 👇

— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 18, 2024

El debate sobre la situación económica se producirá solo un día después de que la Comisión Europea haya vuelto a abrir expedientes por déficit excesivo tras más de cuatro años con las reglas fiscales suspendidas por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta estarán sujetas a este procedimiento por haber superado el límite del 3 % del PIB que marcan los Tratados europeos, lo que les obligará a realizar ajustes en los próximos años para reducirlo bajo una vigilancia más estrecha de Bruselas, que, en última instancia, podría sancionarles si no actúan para corregir el desvío.

Por el contrario, España, República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia se han librado del expediente pese a que también superaron en 2023 dicho umbral, bien porque sus déficit están cerca del 3 % o porque han acometido reducciones sustantivas en los últimos años y se prevé que lo sitúen pronto por debajo.

La apertura de los expedientes marca el inicio de la aplicación de las nuevas reglas europeas de disciplina presupuestaria, cuyo próximo paso será que los Gobiernos remitan a Bruselas en septiembre sus planes fiscales a cuatro o siete años para sanear sus finanzas públicas tras casi un lustro sin restricciones de gasto.

Por otro lado, el Eurogrupo celebrará un debate sobre cómo diseñar la política industrial para impulsar la competitividad de la economía europea, en vísperas de que el exprimer ministro italiano, Mario Draghi, presente a los líderes de los Veintisiete el informe que le encargó la Comisión Europea sobre este tema.

«Los materiales que recibiremos para la reunión de la Comisión Europea y el FMI indicarán que puede haber casos específicos en los que la política industrial esté justificada, como para responder a la competencia del exterior o salvaguardas nuestras cadenas de suministros y soberanía estratégica», señalan fuentes europeas.

El debate girará en torno a cómo articular una política industrial que logre el adecuado equilibrio entre el apoyo público, la preservación de la competencia y el mantenimiento de los incentivos para que el sector privado invierta e innove, entre otros elementos, y que tenga en cuenta la dimensión del mercado interior europeo.

Editado por Sandra Municio

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Crear cuentas de consumo de CO2 y «dejar de destruir videojuegos»: las nuevas iniciativas que tramita Bruselas

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Bruselas (EuroEFE).- Establecer un presupuesto de CO2 para cada consumidor, empezando con los billetes de avión, e impedir que los creadores de los videojuegos los «destruyan» al cerrar los servidores que los albergan: son las dos iniciativas ciudadanas que admitió este miércoles a trámite la Comisión Europea, y que Bruselas tendrá que estudiar en caso de que sus impulsores cumplan una serie de requisitos.

La primera de ellas, llamada «Cuotas Aéreas» (Air Quotas), reclama que Bruselas establezca una «cuenta de carbono» para cada consumidor, con un mecanismo que empiece con los billetes de avión y vaya ampliándose a otros sectores.

Bajo la propuesta, cada ciudadano tendría una serie de «puntos» de CO2 con los que «pagar» sus compras, mientras que las empresas deberían «registrar y etiquetar el contenido de carbono de sus productos, incentivando la descarbonización«.

Los ciudadanos que «consuman» más CO2 tendrían que comprar puntos a los más «sobrios» que tengan excedente para vender, en un sistema controlado por un organismo independiente y con un sistema de presupuesto de carbono que se iría reduciendo anualmente un 6 % para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Según los impulsores de la iniciativa, el mecanismo abarcaría «todas las compras de productos y servicios, comenzando simbólicamente con el transporte aéreo«, que serviría como punto de partida «aunque solo representa el 5 % de la huella de carbono de Europa».

Los promotores sostienen que con este sistema «la producción antropogénica de 54 gigatoneladas (GT) de CO2, con una absorción natural de 21 GT, podría disminuir a 16-18 GT en 2050».

Recuerdan que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el planeta no será habitable si cada persona no reduce sus emisiones de CO2 de media hasta las 2 toneladas al año para 2050, frente a las 6,75 toneladas liberadas actualmente por cabeza.

We received a request to register 2⃣ European Citizens’ Initiatives.
👉‘Air-Quotas’ to encourage businesses to decarbonise
👉‘Stop Destroying #Videogames’ to prevent publishers from asking money for games updates

We will register them; direct #democracy in action.#HaveYourSay pic.twitter.com/AWWCmz40dc

— Věra Jourová (@VeraJourova) June 19, 2024

«Dejar de destruir videojuegos»

La segunda iniciativa registrada por la Comisión se llama «Stop destroying videogames» («dejar de destruir videojuegos»), y busca que la Unión Europea (UE) impida a sus creadores cerrar los servidores que los albergan para que se pueda seguir jugando a ellos.

El impulsor de la iniciativa, el ciudadano estadounidense Ross Scott, la creó después de que la empresa francesa Ubisoft cerrase los servidores del videojuego ‘The Crew’ en diciembre del año pasado en Francia, y desde el pasado mes de marzo en el resto del mundo.

«El videojuego ‘The Crew’, publicado por Ubisoft, se destruyó recientemente para todos los jugadores y tenía una base de al menos 12 millones de personas. Debido al tamaño del juego y las fuertes leyes de protección al consumidor de Francia, representa una de las mejores oportunidades para responsabilizar a un editor por esta acción», recoge la página web de la iniciativa, que también se ha promovido en Francia, en Canadá y Reino Unido.

La Comisión Europea aceptó tramitar las dos iniciativas al comprobar que cumplen los requisitos legales para su registro, pero eso no obliga al Ejecutivo comunitario a presentar ninguna propuesta legislativa.

A partir de ahora, los impulsores de ambas peticiones tienen seis meses para iniciar el proceso para recoger un millón de firmas a lo largo de un año.

Si en ese plazo las iniciativas reúnen ese volumen de apoyos con signatarios en al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendrá que decidir si toma o no medidas y justificar su decisión.

Editado por Lucía Leal

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