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Expertos reclaman a la administración seguridad jurídica y un cambio de fiscalidad para impulsar la movilidad sostenible

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Miguel Álvarez Martínez, nuevo director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

(Información remitida por la entidad que la firma:)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por su parte, insta a las empresas a ver la descarbonización como una oportunidad. Seguridad jurídica y un cambio de fiscalidad es el combustible que necesitan las empresas para impulsar la movilidad sostenible. Así se lo han reclamado a la administración en el marco del ‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’.

Un encuentro en el que Miguel Álvarez Martínez, nuevo director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha instado a las empresas a que vean la descarbonización como una oportunidad. “La descarbonización viene de la mano del crecimiento económico, y esto abre oportunidades a las empresas, que trabajan en entornos cambiantes y están acostumbrados a buscar dichas oportunidades. Y, además, a buscar con quién hacerlo, pues no podemos trabajar de manera aislada”, ha asegurado.

Además, el director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible ha afirmado que “la descarbonización es un elemento que no tenemos que perder de vista y que tenemos que hacerla para todos y para todas. No podemos dejar a nadie atrás, ninguna persona ni ningún territorio. Por ello, el ministerio está trabajando en una Estrategia para la Pobreza en el Transporte. Porque esto va más allá de la asequibilidad de las alternativas sostenibles, pues también tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de estas para personas, empresas y territorios”.

Sin presupuestos ni MOVES, pero con otras herramientas de financiación

El evento también ha contado con la participación de Mar Blázquez, subdirectora adjunta de Eficiencia y Acceso a la Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien ha asegurado que “la movilidad sostenible es quizá el pilar más importante de la transición energética y los CAE -Certificados de Ahorro Energético- se configuran como un apoyo esencial en este camino. Por ello, pido colaboración al sector para que nos ayuden a desarrollar más fichas técnicas de actuaciones de ahorro de energía”. Y es que, según datos del MITECO, en 2024 se registraron en el Sistema de CAE más de 1.200 actuaciones de mejora de la eficiencia energética –agrupadas en 755 solicitudes– de las que ya se ha certificado un 88% del total, que han generado un ahorro de 200 millones a quienes han apostado por las medidas de eficiencia energética, junto con otros 230 millones a través de la puesta en el mercado de los CAE.

Además, a esta herramienta se suma la tramitación del Plan Social para el Clima (PSpC), iniciada recientemente por el MITECO y prevista en el paquete normativo europeo conocido como Objetivo 55. Así, los PSpC de los estados europeos se nutrirán del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52% de corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su PSpC con cargo a sus propios presupuestos, con lo que en el caso de España rondará los 9.000 millones.

Sobre el Plan de acción para la industria del automóvil, presentado el pasado 5 de marzo por la Comisión Europea, Anna Armengol, consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España, ha añadido que “el plan trabaja con el objetivo claro de aumentar la demanda de vehículos europeos de emisiones cero. Nuestro objetivo común es una industria del automóvil sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, economía y medio ambiente”.

Además, respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Anna Armengol ha asegurado que “Hay mucho dinero encima de la mesa y el PRTR sigue vivo en muchas áreas. De los 163.000 millones de euros movilizados, un 22% se ha destinado a movilidad sostenible”.

En este sentido, Ashwin Harpalani, analista de proyectos de Financiación Internacional y Asuntos de la UE del ICO, ha añadido que: “ICO tiene un interés especial en financiar la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte, y actúa como socio colaborador de la Comisión Europea en este sector. Desde 2019, cuando se puso en marcha el mecanismo blending de combinación de financiación de ICO con la subvención CEF-AFIF (Connecting Europe Facility-Alternate Fuels Investment Facility), el ICO ha apoyado un total de 24 proyectos con una financiación de 507 millones de euros que ha movilizado una inversión de 937 millones de euros. Estos proyectos representan más de 5.074 cargadores públicos (el 13% de la red) en la red de carreteras, proyectos de hidrógeno para el transporte, que incluyen capacidad de electrólisis e instalación de hidrogeneras, electrificación de redes de transporte públicas en grandes ciudades y en instalaciones portuarias y aeroportuarias. La nueva convocatoria del CEF, abierta hasta el 11 de junio de 2025, cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, de los cuales 448 millones son para España”.

Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA, ha añadido que “desde BBVA tenemos un claro compromiso: ser un aliado en la toma de decisiones de nuestros clientes, proporcionando asesoramiento y financiación que promuevan una movilidad más consciente y accesible”.

Urge una mayor seguridad jurídica y cambios e incentivos fiscales

Luis Miguel Torres, director de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que “vamos a solicitar al ministerio que se modifique la normativa de IRPF respecto a la consideración del transporte y que esta nos permita, otra vez, que la tributación del transporte sea mucho más flexible y cómoda para las empresas”.

Por su parte, May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha constatado que “nos encontramos en un momento en el que, a pesar de seguir pendientes de la Ley de Movilidad, existe una sobrerregulación a la que adaptarse en poco tiempo, como los nuevos límites de calidad del aire, la CSRD y CSDDD, tras la propuesta Ómnibus, las leyes relativas a residuos, envases y productos forestales, o el nuevo alcance para el registro de la huella de carbono, entre otras. Normativas que afectan directamente a la cadena de suministro y a la huella de carbono, donde el transporte representa entre el 80-90% de media). A ellas se añade el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), necesarias para tener municipios mejor gestionados y que ofrezcan mayor calidad de vida a los ciudadanos, pero que requieren una despolitización y armonización entre territorios”.

“Por ello, urge una mayor seguridad jurídica, al mismo tiempo que una simplificación de la regulación en cuanto a tramitación -no a cumplimiento- y una mayor coordinación público-privada y público-pública que garantice mayor eficiencia y armonización. Todo esto acompañado de un programa de financiación estratégico que vaya desde ayudas directas al usuario final, a un cambio en la fiscalidad que permita a las empresas -que son el motor del cambio- incentivar la movilidad sostenible entre empleados y colaboradores”, ha añadido.

En esta línea, Daniel Ruiz, jefe de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Alphabet, ha afirmado que “nos encontramos en un momento decisivo. Las empresas tienen la oportunidad de replantearse su estrategia de movilidad no solo para cumplir con la regulación, sino pensando en el impacto que tendrá en la sociedad. Pero no están solas en esto; por un lado, las empresas de movilidad las acompañamos de forma estratégica y, por otro, es importante que la administración se implique de forma activa en esta transformación”.

Asimismo, Isabel Gorgoso, New Mobility Director de Moeve ha añadido que “no esperamos un gran cambio cuando se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, pues no creemos que sea determinante, pero confío en que genere un efecto tractor y que traiga estabilidad regulatoria. Hay un tema crítico a nivel global y es que la movilidad sostenible no se puede politizar. Debería estar muy por encima de esto. Vivimos cambios en función de la política que lidere y confío en que leyes como esta creen ese marco que deje claro el camino a seguir para fomentar una movilidad sostenible. Además, cuando se aterrice la ley a nivel local y regional, esperamos que esto se pueda traducir en normativas que faciliten colaboraciones público-privadas, inversiones privadas… porque estamos viendo inversiones privadas que están saliendo de nuestro país.”.

Por su parte, Ángel Cauto Domingo, CX Strategy & Solutions MECA Assistant Manager de KIA, ha asegurado que “en KIA apostamos por la sostenibilidad. De hecho, somos la primera compañía en obtener este certificado por parte de AENOR, y por ello creamos productos y servicios que están democratizando la movilidad eléctrica. Pero necesitamos esos incentivos fiscales y directos a ese potencial comprador para generar un mayor impacto”.

Finalmente, Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas, ha afirmado que: «en Midas visualizamos el concepto de taller como el motor oculto que impulsa la movilidad del futuro. Somos ese eje motriz de la movilidad que da respuestas y soluciones al día a día de la sociedad y los ciudadanos mediante un mantenimiento eficiente, seguro, responsable y adaptado a cada vehículo».

SUMMIT 2025

Durante el evento se han celebrado mesas en torno a la ley de movilidad y cómo, aún sin ella, las organizaciones impulsan el cambio; cómo la movilidad sostenible es innovación, cohesión territorial y un reto pero también una oportunidad estratégica como país; cómo democratizar la movilidad eléctrica y cómo la logística sostenible y la economía circular son cada vez más protagonistas del cambio.

‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’ ha contado con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y formado parte del movimiento European Climate Pact, con el que Empresas por la Movilidad Sostenible contribuye a poner en valor la necesidad de construir una Europa más sostenible y a ayudar a la UE a alcanzar la neutralidad climática para 2050, además de a conectar y compartir conocimiento, así como desarrollar e implementar soluciones. Asimismo, esta edición ha contado con la colaboración de Alphabet, Midas, KIA, Moeve, Bosch Service Solutions, XCHARGE, Allianz Partners, Grupo Tragsa, NACEX, Grecert, BYD y El Corte Inglés.

Contacto

Itziar Nowak - 664 245 493 - itziar.nowak@movilidadsostenible.es

Sobre Empresas por la Movilidad Sostenible

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible es un punto de encuentro para profesionales, administraciones e industria que están liderando la movilidad, el transporte y el comercio que viene. Un foro de co-creación, potenciador de soluciones referentes, que ofrece toda la información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad sostenible.

Coordina los Premios Internacionales de Movilidad con la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Además, es impulsora del Movimiento EntregaSostenible.org por un ecommerce responsable, y de TOOLBOX ZBE, una plataforma que reúne de forma práctica y amena información de referencia sobre Zonas de Bajas Emisiones.

Empresas por la Movilidad Sostenible cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Y forman parte de ella ADER, AEDIVE, Aicross, Alfil Logistics, Alimerka, Allianz Partners, Alphabet, ALSA, Alsea, Andamur, ANETRA, Arval, ASTIC, Atresmedia, Ayvens, Barcelona Centre Logístic, Bosch Service Solutions, Bridgestone, BusUp, Centro Español de Logística, ChargeGuru, Coca-Cola, Continental, Cruz Roja Española, Dachser, dealerBest, Decathlon, ECOFIN, El Corte Inglés, Electra, EMASESA, emovili, etecnic, Fraikin, FREENOW for Business, Fundación Conama, Gas&Go, Globalvia, Ideagenia.com, ILUNION, Johnson & Johnson, L’Oréal, Matawan, Merlin Properties, Michelin, Midas, Moeve, MOOEVO, MONTY BIKES, Movus, NACEX, Norauto, NOVALITY, PIB Group, Qaleon, QEV Technologies, Qwello, Redexis, Renault Trucks, Repsol, Ricardo, Sport Life Ibérica, XCharge y YUP.

 AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

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Moscú desencadena una nueva oleada de prospecciones de gas en el Mediterráneo

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La Comisión Europea ha respaldado un nuevo acuerdo de exploración de gas en alta mar entre Grecia y ExxonMobil, alegando que trabajar con socios «fiables» como Estados Unidos ayudará a Europa a desprenderse por fin de la dependencia del gas ruso. Esta decisión se produce en un momento en que la UE afirma estar avanzando hacia un futuro de energía verde, a la vez que mantiene su dependencia de los hidrocarburos procedentes de territorios distintos a Rusia.

Al mismo tiempo, la construcción de un cable eléctrico submarino que conecte las redes eléctricas de Grecia, Chipre e Israel, un plan paralizado desde hace tiempo, parece volver a la vida. Inversores de Washington y Tel Aviv han manifestado un nuevo interés por el proyecto, lo que hace albergar esperanzas de que pueda reactivarse una de las infraestructuras energéticas más delicadas del Mediterráneo.

Ninguno de los dos acontecimientos debe considerarse aisladamente. El Mediterráneo oriental sigue siendo uno de los escenarios geopolíticos más inflamables del mundo, un lugar donde las reivindicaciones marítimas superpuestas, las rivalidades regionales sin resolver y la inercia política han dejado sin explotar vastas reservas energéticas. Los responsables europeos llevan mucho tiempo hablando del potencial de la región, pero pocos han mostrado la determinación necesaria para explotarlo.

Esto puede estar cambiando. Los debates sobre las perspectivas energéticas de la región se intensificaron casi inmediatamente después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca; la nueva administración ha mostrado su voluntad de poner orden donde Bruselas ha fracasado repetidamente. La mayor atención de Washington -y su disposición a respaldar a los aliados con infraestructuras sólidas- ya se ha hecho notar en el ambiente político.

Perforaciones en Creta

La semana pasada, Grecia firmó un acuerdo de exploración en alta mar con ExxonMobil que incluye actuaciones en el noroeste del mar Jónico. Chevron, otra compañía estadounidense, está perforando en aguas más sensibles políticamente, al sur de Creta. Para Atenas, que lleva tiempo coqueteando con la idea de explotar sus recursos marinos sin comprometerse del todo, estos acuerdos representan un cambio decisivo.

El Pacto Verde de la UE -el principal marco europeo de política climática- prevé un papel transitorio para el gas natural hasta que el bloque logre la neutralidad climática en 2050. Los grupos ecologistas no se dejan impresionar. El Fondo Mundial para la Naturaleza, una ONG conservacionista, advirtió de que las nuevas perforaciones corren el riesgo de conducir a Grecia a décadas de dependencia de los combustibles fósiles y socavar la credibilidad climática de la UE. Pero Atenas sigue adelante. Según el Gobierno, las perforaciones de prueba deberían estar terminadas a principios de 2027. Si las reservas resultan comercialmente viables, la producción podría comenzar en 2030 y continuar durante al menos una década.

Bruselas aplaude en silencio

Una alta fuente de la Comisión declaró a Euractiv que la prioridad absoluta de la UE sigue siendo eliminar las importaciones de gas ruso, no solo mediante la diversificación del suministro, sino trabajando con «socios energéticos fiables y de confianza». Según su estrategia REPowerEU, el bloque pretende cerrar la puerta al gas ruso para finales de 2027.

«EE. UU. ha sido y seguirá siendo un socio energético fiable para la UE», dijo el funcionario. «Ahora también tenemos un acuerdo comercial para impulsar nuestra cooperación energética»

Grecia parece igualmente comprometida. Ha sellado su primer acuerdo de gas natural licuado (GNL) a largo plazo con Washington: un acuerdo de 20 años para comprar 700 millones de metros cúbicos anuales a partir de 2030. Otro funcionario de la Comisión señaló que los costes griegos del GNL a largo plazo se incluirían en los aproximadamente 750.000 millones de dólares (680.000 millones de euros) en exportaciones energéticas estadounidenses que Europa ha acordado comprar en los próximos tres años, una promesa que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hizo a Trump.

Por la puerta de atrás

Mientras Grecia se alinea más estrechamente con Washington, ha advertido a Bruselas de que el Kremlin podría seguir aprovechando las lagunas en el mecanismo sancionador. Atenas ha instado en privado a los funcionarios de la UE a cerrar una posible puerta trasera para la entrada de gas ruso en Bulgaria a través del gasoducto TurkStream, controlado por Gazprom.

«No podemos permitir que el gas natural entre en Europa por la puerta de atrás, por Turquía», declaró la semana pasada el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

Los funcionarios griegos señalan que Turquía importa gas, tanto de Azerbaiyán como de Rusia, pero carece de transparencia en tiempo real sobre su sistema de distribución interno, lo que dificulta la confirmación del origen del gas que finalmente llega a Bulgaria. Para que Sofía rompa su acuerdo de suministro de 13 años con Rusia, será necesario un importante gasto en infraestructuras.

En este contexto, el segundo gran proyecto mediterráneo, el Gran Interconector Marítimo, ha vuelto a la agenda tras años de disputas entre Atenas y Nicosia. El cable submarino, financiado en parte por la UE, uniría las redes griega y chipriota antes de extenderse a Israel.

Valor estretégico

El tramo Grecia-Chipre ha estado congelado en medio de disputas políticas, pero el proyecto ha cobrado nuevo impulso al reconocer Washington y Tel Aviv su valor estratégico. En mayo, el presidente chipriota, Nikos Christodoulides y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron alinear la interconexión con el emergente «Corredor India-Oriente Medio-Europa». Este corredor, que se extiende desde la India hasta Europa pasando por el Golfo Pérsico e Israel, se presenta como una alternativa occidental a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y tiene la ventaja añadida de evitar Turquía.

Atenas ha informado a Bruselas de que Israel, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos han expresado su interés en invertir. Se está preparando una evaluación de costes actualizada para los posibles inversores. Los funcionarios de la Comisión consideran que la participación de inversores estadounidenses y de Oriente Medio puede suponer un gran avance, aunque el ejecutivo de la UE no ha hecho comentarios públicos al respecto.

En abril se celebrará en Washington una reunión de alto nivel de los Ministros de Energía de Grecia, Chipre, Israel y EE. UU., a la que probablemente asistirá la Comisión.

Pero los partidarios del proyecto tendrán que andarse con cuidado. Turquía, poderoso e imprevisible vecino mediterráneo, se opone al proyecto de interconexión y tiene sus propias ambiciones de convertirse en un centro energético regional. Sin embargo, Ankara sigue siendo indispensable para las futuras estrategias europeas de defensa y migración. Para que la interconexión se lleve a cabo sin problemas, los países implicados tendrán que encontrar un modus vivendi diplomático con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, tarea nada fácil en una región donde los cables submarinos pueden ser tan sensibles políticamente como los oleoductos.

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(Editado por cs, rh, mhk/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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Los eurodiputados acuerdan en votación secreta un recorte del 90% de las emisiones hasta 2040

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Bruselas (Euractiv)- La Unión Europea debe reducir sus emisiones a una décima parte de los niveles máximos de 1990 para finales de la próxima década, según acordó el jueves el Parlamento Europeo en una serie de votaciones —a veces secretas—, en las que los partidarios del sí superaron a los del no en casi el doble.

A pesar de la creciente oposición en las filas del Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, 409 legisladores respaldaron un acuerdo alcanzado anteriormente en una alianza centrista con los Socialistas y Demócratas, el grupo liberal Renew y los Verdes. Al final, sólo 221 eurodiputados votaron en contra, mientras que 9 se abstuvieron.

«La Ley del Clima 2040 no es un plan, es un desastre», dijo el diputado checo de extrema derecha Ondřej Knotek, técnicamente el principal negociador del Parlamento, pero que fue marginado tras intentar enterrar la propuesta. «Bruselas quiere otro objetivo fantasioso mientras las fábricas cierran y la factura energética se dispara», dijo el miembro del grupo Patriotas por Europa.

En línea con los Estados miembros

La posición del Parlamento coincide con el acuerdo alcanzado una semana antes tras agotadoras conversaciones nocturnas entre los ministros de Medio Ambiente, lo que sugiere que las negociaciones finales entre los eurodiputados y el Consejo sobre el texto de la UE se cerrarán rápidamente.

La posición acordada permitiría a la UE recortar 5 puntos porcentuales de su objetivo mediante la externalización efectiva de la acción climática a los países en desarrollo a través de un mercado de créditos de carbono respaldado por la ONU. Un Estado miembro o una empresa europea podría, por ejemplo, subvencionar el cierre anticipado de centrales eléctricas de carbón en Indonesia si resulta más barato que tomar medidas en casa.

El Parlamento también ha acordado retrasar un año, hasta 2028, el nuevo y controvertido régimen de comercio de derechos de emisión (ETS2), que impone un precio al carbono de los combustibles para calefacción y automoción.

«El Parlamento ha mejorado incluso el texto del Consejo, que ya era muy bueno», dijo el coordinador de política medioambiental del PPE, Peter Liese, señalando las restricciones al uso de créditos de carbono introducidas por los eurodiputados, que estipulan que la reducción de emisiones debe ser permanente, efectiva y acorde con los intereses estratégicos del bloque.

Lena Schilling, principal negociadora de los Verdes en este asunto, también acogió con satisfacción la incorporación. «Externalizar la acción climática nos costará al menos cien mil millones», dijo. «Mediante criterios de calidad, nos aseguramos de que al menos reducirá las emisiones»

Voto secreto

Partes clave de la votación se celebraron en secreto, tras la intervención de los grupos de extrema derecha Patriotas y nacionalistas ECR, lo que provocó las críticas del centro-izquierda.

«La excepción no debe convertirse en la regla», dijo la líder del S&D, Iratxe García, criticando la naturaleza «secreta» del procedimiento previo a la votación.

La votación secreta coincidió con una rebelión de última hora en el seno del PPE, en la que legisladores principalmente polacos y de otros países centroeuropeos presentaron una contrapropuesta para reducir el objetivo principal al 83% y retrasar tres años el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE2).

Al final, sin embargo, el sólido apoyo a favor del objetivo propuesto del 90 % sugiere que la mayoría de los conservadores siguieron la línea trazada por el jefe del partido, Manfred Weber, incluso votando de forma anónima.

«La votación de hoy demuestra que el centro democrático del Parlamento Europeo puede cumplir con su deber», dijo Tiemo Wölken, legislador del S&D por Alemania.

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(Editado por rh/Euractiv y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)

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El BEI anuncia una inversión de 3.000 millones de euros destinada a proyectos en América Latina

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Santa Marta (Colombia)- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció este domingo una inversión de 3.000 millones de euros destinada a proyectos en América Latina en la Cumbre Celac-UE celebrada en Santa Marta (Colombia).

Así lo afirmó Calviño en unas declaraciones a su entrada este domingo en la Cumbre Celac-UE celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta en las que explicó que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) cumple este año «una cifra récord» de inversiones con 3.000 millones de euros destinados a proyectos en América Latina, una región en la que esta institución opera desde 1978 y que han permitido ofrecer apoyo a aproximadamente 350 proyectos en 30 países de la región.

Calviño anunció, asimismo, un paquete de 1.000 millones de euros para reforzar la interconexión eléctrica en América Central y también una financiación de 200 millones de dólares para una central de energía solar en Colombia, en la Costa Atlántica. La presidenta del BEI también anunció otro proyecto de 100 millones de dólares para reciclaje, saneamiento de aguas y suministro de agua potable en Ecuador.

«Estas operaciones refuerzan y reflejan el gran compromiso de la Unión Europea con la región de América Latina y el Caribe, la profundidad de nuestras alianzas y nuestra cooperación con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico», señaló Calviño.

Desarrolladas en estrecha colaboración con la Comisión Europea y con los socios nacionales y regionales, las nuevas operaciones respaldarán la estrategia Global Gateway de la Unión Europea y promoverán el crecimiento sostenible, fomentando las infraestructuras ecológicas y reforzando la resiliencia de las comunidades en toda América Latina y el Caribe. Los proyectos ponen de relieve el papel de Banco Europeo de Inversiones (EIB Global) como banco de la Unión Europea para el clima y el desarrollo, así como su creciente impacto en toda América Latina.

«Las inversiones del BEI mejoran la adaptación al cambio climático, impulsan el emprendimiento de las mujeres, las redes de energía, transporte y telecomunicaciones, o apoyan a pymes y microempresas», señaló la institución en un comunicado.

La presidenta del BEI viajará después desde Santa Marta hasta Panamá, donde se reunirá con el primer ministro del país, José Raúl Mulino, y también visitará el Canal de Panamá, «una obra que, por cierto, también ha sido financiada por el Banco Europeo de Inversiones», apostilló.

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(Editado por NVR/gja)

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