Bruselas (EuroEFE).- Tras meses de dudas sobre el futuro de la transición ecológica en la Unión Europea (UE) durante el próximo mandato comunitario, la aritmética parlamentaria, los nombres propuestos para pilotar el proyecto comunitario y la agenda estratégica del bloque apuntan a que el Pacto Verde Europeo ha salvado los muebles.

En 2019, antes de que la pandemia de Covid y la invasión de Rusia sobre Ucrania pusieran el mundo patas arriba, los Veintisiete adoptaron la agenda estratégica que debía regir el primer mandato de Ursula Von der Leyen, en la que designaron como una de las grandes prioridades «construir una Europa climáticamente neutral, verde, justa y social«.

Poco después, Von der Leyen presentaba el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para lograr en 2050 una economía neutra en emisiones de CO2 en la UE.

En su nueva agenda estratégica, acordada este jueves, los líderes de la UE han mantenido la misma senda para el segundo mandato que han encargado a Von der Leyen, que parece que podrá obtener el respaldo del Parlamento Europeo con los votos de populares, socialdemócratas y liberales.

«Fortaleceremos nuestra competitividad y nos convertiremos en el primer continente climáticamente neutro, logrando que las transiciones climática y digital sean un éxito, sin dejar a nadie atrás», aseguran los jefes de Estado y de Gobierno en la nueva agenda para 2024-2029, que acompaña también al nombramiento del socialdemócrata portugués Antònio Costa como presidente del Consejo Europeo y la propuesta de la liberal estonia Kaja Kallas como alta representante para la Política Exterior.

El laboratorio de ideas E3G apunta que la agenda envía «señales de estabilidad en la transición verde de la UE» y agrega que los próximos pasos deben ser «alinearse con el objetivo climático de la UE para 2040 y un paquete de inversión».

En la agenda aprobada, la política climática comunitaria -que aspira a liderar la vicepresidenta y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera- queda ligada a la mejora de la competitividad, y esta al abaratamiento de los costes energéticos de la UE, y para ello los Veintisiete se conjuran para construir «una auténtica unión energética, asegurando el suministro de energía abundante, asequible y limpia«.

El enfoque mantiene siempre el objetivo de reforzar el mercado único, la joya de la corona de la economía europea en la que los Veintisiete quieren profundizar «aún más, especialmente en los ámbitos de la energía, las finanzas y las telecomunicaciones».

Y subraya que los países de la UE seguirán avanzando hacia el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero siendo «pragmáticos«, creando un «marco estable y predecible» y un «entorno más propicio» para impulsar las industrias verdes y las inversiones «en amplias infraestructuras transfronterizas para energía, agua, transporte y comunicaciones«.

La patronal comunitaria de las eléctricas, Eurelectric, ha celebrado el renovado compromiso de la UE «con las transiciones verde y digital» en una agenda que reconoce necesaria «una electrificación ambiciosa utilizando todas las soluciones netas cero y bajas en carbono (energía nuclear), e inversión en redes, almacenamiento e interconexiones».

Biodiversidad

La economía circular también sigue presente en el plan, con el objetivo de fomentar un sistema «más eficiente en el uso de recursos, impulsando el desarrollo industrial de tecnologías limpias, aprovechando todos los beneficios de la bioeconomía y adoptando una movilidad limpia e inteligente con una infraestructura de red adecuada».

E incluso la crisis de la biodiversidad aparece específicamente mencionada en los textos, pese a que había ido perfilándose como el eslabón más débil del consenso político sobre la transición ecológica, con un punto álgido en la politizada, controvertida y dramática tramitación y adopción de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE.

«Nuestro entorno natural se enfrenta a daños y perturbaciones cada vez mayores debido al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación«, señala el capítulo donde se describen los desafíos en un paisaje político global «inestable», en un documento en el que los Veintisiete negocian cada palabra.

Oenegés

Varias organizaciones ecologistas han celebrado los nombramientos y el tono de los compromisos políticos, pero no bajan la guardia.

Como WWF, que pide a Von der Leyen que «resista» a los llamamientos «para retroceder«, incluso de los suyos, o la Red de Acción Climática, que «da la bienvenida» a los compromisos pese a que esperaba «más que caminos vagos«.

Mucho más crítica con las prioridades del bloque se muestra, sin embargo, Greenpeace, que concluye que las prioridades fijadas contribuyen a «acelerar la era de la extinción» al diseñar un plan para «priorizar las ganancias empresariales y el gasto militar sobre la protección de la naturaleza para garantizar un futuro mejor».

Editado por Lucía Leal

Bruselas (EuroEFE).- El 86 % de los europeos esperan que sus dirigentes políticos den una mayor prioridad a la protección de la biodiversidad marina, según los resultados de una encuesta realizada en siete países de la UE difundidos este lunes por las ONG Oceana y Seas at Risk, ambas activistas por la conservación marina.

El estudio, realizado por la consultora Sapience bajo el encargo de Oceana y Seas at Risk, señala además que, para proteger el océano, los ciudadanos encuestados consideraron «esencial» salvaguardar las especies marinas amenazadas (97 %), los hábitats marinos (96 %) y poner fin a la sobrepesca (93 %).

«Tras las elecciones de la UE, este es un mensaje claro a la nueva Comisión Europea y a los nuevos diputados al Parlamento Europeo para que sitúen las cuestiones oceánicas en el centro de sus mandatos», señaló Oceana en un comunicado.

La encuesta -que se realizó a un total de 7.013 participantes en España, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Portugal, Suecia y los Países Bajos-, revela que el 90 % considera que, para proteger la biodiversidad marina, las áreas marinas protegidas son una herramienta necesaria.

El porcentaje es incluso mayor entre la población española, donde el 96 % de los encuestados consideraron que las áreas marinas protegidas son un aspecto importante para la protección del océano.

Asimismo, el 82 % de los europeos creen que se debe impulsar una regulación más estricta de la pesca de arrastre de fondo e, incluso, el 73 % apoyaría la prohibición de esta práctica pesquera destructiva en las áreas marinas protegidas de la UE.

«A pesar de las afirmaciones contra el Pacto Verde de la UE y la protección del medio ambiente realizadas por las fuerzas conservadoras y de extrema derecha durante la campaña electoral, los hechos no mienten: los ciudadanos de la UE quieren más protección marina«, señaló el director de la campaña de protección marina de Oceana en Europa, Nicolas Fournier.

A su vez, la responsable de política marina de Seas at Risk Tatiana Nuño, señaló en el comunicado que el resultado del estudio, sumado a los recientes anuncios de los Gobiernos de Grecia y Suecia de prohibir la pesca de arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas, «debe desencadenar una tendencia positiva de acciones concretas durante el nuevo ciclo político de la UE».

«La práctica destructiva de la pesca de arrastre de fondo debe prohibirse en todas las áreas protegidas europeas para preservar un océano sano que, a su vez, pueda sustentar empleos sostenibles y una economía azul resistente», añadió Nuño.

Oceana y Seas At Risk recordaron en el comunicado que la pesca de arrastre de fondo se practica en el 90 % de las áreas marinas protegidas de la UE en alta mar, «devastando los mismos hábitats y especies que estas zonas pretenden proteger», según revelaron en un informe publicado en abril, en colaboración con la Marine Conservation Society.

Editado por Miriam Burgués

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París (EuroEFE).- Si alcanza el Gobierno francés tras la segunda vuelta electoral del 7 de julio, el ultraderechista Agrupación Nacional (RN) buscará excluir de ciertas ayudas sociales a los ciudadanos comunitarios, avanzó a EFE Edwige Diaz, diputada saliente de origen español y que ocupa una de las vicepresidencias del partido.

Desde una cafetería de la calle Solferino, junto a la Asamblea Nacional francesa, Diaz, de 36 años, concreta varias de las propuestas de un eventual gobierno de Jordan Bardella, en las que destaca la lucha contra la inmigración.

«Si reducimos la generosidad, creo que seremos todavía más generosos que otros países de Europa», razona la diputada saliente de la 11 circunscripción de Gironde (oeste, cerca de Burdeos).

Muy cercana al círculo de poder de Marine Le Pen, de padre de origen malagueño y madre francesa, Diaz vuelve a presentarse a estos comicios legislativos (30 de junio y 7 de julio) y está considerada como una figura de un RN «suavizado» que, sin embargo, no renuncia a varias de sus ideas clave, como «la prioridad o la preferencia nacional».

Ayudas sociales para los franceses

«Queremos reservar las ayudas sociales no contributivas a los nacionales. Por ejemplo, las ayudas sociales a las familias deben otorgarse para promover la natalidad francesa, y por ello, sí, se reservarán a los franceses», indica, al ser preguntada sobre si los comunitarios quedarían también excluidos.

Según datos del órgano gestor de estas ayudas, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), hay 32,7 millones de residentes en Francia beneficiarios, entre ellos casi 14 millones de menores.

De acuerdo con cifras de 2017, en torno a un 10 % de personas nacidas fuera de Francia eran beneficiarias de estas ayudas.

El acceso a las residencias de estudiantes solo para los franceses también integra el proyecto del partido ultranacionalista. «En un contexto de falta de alojamiento, tenemos que jerarquizar las necesidades», alega la encargada en la implantación territorial del RN. El partido, sin embargo, aprueba la continuidad del programa Erasmus, financiado por la UE.

Estas medidas podrían colisionar con las leyes nacionales y europeas, por lo que sería necesario modificar la Constitución francesa, algo para lo que habría que esperar a que Marine Le Pen gane las presidenciales de 2027, pues el aval del jefe Estado, actualmente Emmanuel Macron, es imprescindible para ese cambio.

«Solo podremos aplicar integralmente nuestra política sobre inmigración con Marine Le Pen como presidenta, pero si Jordan Bardella es primer ministro podremos legislar en el corto plazo mediante el Parlamento y con decretos», avanza.

Diaz recuerda las propuestas de su partido de eliminar el derecho de nacionalidad a los niños de padres extranjeros nacidos en Francia y de retirar la asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles.

Otra de las medidas que el RN no olvida es ampliar la prohibición del velo al espacio público -actualmente está vetado en locales como las escuelas-, una iniciativa que ya defendía Marine Le Pen en las presidenciales de 2022 y que generó polémica en un país que cuenta con la mayor población de confesión musulmana de Europa (entre 5 y 6 millones).

«No queremos prohibirlo en el corto plazo, porque hay otros asuntos urgentes, pero lo mantenemos en nuestro punto de mira. El velo integral sí, aunque esté en teoría ya prohibido (desde 2010 con multa de 150 euros), pero no se aplica la norma. Queremos vetarlo del espacio público porque es la materialización del islamismo radical», sostiene.

Para esta titulada con un máster en filología hispánica, medidas como esa son necesarias para «defender el laicismo francés». No obstante, no pone en el mismo saco a otros símbolos religiosos como la kipá judía. «La kipá no nos plantea un problema porque no encarna el islamismo radical», asegura.

La Hungría de Orbán, eventual socio

Diaz, que llegó al RN tras haber estado afiliada al partido del expresidente conservador Nicolas Sarkozy -al que votó en 2007-, no prevé «un pulso con Bruselas» y «sí una negociación inteligente», en asuntos de política comunitaria como el energético, el migratorio o el presupuestario (el RN aboga por disminuir la contribución a la UE).

Para ello, la dirigente del RN dice que contará con gobiernos como los de la Hungría de Víktor Orbán, los nórdicos de Suecia y Dinamarca -a pesar de ser progresistas quieren mano dura con la inmigración-, y con los de Italia y Países Bajos, entre otros.

También nombra los buenos resultados electorales de los partidos Vox (España) y Chega (Portugal).

«Trabajaremos con los gobiernos de otros países europeos que respeten la democracia francesa, el resultado de las urnas. Tenemos cada vez más aliados de otros partidos europeos», asegura.

Diaz, a quien le gusta escuchar Radio Nacional de España, vivió en Málaga con su familia: «un año y medio, hasta los 3 años, pero tengo muy pocos recuerdos. Ahora ya no me queda más familia allí».

Editado por Miriam Burgués