RSE
Expertos reclaman a la administración seguridad jurídica y un cambio de fiscalidad para impulsar la movilidad sostenible
(Información remitida por la entidad que la firma:)
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por su parte, insta a las empresas a ver la descarbonización como una oportunidad. Seguridad jurídica y un cambio de fiscalidad es el combustible que necesitan las empresas para impulsar la movilidad sostenible. Así se lo han reclamado a la administración en el marco del ‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’.
Un encuentro en el que Miguel Álvarez Martínez, nuevo director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha instado a las empresas a que vean la descarbonización como una oportunidad. “La descarbonización viene de la mano del crecimiento económico, y esto abre oportunidades a las empresas, que trabajan en entornos cambiantes y están acostumbrados a buscar dichas oportunidades. Y, además, a buscar con quién hacerlo, pues no podemos trabajar de manera aislada”, ha asegurado.
Además, el director general de Estrategias de Movilidad de la Secretaría General de Movilidad Sostenible ha afirmado que “la descarbonización es un elemento que no tenemos que perder de vista y que tenemos que hacerla para todos y para todas. No podemos dejar a nadie atrás, ninguna persona ni ningún territorio. Por ello, el ministerio está trabajando en una Estrategia para la Pobreza en el Transporte. Porque esto va más allá de la asequibilidad de las alternativas sostenibles, pues también tiene que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de estas para personas, empresas y territorios”.
Sin presupuestos ni MOVES, pero con otras herramientas de financiación
El evento también ha contado con la participación de Mar Blázquez, subdirectora adjunta de Eficiencia y Acceso a la Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien ha asegurado que “la movilidad sostenible es quizá el pilar más importante de la transición energética y los CAE -Certificados de Ahorro Energético- se configuran como un apoyo esencial en este camino. Por ello, pido colaboración al sector para que nos ayuden a desarrollar más fichas técnicas de actuaciones de ahorro de energía”. Y es que, según datos del MITECO, en 2024 se registraron en el Sistema de CAE más de 1.200 actuaciones de mejora de la eficiencia energética –agrupadas en 755 solicitudes– de las que ya se ha certificado un 88% del total, que han generado un ahorro de 200 millones a quienes han apostado por las medidas de eficiencia energética, junto con otros 230 millones a través de la puesta en el mercado de los CAE.
Además, a esta herramienta se suma la tramitación del Plan Social para el Clima (PSpC), iniciada recientemente por el MITECO y prevista en el paquete normativo europeo conocido como Objetivo 55. Así, los PSpC de los estados europeos se nutrirán del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52% de corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su PSpC con cargo a sus propios presupuestos, con lo que en el caso de España rondará los 9.000 millones.
Sobre el Plan de acción para la industria del automóvil, presentado el pasado 5 de marzo por la Comisión Europea, Anna Armengol, consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España, ha añadido que “el plan trabaja con el objetivo claro de aumentar la demanda de vehículos europeos de emisiones cero. Nuestro objetivo común es una industria del automóvil sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, economía y medio ambiente”.
Además, respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Anna Armengol ha asegurado que “Hay mucho dinero encima de la mesa y el PRTR sigue vivo en muchas áreas. De los 163.000 millones de euros movilizados, un 22% se ha destinado a movilidad sostenible”.
En este sentido, Ashwin Harpalani, analista de proyectos de Financiación Internacional y Asuntos de la UE del ICO, ha añadido que: “ICO tiene un interés especial en financiar la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte, y actúa como socio colaborador de la Comisión Europea en este sector. Desde 2019, cuando se puso en marcha el mecanismo blending de combinación de financiación de ICO con la subvención CEF-AFIF (Connecting Europe Facility-Alternate Fuels Investment Facility), el ICO ha apoyado un total de 24 proyectos con una financiación de 507 millones de euros que ha movilizado una inversión de 937 millones de euros. Estos proyectos representan más de 5.074 cargadores públicos (el 13% de la red) en la red de carreteras, proyectos de hidrógeno para el transporte, que incluyen capacidad de electrólisis e instalación de hidrogeneras, electrificación de redes de transporte públicas en grandes ciudades y en instalaciones portuarias y aeroportuarias. La nueva convocatoria del CEF, abierta hasta el 11 de junio de 2025, cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, de los cuales 448 millones son para España”.
Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA, ha añadido que “desde BBVA tenemos un claro compromiso: ser un aliado en la toma de decisiones de nuestros clientes, proporcionando asesoramiento y financiación que promuevan una movilidad más consciente y accesible”.
Urge una mayor seguridad jurídica y cambios e incentivos fiscales
Luis Miguel Torres, director de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que “vamos a solicitar al ministerio que se modifique la normativa de IRPF respecto a la consideración del transporte y que esta nos permita, otra vez, que la tributación del transporte sea mucho más flexible y cómoda para las empresas”.
Por su parte, May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha constatado que “nos encontramos en un momento en el que, a pesar de seguir pendientes de la Ley de Movilidad, existe una sobrerregulación a la que adaptarse en poco tiempo, como los nuevos límites de calidad del aire, la CSRD y CSDDD, tras la propuesta Ómnibus, las leyes relativas a residuos, envases y productos forestales, o el nuevo alcance para el registro de la huella de carbono, entre otras. Normativas que afectan directamente a la cadena de suministro y a la huella de carbono, donde el transporte representa entre el 80-90% de media). A ellas se añade el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), necesarias para tener municipios mejor gestionados y que ofrezcan mayor calidad de vida a los ciudadanos, pero que requieren una despolitización y armonización entre territorios”.
“Por ello, urge una mayor seguridad jurídica, al mismo tiempo que una simplificación de la regulación en cuanto a tramitación -no a cumplimiento- y una mayor coordinación público-privada y público-pública que garantice mayor eficiencia y armonización. Todo esto acompañado de un programa de financiación estratégico que vaya desde ayudas directas al usuario final, a un cambio en la fiscalidad que permita a las empresas -que son el motor del cambio- incentivar la movilidad sostenible entre empleados y colaboradores”, ha añadido.
En esta línea, Daniel Ruiz, jefe de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Alphabet, ha afirmado que “nos encontramos en un momento decisivo. Las empresas tienen la oportunidad de replantearse su estrategia de movilidad no solo para cumplir con la regulación, sino pensando en el impacto que tendrá en la sociedad. Pero no están solas en esto; por un lado, las empresas de movilidad las acompañamos de forma estratégica y, por otro, es importante que la administración se implique de forma activa en esta transformación”.
Asimismo, Isabel Gorgoso, New Mobility Director de Moeve ha añadido que “no esperamos un gran cambio cuando se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, pues no creemos que sea determinante, pero confío en que genere un efecto tractor y que traiga estabilidad regulatoria. Hay un tema crítico a nivel global y es que la movilidad sostenible no se puede politizar. Debería estar muy por encima de esto. Vivimos cambios en función de la política que lidere y confío en que leyes como esta creen ese marco que deje claro el camino a seguir para fomentar una movilidad sostenible. Además, cuando se aterrice la ley a nivel local y regional, esperamos que esto se pueda traducir en normativas que faciliten colaboraciones público-privadas, inversiones privadas… porque estamos viendo inversiones privadas que están saliendo de nuestro país.”.
Por su parte, Ángel Cauto Domingo, CX Strategy & Solutions MECA Assistant Manager de KIA, ha asegurado que “en KIA apostamos por la sostenibilidad. De hecho, somos la primera compañía en obtener este certificado por parte de AENOR, y por ello creamos productos y servicios que están democratizando la movilidad eléctrica. Pero necesitamos esos incentivos fiscales y directos a ese potencial comprador para generar un mayor impacto”.
Finalmente, Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas, ha afirmado que: «en Midas visualizamos el concepto de taller como el motor oculto que impulsa la movilidad del futuro. Somos ese eje motriz de la movilidad que da respuestas y soluciones al día a día de la sociedad y los ciudadanos mediante un mantenimiento eficiente, seguro, responsable y adaptado a cada vehículo».
SUMMIT 2025
Durante el evento se han celebrado mesas en torno a la ley de movilidad y cómo, aún sin ella, las organizaciones impulsan el cambio; cómo la movilidad sostenible es innovación, cohesión territorial y un reto pero también una oportunidad estratégica como país; cómo democratizar la movilidad eléctrica y cómo la logística sostenible y la economía circular son cada vez más protagonistas del cambio.
‘SUMMIT 2025: Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’ ha contado con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y formado parte del movimiento European Climate Pact, con el que Empresas por la Movilidad Sostenible contribuye a poner en valor la necesidad de construir una Europa más sostenible y a ayudar a la UE a alcanzar la neutralidad climática para 2050, además de a conectar y compartir conocimiento, así como desarrollar e implementar soluciones. Asimismo, esta edición ha contado con la colaboración de Alphabet, Midas, KIA, Moeve, Bosch Service Solutions, XCHARGE, Allianz Partners, Grupo Tragsa, NACEX, Grecert, BYD y El Corte Inglés.
Contacto Itziar Nowak - 664 245 493 - itziar.nowak@movilidadsostenible.es
Sobre Empresas por la Movilidad Sostenible
La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible es un punto de encuentro para profesionales, administraciones e industria que están liderando la movilidad, el transporte y el comercio que viene. Un foro de co-creación, potenciador de soluciones referentes, que ofrece toda la información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad sostenible.
Coordina los Premios Internacionales de Movilidad con la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Además, es impulsora del Movimiento EntregaSostenible.org por un ecommerce responsable, y de TOOLBOX ZBE, una plataforma que reúne de forma práctica y amena información de referencia sobre Zonas de Bajas Emisiones.
Empresas por la Movilidad Sostenible cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Y forman parte de ella ADER, AEDIVE, Aicross, Alfil Logistics, Alimerka, Allianz Partners, Alphabet, ALSA, Alsea, Andamur, ANETRA, Arval, ASTIC, Atresmedia, Ayvens, Barcelona Centre Logístic, Bosch Service Solutions, Bridgestone, BusUp, Centro Español de Logística, ChargeGuru, Coca-Cola, Continental, Cruz Roja Española, Dachser, dealerBest, Decathlon, ECOFIN, El Corte Inglés, Electra, EMASESA, emovili, etecnic, Fraikin, FREENOW for Business, Fundación Conama, Gas&Go, Globalvia, Ideagenia.com, ILUNION, Johnson & Johnson, L’Oréal, Matawan, Merlin Properties, Michelin, Midas, Moeve, MOOEVO, MONTY BIKES, Movus, NACEX, Norauto, NOVALITY, PIB Group, Qaleon, QEV Technologies, Qwello, Redexis, Renault Trucks, Repsol, Ricardo, Sport Life Ibérica, XCharge y YUP.
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Berlín (Euractiv.de/.es) – El partido alemán Los Verdes, en la oposición, ha instado esta semana al gobierno del canciller, Friedrich Merz (CDU/PPE), a asignar urgentemente fondos para la adaptación al cambio climático después de la publicación de un informe de la agencia meteorológica nacional en el cual se alerta de que esta primavera ha sido una de las más secas y cálidas desde que se tienen registros en el país europeo.
En un borrador de propuesta al cual ha tenido acceso Euractiv-Berlín, el grupo parlamentario de los Verdes pide al gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD/S&D) que «proporcione la base financiera necesaria tanto para las medidas locales que se requieran como para la tarea conjunta de adaptación climática», y que active los planes ya recogidos en las estrategias nacionales sobre agua y adaptación climática.
En la propuesta se pide además reforzar las medidas de protección contra el calor en el sector sanitario y en los puestos de trabajo, al tiempo que se subraya la necesidad de «tener en cuenta las consecuencias que las sequías recurrentes tienen para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías».
El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) publicó el viernes (30 de mayo) datos de la primavera de 2025, que calificó como «demasiado cálida, muy seca y con muchas horas de sol».
La temperatura media registrada fue de 9,8°C (1,9°C superior a la media del periodo 1961-1990) y 0,7°C por encima de la del periodo 1991-2020.
Por otro lado, los niveles de precipitación fueron un 48% y un 44% inferiores a los de esos periodos respectivos, lo que la convierte en la primavera más seca desde 2011 y la sitúa entre las tres más secas jamás registradas en el país.
En relación con los resultados del informe del DWD, los Verdes aseguran que Alemania está pagando un elevado precio, ya que «el transporte fluvial, las granjas y las panaderías por igual [están] sufriendo por la carga de la sequía».
Todos esos elementos conjugados darán como resultado «precios más altos de la gasolina, la cerveza, el pan y otros productos cotidianos», se apunta en la propuesta.
Por otra parte, los Verdes recuerdan los recientes incendios forestales registrados en el país –un problema más frecuente en los países del sur de Europa- y subrayan los riesgos para la salud que supone el calor extremo, sobre todo para una población cada vez más envejecida.
El bajo caudal de los grandes ríos alemanes, entre ellos el Rin, el Elba y el Danubio ha ocupado los titulares de las noticias en las últimas semanas, al igual que las advertencias de agricultores y científicos sobre el probable impacto de la desecación del suelo en los cultivos de primavera.
En ese sentido, el ministro alemán de Clima y Medio Ambiente, Carsten Schneider, expresó esta semana su gran preocupación por la magnitud de la sequía, bastante inusual en Alemania.
La propuesta de los Verdes será debatida en el Bundestag el próximo 6 de junio.
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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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La población senior de Canarias, mayores de 55 años, es la que más conectada está y más usa las TIC en toda España, según destaca el estudio realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.
Su director, Juan Fernández Palacios, ha destacado en rueda de prensa que aunque las islas son líderes en población sénior que usa con asiduidad las tecnologías de la información, con un porcentaje que alcanza el 28,4 % de usuarios TIC mayores de 75 años, están «muy lejos de ser ‘age friendly’, ya que en solo tres de los indicadores estudiados están por encima de la media nacional y 19 por debajo.
Si bien Canarias destaca «por su notable avance en plazas de centros de día para mayores, con 1,51 centros por cada 10.000 habitantes, y ha mejorado su tasa de desempleo», sus pensiones tienen «las medias más bajas», ha referido.
En Canarias, los mayores de 55 tienen «uno de los patrimonios en planes de pensiones medios más bajos, de 7.289 euros, y una pensión media de 1.271 euros«.
Aunque en el archipiélago «se están dando pasos hacia adelante para responder al reto del envejecimiento poblacional», ha asegurado que «hay un gran margen de mejora».
El salario medio de los mayores de 55 años es de 26.224,51 euros, la 13º posición entre el resto de comunidades, manteniéndose en la misma posición que en la edición anterior.
En lo relativo a la tasa de actividad, Canarias baja al 30,99 %, un puesto menos desde la edición anterior, y en la tasa de ocupación de mayores de 55 años alcanza el 19,5 %, la 15º posición desde la 14 º de hace un año.
En lo relativo a los servicios, Canarias ocupa la segunda posición en cuanto al número de plazas en centros de día por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con 145,52 plazas, subiendo desde la quinta posición, pero cae al 16ª puesto en lo relativo al número de plazas en centros residenciales por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con un total de 256,81.
También se coloca a la cola como el 15º territorio en relación con la tasa de cobertura de servicios asistenciales a sénior, que se sitúa en un 5,06%.
Esta investigación se basa en la recopilación de más 420 datos de diferentes fuentes oficiales y pretende ofrecer una visión «completa y realista de esta apuesta en términos de empleo, pensiones, participación política o infraestructuras sociales, entre otros».
En esta edición, se ha añadido información sobre el grado de independencia de los sénior, es decir, sobre su capacidad económica, situación de discapacidad y nivel de utilización de las nuevas tecnologías.
«Adaptarse a las necesidades de la población sénior no solo es un desafío social, sino también una oportunidad para el desarrollo económico”, ha apuntado Fernández-Palacios, que considera que este es uno de los grandes retos actuales, ya que en una población de «envejecimiento acelerado» se debe «tener esto en cuenta y trabajar junto con la administración para generar nuevas oportunidades, bienestar y calidad de vida para los mayores».
En 2050, el 50 % de la población en España tendrá más de 55 años, por lo que «será determinante para el futuro del país, que pasa por ellos», que son «parte fundamental del tejido económico, con un gran poder adquisitivo, una participación activa en el consumo y una contribución clave en el mercado laboral».
Este informe busca, ha dicho, «contribuir y sensibilizar para tomar conciencia de la nueva situación en la que estamos como sociedad» en la que «cada vez hay más canas y menos jóvenes».
A nivel nacional, destacan las comunidades del noroeste de España, como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León como las más envejecidas, mientras que Baleares, Murcia o Madrid están en el lado opuesto.
Este estudio destaca que en España la población se mantiene sin discapacidades serias hasta los 79 años de media, lo que implica que tiene «una capacidad de contribución importante», especialmente en el número de autónomos que está por encima del 4 %, con «más autónomos de 55 años que personas jóvenes».
El director del Centro de Investigación Ageingnomics ha recalcado que España y Canarias «necesitan a la población sénior en la economía de las empresas» y ha opinado que «si seguimos con la tendencia de pensar que estas personas de 55 a 65 deben estar en casa y descansar, vamos a generar problemas en sectores y actividades» en el medio y largo plazo.
En esa línea, ha resaltado que la población sénior en Canarias es «una generación que no tiene que ver con el estereotipo de persona mayor», ya que son «muy activas, les encanta viajar, tienen inquietudes culturales crecientes y un buen nivel de formación».
En lo económico, ha apuntado que «el 50 % de los mayores de 55 ayuda de forma regular a otros miembros de su familia, por lo que son «base fundamental de la economía» en el archipiélago. EFE
lbl/pcr
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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.
El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.
Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.
Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.
El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.
Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.
La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».
El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».
En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.
Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.
Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.
El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.
«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.
«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.
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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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