Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha presentado este martes su nuevo régimen de subvenciones estatales, en un intento por impulsar la competitividad en los socios del bloque, a pesar de que en determinados sectores persiste el temor a  una fragmentación del mercado único.

El conjunto de directrices presentadas este martes en Bruselas tiene por objeto apoyar la inversión en tecnologías limpias, impulsar la descarbonización de la industria y reforzar la generación de energía de origen renovable, además de apostar por un enfoque estructurado a más largo plazo de las ayudas estatales.

«La propuesta de hoy tiene por objeto garantizar que los Estados miembros puedan prestar apoyo -cuando sea necesario- para acompañar las ambiciones del Plan para la Industria Limpia», aseguró la Vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, en un comunicado.

Las nuevas normas allanarán el camino para que los gobiernos reduzcan el riesgo de la inversión privada en tecnología verde, y estarán vigentes hasta 2030.

De momento, la propuesta se enviará a los socios del bloque, y tanto las ONG como la industria podrán dar su opinión.

El nuevo texto sustituirá al Marco Temporal de Crisis y Transición (MTCT), creado tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que permitió a Bruselas autorizar ayudas estatales por valor de 47.000 millones de euros hasta junio del año pasado.

El MTCT relajó las normas de la UE sobre subvenciones estatales para ayudar a los Estados miembros a combatir el aumento de los precios de la energía y sustituir los combustibles fósiles rusos.

Según las nuevas normas, los países de la UE podrán conceder hasta 225 millones de euros por proyecto y empresa, pasando de un enfoque basado en las empresas a otro basado en los proyectos.

Ello significa que no habrá límite a la cantidad de ayuda estatal que un Estado miembro puede conceder a una sola empresa, siempre que se distribuya entre diferentes proyectos.

El nuevo marco representa un cambio drástico en la política de Competencia de la UE, que dará prioridad a la soberanía industrial frente a un enfoque más tradicional de la competencia justa.

Aunque Bruselas lo presenta como una adaptación necesaria a la realidad económica mundial, algunos sectores han expresado su temor a que pueda marcar el inicio de una carrera de competitividad industrial entre Estados miembros alimentada por las subvenciones.

La consulta pública estará abierta hasta el 25 de abril. Se espera que la Comisión adopte el marco unilateralmente y entre en vigor en junio de este año.

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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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Nuuk (Euractiv.com/.es) – Los groenlandeses acuden esta martes a las urnas, pero mientras el mundo se fija en el interés de Estados Unidos por la isla ártica, los votantes están más preocupados por las relaciones con Copenhague que por su futuro  geopolítico.

Los 56.000 habitantes de la isla autónoma del reino danés no están acostumbrados a que periodistas de la talla del New York Times, Deutsche Welle, Fox News y Euractiv deambulen por las calles de Nuuk.

Eso cambió cuando Donald Trump Jr. realizó una visita sorpresa a la capital en enero, a la que siguieron las incendiarias declaraciones de su padre sobre la adquisición de la nación inuit -incluso se negó a descartar la aplicación de la fuerza militar para conseguirla.

El gobierno de Groenlandia ha rechazado en varias ocasiones la actitud hostil de Washington, y una encuesta realizada en enero reveló que prácticamente ningún groenlandés quiere que el país pase a formar parte de Estados Unidos.

De hecho, contrariamente a lo que la cobertura de los asuntos groenlandeses en los medios de comunicación internacionales podría hacer creer, las elecciones de este martes no son un referéndum sobre la independencia o la adhesión de Groenlandia a Estados Unidos.

Se trata de redefinir los lazos con Copenhague. Eso quedó claro durante el debate final del sábado pasado entre los líderes de los partidos en Nuuk, donde apenas se mencionó a Estados Unidos, pero sí a Dinamarca.

Insatisfacción con Copenhague

La campaña electoral ha puesto de manifiesto el creciente descontento con Dinamarca, agravado por una polémica cinematográfica que ha tocado un punto sensible en las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia. Reforzó la sensación de que Groenlandia es el socio menor en una supuesta unión de iguales.

Todo ocurrió en febrero, cuando la radiotelevisión pública danesa, DR, emitió Greenland’s White Gold (El oro blanco de Groenlandia ), un documental sobre una mina danesa de criolita ahora cerrada.

En él se afirmaba que la explotación de la mina generó unos 54.000 millones de euros para la empresa y el Estado danés. Para los groenlandeses, el documental fue una oportunidad para que los daneses reflexionaran sobre los recursos extraídos de su antigua colonia.

Sin embargo, tras una serie de declaraciones del grupo de expertos del documental criticando la cifra, DR retiró el programa. Según una encuesta reciente, el 36% de los groenlandeses aseguró que el documental influyó en su intención de voto el día de las elecciones.

Sólo se ha realizado un sondeo de opinión desde que el primer ministro Múte B. Egede convocó elecciones en febrero, y da al partido de izquierdas Comunidad del Pueblo (IA) como favorito.

El partido forma parte de un gobierno de coalición con el socialdemócrata Siumut, con 21 de los 31 escaños. Ambos partidos apoyan la independencia, pero insisten en que debe producirse gradualmente, a medida que Groenlandia reduzca su dependencia de la ayuda anual de 500 millones de euros de Dinamarca.

De los seis partidos en liza, cinco desearían independizarse de Dinamarca en un futuro. Incluso los independentistas más acérrimos, Naleraq y Demokraatit, abogan por permanecer de momento en el reino danés.

Según la legislación danesa de 2009 sobre el autogobierno de Groenlandia, el país puede declarar su independencia de Copenhague tras un referéndum en la isla.

Sin embargo, el 85% de los groenlandeses dan prioridad al bienestar, la educación y la sanidad, según una encuesta realizada por Verian para el periódico local Sermitsiaq.

Por ello, aunque los groenlandeses están frustrados con Copenhague, solucionar los problemas sociales está antes que la separación.

Según explicó un periodista groenlandés a Euractiv: «Lo más fuerte es amenazar con quedarse», ya que mantener la incertidumbre sobre las intenciones a largo plazo de Dinamarca refuerza la posición negociadora de Groenlandia.

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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea «quiere hacer posible» que los Estados miembros del bloque comunitario exploren ideas innovadoras, entre ellas los «centros de retorno», en una nueva legislación sobre migración que se presentará este martes, en forma de Reglamento.

Las nuevas normas de retorno de la Unión Europea (UE) -la llamada «pieza que faltaba» del sistema de asilo y migración- se darán a conocer este martes durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La nueva normativa sustituirá a la directiva vigente desde 2008.

El nuevo texto, que como ya informó Euractiv tendrá el formato de Reglamento, será directamente aplicable y vinculante en todos los Estados miembros, evitando la necesidad de una aplicación estrictamente nacional.

«Mi objetivo es que los Estados miembros puedan pensar en ideas nuevas e innovadoras, incluidos los centros de retorno», aseguró el lunes (10 de marzo) el Comisario de Asuntos de Interior y Migración del bloque,  Magnus Brunner, en una reunión informativa a puerta cerrada en Bruselas.

La espinosa cuestión se lleva debatiendo en la UE desde hace muchos meses, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó el concepto en una carta a los Estados miembros el pasado mes de octubre, a la par que pedía que ese «modelo» se siguiera estudiando en las capitales comunitarias.

Según el borrador de Reglamento, la nueva propuesta contempla tres escenarios de retorno: el país de origen, el país de tránsito o un país con un acuerdo de «centro de retorno» con un Estado miembro de la UE.

Según Brunner, la cuestión del retorno es «existencial». «Intentamos trasladar a los ciudadanos la sensación de que tienen control sobre lo que ocurre en Europa», subrayó.

Por otro lado, el funcionario aseguró que si los partidos europeos de centro moderado no abordan la cuestión, «perderemos por completo la confianza de nuestros ciudadanos».

Un sistema unificado de la UE y normas más duras

Las nuevas normas apuntan a crear un sistema unificado de devolución de inmigrantes en todos los Estados miembros, abordando las incoherencias en la interpretación de las normas para hacer frente a los bajos índices de retorno en la UE.

«Cuatro de cada cinco personas con una decisión de retorno permanecen en la Unión Europea», comentó Brunner. «Eso no es aceptable», agregó.

Según anunció Von der Leyen el domingo pasado, el Reglamento propondrá una nueva «orden europea de retorno» y el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros.

Sin embargo, el borrador especifica que ese reconocimiento mutuo no será obligatorio.

La nueva propuesta introducirá normas más estrictas para las personas con una decisión de retorno, en especial las consideradas amenazas para la seguridad de la UE.

Los motivos de detención se ampliarán para abordar el riesgo de fuga, con un posible periodo de detención de hasta 24 meses.

En el caso de los considerados riesgos para la seguridad, se prevé que la detención dure el tiempo que un juez lo considere necesario tras una evaluación pertinente.

Las prohibiciones de entrada, antes limitadas a 5 años, podrían ampliarse ahora a 10 años, y las personas con un perfil «de alto riesgo» se enfrentarían a prohibiciones de hasta 20 años.

La propuesta también incluirá nuevas obligaciones para los retornados y elimina el periodo fijo de 7 a 30 días de salida voluntaria, otorgando a los Estados miembros el control sobre los plazos.

El texto también podría allanar el camino para ampliar el papel de la Agencia de Control de Fronteras de la UE, Frontex, en los retornos, extremo que se abordará en una futura remodelación normativa. «Estamos trabajando en ello», comentó Brunner.

La agenda del segundo mandato de Von der Leyen, incluye triplicar el número de efectivos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas hasta 30.000 funcionarios, lo cual exigirá una profunda revisión de la normativa.

El nuevo texto forma parte de una estrategia más ambiciosa de Bruselas para aplicar normas mucho más estrictas en política migratoria.

En ese sentido, Brunner confirmó el lunes los planes de Bruselas de acelerar la revisión del concepto de «tercer país seguro» en el marco del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

La Comisión Europea confirmó la semana pasada que está elaborando una lista de países de origen seguros, cuya finalización está prevista para antes del próximo mes de junio.

Euractiv informó con anterioridad de que la Comisión Europea estaba consultando a los Estados miembros para acelerar la revisión de su nueva norma de política migratoria a marzo en lugar de junio.

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[Editado por VP/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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