Bruselas (EuroEFE).- El presidente de Aragón, Jorge Antonio Azcón, defendió este jueves que la futura Política de Cohesión debe incluir factores que reflejen «adecuadamente» los problemas de despoblación que experimentan muchas regiones europeas para que puedan acceder a los fondos que les corresponden.

«De lo contrario se impediría a nuestra comunidad el justo acceso a fondos en comparación con otras del centro de Europa con PIB per cápita ligeramente inferior pero sin problemas de despoblación», advirtió ante el pleno del Comité de las Regiones europeo en un debate sobre la reforma de la Política de Cohesión más allá de 2027, en el que intervino en nombre de la iniciativa ‘EURegions4Europe’.

Azcón remarcó que los recursos de programas como el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) han sido «esenciales» para que Aragón y otras regiones «sean más cohesionadas, innovadoras y estén más preparadas para el futuro».

Pero al mismo tiempo abogó por que el diseño futuro de la Política de Cohesión tenga en cuenta que muchas de ellas se enfrentan a procesos de despoblación, tienen baja densidad y dispersión de la población y carecen de ciudades medianas.

En su opinión, esta política europea debe contribuir a que el bloque y sus regiones afronten «grandes retos» como la digitalización, la transición demográfica y la seguridad ciudadana.

«Solamente de esta manera seremos capaces de reducir las desigualdades, completar el mercado único y fomentar un desarrollo sostenible y duradero», avisó.

En este sentido, el presidente de Aragón enfatizó que centralizar la gestión de la Política de Cohesión, como quiere hacer la Comisión Europea, sería «un error» y defendió, al contrario, que debe «respetar el enfoque territorial basado en la particularidad de cada una de esas regiones».

Por otro lado, reivindicó que debe disponer de un presupuesto «acorde con el enfoque de realizar inversiones a largo plazo».

«Defendemos incrementar el presupuesto en otras áreas estratégicas pero no puede ser a costa de la razón de ser de la UE, de la Cohesión», indicó, para después añadir la necesidad de plantear un «diálogo reforzado» entre las regiones y la Comisión Europea.

En este sentido, celebró que el futuro Ejecutivo comunitario que previsiblemente comenzará su mandato el 1 de diciembre vaya a tener un vicepresidente de Cohesión y Reformas, cartera asignada al italiano Raffaele Fitto, propuesto por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

Editado por Sandra Municio

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, dijo este jueves, en el marco del pleno del Comité de las Regiones, que la migración es un «reto clave» al igual que una «oportunidad» en la asociación con África.

Urpilainen subrayó además la necesidad de ayudar a que el continente sea más «resiliente» y pueda ser «un actor en sí mismo».

Durante el debate se incidió en la importancia de reforzar el papel que las ciudades y regiones pueden jugar como agentes de la futura estrategia de asociación con África, particularmente en su asociación reformada y en la construcción de una cooperación que genere oportunidades.

En este sentido, la directora de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Celia Alberto Pérez, señaló que «la situación actual en la fachada noroccidental del continente africano requiere una atención reforzada por parte de la UE».

Además, apoyó la necesidad de contar con las regiones y los entes locales en el diseño de la estrategia de asociación con África «no solo como responsables europeos conocedores de la realidad africana sino como primeras puertas de entrada a la Unión», declaró.

La comisaria de Asociaciones Internacionales declaró por su parte que «no puede existir un futuro sostenible sin que África lo lidere».

A día de hoy la población europea asciende a 450 millones de habitantes, y las previsiones apuntan a que en 2050, la población de África superará los 2.500 millones de habitantes, es decir, seis veces la población de la UE.

De esa población, un porcentaje elevado serán personas jóvenes que entrarán a formar parte de la fuerza laboral en un contexto en el que «se van a crear muy pocos trabajos».

En ese sentido, Urpilainen incidió en la necesidad de hacer «más inversiones» para que los socios de la UE en África «puedan ser actores por sí mismos».

«El objetivo es fortalecer la resiliencia de África, apoyarles para que sean muchísimo más independientes y que tengan más vacunas, puedan producir más energía a través de un proceso sostenible y renovable y puedan tener también acceso a una educación de calidad y de servicios de salud adecuados», señaló la comisaria.

Asimismo, la política finlandesa apuntó que eran necesarias unas infraestructuras de calidad que incluyan la modernización de los puertos de entrada como Namibia y transformar el transporte público en ciudades capitales como Dakar o Nairobi.

Para hacerlo, valoró contar con la inversión de empresas privadas: «con los recursos públicos no llegamos a ningún lado, necesitamos recursos que permitan impulsar estas inversiones privadas en África, hasta ahora se ha hecho muchísimo progreso pero esta es una maratón y tenemos un gran camino por recorrer», explicó.

Bruselas no ve aún cerca los acuerdos para el despliegue de Frontex en África

Por otra parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo este jueves que pese a ciertos progresos, no ve aún próxima la negociación de acuerdos a nivel de la UE con países como Senegal y Mauritania para permitir, como pide España, que Frontex pueda desplegar efectivos en aguas africanas.

En una reunión con un grupo de agencias de prensa europeas, incluida EFE, la política sueca hizo una valoración de su mandato, que terminará en unas semanas, cuando la nueva Comisión Europea entre en funcionamiento.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante un debate en la Eurocámara en Estrasburgo, Francia, el pasado 16 de septienbre de 2024. EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Sobre la petición española de desplegar agentes de Frontex en países africanos para prevenir las salidas migratorias y evitar las muertes en el mar, la comisaria indicó que pese a que ha habido «una apertura» por parte de Senegal y de Mauritania, esos dos Estados «todavía no están en condiciones de decir que están dispuestos a negociar ningún acuerdo».

«La última vez que estuve en Mauritania, planteamos esta cuestión con Frontex. Ha habido una apertura un poco mayor, tanto por parte de Senegal como de Mauritania, pero todavía no están en condiciones de decir que están dispuestos a negociar ningún acuerdo», añadió.

Precisó que se han producido en particular algunos «contactos» y mencionó las visitas por parte de las autoridades de esos países a la sede de Frontex.

«Hay más interés, pero aún no se está cerca de iniciar las negociaciones sobre un acuerdo», señaló Johansson.

La comisaria calificó de «realmente problemática» la situación en Canarias y, aunque precisó que no puede «especular» sobre lo que hará la próxima Comisión, añadió que le «sorprendería mucho que no siguiera habiendo un gran apoyo a España para gestionar la situación en las Islas Canarias» y para prevenir las salidas desde su origen, añadió.

Por otra parte, restó importancia al hecho de que la carta de misión de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, al futuro comisario de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, no mencione la situación migratoria en el archipiélago, algo que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera «preocupante».

Según la actual comisaria, «es muy inusual que se señalen regiones específicas en una carta de misión».

Recordó que durante su mandato ha visitado en varias ocasiones Canarias, así como Mauritania y Senegal, países con los que existe «una buena cooperación» pero que «también están bajo presión», añadió.

Auguró que en los próximos cinco años «la parte externa» de la política migratoria «será aún más importante».

Para Johansson, es precisamente la situación en el Sahel «la que provoca que muchas personas se desplacen», por lo que «necesitamos seguir trabajando con estos países, pero también podemos mirar más allá».

Esos desplazamientos son «algo que también debemos abordar, no solo cuando llegan a la costa, sino también antes en las rutas y los países de origen», dijo.

«Nos hemos centrado mucho en los países vecinos durante este período, pero podemos ver que Bangladesh, Pakistán y otros países de África también son importantes para la presión migratoria que vamos a tener. Creo que esto debe ser una parte importante para los próximos años», opinó Johansson.

Editado por Sandra Municio

Bruselas (EuroEFE).- Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen cinco semanas para evitar que la ley que busca limitar que los productos consumidos en el bloque generen deforestación se comience a aplicar desde enero de 2025 y no un año después, como propuso la Comisión Europea.

Las dos instituciones apoyan la propuesta de Bruselas para retrasar doce meses el inicio de esta ley, pero una serie de enmiendas aprobadas por la Eurocámara con los votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de extrema derecha que reducen su ambición han sido rechazadas por los Estados miembros, lo que obliga a ambas partes a negociar.

El reglamento vigente – aprobado en 2023 y que afecta tanto a ganado como a madera, cacao, soja, aceite de palma, café o caucho y productos derivados como cuero, chocolate, neumáticos o muebles – establece que debe aplicarse a partir del 30 de diciembre de este año, pero el Ejecutivo comunitario planteó en octubre una prórroga de un año como periodo de adaptación para la industria.

Por tanto, el Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo disponen de un plazo de apenas cinco semanas para sacar adelante la moratoria y evitar que su aplicación comience el día planeado inicialmente.

«Si no se acuerda el cambio (la prórroga), la ley se aplica tal y como está en vigor», explican fuentes comunitarias a EFE.

En este caso, las empresas que produzcan o importen a la UE esos productos deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales a partir del 30 de diciembre de este año.

El conflicto reside en las enmiendas aprobadas en la Eurocámara la pasada semana que relajan las exigencias de la ley. En particular, la creación de una categoría de países «sin riesgo» de deforestación que fuentes diplomáticas ven como un «coladero» para que entren a la UE productos que sí han generado deforestación.

Los Veintisiete respaldaron sin cambios sustantivos la propuesta original de Bruselas y sólo Italia abrió la puerta a incluir en la ley las enmiendas planteadas por los eurodiputados, pero siempre que diera tiempo al incluirlas antes de que finalice este año, algo complicado dadas las limitaciones de tiempo y el hecho de que la mayoría de las capitales las rechazan, apuntan las mismas fuentes.

Los Estados miembros se basan en el análisis de los servicios jurídicos del Consejo de la UE, quienes advirtieron de que las enmiendas de la Eurocámara estaban poco definidas, carecían de un análisis de impacto e incluso podrían infringir normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

«Cabe recordar que la propuesta de la Comisión Europea debe ser adoptada, firmada y publicada en el Diario Oficial de la UE antes del 30 de diciembre de 2024», advierte el Consejo de la UE en un comunicado.

Con todo, el Partido Popular Europeo lamentó la posición de los Estados miembros y cargó en particular contra Alemania, Francia y España, cuyo comportamiento tildó de «irresponsable» por «obstruir cambios que son urgentes (…) para detener la deforestación ilegal y proteger a empresas, silvicultores y agricultores de una burocracia no razonable».

Por su parte, el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) lamentó que las enmiendas de la derecha «diluyan» la ambición de la ley y pongan en entredicho los compromisos medioambientales del bloque, por lo que incluso pidieron a la Comisión Europea que retire su propuesta.

Fuera del Parlamento Europeo, la ONG ecologista WWF celebró que los Veintisiete rechacen unas enmiendas que «abren la puerta a la desregulación» y instaron a los gobiernos a mantener esta posición en las negociaciones que ahora deben mantener con la Eurocámara.

«Retrasar su aplicación incluso por un año ya corre el riesgo de exacerbar la deforestación global. Cual quier retraso adicional y debilitamiento (de la ley) llevaría a más destrucción, con consecuencias devastadoras para los bosques, el clima y la biodiversidad», defiende la organización medioambientalista.

Editado por Sandra Municio