Madrid (Servimedia) – El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina después de que Podemos cambiara su posición esta misma mañana aunque la formación lo sigue criticando.

De esta manera, la convalidación del decreto cosechó 178 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. Además, se aprobó tramitarlo como proyecto de ley con 212 votos a favor, 135 en contra y 1 abstención. Junts también la apoyó a pesar de que pidió retirar el embargo por la expectativa de que se alcance pronto un acuerdo de paz.

“Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada y para seguir manteniendo las relaciones militares con Israel”, señalaron desde Podemos, que considera que el decreto ha demostrado ser “un coladero” durante las semanas que ha estado en vigor.

En el debate, que tuvo lugar ayer, Belarra tachó el decreto de “fake” y acusó al Gobierno de “tener complicidad con el Gobierno de Israel”. Mientras, los portavoces del PP y Vox confirmaron también su rechazo mientras que formaciones como ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y BNG anunciaron su apoyo, pese a tacharlo de insuficiente o tardío.

“El Gobierno no ha dejado de comprar y vender armas a Israel en dos años”, denunció la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien advirtió de que con este embargo “decenas de contratos públicos siguen sin cancelarse”. También denunció que desde su aprobación cuatro barcos han pasado por puertos españoles con armas con destino a Israel.

Por su parte, en nombre del PP, Cayetana Álvarez de Toledo reprochó al Gobierno que “en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel” y se preguntó «cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un Gobierno al que Hamás felicita”. “Exhiban su antisemitismo y ahorren sus lecciones morales”, apostilló.

En la misma línea, el portavoz de Vox, Alberto Asarta tachó de “impresentable” que el Gobierno lleve el decreto al Congreso coincidiendo con el segundo aniversario de los atentados de Hamás y lo consideró “una “muestra más del antisemitismo y de la obsesión antisraelí del Gobierno de España”. También advirtió de que va en contra de la seguridad y de los intereses del país.

En la defensa del decreto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió que se trata de “un texto de máximos” y que “consolida” el embargo a la venta de armas a Israel que “ya veníamos aplicando”.

Además, recordó que se cumplen ahora dos años desde “los terribles atentados» perpetrados por Hamás, por lo que trasladó su apoyo a las más de 1.200 víctimas y sus familiares, especialmente a las de los dos ciudadanos españoles asesinados ese día.

“Seguimos condenando de forma rotunda esos ataques”, aseguró Cuerpo, quien exigió también en nombre del Gobierno la “inmediata liberación” de los rehenes que siguen secuestrados, así como “el fin del genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino”.

También defendió “la coherencia de lo que estamos haciendo” con medidas como el decreto, que según destacó “va de la mano de la respuesta de la ciudadanía», que exige medidas para parar el genocidio y que se respeten los derechos humanos.

El real decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina contempla “el embargo total de armas” a Israel, aunque con la posibilidad de que el Gobierno autorice excepciones a esta norma.

El texto aprobado el pasado 23 de septiembre por el Consejo de Ministros incluye cuatro medidas esenciales, que contemplan la consolidación del embargo, la denegación de solicitud de tránsito para los combustibles con posible uso militar en Israel, la prohibición de comercialización de productos originarios de asentamientos ocupados y la prohibición de la publicidad de comercialización.

En lo que respecta al embargo total de armas, se prohíben tanto las exportaciones como las importaciones, con destino u origen en Israel, de armas, material de defensa y material de doble uso.

Para garantizar su cumplimiento, el Ministerio de Exteriores elaborará una propuesta de códigos postales de las localidades a la que hacen referencia los territorios ocupados, que después necesitará la aprobación de la Agencia Tributaria y que se trasladará a los funcionarios en Aduana.

La normativa también obliga al Gobierno a rendir cuentas y a comparecer trimestralmente en el Congreso para informar de la ejecución del real decreto. Estas comparecencias también servirán para que el Ejecutivo informe de si se están produciendo desvíos de otros países, dentro del marco de la unión aduanera.

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(Editado por JBM/clc/Servimedia)

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Madrid (Servimedia) – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que “ni renunciamos ni renunciaremos nunca” a la posición española sobre el territorio de Gibraltar.

Así lo sostuvo José Manuel Albares en su comparecencia, a petición propia, ante el Pleno del Congreso para informar del acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar.

Albares subrayó el carácter “histórico” del acuerdo político definitivo alcanzado el 11 de junio por España junto a La Comisión Europea con el Reino Unido, sobre los aspectos fundamentales de la relación entre el territorio de Gibraltar y la Unión Europea.

Un acuerdo, destacó, que cierra el último capítulo pendiente del ‘Brexit’ y señaló que “es la primera vez en 312 años que un Gobierno de España alcanza un acuerdo amplio con el del Reino Unido en relación a Gibraltar desde el Tratado de Utrecht”.

“Todos los gobiernos democráticos han intentado cerrar un acuerdo con Reino Unido al respecto, pero no lo habían conseguido. Este Gobierno sí”, remarcó.

El titular de Exteriores recordó que el acuerdo, que aún no está ratificado, implicará la caída de La Verja, “el último muro de Europa continental”, y se felicitó porque “supondrá un antes y un después en términos de estabilidad, de prosperidad, de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del campo de Gibraltar” y una nueva etapa en la relación entre España y el Reino Unido.

El responsable de la diplomacia española aseveró que el objetivo del Ejecutivo era “poner en el centro el bienestar de los ciudadanos a ambos lados de la antigua Verja” y subrayó que “se ha hecho sin comprometer ni renunciar a la posición española sobre Gibraltar”.

Por esto, enfatizó que el acuerdo “indica explícitamente que no renunciamos a nuestra posición y que nada en el texto o en su aplicación podrá ser usado para defender posiciones contrarias a ello en tribunales internacionales”. “Ni renunciamos ni renunciaremos nunca a unas demandas que quedan salvaguardadas plenamente”, reiteró.

EL PP VE “OPACIDAD”

El diputado del Partido Popular Carlos Floriano criticó el “lenguaje ampuloso y grandilocuente” de Albares detrás del cual, consideró, “se oculta mucha opacidad y mucha incompetencia”.

Floriano aseveró que, si el ministro hubiese querido ser “transparente”, debería haber puesto a disposición del Parlamento y de los alcaldes del campo de Gibraltar “el borrador del acuerdo”, pero dijo que el problema “es que no tiene nada, tiene sencillamente una base política”.

Para el diputado del PP, la voluntad de la política del Gobierno español es “hacer su país al margen de lo que sienten o piensan la mitad de los españoles”.

Floriano acusó al Ejecutivo de gobernar “sin buscar consensos sin buscar acuerdos, sencillamente buscando la división para resistir”. «Pero la fortaleza de la política exterior de un país solo es creíble si proyecta solidez interna y hoy España proyecta división, fragilidad institucional y corrupción». “España no puede proyectar solidaridad internacional con un Gobierno que divide”, apostilló.

“OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA”

El diputado de Vox Carlos Flores criticó con dureza el acuerdo, y esgrimió la opinión de un embajador anónimo para calificarlo de “una capitulación significativa que cede terreno estratégico a los intereses británicos y gibraltareños”.

En su opinión, “consolida el ‘statu quo’, profundiza en las disparidades económicas regionales y sienta un precedente preocupante para las prioridades y estrategias de España en el Estrecho de Gibraltar”.

Para Flores, se trata de “una demostración magistral de astucia diplomática británica y gibraltareña que explota la miopía estratégica española”. Además, consideró que “perpetúa la sumisión económica de Andalucía”, y auguró que “será recordado como una oportunidad desaprovechada y una rendición inaceptable”.

Desde el grupo parlamentario de Sumar, Agustín Santos Maraver señaló que se ha llegado “en líneas generales” a un acuerdo básico que habrá que concretar y que, consideró, “permitirá de alguna manera introducir a Gibraltar en el espacio Schengen”.

Santos consideró que “es una muy buena noticia de la que hay que tomar nota”, pero advirtió de que, entre los problemas que el acuerdo no resuelve, está la diferencia de la renta per cápita, que en Gibraltar es de 93.245 euros, mientras en La Línea es de 26.688 euros, la de San Roque de 34.130, y en Algeciras y Los Barrios están en los 30.000 euros.

Por ello, reclamó qué a partir del acuerdo es necesario “cambiar la lógica”, y buscar un marco financiero “que vaya más allá” del período fijado de 4 años transitorios y el 15% del IVA que adoptaría inicialmente, y que permita “realmente” que haya una igualdad real entre los habitantes de uno lado y otro lado de La Verja.

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal pidió no perder de vista que el acuerdo de Gibraltar es consecuencia del ‘Brexit’, “una operación política nefasta en la que la extrema derecha británica consiguió arrastrar al Partido Conservador hacia unas posiciones basadas en la posverdad y el extremismo”.

Un ‘Brexit’, agregó, que “ha provocado una economía estancada, una desigualdad creciente y un sistema público, en especial el sanitario, que se ha visto en una crisis muy importante”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, admitió que Gibraltar y el campo de Gibraltar “nos queda lejos”, pero destacó que eso no significa “que no nos parezca importante el acuerdo al que se ha llegado, el acuerdo político y al tratado que se va a firmar”. «Creemos que es importante tanto por el pueblo de Gibraltar, pero también por los y las trabajadoras del campo de Gibraltar”, añadió.

En su opinión, con el acuerdo “se solventa esa situación de limbo en la que había quedado este territorio tras el ‘Brexit’” y que tras cuatro años de negociaciones se pondrá en papel “cuáles deben ser y cuáles serán los puntos para desarrollar un futuro de convivencia y de prosperidad”.

La diputada de Podemos Martina Velarde expresó la preocupación de su grupo por los derechos de los trabajadores transfronterizos porque dijo no tener información pública detallada de lo que se ha acordado. En concreto, señaló sus dudas sobre cómo se van a garantizar los derechos laborales, sanitarios y de pensiones de quienes trabajan en Gibraltar, pero que cotizan en regímenes distintos.

Tras la comparecencia, Albares aprovechó para reunirse brevemente con representantes del Campo de Gibraltar que asistieron en la tribuna de invitados al desarrollo del debate.

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(Editado por MGN/clc/Servimedia)

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Bruselas (Eurativ.com/.es) – La Comisión Europea presentó este miércoles un nuevo plan de combate contra la incitación al odio y las terapias de conversión, en el marco de su nueva estrategia para el colectivo LGTBIQ, que, no obstante, se ha topado con reacciones mixtas.

La estrategia quinquenal, presentada por la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, llega en un contexto de transformación del panorama político europeo, en el que las fuerzas conservadoras ganan terreno en toda la Unión Europea (UE).

«Aunque existe una clara reacción en contra, la Comisión y la Unión se han comprometido a mantener este faro de esperanza: una unión de igualdad», comentó Lahbib en rueda de prensa en Estrasburgo.

La anterior estrategia LGTBIQ -de 2020- incluía una propuesta para añadir la incitación al odio a la lista de delitos de la UE, pero cinco años después, la iniciativa sigue bloqueada por los Estados miembros.

En el nuevo programa, la Comisión propone planes para eludir el bloqueo del Consejo mediante la introducción de una ley de la UE de menor alcance para armonizar la definición de los delitos de odio cometidos en línea en todo el bloque.

En virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), las principales plataformas de medios sociales, incluidas Meta, X y TikTok, han firmado un Código de Conducta para frenar la incitación al odio en línea.

El código exige que las plataformas ofrezcan a los usuarios herramientas claras para señalar los contenidos que consideren incitación al odio.

Sin embargo, la DSA no define lo que constituye «incitación al odio», sino que lo deja en manos de los términos y condiciones de cada plataforma. De momento se desconoce cómo interactuará la DSA con la nueva estrategia LGTBIQ de Bruselas.

Un millón de firmas a favor de la prohibición

En cuanto a la «terapia de conversión», Lahbib anunció que la Comisión colaborará con los países de la UE para poner fin a esta práctica «nociva» para las personas LGTBIQ, pero no prometió una prohibición total.

La alta funcionaria afirmó que «las prácticas de conversión no son una terapia», y causan daños mentales y físicos, y afectan a 1 de cada 4 personas de ese colectivo en todo el bloque. Aun así, subrayó que la Comisión Europea debe trabajar con los Estados miembros «respetando plenamente sus competencias».

Grupos de la sociedad civil e iniciativas ciudadanas han presionado a la UE para que se prohíba totalmente.

La terapia de conversión se sigue practicando -y no está explícitamente prohibida- en varios Estados miembros, entre ellos Polonia y Hungría.

Críticas de las ONG

Para la red de la sociedad civil ILGA-Europa, la estrategia en su conjunto «no responde a la urgencia del momento», y se queda atrás respecto a la ambición de la primera Estrategia de Igualdad de la UE.

«Este enfoque cauteloso no protegerá a las personas LGTBIQ, que se enfrentan a una creciente discriminación, violencia y hostilidad estatal en toda la UE», afirmó Katrin Hugendubel, directora de incidencia política de ILGA-Europa.

«La Comisión debe utilizar todas las herramientas de que dispone -jurídicas, políticas y financieras- para defender los derechos de las personas LGBTQ», añadió.

Preguntada por las reacciones negativas a la medida por parte de algunos Estados miembros, Lahbib apuntó a Budapest.

«Los ciudadanos también deben entender que la UE es una unión de valores», comentó Lahbib, en referencia a a los 18.000 millones de fondos europeos que Bruselas ha retenido a Budapest.

Hungría es objeto de múltiples procedimientos de infracción de la Comisión Europea por haber incumplido normas de la UE, entre ellas la relativa a los derechos de la comunidad LGTBIQ del país.

A principios de este año, Hungría aprobó una ley que prohíbe las marchas del Orgullo, y se pidió a los comisarios que no asistieran al Orgullo de Budapest.

En respuesta a las críticas de Hungría, Lahbib reiteró que «ningún país fue obligado a adherirse a la UE» y afirmó que la Comisión proporcionará financiación adicional para apoyar a las ONG y organizaciones de la sociedad civil que operan en Hungría.

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Anupriya Datta contribuyó a este artículo

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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