Las elecciones estadounidenses de 2022 iban a ser una ola roja, una goleada republicana sobre los demócratas. El desgaste de la gestión suele dar ese voto intermedio a la oposición, pero además el gobierno de Joe Biden tenía graves problemas con la inflación, que ha castigado largamente a las familias, y la mayoría del electorado opinaba que su política iba por el mal camino.

Sin embargo, los demócratas ganaron el control del Senado, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes no fue tan amplia como se esperaba y los 36 estados que eligieron gobernador se partieron en 18 con triunfo demócrata (con una población de 148,1 millones de personas) y 18 con triunfo republicano (109,8 millones). El oficialismo retuvo el control de todas las legislaturas estatales que tenía y ganó las de Michigan y Pensilvania.

Los análisis del resultado destacaron una razón: el aborto. Un tema que ahora ha vuelto a la conversación pública y que el viernes 21 de abril espera una resolución de la Corte Suprema.

Hace menos de un año el tribunal superior terminó con medio siglo de protección constitucional del aborto establecida; el fallo en un nuevo caso, Dobbs v Jackson, anuló la sentencia Roe v Wade. En los meses siguientes, 24 estados con gobierno republicano promulgaron normas restrictivas. En ese tiempo, precisamente, ocurrieron los comicios intermedios.

Todavía falta para las elecciones presidenciales de 2024: Biden no anunció oficialmente su reelección; tampoco el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la estrella republicana que sí tuvo una ola roja en su estado y que acaba de promulgar una ley que restringe el aborto a seis semanas. Sin embargo, la constante presencia del tema —la más reciente, una iniciativa judicial— indicaría que probablemente volverá a pesar a la hora de elegir primer mandatario.

En noviembre de 2022 sólo cinco de los 50 estados incluían el tema en la votación: Vermont, California, Michigan, Montana y Kentucky plebiscitaron la ampliación o la reducción de los derechos reproductivos. En todos, los resultados se inclinaron a favor del aborto o en contra de restringirlo. Pero en los 45 restantes el tema no era una consulta directa a la ciudadanía.

“La gran sorpresa fue que no importó si eras demócrata o republicano o independiente”, analizó la encuestadora Celinda Lake para The Cut. “La unanimidad de la oposición a la restricción del acceso a la medicación para el aborto fue asombrosa y casi igual en todos los estados. Hubiera pensado que habría una diferencia grande entre California y Mississippi, pero no lo hubo”.

Otra encuestadora, Tresa Undem, encontró que el mayor impacto del fallo Dobbs fue en las mujeres en edad reproductiva (18 a 44 años), que suelen votar demócrata. “Pocos eventos tienen un impacto personal tan profundo”, dijo al mismo medio. Y muchos de los ciudadanos más jóvenes, más allá del género, fueron a las urnas por primera vez por Dobbs.

El 60% de los consultados a la salida de los comicios dijeron que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos. En el segmento joven, la inflación fue el tema más importante para el 31% de los electores, y el aborto, para el 27 por ciento.

Elaine Kamarck, investigadora de Brookings Institution, subrayó “el poder de este tema para alterar la política en los Estados Unidos”. Por un lado, opinó, las elecciones de 2022 mostraron que tiene la capacidad de cambiar los patrones de voto. Por otro lado, agregó, “un derecho que se quita siempre recibirá más atención que un derecho que se da por sentado”.

Para Kamarck es seguro que los grupos pro aborto tratarán de incluir el tema en todos los referendum estatales que sea posible. “En 2024 —estimó— podemos esperar que al menos 10 estados incluyan en la votación iniciativas ciudadanas para grabar los derechos al aborto en las constituciones estatales”.

Los tiempos han cambiado mucho desde que el republicano Ronald Reagan, gobernador de California en 1967, promulgó una de las primeras leyes estatales que legalizaron el aborto. También desde que Barack Obama, quien prometió que su primer acto como presidente sería firmar una ley que garantizara el derecho a nivel federal, no consiguiera hacerlo ni siquiera con supermayoría demócrata.

El actual presidente, y hasta el momento candidato más probable, es católico, y no ha tomado el tema entre los principales de su gestión. El gobierno de Biden intervino en el caso que ahora tiene la Corte Suprema cuando un juez de Amarillo, Texas, nombrado por Donald Trump y elegido por los demandantes por ser el único federal en esa jurisdicción, decidió el retiro de mifepristona, medicación para abortos, del mercado estadounidense.

El fallo de Matthew Kacsmaryk fue recurrido y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ubicada en Nueva Orleans, emitió una sentencia compleja: la medicación debía continuar disponible hasta que se completaran las acciones legales pero no en las mismas condiciones. El acceso se limitó de las 10 primeras semanas de embarazo a las siete primeras, reinstauró la visita obligatoria al consultorio del médico para obtener la receta y eliminó el envío por correo.

No hizo lugar a Kacsmaryk pero volvió las normas al día de la aprobación de la mifepristona, en 2000.

En ese momento el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que interviniera.

En el gobierno, en realidad, la principal defensora del derecho al aborto es la vicepresidenta, Kamala Harris. Fue la primera en invitar a la Casa Blanca a los profesionales de la salud que proveen servicios de abortos luego de que Texas promulgara una ley de prohibición que brinda una recompensa a quien denuncie a cualquier involucrado en el procedimiento. Harris también percibió el clima post Roe y en la campaña 2022 fue una voz importante sobre el tema, al que consideró “un atributo de la democracia”.

En este clima, sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no ha hecho nada por impulsar una prohibición nacional. Tras lo sucedido en noviembre, la estrategia más conveniente tendría que poder combinar la satisfacción de la base anti aborto sin alienar a los votantes pro aborto.

Lo cual pondría en duda el sentido de la batalla judicial que comenzó cuando un grupo anti aborto seleccionó Amarillo, Texas, como la jurisdicción donde presentar una nueva demanda con potencial de bloquear el acceso a la mifepristona en todo el país.

El fallo de la Corte Suprema se esperaba el miércoles 19, pero se ha extendido al viernes 21 de abril. El gobierno de Biden solicitó que se congelara el retiro del medicamento hasta el final del proceso judicial. De lo contrario, argumentó, “las órdenes de los tribunales inferiores pondrían cabeza abajo el régimen que regula la mifepristona, con consecuencias importantes para la industria farmacéutica, las mujeres que necesitan acceder al medicamento y la capacidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para implementar su autoridad legal”.

En efecto, uno de los aspectos que más se ha destacado en la conversación pública es que la decisión de Kacsmaryk —que no se basa en una evaluación científica inter pares, como la de la agencia, sino en la interpretación judicial— desafía la autonomía de la FDA para regular más del 78% de los alimentos y más de 20.000 medicinas en el mercado.

Actualmente, la FDA es una rama ejecutiva que cuenta con esa prerrogativa. La discusión judicial de sus decisiones —cuyas sentencias, por otra parte, no está obligada a acatar— tiene un tiempo límite, de seis años, que en el caso de la mifepristona se cumplieron en 2006.

La medicación se emplea en más de la mitad de los abortos que se realizan en los Estados Unidos. La FDA negó las acusación de las asociaciones médicas opositoras al aborto. La aprobación de la droga, argumentó, se basó en más de 100 estudios realizados en 124.000 casos de 26 países a lo largo de 30 años, que comprobaron su efectividad y un 99% de efectos secundarios sin gravedad.

¿Cuál es la diferencia entre la decisión que terminó con medio siglo de jurisprudencia Roe v Wade y la actual disputa? La sentencia de la Corte Suprema en el caso de Dobbs estableció que no existe un derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos; la de Kacsmaryk, en cambio, objetó que la FDA hiciera correctamente su trabajo y rechazó que la medicación de Danco Laboratories fuera segura.

Ambas, sin embargo, tienen un impacto político profundo con miras a la campaña presidencial. En los Estados Unidos conviven la idea de libertad, la convicción de que cada individuo controla su destino, con un profundo sentimiento religioso. A eso, en este momento, se suma la actual polarización de la sociedad estadounidense, que anticipa cómo podría ser el camino a la Casa Blanca en 2024.

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