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Amazonía boliviana: Entre el hambre y el veneno del mercurio
En las profundidades de la Amazonía boliviana, donde la selva resguarda un sinfín de historias y tradiciones, las comunidades indígenas Esse Eja y Tacana enfrentan una crisis que trasciende generaciones. La naturaleza, a la que veneran como ‘Madre’, está siendo envenenada lentamente por un enemigo invisible pero letal: el mercurio.
Este metal, utilizado en la minería de oro, ha contaminado las aguas del río Beni y los peces que son la base de su alimentación, transformando su forma de vida en una lucha por la supervivencia.
Estamos preocupados, la contaminación nos está matando
Frente a una plataforma minera en construcción, Saúl Vargas, líder de la comunidad Tacana de Loreto, señala el epicentro del problema: “La verdad estamos preocupados, la contaminación nos afecta a nosotros como personas, a los animales y a los peces que viven en el agua”.
La voz de Vargas, de 37 años, resuena con desesperación y rabia. Describe los efectos devastadores que el mercurio tiene en su comunidad: dolores de cabeza, vómitos, diarreas y temblores. “Esto viene desde los años ochenta, pero ahora es peor. Como pueden ver, ahí trabajan los mineros”, denuncia.
Las comunidades indígenas no tienen otra opción que seguir pescando en el río contaminado. “Todos los días se van al río. Es nuestra costumbre, vivir de la pesca”, explica Vargas. Sin embargo, esa costumbre, antes símbolo de identidad y sustento, ahora representa un riesgo diario para su salud.
El veneno invisible
Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), confirma la gravedad de la situación. “Hay al menos dieciocho comunidades afectadas alrededor del río Beni. En dos de ellas, donde el consumo de pescado es altísimo, el impacto es mayor”, señala.
El problema no solo se limita a los seres humanos. Las aves que beben de estas aguas y los peces que nadan en ellas están también contaminados. “El medio ambiente queda completamente afectado”, advierte.
Para Borja Peralta, presidente de la comunidad indígena Esse Eja en Enechiquia, la situación es desoladora. “Todos los peces están contaminados, pero no tenemos otra opción”, dice, refiriéndose al mercurio que impregna las aguas del río. La falta de alternativas agrava la crisis alimentaria, forzando a estas comunidades a depender de lo poco que tienen, incluso si está contaminado.
Hambre y desesperación
A esta catástrofe ambiental se suma una crisis logística y social. La conflictividad política en Bolivia impide el abastecimiento de combustible necesario para las embarcaciones de pesca. Esto, unido a la contaminación, ha obligado a las comunidades a cambiar sus hábitos alimenticios.
En algunos casos, se han visto obligados a criar pollos, lo que implica gastos que pocos pueden asumir. Otros, simplemente, han reducido su dieta a arroz y yuca, alejándose de los alimentos que históricamente los han nutrido.
“Esto está rompiendo el orden tradicional de nuestras vidas”, explica Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Cambiar una dieta basada en pescado por una dieta basada en productos agrícolas o pollo representa no solo un cambio cultural, sino también un desafío económico. “Comprar carne de pollo en la comunidad más cercana ya es un gasto que muchos no pueden cubrir”, añade.
Leyes que no protegen
Mientras tanto, las políticas públicas parecen ser cómplices de esta tragedia. Según Zaconeta, las normativas que regulan la minería en Bolivia son ambiguas y favorecen a los intereses de las cooperativas mineras, muchas de ellas con vínculos políticos.
“No hay un control adecuado del uso de mercurio”, afirma, subrayando que las importaciones de este metal se han disparado en la última década, pasando de 12.000 kilos en 2014 a 151.000 en 2023. Parte de este mercurio se utiliza para la minería de oro en Bolivia, pero otra parte es contrabandeada a países vecinos como Perú y Brasil.
Bolivia es firmante del Convenio de Minamata, un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio. Sin embargo, en la práctica, poco se ha hecho para cumplirlo. “Pese a los múltiples reportes, no se han conocido acciones de remediación ni compensación para las personas afectadas”, señala Zaconeta.
Resistencia en la adversidad
A pesar de todo, las comunidades indígenas siguen luchando. Saúl Vargas, Borja Peralta y muchos otros continúan alzando la voz, denunciando la falta de justicia y exigiendo soluciones. Sin embargo, sus esfuerzos parecen perderse en el ruido del río Beni, cuya majestuosidad ahora contrasta con la tragedia que oculta en sus aguas.
“Estamos solos”, dice Vargas con una mezcla de resignación y determinación. Pero en su soledad también hay una resistencia silenciosa, una lucha por preservar no solo sus vidas, sino también su cultura y su relación con la naturaleza.
El mercurio no solo contamina el agua; está contaminando la esencia misma de estas comunidades. Cada pescado que consumen es una ruleta rusa, y cada día que pasa, la amenaza crece. Mientras el mundo avanza, estas comunidades quedan atrapadas entre el hambre y el veneno, esperando un cambio que parece cada vez más lejano.
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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.
El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.
Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.
Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.
El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.
Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.
La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».
El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».
En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.
Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.
Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.
El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.
«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.
«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.
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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Tras el tintineo veraniego de las copas de vino, en Bruselas se desarrolla un silencioso enfrentamiento político sobre el uso de fungicidas en la viticultura ecológica.
El debate se centra en el fosfonato potásico, un fungicida eficaz contra el mildiú (una enfermedad fúngica) y cuyo uso está restringido en la Unión Europea (UE).
Los países del norte de la UE piden que se amplíe su uso, algo que no parece sentar bien a los países del sur.
El fosfonato potásico, ampliamente utilizado en la agricultura ecológica de Europa Central y Oriental hasta 2013, se considera ahora una alternativa a los fungicidas a base de cobre, cuyo uso está restringido en la UE por motivos medioambientales.
En diciembre pasado, el Grupo de Alto Nivel sobre Política Vitivinícola de la UE respaldó una petición alemana para volver a autorizar el fungicida, con el apoyo de los productores ecológicos de Alemania, Austria, Chequia, Luxemburgo y los Países Bajos , países que se enfrentan a un empeoramiento de las condiciones climáticas que favorecen la aparición de hongos.
La brecha norte-sur
La medida ha provocado una fuerte división norte-sur.
Mientras que los países del norte de Europa abogan por una mayor flexibilidad, los del sur, sobre todo Italia y Francia, advierten de los posibles perjuicios para la confianza de los consumidores y la credibilidad del mercado.
«Los viticultores ecológicos están sometidos a una presión cada vez mayor», explica a Euractiv un portavoz de la Asociación Alemana de Viticultores, al tiempo que recuerda las graves pérdidas de cosechas en 2016, 2021, 2023 y 2024.
La asociación calcula que cerca de 1.000 productores podrían abandonar la viticultura ecológica si no pueden utilizar la molécula.
«Las estrategias tradicionales basadas en el cobre ya no son suficientes. El fosfonato potásico ofrecería una alternativa fiable y equilibrada desde el punto de vista medioambiental», añade la asociación.
La organización italiana de agricultores Coldiretti no está de acuerdo.
Según Coldiretti, la reintroducción de la molécula sería «la primera excepción real a los principios ecológicos […] abriendo potencialmente la puerta a otras excepciones en otros sectores a medida que surjan nuevas dificultades».
Incluso si su uso sigue siendo opcional, los opositores afirman que un retorno parcial podría conducir a una pendiente resbaladiza.
«Trivializaría las normas de la agricultura ecológica», advierte Coldiretti, «cuyo rigor es […] la base de la confianza de los consumidores y del mercado ecológico».
La organización italiana teme además un retroceso en las exportaciones, «ya que los principales mercados extranjeros para los vinos ecológicos europeos no permiten esta molécula en sus normativas ecológicas».
En un informe del Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL) y de Bio Suisse, al cual ha tenido acceso Euractiv, se señala que «ven más riesgos que oportunidades en relación con la introducción de [fosfonatos de potasio]» en la viticultura ecológica.
Argumentan que va en contra de los principios ecológicos defendidos hasta la fecha, a pesar de los beneficios potenciales en el control de enfermedades y la reducción del uso de cobre.
Las organizaciones instan a consultar a los viticultores antes de tomar una decisión.
Mientras tanto, los brotes de mildiu, las heladas tardías y las lluvias torrenciales en Champaña, Burdeos y el norte de Italia han devastado las últimas cosechas.
Alianzas políticas contra natura, por necesidad
Está previsto que el Grupo de Expertos de Asesoramiento Técnico sobre Producción Ecológica (EGTOP) emita en breve un nuevo dictamen al respecto.
Pero, según ha podido saber Euractiv, las divisiones internas provocadas por la resistencia italiana han paralizado los avances.
Mientras tanto, los partidos políticos alemanes menos proclives a formar alianzas sí se ha unido en torno a esta cuestión.
Christine Schneider, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), y Martin Häusling, eurodiputado de Los Verdes, hicieron un llamamiento conjunto poco habitual para «aunar esfuerzos para lograr la reautorización del fosfonato potásico en la viticultura ecológica de la UE».
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(Editado por ADM/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La primera queja formal, presentada por Rusia, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la entrada en vigor del arancel de la Unión Europea (UE) a las importaciones de carbono, basado en la huella de carbono de determinados productos, ha sembrado dudas sobre los futuros planes de apoyo a los exportadores europeos.
Los eurodiputados han rechazado la decisión de Moscú de impugnar formalmente el nuevo arancel de la UE a la importación de carbono (CBAM) y su actual régimen de comercio de derechos de emisión de CO2, en un asunto judicial iniciado ayer, lunes.
«Esta queja es, por supuesto, infundada», comentó este martes el eurodiputado Tiemo Wölken, portavoz de política medioambiental del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), el segundo más fuerte de Estrasburgo tras el grupo del Partido Popular Europeo (PPE).
Se trata de un «intento clásico de intimidar a la Unión Europea una vez más», agregó,
La queja de Moscú ante la OMC se centra en los derechos de emisión de carbono gratuitos que se conceden actualmente a las empresas europeas para disuadirlas de trasladarse a países donde no existe la obligación de pagar por cada tonelada de gas de efecto invernadero emitida.
Esos derechos gratuitos desaparecerán cuando entre en vigor el CBAM el año que viene.
El nuevo sistema impondrá de hecho un precio del carbono a las importaciones mediante la aplicación de una tasa a los productos de altas emisiones, como el cemento y el acero, que entren en la UE.
Los partidos europeos de centro-derecha son partidarios de sustituir los derechos gratuitos por otras medidas que subvencionen a los exportadores de la UE. Está previsto que la Comisión Europea presente propuestas en ese sentido a finales de año.
La denuncia rusa, infundada o no, puede haber llamado la atención sobre ese plan.
Apoyar las exportaciones «no es fácil, porque hay muchos expertos que dicen que esto ya no es compatible con la OMC», comentó Peter Liese, responsable de política medioambiental del PPE.
Wölken asegura que, al igual que la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, presidida por el alemán Bernd Lange (S&D), no ha visto ninguna fórmula de ayuda adicional que no incumpla las normas de la OMC.
Pero si «hay una solución viable… estaremos encantados de estudiarla», subrayó.
En Bruselas se teme que la iniciativa de Rusia ante la OMC anime a otros países, que hasta ahora se han limitado a quejarse en los grupos de trabajo de la organización, a seguir su ejemplo.
«No debemos ofrecer más objetivos con soluciones de exportación jurídicamente dudosas», advirtió Wölken.
Por su parte, Bruselas dijo estar al corriente de la queja rusa pero rechazó la acusación de Moscú de estar violando las normas comerciales mundiales.
«La UE confía en que la CBAM es compatible con la OMC y está dispuesta a defender sus medidas», declaró un portavoz de Bruselas.
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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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