El oficialismo bonaerense convocó de apuro a una sesión para las 14 horas de mañana para iniciar el tratamiento en la Cámara de Diputados provincial de un proyecto que levantó polémica. Se trata de una iniciativa impulsada por el senador Omar Plaini para regular a las empresas Rappi, Pedidos Ya y otras apps de delivery. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado con tratamiento sobre tablas en octubre del año pasado y, si bien el oficialismo y la oposición estaban negociando un texto alternativo, el Frente de Todos apuró sorpresivamente el tratamiento del proyecto original en comisiones de Diputados.

El proyecto impone, en su 2° artículo, la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones en el que las empresas tendrían la obligación de inscribir tanto a los trabajadores como a los vehículos utilizados, sólo a efectos informativos.

Sin embargo, en los artículos 6° y 7°, la norma que se pretende aprobar va más allá y aclara que el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá”, mediante la autoridad de aplicación, fijar condiciones y requisitos de inscripción; determinar plazos de inscripción; exigir a las personas jurídicas, empleadores, prestadores titulares y/o plataformas intermediarias (app) denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Este tramo es el más controvertido del texto ya que, según Sergio Siciliano, diputado del PRO por la quinta sección electoral y autor de un proyecto alternativo para regular la operatoria de las apps, esa redacción “abre la puerta a que sea el gobierno provincial el que fije las condiciones de contratación y convertirlos en empleados en blanco de las compañías”.

Hoy los empleados de las plataformas trabajan de manera independiente. Siciliano explicó que las empresas más afectadas por la eventual aplicación de la norma son Rappi y Pedidos YA, las cuales según dijo ya anunciaron que, de aprobarse esta ley, abandonarían sus operaciones en la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a más de 25.000 trabajadores que hace delivery a través de estas plataformas. “Esto afecta también a todo el sector gastronómico, cuya venta de delivery tiene un peso de 30% del total e incluso a aquellos establecimientos que tienen su propio delivery”, amplió Siciliano, quien estaba a la espera de una discusión más profunda de las iniciativas en danza.

Desde la oposición se quejaron de la presión ejercida por el oficialismo y aseguraron que “no consta que se haya consultado con los actores del sector o enviado en consulta con el poder ejecutivo para evaluar la urgencia, necesidad e impacto de la regulación. Si bien no es un requisito de obligatoriedad suele hacerse en muchas ocasiones”. De hecho, fuentes sindicales afirmaron que les “hubiese gustado” que tomaran en consideración la opinión de los trabajadores sobre el tema. “Nos sorprende que no nos hayan invitado a la reunión de comisiones en la Legislatura. Somos una pata más del sector”, dijo Mauro López, secretario general de la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI), quien agregó que el Estado desconoce la situación que atraviesan los trabajadores.

Para la oposición, tal como está redactado el texto que se busca aprobar, la nueva ley podría tener varios resultados contraproducentes. Por un lado, un incremento de la burocracia que afecte negativamente al sector; el avasallamiento respecto de cuestiones del derecho laboral, que consideran es la materia de fondo, reservadas a la Nación, a través del Congreso nacional. Finalmente, temen que se desprenda del proyecto la creación de atribuciones de poder de policía ya existentes provocando inflación legislativa.

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