Madrid (EuroEFE).- El principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular (PP), opinó este martes que la actual vicepresidenta tercera del Gobierno español, la socialista Teresa Ribera, será una «mala» comisaria europea, aunque se mostró «satisfecho» de que su impacto será «limitado» y no tendrá «competencias legislativas».

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, indicó en rueda de prensa que «ningún miembro del Gobierno de (Pedro) Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Ribera menos», ya que su partido la que ha advertido que el PP «no está a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras».

Ribera fue nombrada este martes vicepresidencia ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, un papel clave desde el que supervisará las carteras de Energía, Clima, Vivienda y Medioambiente y se responsabilizará también de la poderosa cartera de Competencia.

Tellado subrayó que «pese al titulo rimbombante de la cartera», la socialista «tendrá muy limitado su afán sectario».

«Será una comisaria sin competencias legislativas», aseguró Tellado, quien afirmó que es «un alivio» que «las materias más sensibles a las que podrían aspirar», como la agricultura o la pesca, «no están en sus manos».

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Fuentes de los populares indicaron que el PP se opondrá a la designación de Ribera.

Por su parte, el partido ultraderechista Vox acusó a los populares españoles de «traicionar» a los agricultores y ganaderos españoles al «nombrar» comisaria europea a Ribera, que se integrará a una Comisión liderada por la alemana Ursula von der Leyen y que tendrá una estructura dominada por comisarios del Partido Popular Europeo (PPE).

«En sólo 3 meses el PP ha pasado de decir que a Teresa Ribera sólo le interesaba el poder para seguir arruinando al campo español, a nombrarla comisaria europea», denunció el presidente de ese partido, Santiago Abascal, en un mensaje en la red social X.

Ante la reacción de la oposición, el Partido Socialista (PSOE) lamentó que el PP «esté rabiando» por el nombramiento de Ribera, cuando debería alegrarse por ser la cartera de más peso en la UE que ha ejercido hasta ahora una mujer española.

«Demuestra el peso de España en Europa, el papel y la influencia del Gobierno y la solvencia y capacidad de Ribera (…) Pero da igual, como hay que criticar, tampoco les vale. Es una magnífica noticia», aseguró el portavoz parlamentario socialista Patxi López frente a las críticas del PP.

En esa línea, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticó los conservadores no se alegren por lo que consideró una buena noticia para España y para Europa. «Nunca se alegran de nada», dijo, y recordó que es la primera vez que una mujer española ocupa un puesto de esta importancia y que «nunca España había tenido ese papel», que va a suponer «la mayor influencia que nunca en la historia habíamos tenido» en la Comisión Europea.

Ecologistas valoran el nombramiento de Ribera, pero piden más compromisos

Por su parte, las agrupaciones ecologistas españolas valoran de forma positiva el nombramiento de Ribera, pero piden mayores compromisos con la descarbonización verde, la renaturalización del continente y con las políticas que no beneficien a las élites y grandes oligopolios.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha señalado a EFE que el nombramiento de Ribera «es una buena noticia si esto se traduce en un compromiso firme con una descarbonización verde y justa y una restauración de la naturaleza en el continente», pensando en las personas.

Saldaña ha asegurado que desde Greenpeace esperan que el compromiso personal y la relevancia del cargo se traduzcan en «una mayor ambición climática y también una mayor velocidad de dichas transformaciones», y piden evitar que «el cortoplacismo y el retardismo» ocupen un lugar central en la política de la Unión Europea.

Ha incidido en que es un «momento crucial y Europa debe mantener su liderazgo, en especial para las futuras generaciones», porque la fórmula para la transición ecológica «tiene que beneficiar a la gente, y no a las élites o los oligopolios».

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha elogiado nombramiento en la CE y el trabajo de Ribera en el Ministerio español, porque ha «demostrado su enorme conocimiento técnico y su enorme capacidad política, tanto a nivel nacional como a nivel internacional para liderar la defensa del medio ambiente».

No obstante, Del Olmo ha recordado que «es un momento donde los avances medioambientales están en riesgo en la Unión Europea, y hay presiones enormes para que la Agenda Verde se detenga».

Por ello, ha subrayado que «es una señal en la buena dirección colocar la transición ecológica al más alto nivel de la propia Comisión Europea», es «absolutamente necesaria», porque la transición ecológica «es un motor de cambio, de renovación y de innovación, fundamental para la economía europea».

El secretario general de WWF ha pedido que en este empeño esperan que en España el presidente del Gobierno mantenga la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico «como está ahora, con las mismas atribuciones y competencias» y quien sustituya a Ribera esté «capacitado y conozca muy bien la defensa del medio ambiente y todas sus complejidades».

Por su parte, el portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que el nuevo nombramiento de Ribera «no supondrá la pérdida de una aliada para el espacio natural», porque como ministra «ha sido de gran importancia» pues «es una persona que conoce perfectamente el problema de Doñana y que siente especial cariño por su gente y su biodiversidad».

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, considera que la creación de una «súpercartera» de Transición Limpia, Justa y Competencia en la Comisión Europea que asumirá Ribera «no supone más que un lavado de cara para una Comisión Europea derechizada y belicista», sin embargo desean a la vicepresidenta «suerte y aciertos».

No obstante, López de Uralde ha subrayado que la emergencia climática y ecológica «avanza sin freno», y espera que durante el mandato de Ribera el peso de las políticas climáticas «no disminuya en favor de los intereses económicos y el consenso belicista manifestado por Von Der Leyen durante la campaña de las elecciones europeas».

Desde Ecologistas en Acción señalan que las políticas de la UE están marcadas por la Agenda Estratégica 2024-2029 y el Marco Financiero Plurianual que «favorecen la militarización y un mayor control de fronteras, pasando por encima los derechos humanos», y una política comercial basada en el comercio internacional que está generando un «mayor extractivismo de materiales críticos, de hidrocarburos o productos agroindustriales».

Según EA, este tipo de políticas está en las causas de la emergencia ecológica y social, y por ello, «frenar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, revertir la contaminación y garantizar los derechos humanos no son prioridades para la UE».

Con este mandato, aseguran, «no sólo no frenarán la crisis ecológica y social, sino que la agravarán».

Ante eso, las organizaciones ecologistas seguirán «exigiendo y reclamando políticas que se priorice la vida de los ecosistemas y de las personas», han subrayado desde EA.

Editado por Sandra Municio

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Madrid (EuroEFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reiterará ante la Comisión Europea (CE) la necesidad de avanzar en una mayor flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC) «para garantizar su éxito» y su «impacto sobre el territorio y el sector agrario».

Así lo ha anunciado este martes durante los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera que ha mantenido con las comunidades autónomas para preparar la reunión con sus homólogos europeos del próximo 23 de septiembre.

Planas insistirá en cuestiones en las que se considera conveniente una mayor flexibilidad, como el retraso producido este año en los pagos anticipados de las ayudas de la PAC, según ha recogido un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este retraso viene motivado por cuestiones derivadas del nuevo diseño, como unos mayores y más complejos controles en cuestiones como el agricultor activo o los ecorregímenes, ha explicado Planas.

También pedirá una reflexión sobre la rigidez que implica el nuevo modelo de aplicación, por ejemplo, en el proceso de modificación de los planes estratégicos nacionales, para evitar periodos de tramitación «largos y complejos».

Por otro lado, Planas ha valorado que, a petición de España y otros Estados miembros, la CE haya autorizado el incremento del anticipo de las ayudas al 16 de octubre.

De esta forma, las comunidades autónomas que lo decidan podrán aumentar hasta el 70 % el pago de las ayudas directas y hasta el 85 por ciento en las medidas de desarrollo rural.

Al margen de esa necesidad de ahondar simplificación y flexibilización de la política comunitaria, Planas ha subrayado que los datos sobre los dos primeros años de aplicación de la nueva PAC en España «confirman la solidez y coherencia del plan estratégico nacional».

Además, ha indicado que esos datos «demuestran que cuenta con el apoyo generalizado de los agricultores y ganaderos, dadas, entre otras, las cifras de adhesión a los ecorregímenes».

Entre los datos esgrimidos, el ministro ha citado el mantenimiento de la superficie declarada en torno a 22,2 millones de euros en la campaña 2024 y que, aunque el número de solicitantes es menor al ejercicio anterior (598.151), el tamaño de las explotaciones acogidas a la PAC se ha incrementado en consonancia con la tendencia de los últimos años.

Asimismo, ha hecho hincapié en que en el segundo año de aplicación de los ecorregímenes, el porcentaje de agricultores y ganaderos que los han solicitado se ha incrementado en dos puntos, un 77 % del total, para desarrollar actuaciones sobre una superficie que representa el 88 % del total de la declarada en la solicitud única de ayuda para la renta básica para la sostenibilidad.

Cuota de la anchoa

En materia de pesca, el Consejo de Ministros europeos del próximo lunes abordará un punto introducido en el orden del día a propuesta de España en el que el ministro Planas expondrá el «absoluto rechazo» a la propuesta de la CE de reducir el Total Admisible de Captura (TAC) para la anchoa en el Golfo de Cádiz.

El ministro español ha explicado el desacuerdo de España porque la propuesta ignora el componente socioeconómico de la pesquería de la anchoa, lo que entra en contradicción con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Además, Planas ha considerado que la propuesta contiene alguna cuestión discutible desde el punto de vista jurídico, como la prohibición de que los Estados miembros puedan hacer intercambio de cuotas.

Ayudas a los ganaderos

Planas ha anunciado también que la próxima semana el Gobierno aprobará el decreto de ayudas a los agricultores por 15 millones de euros para compensarles por los gastos y daños causados como consecuencia de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

El Gobierno español acordará con las comunidades autónomas el reparto territorial de este fondo estatal, que será complementado con otros 15 millones de euros por las administraciones autonómicas.

Entre los gastos subvencionables se incluirá la adquisición de la vacuna contra esta enfermedad que se encuentra disponible desde el mes de agosto.

Editado por Sandra Municio

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea y España defendieron este martes ante la justicia europea la legalidad del mecanismo ibérico que impuso un tope al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad en plena crisis energética, frente a la denuncia planteada por varias empresas que cuestionan que esta medida se ajuste a la legislación comunitaria.

El recurso fue planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por varias empresas españolas (PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España) que solicitan que se anule la decisión del Ejecutivo comunitario que en 2022 avaló esta medida, puesta en marcha de forma conjunta con Portugal.

El mecanismo impone un tope a la cotización del gas en el mercado mayorista de la electricidad y efectúa pagos a operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles para cubrir parte de sus costes, de forma que el resultado es una reducción del precio final debido a que estos son los factores más influyentes en el proceso de fijación del mismo.

Estas compensaciones a las centrales se financian, principalmente, mediante una contribución impuesta a los compradores de electricidad en dicho mercado mayorista, pero incluía una exención para aquellos compradores de electricidad respecto a la parte de sus compras regidas por contratos anteriores al 26 de abril de 2022, según se explica en un informe elaborado por el tribunal sobre el caso.

En este sentido, las cinco empresas que cuestionan la medida argumentan que la Comisión cometió un error de Derecho por no entender el funcionamiento del mecanismo y falló al examinar la «pertinencia y proporcionalidad» del mismo.

Además, consideran que el tope ibérico incumple varios artículos del reglamento y la directiva europeos sobre la electricidad, así como que infringe el principio de no discriminación y el de protección de expectativas legítimas.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario, apoyado por el Estado español personado en la causa, rechaza los argumentos que esgrimen estas empresas y defiende que «el análisis de la medida notificada cumple con su obligación de supervisar toda ayuda concedida por los Estado miembros» al sector privado.

En esta línea, los abogados de la Comisión Europea remarcan que la institución «no estaba obligada a analizar la situación» concreta de los demandantes, los cuales, aunque no compran directamente la electricidad en el mercado mayorista, soportan los costes de la medida, pero «no se benefician totalmente de la reducción de los precios».

Bruselas argumenta, en particular, que evaluó la legalidad del tope ibérico «sobre la base de la información que estaba obligada a tener en cuenta de acuerdo con la jurisprudencia relevante» y a eso suma que «en ningún momento del procedimiento de examen preliminar recibió información sobre la situación de consumidores de electricidad como los demandantes».

Los abogados enviados por el Estado español se suman a esta consideración y defienden que «el objetivo de la medida era bajar los precios del mercado mayorista de electricidad» y no «tener en cuenta todas las situaciones legales factuales en las que se pudieran encontrar los consumidores finales».

Las partes enfrentadas en este asunto -las empresas demandantes, por un lado, y la Comisión y España, por otro- han expuesto sus argumentos en una vista celebrada este martes y se espera que el Tribunal General de la UE emita en los próximos meses una sentencia que todavía podrá ser recurrida.

Editado por Sandra Municio