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Mundo Política

El afán desregulador de Bruselas podría desvirtuar el objetivo que se busca, advierten expertos

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El fuerte afán desregulador de la Comisión Europea para centrarse más en un enfoque de mercado en el marco de la polémica Ley de Restauración de la naturaleza podría entrar en conflicto con el empeño inicial del ejecutivo comunitario por aliviar la carga burocrática de las empresas en relación con los informes de sostenibilidad, según opinión coincidente de varios analistas.

A principios de su segundo mandato, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por un mercado de «créditos de naturaleza», una nueva herramienta financiera para recompensar a agricultores y propietarios de tierras por sus acciones de protección de la naturaleza, para ayudar así a la UE a alcanzar sus objetivos de restauración de la biodiversidad.

«El mayor problema es que actualmente no hay demanda», explica a Euractiv Thomas Freisinger, experto en financiación de la biodiversidad de la Fundación EuroNature.

Mientras la Comisión reflexiona sobre cómo aumentar la demanda de su mercado de créditos de naturaleza, está diluyendo una herramienta potencialmente importante para hacer viable ese sistema.

En el marco de su esfuerzo de desregulación normativa, Bruselas propuso recientemente retrasar y reducir el ámbito de aplicación de la Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas (DSCE, por sus siglas en inglés).

Los ultras del ECR y Patriotas por Europa se unen para debilitar el Pacto Verde

El grupo ECR está dispuesto a colaborar con «quienes comparten nuestra preocupación por las implicaciones económicas y sociales del Pacto Verde», incluido Patriotas por Europa, según un documento al que ha tenido acceso Euractiv.

Sin embargo, según un estudio de la consultora Bloom Labs, la Directiva, que obliga a las empresas a informar sobre su impacto en el medio ambiente y la biodiversidad, es precisamente un ejemplo de motor regulador de la demanda de créditos de naturaleza que se necesitaría para que el sistema funcionara.

Al mismo tiempo, «las grandes empresas que desean (o están sometidas a una presión cada vez mayor) lograr un menor impacto negativo y un mayor impacto positivo en la naturaleza» son «los compradores para los que implícitamente se está construyendo la mayor parte de la oferta», argumenta la consultora.

Conocer los riesgos

El primer factor que podría motivar a las empresas a empezar a ocuparse de su impacto en el mundo natural es la normativa, «en especial la Directiva comunitaria sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en materia de protección de la naturaleza», explica a Euractiv Megan Pillsbury, directora general de la plataforma digital Dunya Analytics.

Por otro lado, para Freisinger, de EuroNature, la DSCE ayudaría a las empresas a comprender mejor su impacto, ya que el mercado de créditos de naturaleza «no puede funcionar sin conciencia y conocimiento de los riesgos».

El Banco Central Europeo (BCE) también intervino la semana pasada en el debate al advertir contra la reducción del ámbito de aplicación de la Directiva, en un dictamen sobre el «paquete ómnibus» de medidas desreguladoras relativas a los informes de sostenibilidad.

La simplificación, como define la Comisión Europea su campaña contra la burocracia, «reduciría la disponibilidad general de información relacionada con la sostenibilidad, incluida la relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero», según el dictamen.

Además, podría «enmascarar los riesgos financieros relacionados con el clima», amenazar el sistema financiero y las operaciones de política monetaria, argumenta el BCE.

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La medida supone un nuevo golpe para el polémico «Pacto Verde» de la UE

Una visión general

En términos más generales, los cambios propuestos en el DSCE pueden «reducir el papel desempeñado por la información sobre sostenibilidad en apoyo de las prioridades de la Unión», afirma el BCE.

A la pregunta de Euractiv de si la Comisión ha tenido en cuenta el posible efecto sobre el proyecto de créditos de naturaleza al proponer la reapertura de la legislación sobre las DSCE, un portavoz de la Comisión señaló que las empresas incluidas en el ámbito de aplicación seguirán teniendo que informar sobre los impactos en el clima y la biodiversidad, mientras que las exentas podrían hacerlo voluntariamente.

Sin embargo, eso no responde a la pregunta de cómo impulsar la demanda.

«La demanda se puede impulsar con una combinación de factores: claridad normativa, normas de certificación sólidas, asociaciones público-privadas e incentivos», explica Bruselas, al tiempo que subraya que la divulgación es sólo uno de ellos.

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«Nadie debería decirme cómo tengo que cultivar, llevo toda la vida haciéndolo», asegura un agricultor polaco.

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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Moncloa cambia su estructura y potencia las áreas de «discurso» y atención a «quejas» de los ciudadanos

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Madrid (Servimedia) – El Gobierno ha modificado la estructura organizativa de la Presidencia del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, lo cual implica, entre otros cambios, potenciar las áreas de elaboración del «discurso» político y la atención a «quejas» de los ciudadanos.

Así se recoge en el Real Decreto 676/2025, que sustituye al Real Decreto 954/2024 de septiembre del año anterior, en el que se introducen diversos cambios en la estructura de la Presidencia del Gobierno.

Entre las novedades destaca la transformación de la Secretaría General de Coordinación Institucional en la nueva Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía.

El nuevo decreto establece entre las funciones principales de esta secretaría el «facilitar la comunicación con la ciudadanía y atender y dar respuesta a todas aquellas sugerencias, quejas e informaciones que se dirijan al presidente del Gobierno«, según recoge textualmente el artículo 2 de esta norma.

Asimismo, dependerán directamente de la persona titular de la Dirección Adjunta del Gabinete del presidente los departamentos de Prospectiva Estratégica y Asesoramiento Científico; Asuntos Culturales y Discurso.

Esta última sección «asistirá en todas las funciones relacionadas con la propuesta y elaboración de discursos y mensajes» del jefe del Ejecutivo y «contará con una Unidad de Coordinación cuyo titular tendrá rango de subdirector general».

Nueva estructura y toma de «decisiones europeas»

El texto legal establece que la Presidencia del Gobierno se organizará a través de ocho órganos superiores y directivos, incluyendo el Gabinete del Presidente del Gobierno, la Dirección Adjunta del Gabinete y la nueva Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía.

Una de las principales funciones del Gabinete será «proporcionar al presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones», además de «conocer las políticas y programas públicos adoptados y desarrollados por los Gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de facilitar la cooperación y la cogobernanza».

La nueva estructura refuerza los mecanismos de coordinación interministerial, estableciendo que el Gabinete debe «conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno».

El decreto contempla también «el estudio y seguimiento de todos los programas y acciones de la Unión Europea que tengan incidencia en las políticas públicas del Estado, proporcionando la información necesaria para la toma de decisiones europeas».

Mejoras operativas

Se establece una nueva regulación del Comité de Dirección de la Presidencia, donde la persona titular de la Dirección del Gabinete «ejercerá las funciones de dirección, coordinación e impulso del Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno».

Los cambios buscan modernizar la estructura de Presidencia para hacerla más eficiente y adaptada a las nuevas necesidades de Gobierno, con especial atención a la transparencia y la participación ciudadana.

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(Editado por Servimedia/Madrid)

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Google suscribirá el Código de Buenas Prácticas de la UE para la IA generativa

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El gigante tecnológico estadounidense Google se ha comprometido a suscribir el compromiso voluntario de la Unión Europea (UE) para regular las buenas prácticas en el terreno de la Inteligencia Artificial Generativa, según han confirmado fuentes de la compañía y de Bruselas.

Bruselas y los reguladores europeos consideran que suscribir ese Código equivale a cumplir la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.

Al firmar el Código de Buenas Prácticas de la IA, Google asume varios compromisos sobre el impacto climático de la tecnología, la mitigación del riesgo de que la IA llegue a ser totalmente autónoma y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

La decisión de Google de suscribir ese compromiso se produce sólo pocos días después de que el gigante tecnológico estadounidense Meta anunciara que no lo firmará, tras alegar «incertidumbres jurídicas».

Google es la empresa del sector que más compromisos en ese sentido ha suscrito hasta la fecha. Otros signatarios son la francesa Mistral AI y la alemana Aleph Alpha.

En ese sentido, el presidente de Google, Kent Walker, ha declarado que «este Código, tal y como se aplica, promoverá el acceso de los ciudadanos y las empresas europeas a herramientas de IA seguras y de primer nivel a medida que estén disponibles.»

La redacción del Código de buenas prácticas y la aplicación de la Ley de IA han sido objeto de duras críticas en los últimos meses, y numerosas empresas del sector han presionado a la Comisión Europea para que revise y retrase la aplicación de la norma.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Las elecciones de París se transforman en un campo minado para Macron y la derecha francesa

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París (Euractiv.fr/.es) – La batalla política por representar al distrito más elegante de París se ha convertido en una disputa política entre el ex primer ministro y antiguo Comisario de la Unión Europea (UE) Michel Barnier y la ministra de Cultura, Rachida Dati, afectada por un reciente caso de presunta corrupción, creando un auténtico quebradero de cabeza para el presidente, Emmanuel Macron.

Barnier,  ex negociador de la UE para el Brexit, logró esta semana el respaldo del partido conservador francés Les Républicains (LR) para presentarse a unas elecciones parlamentarias parciales clave en el rico distrito 7 de la capital.

Pero la decisión provocó la airada respuesta de Rachida Dati -también miembro de LR y alcaldesa de ese distrito-, que se negó a retirarse de la carrera y anunció que competirá contra Barnier en las elecciones locales de septiembre.

Dati confiaba obtener el apoyo tanto de LR como del partido Renacimiento de Macron para convertirse también en alcaldesa de París en las elecciones de primavera de 2026.

El cargo es una plataforma de lanzamiento frecuente para aspirar a cargos nacionales más elevados. Sin embargo, las recientes acusaciones de corrupción contra Dati están minando sus posibilidades.

La carrera ha puesto de manifiesto las divisiones entre los principales exponentes de la derecha francesa. El comité de nominación del partido trató de suavizar el lunes las tensiones, tras calificar a Dati de la «voz más fuerte para el cambio» en París, después de haber apoyado anteriormente la candidatura de Barnier.

Barnier, por su parte, aseguró que no ambicionaba la alcaldía de la capital.

Un quebradero de cabeza político

El ascenso fulgurante de Dati en la arena política gala desde su origen de inmigrante de clase trabajadora hasta convertirse en ministra la convirtió en un poderoso símbolo para la derecha conservadora.

Su entrada en el gabinete de Macron en 2024 refleja tanto su influencia personal como la necesidad del presidente de revitalizar a su partido tras los reveses electorales y para ganar terreno en bastiones urbanos como París.

El partido de Macron confía en hacerse con el control de una gran ciudad.

Al mismo tiempo, LR quiere recuperar París, antaño bastión conservador bajo el mandato del ex presidente Jacques Chirac, explica a Euractiv Bruno Cautrès, politólogo de la universidad Sciences Po.

«Ambos necesitan un candidato que destaque, pero también uno que no esté enredado en asuntos legales», asegura el investigador.

Dati está acusada de presuntamente aceptar en 2012, 900.000 euros en honorarios de consultoría de una filial de Renault-Nissan cuando era eurodiputada.

Dati, que ha negado las acusaciones, ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 2009 y 2019, un periodo en el cual los grupos de presión de los cargos electos estaban estrictamente regulados.

No obstante, es poco probable que su caso se resuelva antes de las elecciones parciales de septiembre y de las elecciones a la alcaldía de París de 2026.

Un perfil polarizador

Dati divide tanto a LR como a los partidarios de Macron. Su candidatura sorpresa es considerada por muchos un movimiento estratégico en la carrera por la alcaldía de París. No obstante, el partido apoyó a Barnier, a quien considera la opción más sólida y menos controvertida.

En la bancada de Macron, el dilema es más complejo. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ex miembro de LR, ha apoyado públicamente a Dati. Pero otros están cada vez más inquietos por los riesgos que representa su perfil político.

El ex ministro para Europa Clément Beaune criticó los ataques de Dati contra el poder judicial -después de que la ministra acusara a los magistrados de atacarla por razones políticas- advirtiendo en una entrevista en la televisión de que «no estamos en los Estados Unidos de Trump».

Un alto cargo de Renacimiento, que habló bajo condición de anonimato, advirtió de que «la mitad de los activistas [del movimiento de Macron] en París abandonarían» si se les pidiera que hicieran campaña por ella, con el argumento de que representa todo aquello a lo que el movimiento de Macron se opone.

«Macron llegó al poder en 2017 con la promesa de una reforma radical, una ruptura con la política partidista tradicional y un compromiso con una ética irreprochable», comenta un exdiputado de su partido.

«Destituyó a cuatro ministros -incluido François Bayrou, entonces ministro de Educación y ahora primer ministro- por acusaciones tan graves como las que hoy afronta Dati», agrega.

Un camino cada vez más complicado para Macron

Sin embargo, Macron no tiene una opción mejor. Dati es una de las pocas políticas populares, con amplia experiencia electoral y una maquinaria política que funciona sobre el terreno, cualidades que la hacen difícil de ignorar, a pesar de su complejo bagaje jurídico y político.

En ese sentido, Gabriel Attal, ex primer ministro y líder de Renacimiento, ha guardado silencio sobre los últimos movimientos de Dati. Pero también podría necesitar su apoyo si aspira a convertirse en la candidata oficial de Macron.

«Las elecciones a la alcaldía reflejarán la remodelación de la vida política francesa», explica  Stéphane Zumsteeg, director de investigación política del instituto demoscópico Ipsos.

«También es una prueba de fuego para saber si los partidos tradicionales siguen controlando sus flancos», agrega.

Con la previsión de que tanto Dati como Barnier se presenten, algunos sondeos indican una posible división del voto de centro-derecha y conservador , un escenario que podría beneficiar en última instancia a la izquierda.

Otros lo ven como una prueba de fuego para la frágil alianza de Macron con la derecha.

«Todo esto se empieza a parecer a un espejo que refleja la falta de preparación del partido de Macron para las elecciones», comenta un miembro del partido del presidente bajo condición de anonimato.

Y con una carrera presidencial en ciernes en 2027, lo que está en juego en París es más importante que nunca.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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