Mundo Política
Nuevo intento de Meloni por «salvar» los centros de inmigrantes de Albania

Roma (Euractiv.it/.es) – Tras sufrir varios reveses jurídicos consecutivos, el gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha revisado el Protocolo migratorio Italia-Albania, para permitir el traslado de potenciales solicitantes de asilo con órdenes de detención validadas o prorrogadas para su repatriación de Italia a Albania.
El Consejo de Ministros del país modificó el pasado viernes el Protocolo Italia-Albania, lo cual permitirá el traslado de inmigrantes con órdenes de detención validadas o prorrogadas –que ya están en Italia- al controvertido centro albanés de Gjader.
En principio, según el protocolo migratorio Italia-Albania firmado en 2023, los centros albaneses financiados por Roma tenían que gestionar y devolver mediante un procedimiento «acelerado» a los migrantes varones adultos procedentes de «países seguros» rescatados en el mar.
No obstante, desde su apertura el pasado octubre los centros han permanecido vacíos después de que la Justicia italiana anularan en varias ocasiones las órdenes de detención, impugnaran la designación de determinados países como «seguros» y remitieran los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Centro de “repatriación” de inmigrantes
No obstante, el gobierno de coalición conservador de la primera ministra Italiana, Giorgia Meloni, de Fratelli d’Italia/ECR, con Forza Italia (PPE) y La Liga (Patriotas por Europa, el mismo grupo europeo de Vox), ha decidido reactivar el protocolo, convirtiendo las instalaciones de Gjader en un «centro de detención de repatriación» de pleno derecho para eludir los recursos judiciales.
Según la legislación italiana, los centros de detención para repatriados -conocidos como «CPR»- acogen a inmigrantes irregulares a la espera de ser identificados y expulsados, con estancias de hasta 18 meses.
En ese sentido, el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, aseguró que el centro de Gjader se reactivará rápidamente, pero «no perderá sus funciones ni sufrirá alteraciones fundamentales».
Albania cuenta con dos instalaciones de este tipo: Shengjin, para los controles, y Gjader, donde los imigrantes esperan las decisiones sobre sus peticiones de asilo y desde donde son devueltos en caso de rechazo.
Gjader albergaba una unidad de detención para repatriación con 144 plazas, junto a otra de retención con 880 plazas.
Según Piantedosi, el centro de Gjader será «otro CPR, justo fuera del territorio nacional». Para acallar la polémica, el ministro señaló que Gjader funcionará exactamente como si estuviera en suelo italiano, con las garantías que contempla la legislación italiana.
No obstante, expertos en derecho citados por los medios italianos advirtieron de que el nuevo traslado plantea nuevos y graves problemas jurídicos, sobre todo en relación con la cesión de soberanía de Albania a Italia.
Trasladar a los migrantes a un tercer país podría incumplir acuerdos internacionales y plantear importantes problemas jurídicos a Roma, argumentan.
Polémicos traslados
Según las normas de la UE para el retorno, los Estados miembros del bloque sólo pueden trasladar a inmigrantes irregulares a terceros países si éstos aceptan voluntariamente el traslado.
En ese sentido, Piantedosi confirmó la semana pasada que la Comisión Europea ha dado luz verde a la reconversión de las instalaciones albanesas.
«La revisión con la Comisión Europea ha concluido positivamente, lo que nos permite seguir adelante», aseguró en rueda de prensa.
La decisión de Roma se produce tras la nueva propuesta de Bruselas sobre el retorno de inmigrantes presentada a principios de este mes de marzo. La nueva norma permite a los Estados miembros explorar el concepto de los llamados «centros de retorno» fuera del bloque de la UE, en terceros países.
La medida del gobierno italiano se produce al tiempo que Italia aguarda la sentencia del TJUE sobre su política de “terceros países seguros”, prevista para mayo.
El dictamen no vinculante del Abogado General del TJUE -que expone la solución propuesta y su razonamiento- está prevista para el 9 de abril, según un portavoz de la corte europea.
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Sánchez anuncia un plan de choque para mitigar el zarpazo arancelario de Trump

Madrid (Euractiv.es) – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un plan de choque por valor total de 14.100 millones de euros para intentar mitigar el impacto de los nuevos aranceles anunciados el miércoles por la noche por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Nuestros valores no están en venta. Pero nuestros productos y servicios sí”, es el lema de una campaña oficial para recuperar el valor de los productos españoles ante el nuevo escenario hostil.
En un anuncio realizado en La Moncloa el mismo día en el que el jefe del gobierno mantuvo una reunión con representantes del sector productivo al cual le afectarán de lleno las medidas, Sánchez subrayó la determinación del gobierno para intentar mitigar el golpe.
Se trata, señaló, de un “plan de respuesta y relanzamiento comercial” que funcionará a modo de “escudo” para proteger a la economía española.
En caso de que se desatara la “tormenta” comercial total, los principales actores económicos españoles podrán contar “con un doble paraguas: el paraguas europeo y el paraguas español”, señaló Sánchez.
“El Gobierno está presente. Asume su responsabilidad y usa todos los recursos del Estado para proteger y ayudar a la gente. Lo hicimos durante la pandemia. Lo hicimos durante la espiral inflacionaria. Lo hicimos durante la DANA. Y lo volveremos a hacer ahora”, aseguró.
El Gobierno está presente. Asume su responsabilidad y usa todos los recursos del Estado para proteger y ayudar a la gente.
Lo hicimos durante la pandemia. Lo hicimos durante la espiral inflacionaria. Lo hicimos durante la DANA. Y lo volveremos a hacer ahora. pic.twitter.com/o1fPqnoFP9
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 3, 2025
El miércoles por la noche Trump anunció que aplicará un arancel del 20 % a las importaciones de la Unión Europea (UE), una parte de ellas españolas.
No obstante, a pesar del clima de abierta hostilidad transatlántica, Sánchez instó el líder Republicano a recapacitar sobre esa medida de castigo y a sentarse a negociar con el bloque comunitario para evitar una escalada de la “guerra comercial”.
No obstante, aseguró que España y la UE reaccionarán con “proporcionalidad, con unidad y con fortaleza” a este nuevo desafío que supone un vuelco radical del orden comercial basado en reglas y en organismos multilaterales (como la OMC), conocido hasta ahora.
La reacción de Sánchez se produce después de que en la madrugada (europea) del jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegurara que la UE está “preparada para responder” a las medidas punitivas anunciadas por Trump.
“Nuestra unidad es nuestra fuerza (…) Europa tiene el mayor mercado único del mundo, 450 millones de consumidores. Ese es nuestro puerto seguro en tiempos tumultuosos”, subrayó la alemana (CDU/PPE).
Vamos a superar esta crisis injusta e injustificada, protegiendo a nuestras empresas y trabajadores, y sin renunciar a la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad o el multilateralismo.
Porque nuestros valores no están en venta. Pero nuestros productos y servicios sí. pic.twitter.com/ZSNggov3un
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 3, 2025
Un plan de alivio con la mira puesta en salvar el empleo
Según explicó Sánchez, de los 14.100 millones del nuevo plan, 7.400 millones son de nueva financiación y otros 6.700 millones pertenecen a instrumentos en funcionamiento, con los cuales se quieren poner en marcha varias medidas de alivio, en base a dos pilares fundamentales.
El primero apunta a proteger a las empresas y al empleo que “podría verse afectado por estos nuevos aranceles”.
Con ese objetivo, se activarán dos líneas de avales y financiación intermediada del ICO, dotadas con 6.000 millones de euros, para facilitar el acceso a financiación y dar suficiente oxígeno al tejido empresarial más afectado.
Por otra parte, señaló Sánchez, el gobierno quiere reforzar –con una dotación de 200 millones de euros- el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva.
El objetivo es actualizar o poner en funcionamiento nuevas plantas de producción, para lo cual se va a activar el nuevo plan MOVES (con una financiación de 400 millones de euros) para dinamizar al sector español del automóvil, uno de los potencialmente más afectados por las medidas de Trump.
Además de ello, Sánchez ha anunciado que se reactivará el mecanismo RED, que servirá, entre otros objetivos, para intentar preservar las plantillas de las empresas más tocadas por la guerra arancelaria.
Por otro lado, Sánchez señaló que pedirá a la Comisión Europea que se aprueben medidas urgentes de mitigación del impacto de los nuevos gravámenes, entre ellas un marco especial de Ayudas de Estado para complementar las medidas a escala nacional.
Madrid solicitará también al ejecutivo comunitario la creación de un fondo de ayuda para los sectores más golpeados por los aranceles – financiado con la recaudación de los aranceles comunitarios- y la revisión de algunas normas europeas para apoyar a los sectores más afectados, entre otras.
Estas, y muchas más medidas, forman parte del núcleo central del plan anunciado este jueves por Sánchez.
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Hungría anuncia que se retira de la Corte Penal Internacional mientras Netanyahu visita el país

Budapest/Bruselas (Euractiv.com/.es) – Hungría ha anunciado este jueves que se retirará de la Corte Penal Internacional (CPI), en una medida que coincide con la visita a Budapest del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pesar de que la alta corte internacional reclama que sea extraditado para ser juzgado en relación con el conflicto en la Franja de Gaza.
La retirada convertirá a Hungría en el único país de la Unión Europea (UE) que no es miembro de la CPI, creada en 2002 para enjuiciar crímenes internacionales y contra la humanidad.
La decisión fue anunciada por el titular de la Oficina del Primer Ministro húngaro, Gergely Gulyás.
Un portavoz del gobierno húngaro declaró que «el proceso de retirada comenzará el jueves, de acuerdo con las obligaciones constitucionales y legales internacionales de Hungría».
Netanyahu comenzó este jueves en Budapest una visita de Estado al país europeo.
La CPI emitió en noviembre pasado una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con el conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza, junto con órdenes de detención contra el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y un alto mando de Hamás.
Los 125 países miembros de la CPI -una lista que incluye actualmente a los 27 países de la UE, pero en la que no figuran ni Israel ni Estados Unidos- están obligados a detener a Netanyahu cuando entre en su territorio.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz/Patriotas por Europa), cargó duramente en su momento contra la orden de detención e invitó a Netanyahu a visitar Hungría, alegando que la medida no tiene «ningún efecto» en su país.
🇭🇺🇮🇱 Prime Minister @netanyahu in Budapest, the safest place in Europe. Welcome to Hungary, Prime Minister! pic.twitter.com/GI1cjGj6X1
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 3, 2025
Orbán apoya sin reservas la política de mano dura de Netanyahu en la guerra de Gaza, que comenzó como reacción de Israel tras el atentado terrorista cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra ciudadanos israelíes, la mayor parte de ellos civiles.
Gran parte de Gaza ha sido destruida por los bombardeos y las ofensivas militares terrestres israelíes en el año y medio transcurrido desde entonces, y el conflicto se ha extendido también al sur de Líbano y a partes de Siria.
Hungría ha vetado en varias ocasiones numerosas resoluciones de la UE en las cuales se pedía un alto el fuego en Gaza.
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[Editado por BTS/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
Bruselas, en el punto de mira de la izquierda y de expertos por el posible uso de fondos regionales para defensa

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La posibilidad de que la Unión Europea (UE) pueda utilizar una parte de los fondos de desarrollo regional y de cohesión para reforzar al sector de la defensa y a las grandes empresas ha recibido un aluvión de críticas por parte de expertos, eurodiputados de izquierdas y grupos de presión que representan a las PYME europeas.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para trasvasar o redirigir 392.000 millones de euros de los fondos de desarrollo regional, en el marco de la política de cohesión, a las grandes empresas y a la industria europea de defensa, ante el nuevo contexto geopolítico internacional.
Las directrices de financiación de los fondos regionales se diseñaron antes de la pandemia, pero «el mundo ha cambiado significativamente», comentó este miércoles el Comisario de Cohesión, Raffaele Fitto, al tiempo que añadió que la UE se enfrenta a «retos nuevos y más intensos» que van desde la escasez de agua a la defensa y la competitividad.
La propuesta de Bruselas es que los socios de la UE puedan trasvasar los aproximadamente 392.000 millones de euros de financiación vinculados al programa de política de cohesión 2021-2027 para afrontar mejor los nuevos retos, entre ellos la amenaza rusa, el refuerzo a la seguridad de la UE y el desafío de la competitividad.
Con unas condiciones de financiación más generosas, Bruselas confía en aportar una financiación inicial de 16.100 millones de euros para este tipo de proyectos.
Sin embargo, los eurodiputados y los países de la UE tienen que ponerse de acuerdo para permitir los cambios.
Y ya se oyen las primeras voces críticas.
«El Comisario y político nacionalista de derechas Raffaele Fitto… utiliza una peligrosa narrativa que equivale a una malversación de los fondos de cohesión», comentó este miércoles la eurodiputada del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) Sabrina Repp.
La presión para reorientar los fondos de cohesión al sector de la defensa y las grandes empresas es un «hecho preocupante», aseguró Li Andersson, eurodiputada finlandesa de la Alianza de la Izquierda, y quien preside la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.
El Comité Europeo de las Regiones (CdR) tiene una opinión similar y teme que la política de cohesión se convierta en «un simple fondo ambulancia utilizado para parchear los efectos secundarios del cambio de prioridades», según ha asegurado su presidenta, Kata Tüttő.
En 2022, según recordó, los fondos se desviaron para acoger a refugiados ucranianos.
El plan de Bruselas «es el pegamento a largo plazo que mantiene unida a la UE», añadió.
Andersson lamentó que «no se preste suficiente atención» a la «cohesión social como parte de la reflexión sobre seguridad».
A pesar de la atención que se presta a las grandes empresas del sector de la defensa y otros sectores electro-intensivos, las PYME aún no han perdido la esperanza.
«Hay que ser conscientes» de que las empresas más pequeñas son actores clave en las nuevas áreas prioritarias, aseguran fuentes del grupo de presión SMEunited, al tiempo que añaden que son «cruciales para las zonas rurales», donde los fondos de cohesión desempeñan un papel esencial.
Los expertos se muestran escépticos
«La Comisión Europea está pasando la pelota a los países de la UE», explica Thomas Schwab, experto de la fundación berlinesa Bertelsman, al tiempo que añade que las capitales nacionales tendrán la dura tarea de «comunicar esto a sus regiones y otras partes interesadas».
Y aunque «alinear la política de cohesión con los objetivos estratégicos de la UE tiene lógica», el presupuesto del plan, de «sólo el 0,3% del PIB de la UE», es insuficiente «especialmente en ámbitos como la defensa o la política industrial», donde se necesita mucho dinero, subraya.
Por su parte, Friedrich Heinemann, profesor del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), considera la propuesta «ambivalente», dado que las regiones pueden absorber fácilmente la pérdida de financiación debida al solapamiento con los fondos de recuperación post COVID-19.
«Por otro lado, esta reasignación es delicada desde el punto de vista jurídico y político», añade.
«La política de cohesión se define en los Tratados de la UE como una política basada en el lugar y dirigida a las regiones. Utilizar el dinero de una forma completamente distinta da ahora la impresión de arbitrariedad», agrega.
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[Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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