Bruselas (Euractiv.com/.es) –  El máximo responsable del principal grupo de presión del sector del petróleo y gas en Europa, François-Régis Mouton, ha advertido, en una entrevista con Euractiv, que las exigencias “poco realistas” y las multas «disparatadas» impuestas por el Reglamento de la Unión Europea (UE) al  metano podrían obligar a los productores europeos a suspender su actividad.

«No estoy amenazando a nadie», asegura Mouton, director de la sección europea de la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP, por sus siglas en inglés).

Pero «todo lo que no sea proporcionado o viable» se debería eliminar del Reglamento en el marco del próximo paquete de medidas de desregulación de la Comisión Europea, asegura.

El metano, principal componente del gas natural, es casi 84 veces más potente que el CO2 en el proceso de calentamiento global en sus primeros 20 años en la atmósfera.

Representa alrededor del 12% de las emisiones europeas de gases de efecto invernadero.

Para combatir el problema, la UE aprobó en 2024 el Reglamento sobre el metano,  que obliga a las empresas de combustibles fósiles a detectar y reparar las fugas de metano y prohíbe las quemas y venteos (para gestionar el aire en una tubería) rutinarios, prácticas habituales en la producción de petróleo y gas.

La ley también se aplica a las importaciones, ya que los combustibles fósiles que entran a la UE tienen que cumplir las mismas normas, incluidos unos límites de emisión de metano en las fases iniciales aún por definir.

En ese sentido, varios gobiernos de la UE instaron recientemente a la Comisión Europea a revisar la normativa en el marco de su programa de reducción de la burocracia , sugerencia rechazada tanto por los grupos ecologistas como por el ejecutivo comunitario.

¿Unos requisitos ridículos?

En opinión de Mouton, las obligaciones técnicas impuestas en el Reglamento también van demasiado lejos, sobre todo la exigencia de que las empresas detecten las fugas de metano por debajo de 17 gramos por hora y alcancen niveles tan pequeños como un gramo por hora.

Esas pequeñas fugas representan sólo el 2% de todas las fugas del sector, asegura Mouton, al tiempo que califica de «ridículo» exigir inspecciones de «cientos de miles de componentes» para un umbral de fuga inferior a las emisiones de metano de –por ejemplo- una sola vaca lechera.

Por otro lado, el experto cargó contra el plazo de un año y medio para la instalación de antorchas de alta eficiencia, por considerarlo demasiado corto para llevar a cabo las mejoras necesarias.

Otro motivo de preocupación es el impacto del Reglamento en las importaciones.

Los importadores de petróleo y gas de la UE tendrán que garantizar a partir de 2027 que sus proveedores cumplen normas equivalentes de medición, notificación y verificación de fugas.

«Hay mucha incertidumbre, porque no existe ningún marco normativo», comenta Mouton.

Como el Reglamento ya está en vigor, esas normas suponen un riesgo jurídico y comercial, sostiene.

Multas elevadas

La mayor inquietud del sector es que la ley permite a los gobiernos de la UE multar a las empresas con hasta el 20% de su facturación anual en caso de infracción.

Mouton calificó la medida de «desproporcionada» y «una auténtica locura», al tiempo que advirtió de que podría provocar el cese de las actividades de las empresas petroleras y gasísticas en Europa.

«Sí, hay peligro de que todo se pare», advirtió.

Si no se cambia la norma, Mouton confía en que las autoridades nacionales adopten una actitud «más razonable» a la hora de aplicar las multas.

En ese sentido, asegura que al menos dos gobiernos comparten esa opinión, aunque no los nombró.

«Queremos… poder cumplir esta normativa y no queremos que nos digan ‘sois una empresa rica, un sector rico, ya os las apañaréis'», asegura.

Apoyar la producción nacional

En lugar de penalizar a los productores de petróleo y gas, Mouton asegura que la UE debería apoyar la producción nacional.

La UE depende en gran medida de los combustibles fósiles, pero importa el 90% del gas y el 95% del petróleo que consume.

«Cuanto más se importa, más se emite», subraya, al tiempo que explica que los combustibles fósiles producidos en la UE serían menos perjudiciales para el medio ambiente que las importaciones.

La apertura de nuevos yacimientos de petróleo y gas también podría ayudar a satisfacer la demanda de la UE, sostiene.

«Para mí es una cuestión de autonomía estratégica: reducir las importaciones y reducir las emisiones (…) así que aumentar nuestra producción nacional de energía, incluidos el petróleo y el gas, es una obviedad», agrega.

Preguntado por el futuro del sector en una Europa con emisiones netas cero, se muestra prudente.

«No saltemos a 2050 ignorando que estamos en 2025», subraya.

En ese sentido, recordó las inversiones del sector en renovables y captura y almacenamiento de carbono (CAC) como muestra del proceso de adaptación.

Aunque el uso de combustibles fósiles es el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero y la principal causa del cambio climático, la IOGP cree que el petróleo y el gas seguirán desempeñando un papel en una Europa “cero neto” después de 2050.

«Podemos seguir utilizando petróleo y gas en el consumo de energía primaria, pero el petróleo se utilizará para fabricar teléfonos móviles, medicinas, plásticos y todo lo que se nos ocurra», comenta Mouton.

«Y el gas se utilizará, pero sus emisiones se capturarán y (…) se almacenarán», añade.

«Algunas ONG siguen diciendo que el petróleo y el gas están acabados: es un poco más complejo y sutil que eso», concluye Mouton.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Cuatro años después de las catastróficas inundaciones que afectaron a varios países de Europa, entre ellos Alemania y Bélgica, con un saldo de más de 200 fallecidos, las autoridades locales aseguran estar mejor preparadas, aunue los expertos advierten de que la respuesta a la crisis por sí sola no basta.

Alemania y Bélgica fueron los países más afectados por las catastróficas inundaciones de la noche del 14 al 15 de julio de 2021, que se cobraron más de 200 vidas y destruyeron zonas residenciales enteras.

Más allá del trágico balance humano, el impacto económico fue inmenso. Aunque Alemania y Bélgica recibieron 612 millones de euros y 87,7 millones de euros respectivamente en ayuda inmediata del Fondo de Solidaridad de la UE,  fue una gota en el océano comparado con el coste total.

El coste de la recuperación en Alemania se ha estimado en cerca de 30.000 millones de euros, y las reclamaciones de seguros se elevan a 8.750 millones de euros. Las aseguradoras belgas registraron más de 85.000 siniestros por valor de más de 2.570 millones de euros.

Reconstruir, pero mejor

Ambos países aseguran haber realizado importantes avances en los esfuerzos de reconstrucción y han puesto en marcha una iniciativa conjunta a cuatro años vista para mejorar la preparación ante futuras inundaciones repentinas.

«En lo que respecta a la protección nacional contra las inundaciones, todavía tenemos por delante una tarea ingente que sólo pueden abordar conjuntamente el gobierno federal, las autoridades estatales y las locales», explica Guido Orthen, alcalde de Bad Neuenahr-Ahrweiler, una de las ciudades más afectadas de Alemania.

Sin embargo, los retos persisten. Según Ina Scharrenbach, ministra regional de Renania del Norte-Westfalia responsable de la financiación de la reconstrucción, se han abonado casi todas las solicitudes de ayuda financiera de los propietarios de viviendas. Pero los ayuntamientos – «incomprensiblemente», – sólo han reclamado un tercio de los fondos disponibles para reconstruir carreteras, puentes, guarderías y clínicas.

Scharrenbach admite que no ha leído el informe final de la comisión parlamentaria que investigó la respuesta a las inundaciones de hace cuatro años, pero asegura que «no hay seguridad al 100%, pero debemos hacerlo mejor que en 2021».

Sensibilización

Bélgica, por su parte, se ha centrado en la concienciación pública, animando a los ciudadanos a ser más autosuficientes durante las emergencias y a depender menos de los socorristas locales.

Pero la prevención estructural de inundaciones acumula mucho retraso. Un informe de la Comisión Europea de febrero de 2025 advertía de que los avances en el marco de la Directiva sobre inundaciones de la UE son demasiado lentos, ya que la mayoría de los planes nacionales contra el riesgo de inundaciones no alcanzan los denominados «objetivos cuantitativos».

Por ello, Bruselas insta a los Estados miembros a centrarse más en «la restauración de los ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza» para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones graves.

No obstante, muchos gobiernos siguen abordando la preparación ante las inundaciones con soluciones puramente tecnológicas , lo cual acaba frustrando a los grupos ecologistas.

«Ciudades esponja»: una solución olvidada

La ONG alemana Deutsche Umwelthilfe (DUH) detectó recientemente importantes deficiencias en 10 de los 16 estados federados (länder) y señaló que conceptos como el de «ciudades esponja» se pasan por alto o se entienden mal.

Las ciudades esponja -Berlín es un ejemplo de ello– están diseñadas para absorber y retener el agua de forma natural, con espacios abiertos e infraestructuras verdes que sustituyen a superficies impermeables como el asfalto y el pavimento.

Según un artículo publicado en 2024 en la revista Environmental Science, las recomendaciones para proteger contra las inundaciones la cuenca del río Vesdre, la más afectada por las inundaciones de 2021 en Bélgica, llegaron demasiado tarde.

En el momento de la publicación del informe, tampoco existía ningún sistema para supervisar o evaluar las estrategias de prevención de inundaciones.

A falta de protección estructural, las vulnerabilidades persisten, sobre todo porque los riesgos de inundación aumentan no sólo en las zonas rurales, sino también con el aumento del desarrollo urbano y el sellado de las superficies.

Según un atlas medioambiental de Bruselas que hace referencia a datos de 2019, las zonas de alto riesgo de inundación de la capital coinciden en gran medida con barrios de bajos ingresos, donde más de la mitad de las superficies del suelo son impermeables.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Grandes cantidades de madera de origen sospechoso, procedente de Rusia y Bielorrusia, siguen entrando a la Unión Europea (UE) a pesar de las sanciones impuestas por Europa a Moscú, al tiempo que varios miembros del bloque comunitario presionan para retrasar la aplicación de la Ley Antideforestación.

En una carta enviada a la Comisión Europea la semana pasada, varios Estados miembros de la UE, entre ellos Portugal, Estonia, Italia, Croacia, Eslovenia, Chequia, Bulgaria y Polonia, solicitaron excepciones al Reglamento de la UE contra la deforestación, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre.

Sin embargo, una investigación de la ONG Earthsight ha revelado que muchos de esos países siguen importando madera contrachapada de abedul -un producto maderero de alto valor- de China, Georgia, Kazajstán y Turquía.

Esos países han estado vinculados con casos de «blanqueo» de productos madereros rusos desde que entraron en vigor las sanciones de la UE a Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El último análisis de Earthsight de los nuevos datos comerciales hasta abril de 2025 se basa en una investigación anterior, publicada en enero, la cual reveló que los países de la UE  importaron madera rusa contrachapada de abedul por valor de 1.500 millones de euros desde el comienzo de aplicación de las sanciones europeas en 2022.

La unidad de sanciones de la Comisión Europea (DG FISMA) advirtió en marzo de que los productores de madera rusos y bielorrusos están reetiquetando madera y desviándola a través de terceros países para eludir las restricciones comerciales de la UE.

Aunque Bruselas impuso en junio aranceles antidumping a la madera contrachapada de frondosas chinas, incluido el abedul, las ONG sostienen que el gravamen no distingue entre el abedul y las especies de frondosas de menor riesgo, por lo que podría no frenar las exportaciones.

Entre febrero y abril de este año, España -que no ha solicitado exenciones a la Ley de Deforestación- fue el principal importador de la UE de contrachapado de abedul sospechoso, por valor de más de 15 millones de euros,  estimado en  venta al por menor, según aEarthsight.

Portugal fue segundo, con más de 12 millones de euros, mientras que Estonia importó casi 10 millones de euros, principalmente de Kazajstán.

Sin embargo, Polonia -el mayor importador entre 2022 y 2024- ha intensificado considerablemente los controles desde entonces, lo cual ha provocado un fuerte descenso de las importaciones a partir de febrero de este año.

La Asociación Española de la Madera y el Mueble ha advertido de que las constantes importaciones rusas amenazan a la industria nacional, haciéndose eco de preocupaciones similares planteadas por productores de Letonia y Polonia.

Los datos de Eurostat revisados por Euractiv revelan que antes de la invasión rusa de Ucrania las importaciones de la UE de contrachapado de abedul procedente de Kazajstán y Georgia eran inexistentes, mientras que las importaciones de China y Turquía eran insignificantes en la mayoría de los Estados miembros.

Impulso político

Las informaciones se dan a conocer al tiempo que aumenta la presión política para debilitar la Ley de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), una norma emblemática de la UE destinada a impedir la entrada en el mercado único de productos relacionados con la deforestación.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución abanderada por el Partido Popular Europeo (PPE) en la cual rechazaba la clasificación de riesgo propuesta por la Comisión Europea y solicitaba una nueva categoría «sin riesgo» para los países con sus leyes nacionales de deforestación.

Rusia y Bielorrusia están clasificados como países de alto riesgo en la EUDR, pero otros, entre ellos Kazajstán, China, Turquía y Georgia -todos ellos señalados por las ONG- están clasificados como de bajo riesgo, junto con todos los Estados miembros de la UE.

El eurodiputado -y silvicultor- austriaco Thomas Waitz, del grupo de Los Verdes, advirtió de que la categoría de «exento de riesgo» y un retraso en su aplicación socavarán las sanciones contra Rusia.

«El PPE tiene que dar la cara por Ucrania», comentó.

Pore su parte, Pascal Canfin, principal negociador del Reglamento por el grupo liberal Renovar Europa, ha asegurado que los llamamientos a debilitar la EUDR son «un regalo a países como Rusia» y socavaban la soberanía de la UE.

La EUDR incluye normas de trazabilidad más estrictas que la legislación vigente sobre la madera y fue diseñada para colmar lagunas jurídicas ya conocidas.

No obstante, la ONG Earthsight sostiene que la categoría «sin riesgo» -respaldada por los ministros de agricultura de 18 socios del bloque y por el Parlamento Europeo- podría hacer que la EUDR fuera menos ambiciosa que las normas actualmente en vigor.

El eurodiputado del PPE Alexander Bernhuber, que lidera la iniciativa para eximir a algunos países de la UE de las obligaciones de la EUDR con la nueva categoría de riesgo, cree que el Reglamento no debería utilizarse para imponer sanciones.

«[La elusión] es un delito penal que se debe perseguir con toda contundencia», explica a Euractiv, al tiempo que añade que se necesitan «controles más estrictos en las fronteras exteriores de la UE y la aplicación de las normativas sancionadoras existentes»

«No puede ser que con la EUDR castiguemos a quienes practican una silvicultura sostenible y responsable», añade.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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