Mundo Política
El Tribunal de Cuentas Europeo advierte de un «agujero» en los fondos para la prevención de incendios forestales

Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha descubierto que miles de millones de euros de ayudas públicas de la Unión Europea (UE) para la prevención y la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales no van a parar donde deberían ni son objeto de un seguimiento eficaz de Bruselas.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el problema se ha intensificado: más de dos millones de hectáreas han ardido en la UE en los últimos cuatro años.
«Cada año se producen en la Unión Europea más de 1.000 incendios forestales, que queman una superficie equivalente a dos veces el tamaño de Luxemburgo», explicó este miércoles en rueda de prensa Nikolaus Milionis, miembro del TCE.
La investigación del TCE sugiere que el dinero no se destina eficazmente a tratar los problemas sobre el terreno y que no queda claro cuál es el impacto real de la importante financiación de la UE para proyectos específicos.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) posterior a la crisis proporcionó 470 millones de euros a Grecia y 390 millones de euros a Portugal, pero la Comisión no ha rastreado el destino final de los fondos, advierte el TCE.
«El dinero no siempre llega a donde puede marcar la diferencia, y se sabe poco sobre los resultados de los proyectos financiados», comentó Milionis.
El organismo de control presupuestario de la UE, con sede en Luxemburgo, examinó a Portugal, España, Grecia y Polonia durante la auditoría, y calculó que sólo estos cuatro países recibirían unos 1.000 millones de euros del actual presupuesto septenal de la UE, reforzados con 1,5 del MRR.
«Descubrimos que la Comisión no tenía una visión completa de la cantidad total de dinero de la UE en medidas relacionadas con los incendios forestales», afirma el TCE en su informe.
¿Dónde va el dinero?
Además, se detectaron «deficiencias en la selección de los proyectos» en los Estados miembros, explicó Milionis.
El informe indica que los fondos no se destinan sistemáticamente a las zonas de alto riesgo ni se desembolsan en base a información actualizada.
Por ejemplo, una zona parcialmente inundada por un embalse en Portugal fue seleccionada para recibir fondos, ya que la decisión se basó en un mapa de riesgos obsoleto que no mostraba una presa construida años antes.
También en Portugal, los auditores descubrieron que la asignación de fondos del MRR se decidía precipitadamente y sin consultar debidamente a las autoridades competentes, lo que significaba que se pasaban por alto zonas muy vulnerables.
En España, el presupuesto se repartió uniformemente entre las regiones, sin tener en cuenta los riesgos y necesidades reales de cada provincia, señala el TCE.
Falta de supervisión
«Hay poco conocimiento de los resultados. No sabemos mucho sobre la eficacia de los proyectos financiados por la UE», lamenta Milionis.
De los siete casos analizados en el informe, cuatro obtuvieron resultados decepcionantes, mientras que un quinto no se amplió como se debía.
El TCE instó a la Comisión Europea a brindar ayuda a las autoridades nacionales a seleccionar los proyectos con mayor potencial para combatir y prevenir los incendios forestales, y a evaluar los resultados y difundir sus conclusiones.
«Ni la Comisión ni los Estados miembros« utilizan los datos disponibles «para comprobar la eficacia de los proyectos seleccionados», lamentó Milionis. «Una oportunidad perdida, en nuestra opinión», agregó.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
La UE, un paso más cerca de su adhesión al Tribunal de Estrasburgo, ahora bajo presión de Roma y Copenhague

Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha asegurado este jueves que la Unión Europea (UE) está casi lista para su largamente esperada adhesión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras varios años de estancamiento de las negociaciones.
«Pensamos que estaremos en condiciones de solicitar en breve el dictamen formal del Tribunal de Justicia sobre el proyecto de acuerdo», comentó este jueves el Comisario europeo antes de un Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas.
A la pregunta de si se podría tomar una decisión este mismo jueves, el responsable de Justicia de la UE no dio una respuesta clara pero señaló que las cosas van por buen camino, tal como adelantó Euractiv hace pocos días.
Aunque las negociaciones de adhesión se remontan a los años setenta y el Tratado de Lisboa lo convirtió en una obligación legal en 2009, los contactos llevan 15 años parados.
El siguiente paso en el proceso es solicitar oficialmente al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) un dictamen sobre si el proyecto de acuerdo revisado es compatible con la legislación comunitaria.
«Creemos que ese dictamen podría tardar entre 18 meses y dos años», comentó el alto funcionario.
Si la UE se adhiere, quedará sujeta a las sentencias jurídicamente vinculantes del tribunal de Estrasburgo, que ya supervisa a los 46 Estados miembro del Consejo de Europa, no sólo a los socios de la UE.
«Se trata de una obligación impuesta por el Tratado (…) cuenta con un fuerte apoyo entre los Estados miembros, voy a impulsar los esfuerzos en este sentido», subrayó McGrath.
Por su parte, el ministro polaco de Justicia, Adam Bodnar, cuyo país ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE, confirmó la buena marcha de las negociaciones.
«Parece que estamos avanzando en este proceso», subrayó.
Pero, al margen de la posible incorporación de la UE, los vientos políticos soplan en contra para el alto tribunal.
En una carta abierta, cuyo contenido adelantó hace pocos días Euractiv, divulgada durante la reciente visita de la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, a su homóloga italiana, Giorgia Meloni, en Roma, se pide revisar la forma cómo el Tribunal interpreta la legislación en vigor sobre derechos humanos, especialmente en cuestiones polémicas como las deportaciones relacionadas con las políticas de asilo e inmigración.
Lo que comenzó como una iniciativa exclusivamente danesa e italiana se ha transformado en un rechazo más general entre varios socios del bloque comunitario a la percepción de que el TEDH se extralimita en su interpretación, especialmente en las sentencias relacionadas con la inmigración.
Nueve Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, firmaron la dura misiva.
Hungría también se ha sumado a la queja.
El Tribunal «hace casi imposible expulsar a los inmigrantes ilegales que han cometido delitos graves. Eso se tiene que acabar», escribió el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Bóka Janos.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
ONG y expertos critican a la UE por «abandonar» las pequeñas explotaciones familiares

Bruselas (Euractiv.com/.es) – Numerosas ONG y grupos de defensa del bienestar animal han cargado contra la Unión Europea (UE) por supuestamente privilegiar a las grandes explotaciones avícolas y porcinas del bloque comunitario en detrimento de las pequeñas granjas familiares.
Está previsto que la UE revise en 2026 algunas de sus normas sobre bienestar animal, por lo cual las ONG redoblan su campaña contra la ganadería intensiva.
«Los partidarios de la ganadería intensiva argumentan que este tipo de explotaciones [a gran escala] son necesarias para alimentar a una población que sigue creciendo (…) sin embargo, este modelo de ganadería industrial suele ir acompañado de una cascada de perjuicios», asegura un portavoz del grupo AGtivist, con sede en el Reino Unido, al tiempo que apunta a los daños medioambientales y a la escasa atención al bienestar animal.
El grupo, conocido por su labor de presión contra las «megagranjas» en el Reino Unido, ha puesto ahora su mirada en la UE.
España, entre los peores alumnos
Ha identificado 2.949 nuevas explotaciones a gran escala en todo el bloque entre 2014 y 2023, y ha detectado los mayores «puntos calientes» en España, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.
Ese tipo de granjas están incluidas en la Directiva sobre Emisiones Industriales y tienen capacidad para albergar más de 40.000 aves de corral, 2.000 cerdos de engorde o 750 cerdos reproductores.
Los activistas afirman que la expansión de este tipo de explotaciones imita el aumento de las «megagranjas» en Estados Unidos, una comparación que la industria ganadera rechaza.
«El sistema norteamericano de megagranjas no es en absoluto comparable a los métodos de producción europeos», explica a Euractiv un portavoz de la Asociación Europea de Ganado y Carne Sostenibles (SELMA), al tiempo que añade que el modelo de la UE sigue arraigado en las prácticas extensivas y a pequeña escala.
El portavoz de SELMA asegura además que las granjas más grandes pueden modernizar más fácilmente las herramientas de producción y a menudo van más allá de los requisitos mínimos de bienestar animal.
Los datos de la UE confirman un cambio a explotaciones «menos numerosas y más grandes» y, al igual que SELMA, relacionan las economías de escala con la productividad y la resistencia.
También muestran un descenso de la cabaña ganadera total de la UE en la última década, ante la previsión de que el consumo de carne siga disminuyendo.
A pesar de ello, las aseguran que las grandes empresas agrarias obstaculizan la renovación generacional en la agricultura, un viejo reto para la UE.
En ese sentido,Winês Grenho Ajuda, experta del Eurogrupo para los Animales, una ONG con sede en Bruselas, asegura que «aunque las grandes explotaciones pueden proporcionar algo de empleo, éste suele ser de muy baja calidad y la satisfacción laboral es escasa».
Ajuda advierte de que la concentración de tierras y la consolidación del mercado amenazan a las pequeñas empresas y a los terratenientes.
Acusaciones de contaminación y «trato cruel»
En ese sentido,AGtivist culpa a las grandes explotaciones de los problemas medioambientales de todo el bloque: desde la contaminación de las aguas subterráneas en España hasta la proliferación de algas provocada por los nitratos en Francia.
Algunas de las mayores explotaciones porcinas y avícolas de la UE están sujetas a la Directiva sobre emisiones industriales y a normas especiales para limitar la contaminación del agua, el suelo y el aire.
Pero los grupos ecologistas han criticado en reiteradas ocasiones la directiva por su falta de ambición, aseguran que cubre muy pocas explotaciones y lamentan la exclusión del ganado vacuno de las nuevas normas de la UE acordadas a finales de 2023.
En Galicia, ciudadanos y ONG fueron noticia recientemente por llevar a las autoridades regionales ante los tribunales por la contaminación causada por las granjas porcinas y avícolas locales.
Un fiscal aceptó llevar el caso, y alegó «grave» contaminación de las masas de agua y «un hedor insoportable durante todo el año».
Las condiciones de bienestar animal también están en el punto de mira, a pesar de que el sector se enorgullece de cumplir algunas de las normas más estrictas del mundo.
Un miembro de AGtivist realizó una visita «de incógnito» a una granja avícola de la región italiana de Lombardía para ver de primera mano cómo estaba la situación.
«Las gallinas están hacinadas en jaulas de siete pisos, en estrechos pasillos que parecen no tener fin», explicó en un informe.
La UE prohibió en 2012 las jaulas en batería para gallinas y las sustituyó por «jaulas enriquecidas».
En ese sentido está prevista la presentación en breve de una nueva propuesta para eliminar las jaulas por completo, una medida que las ONG consideran necesaria desde hace mucho tiempo.
Ayudas de la PAC
La organización de pequeños agricultores La Vía Campesina también ha dejado clara su posición, y asegura que el informe de AGtivist se hace eco de las inquietudes que existen desde hace tiempo sobre la manare en la cual se distribuyen los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).
«La mayoría de los pequeños y medianos agricultores se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles debido al aumento de los costes de producción, los bajos precios y la desigualdad en los pagos [de las subvenciones], que están vinculados al tamaño de la explotación», explica a Euractiv Morgan Ody, coordinador general de La Vía Campesina.
La Comisión admitió recientemente que los pagos de la PAC son injustos y se comprometió a reorientar las subvenciones a «los agricultores que más lo necesitan».
En una entrevista concedida a Euractiv, el Comisario europeo de agricultura, Christophe Hansen, aseguró la semana pasada que el sector debería estar abierto a aplicar un mecanismo para reducir los fondos destinados a las explotaciones más grandes.
Hansen adelantó a Euractiv que tiene previsto presentar la propuesta junto con el presupuesto plurianual de la UE a mediados del próximo mes de julio.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Las áreas marinas protegidas aumentarán un tercio en los próximos años, según Conferencia de la ONU

París/Bruselas (Euractiv.fr/.es) – Las áreas marinas protegidas (AMP) aumentarán en todo el planeta aproximadamente un tercio en los próximos años, según anunciaron los países participantes en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos que se celebra hasta mañana viernes en Niza, en la Costa Azul francesa.
«Sin duda hemos superado el umbral del 10% de aguas marítimas protegidas, pero lo más probable es que lleguemos al 12%», aseguró en rueda de prensa la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.
Según el Convenio de Kunming-Montreal sobre la diversidad biológica, el 30% de las tierras y mares del mundo deben estar protegidos de aquí a 2030.
La reunión, organizada conjuntamente por Francia y Costa Rica, se ha fijado como objetivo animar a los países participantes a conservar los océanos y utilizar sus recursos de forma más sostenible.
Está previsto que la cita internacional concluya con la aprobación del Plan de Acción de Niza sobre los Océanos, una declaración política no vinculante.
En los últimos días, sin embargo, la reunión de la ONU ha servido de escenario para lanzar mensajes contra la explotación minera de los fondos marinos o para influir en las próximas negociaciones de un tratado sobre la contaminación de los mares con plásticos.
Explotación minera de los fondos marinos
En la apertura de la conferencia, el lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron instó a los países participantes a desistir de sus planes de explotación minera en aguas profundas.
Su mensaje fue posterior al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington concedería unilateralmente permisos para empezar a explotar el lecho marino en aguas internacionales.
«Creo que es una locura lanzar una acción económica depredadora que sacudirá los fondos marinos, que sacudirá la biodiversidad, que la destruirá, que liberará sumideros de carbono irrecuperables, cuando no sabemos nada al respecto», comentó Macron el lunes (9 de junio).
En ese sentido, Pannier-Runacher anunció el miércoles que la coalición de países que exigen el fin de la explotación minera de los fondos marinos (a la espera de pruebas científicas de que es segura para el medio ambiente) se ha visto reforzada con tres nuevos miembros (de 34 a 37).
Junto a ellos otros países, entre ellos China, que no se han sumado explícitamente a la petición de moratoria de la minería de aguas profundas, se oponen a conceder licencias al margen de las normas internacionales, aseguró la ministra.
Contaminación por plásticos
Por otra parte, Pannier-Runacher recordó que el martes de esta semana 95 países, incluidos los 27 miembros de la UE, emitieron una declaración conjunta en la cual instan a alcanzar un acuerdo sobre un objetivo mundial para reducir la producción y el uso de plástico en un nuevo tratado de la ONU, que se podría empezar a negociar en agosto.
Según el texto de la declaración, el objetivo debe «ajustarse periódicamente» para aumentar la ambición de manera gradual.
También se insta a las industrias a diseñar productos de plástico respetuosos con el medio ambiente y a prohibir gradualmente los productos más contaminantes y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlos.
Los firmantes piden además que se aplique el principio de «quien contamina paga» y subrayan que el tratado sobre la contaminación por plásticos debe estar respaldado por un mecanismo financiero que garantice su aplicación.
Tratado de alta mar
La conferencia de la ONU en Niza supone un avance con vistas a la ratificación del tratado sobre la protección de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, o BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar.
Aún faltan 60 firmas para que entre en vigor, pero el lunes Macron dio por hecha su ratificación.
Cincuenta y un países han ratificado ya el tratado. Según Macron, otros 15 países se han comprometido a ratificarlo, lo cual significa que el texto podría entrar en vigor en enero de 2026.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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