Bruselas (EuroEFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este jueves que tiene previsto invitar al archipiélago al futuro comisario de Interior y Migraciones, el democristiano austríaco Magnus Brunner, ante la preocupación que plantea el hecho de que no haya hecho aún referencia alguna a la situación de los migrantes ni de los menores que llegan a esas islas.

«En cuanto pase este periodo de elección de los comisarios, vamos a solicitar una reunión y vamos a pedir incluso que venga a Canarias», dijo Clavijo en declaraciones a la prensa, después de reunirse en el Parlamento Europeo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

A Canarias le preocupa, dijo Clavijo, que Brunner no hiciera referencia a Canarias ni a los menores en el «examen» al que se sometió ante la Eurocámara, ni tampoco en la carta de misión transmitida al futuro comisario por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

E indicó que ha hecho llegar esa «preocupación» tanto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la reunión que mantuvo este miércoles, como al presidente de la Comisión de Libertades de la Eurocámara, el eurodiputado Javier Zarzalejos (PP).

«Ahora, con este nuevo comisario, obviamente lo tendrá sobre una mesa», indicó el presidente de Canarias, que añadió que esa es precisamente una de las razones por las que la visita de dos días que ha llevado a cabo a Bruselas «es tan importante».

Clavijo aborda con Illa temas de migración y turismo

Clavijo explicó, por otro lado, que en su reunión de este jueves con el presidente de la Generalitat de Cataluña hablaron sobre migración y turismo, entre otros temas.

Destacó que con Illa coincide «en varias cosas», empezando por la necesidad de «poner al ciudadano en el centro de la gestión» y de hacer una «política de tranquilidad, alejada de la crispación, del enfrentamiento».

También «la necesidad de que las comunidades autónomas compartamos más», por ejemplo experiencias de éxito y también no tan exitosas «que nos sirvan para aprender».

Sobre la conversación relativa al turismo, indicó que Cataluña también está «en una situación de importante tensión en cuanto a la vivienda» y se refirió a la necesidad de «reflexionar» sobre cómo se pueden «ir corrigiendo pequeñas anomalías que hacen que se produzca cierta tensión» en un «producto de éxito», como es el turismo en ambas comunidades.

En cuanto a la migración, Clavijo destacó que Cataluña «es la comunidad autónoma que más menores extranjeros no acompañados tiene después de Canarias».

En la reunión, Illa, dijo, le transmitió «su voluntad de seguir colaborando» y, sobre todo, de abordar el fenómeno asegurando el respeto de los tratados internacionales.

«Hay que ser, ante todo, humano en cuanto al tratamiento, independientemente de que, obviamente, hay muchas cosas que mejorar», señaló.

Añadió además que «Europa tiene que tener una mayor presencia en África» y en ese contexto consideró una «mala noticia» la retirada de la misión del Sahel, «porque si no hay cooperación y desarrollo esa gente se verá en mayor necesidad de salir, buscando un futuro mejor».

En ese aspecto, dijo el político canario, «vamos a compartir documentos y (…) estrategias a los efectos de, entre todos, dar una respuesta un poco más civilizada y humana a los menores extranjeros no acompañados».

Clavijo consideró «positivo» el balance de la visita a Bruselas esta semana y precisó que aunque «Europa es lenta» en los pasos que da, «si se dan con firmeza, como estamos haciendo yo creo que al final estamos colocando las piedritas para construir lo que debe ser una respuesta europea a un fenómeno que (…) es estructural» y que seguirá en los próximos años.

Editado por Sandra Municio

Amán / Redacción Internacional (EuroEFE).- El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró este jueves que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant debe ser «respetada y aplicada».

«No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada», dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

«Tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu, el ex ministro de Defensa (Yoav) Gallant y los dirigentes de Hamás», agregó en su intervención.

La Corte también ha solicitado el arresto de un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, a quien Israel ha dado por muerto.

El jefe de la diplomacia europea dijo que esta decisión es «una mordaz decisión para todos los Estados, todos los Estados parte de la Corte, entre los que se incluyen todos los miembros de la Unión Europea, para que vinculen y apliquen esta decisión judicial».

Borrell abogó así por el cumplimiento de esta orden en la que la Corte Penal Internacional pide la detención y entrega del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.

El mandatario europeo defendió la creación de los dos Estados como la única solución política viable a la guerra en Gaza e instó también a Netanyahu a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino-israelí.

«Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará», dijo Borrell en su apelación al primer ministro israelí.

Respaldo de la comunidad internacional

La comunidad internacional ha mostrado su respaldo a la orden de detención de la CPI, con el esperado desmarque del socio incondicional de Israel, Estados Unidos, y otros países cercanos.

La Unión Europea, Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania o Sudáfrica, país este último que presentó una acusación de genocidio contra Israel el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), han sido de los primeros países en reaccionar públicamente en favor de la orden de la CPI.

París, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, subrayó su apoyo a «la acción del fiscal de la Corte, que actúa con total independencia», aunque preguntado sobre si las autoridades francesas arrestarían a Netanyahu en caso de que entrara en suelo francés, evitó comprometerse.

«Es una cuestión jurídicamente compleja. No haré más comentarios hoy. Es una situación que debe tratarse con muchas precauciones», dijo.

La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están el Reino Unido y los países de la UE, tienen la obligación de cooperar. Ni EE. UU. ni Israel forman parte de este tribunal.

El ministro neerlandés de Exteriores, el liberal conservador Caspar Veldkamp no se anduvo con ambigüedades y aseguró que si Netanyahu «pisa suelo neerlandés, será arrestado”.

Dentro de la UE, Hungría ha levantado la voz en favor de los sospechosos de perpetrar crímenes de guerra.

«Esta decisión es vergonzosa y absurda», dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, que sostuvo que la orden responde a una utilización de la Corte «como herramienta política».

Szijjártó criticó el hecho de que, en su opinión, la CPI equipara al jefe de Gobierno de un país atacado con los cabecillas de una organización terrorista que llevó a cabo un «atroz ataque», al emitir las citadas órdenes junto a otras contra un alto cargo del grupo yihadista palestino Hamás.

Más allá del posicionamiento de los Gobiernos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) celebraron la decisión.

«La orden de la CPI derriba la percepción de que ciertos individuos están por encima de la ley (y) esto es aún más importante dados los intentos descarados de obstruir el rumbo de la justicia en la corte», señaló el director de justicia internacional en HRW, Balkees Jarrah.

Editado por Miriam Burgués

Bruselas (EuroEFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pudo respirar tranquila el miércoles a media tarde: el bloqueo en el Parlamento Europeo para su nuevo equipo de comisarios se resolvía con un acuerdo por escrito y la retirada de los vetos cruzados entre populares y socialdemócratas que durante días amenazaron con hacer descarrilar todo.

Y sin embargo ese alivio, que expresaban también públicamente los líderes de los grupos proeuropeos que sellaron la paz tras la tormenta, tiene una esperanza de vida incierta.

El acuerdo para desbloquear la aprobación de los seis vicepresidentes y el comisario designado que seguía en el aire, incluyendo a la española Teresa Ribera, llegó apuntalado por un folio y medio que sus firmantes -los tres partidos más grandes de los cuatro que apoyaron a Von der Leyen en julio para su reelección- han bautizado como «declaración de cooperación de la plataforma».

En esas líneas, populares, socialdemócratas y liberales reiteran su respaldo a las líneas políticas con las que la alemana se ganó su voto a favor en julio y expresan su «compromiso para trabajar juntos con un acuerdo constructivo».

Queda fuera, eso sí, una referencia que buscaban inicialmente socialdemócratas y liberales para excluir de manera explícita que el Partido Popular Europeo pueda cooperar con partidos fuera de estos tres firmantes, particularmente con ultraconservadores y extrema derecha.

«En un papel se puede poner todo, pero lo que va a demostrar que el Partido Popular asume la responsabilidad de avanzar con la mayoría proeuropea va a ser el día a día», reconocía este jueves la jefa del grupo socialdemócrata, Iratxe García, que ha encontrado en su propio grupo resistencia a firmar un texto que los más críticos consideran demasiado ambiguo teniendo en cuenta que se propuso para que incluyera cesiones populares a los socialdemócratas.

Fuentes del PPE reconocen la vaguedad del texto pero insisten en que deben poder mantener sus opciones abiertas «sin una coalición vinculante» que les fuerce a trabajar con los partidos que sostienen la mayoría Von der Leyen y que han sacado adelante la inmensa mayoría de la legislación europea en las últimas décadas.

La propia noche del miércoles reflejó la fragilidad del consenso cuando un trámite menor para formalizar lo pactado -la aprobación de Ribera y el resto- quedó bloqueado durante más de cuatro horas por la insistencia popular en que a la carta de recomendación de la española se le añadieran referencias previamente no acordadas a su gestión de la dana y su eventual dimisión de resultar encausada.

Finalmente, el reclamo quedó relegado en un anexo no vinculante a la carta de recomendación en forma de «opinión minoritaria».

Dentro de la mayoría de Von der Leyen pero fuera de este pacto se han quedado los Verdes, cuyo voto a favor de la alemana fue clave para contrarrestar las deserciones dentro de los grandes grupos y asegurar que su candidatura prosperase en julio.

«Tras las elecciones (europeas) de junio advertimos de que sólo hay una mayoría posible, la que votó a Von der Leyen en julio. Para la Comisión en su conjunto, hoy hemos perdido a esa mayoría. Ya esta misma noche ha quedado claro lo inestable que es. Una mala semana para la democracia europea», decía anoche el presidente de los Verdes, Bas Eickhout, tras el impás de cuatro horas en el trámite.

El inicio de la legislatura quedará encaminado el próximo miércoles 27 de noviembre en Estrasburgo, con un voto al conjunto de la Comisión Europea que saldrá adelante con una mayoría previsiblemente más conservadora que la que aprobó a Von der Leyen en julio.

Los Verdes, que en verano dieron su sí, decidirán qué hacer el próximo lunes, pero se sienten decepcionados.

En paralelo, los Conservadores y Reformistas, que en julio rechazaron a Von der Leyen, votarán sí a un colegio de comisarios que incluirá a uno de los suyos como vicepresidente.

En el aire para los próximos cinco años quedan dos grandes cuestiones: cómo reaccionarán socialdemócratas y liberales si los populares siguen recurriendo a su mayoría con la extrema derecha y, en el caso de una ruptura, si los populares pueden fiarse de sus socios ultras para acordar las cuestiones más sensibles de la legislatura.

Editado por Sandra Municio

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