Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) debatieron este jueves cómo aumentar las devoluciones de migrantes, un asunto prioritario para todos los Estados miembros, que empiezan a considerar la creación de centros de deportación en el extranjero, una posibilidad descartada hace unos años por las dudas sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria e internacional.

La política migratoria volvió con fuerza a la agenda de la cumbre europea, después de unos meses de menor protagonismo tras la adopción del pacto migratorio y de asilo el pasado mayo.

Durante la reunión se aprobaron unas conclusiones que invitan a la Comisión Europea a «presentar una nueva propuesta legislativa (sobre retornos), con carácter urgente».

La UE busca, añade, una «acción determinada a todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar los retornos»; y anima a usar para ello «todas las políticas e instrumentos» de la UE, incluida la diplomacia, la ayuda al desarrollo, el comercio y los visados.

Aunque la idea de los centros para migrantes no es nueva, y de hecho Italia ha estrenado esta semana un acuerdo con Albania en ese sentido, el interés de los países de la UE por esa iniciativa para impulsar los retornos ha ido creciendo.

Este mismo jueves se pudo constatar en un desayuno de trabajo organizado por Italia, Dinamarca y Países Bajos antes del inicio de la cumbre, al que asistieron también la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y otros ocho países (no España).

La reunión sirvió para mostrar la sintonía de esos Estados en política migratoria y en ella Italia expuso su acuerdo con Albania.

Centros de retorno

Con vistas a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió una carta a las capitales en la que hablaba de «seguir explorando» para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE y llamó a sacar lecciones de la puesta en marcha del acuerdo entre Italia y Albania.

Recogía también otras ideas, como acelerar la aplicación del pacto migratorio, como pide España y proponía también seguir construyendo asociaciones con terceros países.

Pacto migratorio y de asilo

La UE adoptó el pasado mayo un pacto que pretende gestionar la migración de manera ordenada y previsible.

Sin embargo, muchos Estados miembros creen, como Francia, que a esa compleja construcción legislativa le falta un «ladrillo»: una normativa que haga más efectivos los retornos.

«La Unión Europea se ha quedado a medio camino en su solución a la migración. Por eso, junto con otros países, proponemos medidas más coherentes, por ejemplo, un retorno más rápido de quienes no pueden pedir protección a terceros países o la creación de centros de asilo fuera de Europa», dijo este jueves el primer ministro checo, Petr Fiala.

Los Veintisiete cuentan con una Directiva de Retorno de 2008 y aunque hay una propuesta de 2018 para actualizarla, un buen número de Estados miembros considera que se ha quedado ya desfasada y que se debe tener en cuenta la situación actual, por lo que quieren una nueva propuesta.

Von der Leyen ya ha adelantado que presentar una nueva propuesta legislativa sobre esas devoluciones será la primera tarea del futuro comisario de Interior, puesto al que aspira el austríaco Magnus Brunner.

Datos de llegadas y devoluciones

Según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) entre enero y septiembre de 2024 se detectaron 166.000 cruces fronterizos por vías irregulares en la UE, un descenso del 42 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En la ruta de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo se ha producido el mayor descenso de las llegadas, con una caída del 79 y un 64 % respectivamente.

No obstante, hay una subida del 100 % de las intercepciones de personas en situación irregular en la ruta de las islas Canarias, donde en los primeros nueve meses del año se han detectado 30.616 casos y el mayor aumento de toda la UE se ha producido en la frontera oriental de la UE, que registró casi el triple de intentos de entradas irregulares, con un incremento del 192 % en las intercepciones y un total de 13.195 casos.

Por su parte, la tasa de expulsiones de personas que han recibido una orden de abandonar la UE por no tener derecho a solicitar protección internacional está prácticamente estancada desde hace años en torno al 20 % según la Comisión Europea.

En 2023, unos 83.400 ciudadanos extranjeros fueron expulsados a un país fuera de la UE, es decir, el 19 % de todas las decisiones de devolución emitidas durante el año, frente al 17 % en 2022.

Editado por Sandra Municio

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Bruselas (EuroEFE).- Varios representantes de la sociedad civil argentina denunciaron este jueves en Bruselas el impacto sobre la población que tienen las políticas del presidente de Argentina, Javier Milei, y advirtieron de que la sociedad europea «no acaba de darse cuenta» de que representa una amenaza para la democracia.

«Percibimos que la sociedad europea no termina de darse cuenta de lo riesgoso que es Javier Milei para la democracia», aseguró en un encuentro con periodistas el coordinador del área de Investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, Ariel Slipak.

Tres representantes de la sociedad civil se reunieron esta semana con distintas organizaciones, instituciones y parlamentarios para presentar el impacto de la administración argentina en la democracia, los derechos humanos, los derechos digitales, la protección del medio ambiente y los derechos económicos y sociales.

En estas reuniones, dijeron, han percibido «una enorme solidaridad» por parte de eurodiputados y funcionarios con los que se han reunido, en los que han visto una preocupación por la reducción del espacio cívico y por la desjerarquización o directamente intento de anulación de la cuestión socioambiental y de la cuestión de género» por parte del Gobierno argentino.

En esta línea, denunciaron que «a nivel internacional lo que más resuena es el equilibrio fiscal», mientras que «está pasando desapercibido el impacto de las medidas en la población», dijo la directora de Desarrollo Institucional en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Cecilia Ales.

«Las cuestiones económicas y de geopolítica están por encima del aspecto humano», señaló, por su parte, la directora de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.

En la misma línea, Slipak apuntó que los «supuestos datos» por los que felicitan al Gobierno de Milei «no son realmente positivos» y argumentó que la inflación en los primeros 9 meses del año fue de 101,6%, han bajado el poder de compra de los salarios y las jubilaciones mientras que han subido el desempleo, el costo de la canasta de servicios, la electricidad, el agua, el gas, el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, entre otras cosas.

A punto de cumplir un año de mandato de Milei, en Argentina la pobreza se disparó 11 puntos porcentuales en 6 meses, el 52,9 % de la población es pobre, la tasa de indigencia se duplicó en 6 meses a 18,1 % y la pobreza infantil es del 66,1 %.

Por otro lado, apuntaron que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Milei después de que éste dijera «que las regulaciones internacionales, los sistemas de protección y los organismos multilaterales tienen una agenda socialista que imponen a los países pobres sus agendas y demás», subrayó el coordinador de FARN.

«La presidenta lo invitó a empujar el cierre del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y me parece que es una señal de que le están diciendo en la cara que aparentemente los valores no son los mismos y sin embargo no parece ser un obstáculo para empujar el acuerdo», concluyó Slipak.

Editado por Sandra Municio

Bruselas/Roma (EuroEFE).- El grupo de los ‘Patriotas por Europa’ en el Parlamento Europeo celebró este jueves su primera reunión en Bruselas, donde figuras de la extrema derecha europea como el italiano Matteo Salvini, el español Santiago Abascal, el húngaro Viktor Orbán o la francesa Marine Le Pen hicieron gala de su línea dura en materia migratoria.

El encuentro también sirvió como espaldarazo de esos políticos a Salvini, que este viernes encara su defensa final en el juicio en el que está imputado por impedir el desembarco de los inmigrantes salvados en mar por la ONG española Open Arms durante 20 días en 2019, cuando era ministro de Interior.

La Fiscalía de Palermo ha pedido para él la condena de seis años de prisión y un millón de resarcimiento, y la sentencia de primer grado se espera las próximas semanas, pero Salvini ha adelantado que, incluso si es condenado, no planea dimitir.

«Seguiré en mi cargo sea cual sea la sentencia, que espero sea de absolución. Lo veo un juicio político instruido por la izquierda y cuento con que un juez independiente llegue a conclusiones que para mí son obvias», sostuvo el ahora vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la ultraderechista Liga.

En un mensaje en su cuenta de X, Salvini dio las gracias «a los amigos» que en la reunión de los Patriotas por Europa, dijo, le habían «expresado total solidaridad y apoyo por el caso Open Arms«.

El líder ultraderechista neerlandés «Geert Wilders, por ejemplo, reiteró que el viceprimer ministro italiano ‘merece una medalla por lo que ha hecho‘», según fuentes de la Liga.

Los ‘Patriotas’ sacan músculo

La reunión sirvió también, explicó Salvini, para «reiterar la necesidad de defender las fronteras» de la Unión Europea (UE), algo que, alegó, debe pasar por «detener las salidas» de los migrantes en origen.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que en la reunión había habido «grandes coincidencias, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el combate de la política migratoria que ha sido impuesta por las élites de Bruselas, pero también con la oposición al federalismo europeo, que quiere ahogar las soberanías y que se impone cada vez con mucha más fuerza».

Aseguró que su partido apoya «que se intente todo lo posible para detener la inmigración masiva», y defendió que en Europa muchos Gobiernos, «incluso algunos socialdemócratas, están viendo cómo necesitan hacer una política de inmigración mucho más dura«.

En ese sentido, expresó su apoyo a la idea de crear centros de retorno de migrantes fuera de la UE, como ha hecho Italia en Albania, una posibilidad que la Comisión Europea ha abogado por explorar y a la que, por ahora, se oponen Alemania y España, como quedó patente en la cumbre de líderes europeos de este jueves.

«(Ese tipo de políticas) Son explorables y es bueno cualquier tipo de solución que impida que la inseguridad se extienda por toda Europa y que los gravísimos problemas de identidad que genera el islam político, el Islam extremista, dejen de producirse», dijo Abascal al respecto.

En la víspera, Abascal se reunió en Bruselas con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con la que dijo que quedó clara «la coincidencia tanto en las políticas nacionales como la coincidencia esencial en las políticas europeas», aunque aseguró que no habían hablado sobre el traslado de inmigrantes a Albania.

Abascal agregó que «lo más importante es que (los inmigrantes ilegales) dejen de venir, lanzando el mensaje de que quien entre ilegalmente en España, quien entre ilegalmente en Europa, no podrá ser nunca regularizado», y acusó al Gobierno español de de ser «el más extremista de Europa» en materia migratoria.

«La única diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en España en estos momentos es que unos quieren regularizar de golpe a 500.000 ilegales y otros quieren regularizar a 700.000 ilegales. Es decir, están promoviendo el efecto llamada de una manera absolutamente brutal», denunció.

El político español añadió que «incluso los líderes más globalistas del Partido Popular Europeo, como (el primer ministro de Polonia) Donald Tusk, han llegado a plantear la suspensión del derecho de asilo«.

Por su parte, en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de líderes, Orbán pronosticó que en esa reunión habría una «batalla migratoria«, ya que, según explicó, hay cada vez más líderes europeos que quieren cambiar las políticas europeas en este ámbito.

«Cada vez más países (de la UE) dicen que hay una crisis migratoria y que hay que aplicar cambios», concluyó el primer ministro húngaro.

Editado por Lucía Leal