Bruselas (Euractiv.com/.es) – La posibilidad de que la Unión Europea (UE) pueda utilizar una parte de los fondos de desarrollo regional y de cohesión para reforzar al sector de la defensa y a las grandes empresas ha recibido un aluvión de críticas por parte de expertos, eurodiputados de izquierdas y grupos de presión que representan a las PYME europeas.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para trasvasar o redirigir  392.000 millones de euros de los fondos de desarrollo regional, en el marco de la política de cohesión, a las grandes empresas y a la industria europea de defensa, ante el nuevo contexto geopolítico internacional.

Las directrices de financiación de los fondos regionales se diseñaron antes de la pandemia, pero «el mundo ha cambiado significativamente», comentó este miércoles el Comisario de Cohesión, Raffaele Fitto, al tiempo que añadió que la UE se enfrenta a «retos nuevos y más intensos» que van desde la escasez de agua a la defensa y la competitividad.

Bruselas destinará 392.000 millones de euros a impulsar la defensa en las regiones menos desarrolladas

Según el texto de Bruselas, una parte sustancial de los fondos se destinará al sector de la defensa «sin restricciones geográficas ni por el tamaño de la empresa».

La propuesta de Bruselas es que los socios de la UE puedan trasvasar los aproximadamente 392.000 millones de euros de financiación vinculados al programa de política de cohesión 2021-2027 para afrontar mejor los nuevos retos, entre ellos la amenaza rusa, el refuerzo a la seguridad de la UE y el desafío de la competitividad.

Con unas condiciones de financiación más generosas, Bruselas confía en aportar una financiación inicial de 16.100 millones de euros para este tipo de proyectos.

Sin embargo, los eurodiputados y los países de la UE tienen que ponerse de acuerdo para permitir los cambios.

Y ya se oyen las primeras voces críticas.

«El Comisario y político nacionalista de derechas Raffaele Fitto… utiliza una peligrosa narrativa que equivale a una malversación de los fondos de cohesión», comentó este miércoles la eurodiputada del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) Sabrina Repp.

Fuerte división en el PPE por los polémicos «bonos de defensa» en la UE

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), la familia más fuerte en el Parlamento Europeo, sorprendieron a los observadores en la cita de Bruselas la semana pasada cuando apoyaron emitir nueva deuda común en el bloque.

La presión para reorientar los fondos de cohesión al sector de la defensa y las grandes empresas es un «hecho preocupante», aseguró Li Andersson, eurodiputada finlandesa de la Alianza de la Izquierda, y quien preside la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo.

El Comité Europeo de las Regiones (CdR) tiene una opinión similar y teme que la política de cohesión se convierta en «un simple fondo ambulancia utilizado para parchear los efectos secundarios del cambio de prioridades», según ha asegurado su presidenta, Kata Tüttő.

En 2022, según recordó, los fondos se desviaron para acoger a refugiados ucranianos.

El plan de Bruselas «es el pegamento a largo plazo que mantiene unida a la UE», añadió.

Andersson lamentó que «no se preste suficiente atención» a la «cohesión social como parte de la reflexión sobre seguridad».

A pesar de la atención que se presta a las grandes empresas del sector de la defensa y otros sectores electro-intensivos, las PYME aún no han perdido la esperanza.

«Hay que ser conscientes» de que las empresas más pequeñas son actores clave en las nuevas áreas prioritarias, aseguran fuentes del grupo de presión SMEunited, al tiempo que añaden que son «cruciales para las zonas rurales», donde los fondos de cohesión desempeñan un papel esencial.

Macron anuncia el envío de una misión exploratoria franco-británica a Ucrania y tiende la mano a EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegura en París que Rusia no quiere la paz, e insta a sus aliados occidentales a no relajar las sanciones contra Moscú «hasta que acabe la guerra».

Los expertos se muestran escépticos

«La Comisión Europea está pasando la pelota a los países de la UE», explica Thomas Schwab, experto de la fundación berlinesa Bertelsman, al tiempo que añade que las capitales nacionales tendrán la dura tarea de «comunicar esto a sus regiones y otras partes interesadas».

Y aunque «alinear la política de cohesión con los objetivos estratégicos de la UE tiene lógica», el presupuesto del plan, de «sólo el 0,3% del PIB de la UE», es insuficiente «especialmente en ámbitos como la defensa o la política industrial», donde se necesita mucho dinero, subraya.

Por su parte, Friedrich Heinemann, profesor del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea (ZEW), considera la propuesta «ambivalente», dado que las regiones pueden absorber fácilmente la pérdida de financiación debida al solapamiento con los fondos de recuperación post COVID-19.

«Por otro lado, esta reasignación es delicada desde el punto de vista jurídico y político», añade.

«La política de cohesión se define en los Tratados de la UE como una política basada en el lugar y dirigida a las regiones. Utilizar el dinero de una forma completamente distinta da ahora la impresión de arbitrariedad», agrega.

Francia lanza «bonos de guerra» para acercar a todos la inversión en el rearme del país

El nuevo plan de inversión personal, que no ofrece una tasa de rentabilidad fija, es una vía alternativa para que los franceses se conviertan en «accionistas directos de empresas del sector de la defensa» con «imposiciones a largo plazo».

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[Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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París (Euractiv.fr/.es) – Aunque un tribunal de París declaró este lunes a la líder «ultra» francesa Marine Le Pen culpable por desviar fondos europeos y cargos de corrupción,  ha anunciado que plantará batalla y apelará la decisión de inhabilitarla para ejercer cargo público la cual, si no se revierte, la podría dejar fuera de la carrera con vistas a las elecciones de 2027. 

¿Qué impacto tendrá esa decisión en su futuro político?

El tribunal de París condenó a la líder de Agrupación Nacional (RN/Patriotas por Europa/PfE) por malversación de fondos de la UE a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes, que podrá cumplir con brazalete electrónico, y le impuso una multa de 100.000 euros.

También la inhabilitó para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027, lo cual provocó  revuelo entre sus seguidores y enfado en la extrema derecha francesa y europea, especialmente en su grupo en Estrasburgo, PfE, en el cual milita el español Vox.

Le Pen, condenada por desviar fondos del Parlamento Europeo; Vox y Orbán le expresan su «solidaridad»

«No conseguirán callar la voz del pueblo francés», escribió este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje de solidaridad con Le Pen, cuyo partido pertenece al mismo grupo que Vox en el Parlamento Europeo: Patriotas por Europa. El primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, publicó un mensaje simbólico en X: “Soy Marine!” También Elon Musk se sumo a la «ola de solidaridad» ultra.

¿Cómo funciona la apelación?

Según la legislación francesa, la presentación de un recurso suspende la ejecución de determinadas partes de la sentencia: la pena de prisión y la sanción económica. Pero su inhabilitación para ejercer cargos públicos se mantiene por el momento.

El Tribunal de Apelación de París analizará su caso y ha indicado que podría haber una sentencia para el verano de 2026.

Esto «es un arma de doble filo para Le Pen, que podría recibir una condena mayor o menor», comentó Matthieu Almeras, abogado del Colegio de París.

¿Qué pasará después de la apelación?

Si el Tribunal de Apelación confirma el veredicto inicial, Le Pen tiene la opción de apelar ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal penal de Francia.

El Tribunal de Casación no reexamina los hechos, sino que comprueba si se han seguido correctamente los procedimientos legales. Si se detectan errores de procedimiento, el caso puede volver a un tribunal inferior para un nuevo juicio

El último recurso

Además de las vías nacionales, Le Pen puede plantearse llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El TEDH examina las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para garantizar el derecho a un juicio justo.

Sin embargo, ese paso se suele producir una vez que se han agotado todos los recursos legales nacionales y puede ser un proceso prolongado el cual, si se aplica, podría ocurrir mucho después de 2027.

La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE

El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.

¿Una vía demasiado rápida?

El veredicto en primera instancia de Le Pen ha suscitado algunas dudas entre los juristas franceses, que cuestionan la velocidad del procedimiento de apelación.

El caso va muy rápido. Si se puede prever que habrá sentencia para el verano de 2026, se trataría de un plazo especialmente corto, dado que el plazo promedio para este tipo de casos es de dos años.

«Este anuncio plantea la cuestión de si el hecho de que una persona -en este caso, la Sra. Le Pen- sea elegible para la presidencia basta para justificar que se le concedan plazos preferentes en comparación con otras personas», señala Almeras.

En ese sentido, el ex primer ministro francés Gabriel Attal, líder del partido Renacimiento en la Asamblea Nacional, subrayó que sería muy difícil justificar que este caso se tratara con un doble rasero, a modo de «privilegio» a Le Pen.

«Todos somos iguales ante la ley», comentó el martes a la prensa en la Asamblea Nacional.

Tras la condena de Le Pen todos los focos están puestos en su «delfín», Jordan Bardella

Sin el «paraguas» protector de Marine Le Pen, ¿tiene Bardella el peso político necesario para evitar las luchas intestinas entre facciones dentro del partido?

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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.

El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.

Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.

El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.

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Sin el «paraguas» protector de Marine Le Pen, ¿tiene Bardella el peso político necesario para evitar las luchas intestinas entre facciones dentro del partido?

Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.

El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»

El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»

Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».

Aunque no  condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.

La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.

Le Pen, condenada por desviar fondos del Parlamento Europeo; Vox y Orbán le expresan su «solidaridad»

«No conseguirán callar la voz del pueblo francés», escribió este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje de solidaridad con Le Pen, cuyo partido pertenece al mismo grupo que Vox en el Parlamento Europeo: Patriotas por Europa. El primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, publicó un mensaje simbólico en X: “Soy Marine!” También Elon Musk se sumo a la «ola de solidaridad» ultra.

Un escándalo “muy francés”

Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»

El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas  destacadas personalidades políticas.

En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.

Más recientemente, el  expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.

A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.

Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.

Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.

Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.

«Je suis Marine Le Pen» (Soy Marine Le Pen)

Las críticas también han llegado de sectores inesperados, como el incendiario izquierdista Jean-Luc Mélenchon, quien argumentó que la decisión de destituir a un cargo electo «debería dejarse en manos del pueblo.»

Una tendencia creciente en Europa

No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.

Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.

En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.

El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.

Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.

«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.

Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.

Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).

En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».

En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.

Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.

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En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.

Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan  irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.

Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.

En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.

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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.

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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]

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