Innovación y Tecnología
Código de buenas prácticas de la IA: la tarea imposible de contentar a 1.000 grupos de presión
Bruselas (Euractiv.com/.es) – La industria, las ONG, los grupos de reflexión y los titulares de derechos han criticado duramente el tercer borrador del Código de Buenas Prácticas de la Unión Europea (UE) sobre Inteligencia Artificial (GPAI, por sus siglas en inglés), en el marco de un largo combate sobre qué orientación deberían tener las nuevas normas comunitarias para ese sector estratégico.
El esperado tercer borrador del Código de buenas prácticas de la IA de propósito general se publicó la semana pasada, lo cual dio inicio a un agrio debate en el cual participan 1.000 grupos de presión sobre los derechos fundamentales, la seguridad, los derechos de autor y las cargas normativas en la era de la IA en Europa.
Las empresas tecnológicas ven el GPAI, al igual que ChatGPT, como el nuevo cambio de paradigma en la tecnología digital, similar a las transiciones a Internet y los teléfonos inteligentes. Si están en lo cierto, las normas actuales darán forma a la próxima realidad digital en Europa.
Al ser el documento más detallado de su tipo y el que proporciona el cumplimiento automático de la Ley de Inteligencia Artificial, el código puede llegar a establecer normas válidas a escala mundial en este territorio jurídico inexplorado.
La Comisión Europea subcontrató esa compleja tarea técnica de redactar el código a 13 expertos independientes no remunerados, que ahora están en el ojo del huracán.
No sería de extrañar que las cosas se complicaran mucho, según declaró a Euractiv Marietje Schaake, en nombre de los nueve expertos responsables de la redacción de la parte «Seguridad y protección» del código.
«Esperamos que la gente reconozca que sus aportaciones han dado resultado» y que el borrador «está en condiciones de ser aceptado», añadió, en referencia a las numerosas modificaciones aplicadas al texto.
Los grupos de presión no han tardado en criticar el proyecto.
Descontento
El tercer borrador «sigue suscitando importantes inquietudes», afirma Boniface de Champris, responsable de políticas del grupo de presión de las grandes tecnológicas CCIA Europe.
«Es descorazonador ver hasta qué punto se ha suavizado el código para apaciguar a la industria tecnológica«, comenta Nick Moës, director ejecutivo de la ONG The Future Society, una empresa experta en temas de seguridad.
«El código de buenas prácticas se ha rebajado mucho desde el punto de vista de los derechos fundamentales», asegura Laura Lázaro Cabrera, Consejera y Directora del Programa de Equidad y Datos del Centro para la Democracia y la Tecnología.
«El tercer borrador dista mucho de ser adecuado para proteger a la industria creativa y a los periodistas», afirma Hanna Möllers, asesora jurídica y directora general adjunta de la Asociación Alemana de Periodistas DJV.
Los grupos de presión tecnológicos han conseguido una serie de concesiones en comparación con los borradores anteriores, pero siguen quejándose por varios motivos.
Problemas de «copyright»
Los firmantes del código ya no están obligados a publicar un resumen de su política de derechos de autor ni a realizar la diligencia debida en materia de derechos de autor cuando adquieran conjuntos de datos de terceros.
Los requisitos «se han suavizado aún más, lo que aumenta los riesgos para nuestro sector», explica a Euractiv Burak Özgen, Director General Adjunto de las Sociedades Europeas de Autores.
No hay nada en el código que garantice la autorización previa para el uso de contenidos protegidos por derechos de autor, un requisito básico de la legislación sobre derechos de autor, añade Özgen.
Las «obligaciones de gran alcance» del código en materia de derechos de autor y transparencia podrían poner en peligro los secretos comerciales, afirma de Champris.
«La sección sobre derechos de autor seguiría obligando a los proveedores de modelos a privar a los ciudadanos de la UE de su derecho a la libre expresión y la libertad artística», comenta a Euractiv Tomasz Snażyk, director general de AI Chamber, una agrupación polaca de IA.
Los cuatro responsables de los temas de derechos de autor y transparencia no respondieron a la solicitud de comentarios de Euractiv.
Riesgo de discriminación
En el nuevo borrador, los riesgos de discriminación se eliminan de la taxonomía principal, dejando sólo los riesgos cibernéticos, riesgos de terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN), de manipulación y de «pérdida de control».
«No hay forma de demostrar una diligencia debida significativa para esos riesgos», se lee en una entrada de blog de Hugging Face, donde se afirma que, riesgos cibernéticos aparte, su naturaleza especulativa presenta un «desafío imposible» para los desarrolladores«abiertos».
En vísperas de la publicación, las ONG de defensa de los derechos de autor amenazaron con retirarse del proceso de redacción, alegando que no se incluyeron sus puntos de vista y que se omitieron derechos fundamentales en el código.
«Hemos insistido en cada ronda de comentarios en la importancia de preservar e impedir el riesgo de discriminación», así como de incluir otros riesgos de derechos fundamentales, asegura Cabrera.
Según Schaake, el Código no puede abordarlo todo. Está limitado por la redacción de la Ley de AI.
«El primer considerando de la Ley de AI de la UE deja claro que la preservación de los derechos fundamentales es uno de sus principales objetivos», explica a Euractiv Sarah Andrew, directora jurídica y de campañas de la ONG Avaaz.
«Hay muchos riesgos para los derechos fundamentales a nivel de sistema/aplicación», comenta a Euractiv Matthias Samwald, presidente responsable de la taxonomía de riesgos.
En opinión del experto, esos riesgos se mitigan mejor con las regulaciones existentes,entre ellos el GDPR, DSA y DMA. No obstante, señala que los firmantes del código se comprometen a identificar los riesgos sistémicos para los derechos fundamentales.
Auditorías y denunciantes
La Ley de IA exige auditorías externas «según proceda», por lo que los expertos responsables las establecen como obligatorias sólo cuando un modelo sea suficientemente diferente de otro ya existente en el mercado, o cuando el proveedor no tenga los conocimientos adecuados para llevar a cabo sus propias pruebas.
Por otra parte, han adoptado un planteamiento más flexible y orientado a los resultados en materia de prácticas de seguridad y simplificaron la protección de los denunciantes, remitiéndose en su lugar a la Directiva general de la UE sobre denunciantes.
Las «onerosas evaluaciones externas de riesgos » siguen siendo un grave problema, lamenta de Champris, al tiempo que sostiene que la medida va más allá del texto legal.
El requisito de auditoría «contiene varias exenciones y condiciones que ofrecen lagunas potenciales que las empresas pueden explotar para evitar el escrutinio independiente», comenta en un comunicado Risto Uuk, responsable de política e investigación de la UE en la ONG Future of Life Institute, experta en seguridad.
Uuk se muestra decepcionado por la «reducida» protección de los denunciantes. «Al remitirse a la incoherente aplicación de la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades, el código no armoniza estas salvaguardias fundamentales en todos los Estados miembros», afirma.
«Las disposiciones sobre denuncia de irregularidades no se han debilitado», comenta Schaake. El tercer borrador es similar al segundo, pero «resume las obligaciones pertinentes de forma más sucinta», subraya.
¿A quién va dirigido?
Los responsables (denominados «presidentes») aseguran que han redactado el código partiendo del supuesto de que sólo entre 5 y 15 empresas producirían, en un momento dado, modelos de «riesgo sistémico» que entrarían en el ámbito de aplicación de la mayoría de las obligaciones del código.
«No compartimos esta perspectiva, ya que cada vez vemos equipos más pequeños y centrados en el desarrollo de sistemas con prestaciones de vanguardia», se lee en un post de Hugging Face.
Al no distinguir entre desarrollo abierto y cerrado, el marco corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto, o de concentrar la tecnología en las pocas manos que pueden gestionar todos los costes del cumplimiento, añade.
El código está «muy orientado», y los costes de cumplimiento representan «sólo una pequeña fracción del coste informático necesario para entrenar cualquier modelo captado por el umbral informático existente», comenta Gaia Marcus, directora del Instituto Ada Lovelace.
El propósito del código es «ayudar a las empresas a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de IA , no crear normas y cargas totalmente nuevas«, lamenta de Chambris.
Por su parte, Marcus lamenta que el código agregue nuevas prácticas en lugar de mejorarlas.
«Por ahora, el código funcionará más como una útil herramienta de cumplimiento para las empresas que como un medio para elevar con fuerza el listón de la seguridad», afirma.
Indicadores clave de rendimiento
Por otro lado, se cuestiona un cambio estructural fundamental del código.
«En general, la eliminación de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) ha dado buenos resultados «, asegura Tomasz Snażyk, experto de una agrupación industrial polaca especializada en IA.
Por su parte, Simeon Campos, director general de la ONG SaferAI, explica a Euractiv que parece difícil garantizar el cumplimiento sin los KPI.
«Dado que el Código de Buenas Prácticas establece una presunción de conformidad, es de suma importancia que los responsables de la IA en la UE dispongan de toda la información que necesita», afirma.
Con la reformulación se quiere que el código sea jurídicamente sólido y fácil de utilizar, agrega Schaake.
La tarjeta de competitividad
Con prisas por ponerse al día en la carrera mundial de la IA, la Comisión Europea ha dejado muy claro que su prioridad es la simplificación normativa que potencie la competitividad.
Los grupos de presión especulan con la posibilidad de que el retraso del tercer borrador pueder estar provocado por los desacuerdos entre Bruselas y los presidentes. No obstante, Schaake niega ese extremo y lo atribuye únicamente a la complejidad del borrador. En su opinión, la Comisión Europea es una de las partes interesadas que contribuye al proceso.
«Hasta ahora hemos podido desempeñar perfectamente nuestro papel de forma independiente. No tengo motivos para creer que eso vaya a cambiar», comenta Schaake.
Sin embargo, el sector ha redoblado la presión a Bruselas
«En su forma actual, el código corre el riesgo de socavar directamente la competitividad digital de la UE«, alerta de Chambris.
Por su parte, fuentes de Google aseguran que aguardan con interés la revisión del borrador, al tiempo que alertan de que un código estricto podría limitar el acceso de Europa a la tecnología de vanguardia.
«Los ciudadanos europeos deben poder acceder a modelos de inteligencia artificial seguros y de primera calidad cuando estén disponibles, y a un entorno que fomente la innovación y la inversión», asegura el gigante tecnológico estadounidense en un reciente comunicado de prensa.
Los presidentes afirman estar «totalmente abiertos» a recibir comentarios y han organizado talleres específicos con la sociedad civil y los usuarios finales, además de los talleres habituales para proveedores de GPAI.
Cuando se presentan buenos argumentos, «los sopesamos (con vistas a la redacción del texto), sea cual sea su fuente», subraya Schaake.
El pasado 4 de marzo, en el marco de una conferencia en Bruselas, Gary Marcus, que mantiene una postura muy critica con la IA, dejó claro lo que está en juego en los esfuerzos reguladores europeos.
«Ustedes son nuestra última esperanza: Que Dios os acompañe», comentó.
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[Editado por DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Virkkunen prefiere un reglamento a una directiva para revisar la legislación de telecomunicaciones
Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la soberanía tecnológica del bloque, Henna Virkkunen, ha asegurado este jueves que «no es partidaria de las directivas» cuando se le preguntó por qué tipo de formato prefiere para la próxima Ley de Redes Digitales (DNA).
En un encuentro con la prensa este jueves en Amsterdam, la funcionaria se mostró tajante acerca de la nueva norma comunitaria, con la cual se hará una revisión de la normativa de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE).
«Cuando hablamos de digitalización, la regulación es siempre el mejor enfoque», comentó Virkkunen.
Sus palabras podría desencadenar un choque institucional con el Consejo de la UE, que, aunque a regañadientes y con numerosas excepciones, aceptó el formato de reglamento para esa norma, la cual acelera los despliegues de fibra y 5G, la Ley de Infraestructura Gigabit, durante el anterior mandato de Ursula von der Leyen al frente de Bruselas.
La vicepresidenta de la Comisión Europea lamentó que las diversas transposiciones de los Estados miembros del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC, por sus siglas en inglés), que regula los mercados de telecomunicaciones de la UE, han dado lugar a la fragmentación del mercado de las telecomunicaciones.
La funcionaria añadió que las normas de la DNA deberían ser lo más uniformes posible en toda la UE además de simplificar el actual EECC para fomentar la inversión.
En ese sentido, reiteró la posición de Bruselas sobre que, al ritmo actual de inversión, la UE corre el riesgo de no alcanzar sus objetivos de conectividad para 2030: lograr una cobertura del 100 % de fibra y 5G en las zonas habitadas.
Al tiempo que citó las recomendaciones del informe (Enrico) Letta -que aboga por la máxima armonización de las normas de telecomunicaciones en toda Europa y la consolidación de los operadores de telecomunicaciones- Virkkunen subrayó que su equipo está «estudiando» la posibilidad de flexibilizar las normas sobre fusiones entre operadores.
También comentó que su equipo en Bruselas analiza el posible abandono de la regulación ex ante en la EECC. Sin embargo, no confirmó si la DNA incluiría estas disposiciones.
«Quiero que nuestro sector de las telecomunicaciones sea competitivo, tenga éxito y cuente con un mercado único mejor y más armonizado», subrayó.
En cuanto a la ciberseguridad en el mercado de las telecomunicaciones, Virkkunen reiteró su «descontento» con la aplicación por parte de los Estados miembros de la denominada «caja de herramientas 5G», que obliga a los países de la UE a eliminar progresivamente los componentes chinos «de alto riesgo» de las redes móviles 5G.
Cinco años después de la entrada en funcionamiento de la «caja de herramientas», 17 países del bloque aún no están preparados para eliminar gradualmente su dependencia de los productos chinos, según datos de Bruselas.
«Se necesitan medidas más contundentes», comentó, en referencia a una carta que le enviaron recientemente 40 eurodiputados de todos los partidos a raíz del escándalo de corrupción de Huawei en el Parlamento Europeo.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Virkkunen confirma que habrá una «Ley de Chips 2.0» y esboza un plan de acción sobre IA
Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea Henna Virkkunen ha asegurado que Bruselas prevé presentar una «Ley de Chips 2.0», y ha esbozado los cinco pilares de un Plan de Acción para la Inteligencia Artificial (IA) que el ejecutivo comunitario presentará el próximo 9 de abril.
Este lunes (24 de marzo), cerca de medio centenar de eurodiputados instaron a la Comisión Europea en una carta enviada a Virkunnnen a proponer una «Ley de Chips 2.0» para seguir fomentando las inversiones en la fabricación de chips en Europa.
«La Chips Act (Ley de Chips) ya ha movilizado inversiones por valor de 80.000 millones de euros. Pero ahora estamos planeando la Chips Act 2 (a modo de segunda parte)», explicó la Comisaria este martes (25 de marzo) en el marco de una conferencia del FT patrocinada por Google.
La alta funcionaria proporcionó pocos detalles sobre la nueva norma y qué diferencias tendrá con la primera, la cual permite a los países europeos subvencionar las inversiones en fabricación de chips.
Por otro lado, dejó claro que la UE también se apunta a la «moda de la IA», y que en ese sentido el bloque comunitario se suma a Reino Unido y Estados Unidos con su propio «plan de acción en IA».
En ese sentido explicó que está previsto que Bruselas tome una decisión sobre el plan de acción «AI Continent» el próximo 9 de abril.
Los cinco pilares del plan serán: infraestructura, acceso a los datos, una estrategia de aplicación de la IA, competencias y simplificaciones, destacó Virkunnen.
En un principio, la Comisión Europea tenía previsto iniciar consultas sobre una «estrategia de aplicación de la IA» y una «estrategia de la IA en la ciencia» en febrero pasado, pero los planes se descartaron porque «hubo algunos anuncios de mayor alcance que se tenían que hacer en la Cumbre de París sobre IA», comentó a Euractiv una fuente de Bruselas.
El plan de acción sólo «prefigura» las estrategias «Aplicar la IA» y «La IA en la ciencia», cuya presentación está prevista para el tercer trimestre de 2025, según la fuente.
Las consultas correspondientes se iniciarán junto con el plan de acción, señaló la misma fuente.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Prohibir la entrada de «lobbistas» de Huawei a las instituciones europeas, misión (casi) imposible
Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Parlamento Europeo se dio mucha prisa hace unos días en prohibir al acceso a sus instalaciones a los grupos de presión de la multinacional china Huawei y en evitar que los funcionarios europeos utilizaran los móviles de esa marca, pero las medidas de urgencia tienen demasiados “agujeros” que no será fácil taponar.
Hace dos semanas, el Parlamento Europeo suspendió el acceso de los grupos de presión de Huawei a sus sedes, tras el estallido de un nuevo caso de corrupción relacionado con el gigante chino, que presuntamente pagó sobornos a varios eurodiputados, ex eurodiputados y asistentes para apoyar su expansión de la red móvil 5G en Europa.
Después de que se conocieran las acusaciones de la Fiscalía belga, la Comisión Europea emitió instrucciones internas para que los Comisarios, los miembros del gabinete y el personal suspendieran inmediatamente todas las reuniones y contactos con Huawei «hasta nuevo aviso», según confirmó a Euractiv un portavoz de Bruselas.
Sin embargo, los grupos de presión de Huawei podrían aprovecharse de varias lagunas jurídicas para seguir teniendo acceso a los locales de la UE.
En ese sentido, el eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund explicó a Euractiv que el grupo parlamentario anticorrupción de la Eurocámara está examinando «posibles lagunas jurídicas» que podrían seguir permitiendo el acceso a los grupos de presión de Huawei, ya sea mediante pases de visitante o gracias a su pertenencia a “organizaciones paraguas” que mantienen el acceso a las instituciones de la UE.
Pases de visitante
El principal resquicio legal para los grupos de presión de Huawei es que podrían entrar al recinto del Parlamento Europeo, en Bruselas o Estrasburgo, con un pase de visitante.
Es bastante fácil conseguir un pase de este tipo. Los eurodiputados y sus oficinas solo necesitan su DNI o pasaporte, un correo electrónico de contacto y, opcionalmente, el nombre de su organización.
Los eurodiputados tienen que informar sobre sus reuniones con representantes de grupos de interés y lobbies incluidos en el registro de transparencia de la UE, en el cual esas organizaciones declaran qué tipo de actividad realizan.
Los detalles de las reuniones se publican en línea en el perfil de internet de cada eurodiputado, incluso si en las reuniones sólo están presentes sus asistentes, en su nombre.
El procedimiento de la Comisión Europea es casi idéntico. Un funcionario de Bruselas puede solicitar un pase de visitante presentando el nombre y el número de identificación del invitado.
Sin embargo, a partir de este año, todo el personal de la Comisión Europea en funciones directivas sólo puede reunirse con grupos de presión inscritos en el registro de transparencia.
Además, los detalles y actas de las reuniones se publican en el sitio web oficial de la Comisión Europea.
Por ello, el cruce de datos de control hace que sea muy improbable que un empleado de Huawei pase desapercibido y se apruebe su pase, a menos que algún funcionario intente esquivar los controles.
Grupos de presión a través de asociaciones comerciales
El segundo “agujero” para intentar colarse en los recintos de las instituciones europeas es más evidente: las “asociaciones paragua” con sede en Bruselas siguen representando indirectamente a Huawei.
En el registro de transparencia de la UE, Huawei afirma ser miembro o afiliado de 23 asociaciones con sede en Bruselas.
A través de esas asociaciones comerciales oficialmente acreditadas, los intereses de Huawei se siguen representando –indirectamente- ante las instituciones de la UE.
Otro “colador” posible: la entrada del registro de transparencia está desfasada.
Aún incluye a empresas que han suspendido su relación con el gigante tecnológico chino en las últimas semanas.
En ese sentido, Digital Europe, una asociación comercial que representa a más de 100 empresas tecnológicas, comentó a través de un comunicado la semana pasada que su relación comercial con Huawei quedaba “suspendida hasta nuevo aviso”.
Otras, sin embargo, se muestran inmunes tras el estallido del escándalo.
GSMA, que representa a los gigantes de las telecomunicaciones móviles en Europa, mantiene a Huawei como socio y ha subrayado recientemente que no hará «comentarios sobre investigaciones en curso de terceros.»
No obstante, el Parlamento Europeo pedirá al equipo que administra el registro de transparencia que lleve a cabo una investigación a fondo, la cual podría traducirse en la exclusión de Huawei de la lista.
Prohibición de dispositivos Huawei en aplicaciones del PE y la Comisión
El pasado viernes, 41 eurodiputados firmaron dos cartas, dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta del Parlamento, Metsola, en las cuales instaban a ambas instituciones a ampliar la prohibición más allá de los grupos de presión de Huawei, impidiendo que los dispositivos de la compañía se utilicen con fines corporativos.
Dado que los controles de seguridad del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea no incluyen comprobaciones de los teléfonos, no parece muy verosímil pensar que las dos instituciones del bloque se puedan convertir en una zona “libre de productos Huawei” en breve.
Por ello, la misiva a Metsola pide que se prohíba que «los dispositivos de Huawei se utilicen para cualquier aplicación del Parlamento Europeo».
Al incorporarse al Parlamento Europeo, el personal y los asistentes parlamentarios acreditados deben registrar sus dispositivos móviles para poder acceder a la Wi-Fi privada de la Eurocámara y para que funcionen aplicaciones internas como el correo electrónico o Teams.
Por ello, el Parlamento Europeo podría impedir el registro de los dispositivos Huawei -y revocar el acceso de los dispositivos Huawei actualmente registrados- impidiendo su uso con fines laborales.
En estos momentos no hay directrices sobre el uso de dispositivos Huawei en el recinto del Parlamento Europeo, según fuentes internas.
Por su parte, desde 2024 los funcionarios de la Comisión Europea no pueden registrar sus dispositivos Huawei personales para uso corporativo, según ha podido saber Euractiv.
En su carta a Metsola, los eurodiputados añaden que el peligro de los dispositivos Huawei «no es menor que el de TikTok», también sujeto a restricciones de uso por parte del personal de la UE por cuestiones de privacidad y supuestos vínculos con el gobierno chino.
Los servicios informáticos del Parlamento Europeo prohibieron TikTok en 2023 en todos los dispositivos utilizados por los empleados con fines laborales, e instaron a los eurodiputados a evitar la descarga de la aplicación.
TikTok no se puede descargar ni se puede acceder a la aplicación a través de la red wi-fi del Parlamento Europeo.
Bruselas también siguió su ejemplo y dio instrucciones a sus funcionarios para que desinstalaran TikTok tanto de los dispositivos corporativos como en los personales que utilizan aplicaciones corporativas, alegando problemas de protección de datos.
Sin embargo, la prohibición de TikTok es fácil de eludir, ya que la aplicación china se puede seguir utilizando con datos móviles en dispositivos personales dentro de los edificios de las instituciones de la UE.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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