Fráncfort (Euractiv.de/.es) – El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto empezar a descontar el valor de los activos ofrecidos por los bancos comerciales como garantía crediticia mediante un «factor climático» a partir del segundo semestre del próximo año, según informaron este martes fuentes de la entidad de Fráncfort.

Ello significa que las garantías pignoradas por los acreedores que busquen financiación del BCE se evaluarán y se les concederá una valoración inferior cuando se establezca la exposición al riesgo relacionado con el cambio climático.

La decisión del BCE está vinculada al hecho de que, en caso de impago de un prestatario, el banco de Fráncfort y sus propietarios, los bancos centrales de los Estados miembros de la UE, asumen la propiedad de sus activos de garantía.

Si el valor de esos activos cayera debido a factores relacionados con la transición a una economía con bajas emisiones de carbono o a perturbaciones relacionadas con el clima, los bancos centrales europeos sufrirían un impacto financiero.

La decisión podría servir de catalizador para que los bancos comerciales de la UE optasen preferentemente por inversiones más ecológicas y resilientes al cambio climático, que podrían utilizarse como garantía por su valor íntegro, o más próximo a él.

Sin embargo, el BCE expresó este martes su confianza en que los efectos de ese nuevo «factor climático» en las carteras de inversión de los prestatarios sean «limitados» debido a los «bajos niveles de endeudamiento y al uso limitado de bonos corporativos como garantía».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, considera que los ejércitos del bloque comunitario operan actualmente con la mitad de los efectivos que necesita la OTAN, al tiempo que insta a los gobiernos europeos a reducir radicalmente su dependencia del material bélico estadounidense y apostar más por suministros nacionales.

En una entrevista con Euractiv en Bruselas, Kubilius, responsable de Defensa y Política Espacial, asegura que los ejércitos europeos «están al 50% de lo que necesitamos tener ahora, según los objetivos de la OTAN».

La Comisión Europea está inmersa en un esfuerzo por impulsar el gasto en defensa y ha invitado a los socios del bloque (España entre ellos) a pedir préstamos para reforzar sus programas de adquisiciones militares a través de iniciativas como SAFE, cuyo objetivo es  150.000 millones de euros.

Cerca del 40% de los presupuestos de defensa de la UE se destinan actualmente a armamento fabricado en Estados Unidos, equivalente a 800.000 millones de euros. No obstante, la cifra es inferior al 60% que se destinaba a ese material hace un año.

«No creo que frenemos en seco la compra de material estadounidense, pero reducir esa cifra en un 10% o 20% significaría que una gran cantidad de dinero se quedará para la industria (militar) europea», asegura Kubilius.

El alto funcionario de Bruselas confía en que ese porcentaje de compras a Estados Unidos se reduzca lo más posible.

«Si conseguimos incentivar también a los Estados miembros para que gasten más en productos europeos, eso se traducirá en menos gasto para los productos estadounidenses, pero es algo gradual», explica.

En opinión de Kubilius, las compras conjuntas de material militar -uno de los principales objetivos de la Comisión Europea- pueden ayudar a reducir sensiblemente los costes.

«Si los Estados miembros optan por la adquisición conjunta, lo que significa contratos más grandes, el precio medio de producción baja hasta un 70%», asegura.

Un elemento positivo, según Kubilius, son las numerosas fusiones que se están produciendo últimamente en la industria bélica europea, lo cual potenciará la competitividad del sector a escala mundial, asegura.

Una «Unión Europea de Defensa»

Por otro lado, reiteró que entre sus objetivos figura impulsar el próximo otoño la creación de una Unión Europea de Defensa, que podría incluir a Noruega, el Reino Unido y Ucrania.

También para otoño, Bruselas tiene previsto informar a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 sobre los hitos a conseguir hasta 2030 para que sus ejércitos estén preparados en caso de una hipotética guerra, entre otros objetivos, aseguró Kubilius.

En el marco de ese esfuerzo, el Comisario y ex primer ministro lituano comparó la «Unión Europea de la Energía «con un posible modelo de cómo se podría construir una estructura de defensa impulsada por la UE».

La Comisión Europea ha propuesto 131.000 millones de euros para defensa y espacio en su próximo presupuesto para el período 2028-34, aunque Kubilius no facilitó un desglose detallado del gasto, puesto que las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (MFP) han entrado en su fase más compleja.

«Tenemos nuestras estimaciones de lo que (…) podríamos necesitar, y 131.000 millones de euros no están muy lejos de eso. Pero hay que recordar que la mayor parte del dinero para defensa procede del ámbito nacional», concluyó.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas/Madrid (Euractiv.com/.es)- El Gobierno no quiere hacer comentarios sobre las recientes críticas acerca del polémico contrato adjudicado por el Ministerio del Interior al gigante tecnológico chino Huawei, después de que tanto funcionarios de la Unión Europea (UE) como de Estados Unidos expresaran su preocupación.

Mientras Pedro Sánchez se prepara para partir hacia su retiro veraniego en Lanzarote, otro escándalo ha saltado a los titulares que el jefe del Ejecutivo no parece dispuesto a abordar: el contrato de 12 millones de euros del Gobierno con la compañía tecnológica Huawei para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales.

El acuerdo, que fue destapado a principios de este mes, ha provocado duras críticas en Madrid y ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y Washington por los potenciales riesgos para la seguridad nacional, y europea, relacionados con los vínculos de Huawei con Pekín.

A pesar de la creciente presión tanto a nivel nacional como internacional, Sánchez no ha hecho ninguna mención a la polémica durante su comparecencia ante los medios el lunes, para presentar un balance del trabajo realizado, ni el Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar ha hecho comentarios.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea consultadas por Euractiv se han referido al contrato como a un «asunto nacional», aunque destacaron que la empresa china «genera riesgos potencialmente elevados» en infraestructuras esenciales como la red 5G.

Tal como adelantó el Financial Times, esa advertencia silenciosa se produjo cuando Bruselas instó a los Estados miembros de la UE a eliminar gradualmente al proveedor chino en favor de alternativas de europeas más fiables.

Washington también ha tomado cartas en el asunto, y destacados legisladores de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes han pedido que se revise el intercambio de inteligencia con España, por temor a que se filtren secretos al Partido Comunista Chino.

La polémica sobre el contrato se produce en un momento delicado para Sánchez, acosado por varios presuntos casos de corrupción de su entorno cercano.

Por otro lado, el contrato con Huawei ha puesto bajo el foco internacional los vínculos inusualmente estrechos de España con China, mientras la UE endurece su  relación con Pekín, a quien califica de «rival sistémico.»

Mala prensa

Por si la polémica no fuera ya suficientemente intensa, una reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC/PSOE), y ejecutivos de Huawei el pasado domingo en Pekín -aunque calificada de «institucional» y sin relación con el contrato- ha enturbiado las aguas.

El Ministerio español del Interior, que defendió la compra alegando que no existen riesgos para la seguridad y que la licitación pública se adjudicó de forma independiente, reafirmó su postura.

«La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad. La contratación cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes,» afirmó este martes el equipo de comunicación de ese Ministerio.

La Secretaría de Estado de Comunicación no respondió a las peticiones de comentarios de Euractiv. 

«Todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen plenamente las leyes y reglamentos locales, así como los criterios y normas de admisión de productos aplicables,» aseguró a Euractiv un portavoz de Huawei Europa.

En relación con las inquietudes sobre la seguridad del almacenamiento de grabaciones con fines judiciales, el portavoz reiteró que «toda la información almacenada en hardware pertenece y está a disposición exclusiva del cliente.»

Los lazos entre España y China, a examen

La decisión de firmar el acuerdo provocó duras críticas de la oposición.

El líder del Partido Popular (PP/EPP), Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de comprometer la seguridad nacional y cuestionó la influencia del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, figura clave en la estrecha relación de Madrid con Pekín.

Zapatero, como supuesto mentor político del presidente, habría presionado para que se implantara la red 5G de Huawei en España, a pesar del mandato de la Comisión Europea para que los países de la UE eliminen progresivamente esos equipos por riesgo de espionaje.

Sus críticos le acusan de haber impulsado la abstención de España en una votación el pasado octubre, cuando la UE aprobó varias medidas arancelarias contra los vehículos eléctricos fabricados en China.

Medios como Vozpópuli, también han destacado la conexión de Zapatero con Pekín a través del Gate Center -un think tank conocido por promover los intereses chinos en España-, del que consta como presidente del consejo asesor.

Sus múltiples viajes a China para promover las relaciones diplomáticas y comerciales han causado perplejidad entre políticos y diplomáticos que consideran a Zapatero un abanderado de los intereses de China en el Gobierno de Sánchez.

Los rompecabezas de Huawei en Bruselas

Mientras algunos gobiernos -entre ellos España y Hungría- siguen colaborando con Huawei, otros como Suecia o Francia han acelerado los esfuerzos para eliminar progresivamente los equipos chinos de sus redes móviles, al considerarlos un posible mecanismo para facilitar el  espionaje estatal chino, una afirmación que Huawei niega rotundamente. 

Además, el gigante tecnológico chino es investigado en varios Estados miembros de la UE, el último de ellos Bélgica, cuyas autoridades iniciaron una profunda investigación en el caso de presunta corrupción y soborno a funcionarios europeos. 

Según información exclusiva de la red Euractiv, los investigadores analizan si la actividad de «lobby» de la empresa china en Bruselas podría haber involucrado sobornos a algunos funcionarios.

Hasta la fecha, Huawei no ha sido acusada de ningún delito y niega haber dado instrucciones a sus empleados para infringir la ley.

Desde que se inició la investigación, se ha prohibido a Huawei reunirse con miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

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(Editado por Euractiv.com e Inés Fernández-Pontes y Fernando Heller/Euractiv.es)

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