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Muchos socios aún no han presentado sus planes de acción ante inundaciones
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Seis Estados miembros de la Unión Europea (UE) aún no han presentado sus planes de gestión de riesgo de inundaciones que exige el bloque comunitario, según ha informado este martes la Comisión Europea.
Los expertos prevén que las inundaciones, consideradas la catástrofe natural «más común y más costosa» de Europa, sean cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático.
En 2024, España (con la DANA de Valencia en octubre de ese año), Hungría, Austria, la República Checa, Polonia y Rumanía sufrieron graves inundaciones, con varias víctimas mortales.
Sin embargo, varios socios de la UE no parecen demasiado preocupados, al menos de momento.
Según el informe del ejecutivo de Bruselas, Bulgaria, Chipre, Grecia, Malta, Portugal y Eslovaquia no han presentado sus planes obligatorios de gestión del riesgo de inundaciones, que tenían que haber entregado a Bruselas en marzo de 2022.
No son los únicos: otros «muchos» países adoptaron sus planes con retraso, lo que obligó a la Comisión a iniciar procedimientos de infracción.
Según la Directiva comunitaria sobre inundaciones, los Estados miembros deben cartografiar las zonas con riesgo de inundación y establecer planes que minimicen y gestionen los riesgos. El informe evalúa los planes nacionales para el periodo 2022-2027.
Incluso entre los que sí presentaron planes, la mayoría «no incluyó objetivos cuantitativos, lo cual dificulta sacar conclusiones sobre la eficacia de la gestión del riesgo de inundaciones», asegura Bruselas.
La mayoría de los países del bloque siguen dando prioridad a otras medidas de protección, entre ellas la construcción de diques.
Pero Bruselas quiere más inversión en medidas de prevención proactivas, entre ellas evitar la construcción en zonas propensas a las inundaciones y redoblar los esfuerzos para predecirlas mejor.
La restauración de los ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza y los sistemas de alerta temprana son otras medidas que deberían adoptar las autoridades nacionales, según alerta Bruselas.
Estas y otras conclusiones del informe se incorporarán a la próxima Estrategia de Resiliencia Hídrica de la UE, prevista para mediados de 2025.
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[Editado por DC y MM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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La UE se enfrenta al reto de conjugar un transporte por carretera sostenible y económicamente viable
Bruselas (Euractiv.com.es) – El transporte por carretera se ha convertido en una prueba de resistencia para la credibilidad de Europa, al tiempo que los esfuerzos del bloque comunitario por reducir las emisiones de C02 entran en una fase decisiva. Se trata del único sector en el cual las emisiones contaminantes aumentan a pesar de que la electricidad, los edificios y la industria se mueven gradualmente a la baja.
La mayoría de los turismos y casi todos los camiones siguen funcionando con combustibles fósiles y, con una vida útil de más de una década, cada año de retraso determina el perfil de emisiones de la década de 2030. El riesgo ya no es simplemente no alcanzar los objetivos, sino quedar atrapados en una década de contaminación adicional con consecuencias a largo plazo para el resto de sectores de la economía.
El impulso a la electrificación
En ese sentido, una nueva evaluación del ciclo de vida realizado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) concluye que los turismos eléctricos vendidos en la UE ya superan en emisiones a los vehículos de gasolina y diésel, incluso si se tiene en cuenta la fabricación y el mix eléctrico actual.
A medida que el sector energético se descarboniza, la ventaja aumenta, lo que convierte a los vehículos eléctricos en una inversión más sólida a largo plazo tanto para los consumidores como para la industria y los gobiernos.
En el transporte de mercancías, tradicionalmente considerado el segmento más difícil de transformar, los aspectos económicos están cambiando con la misma rapidez. Un estudio sobre el coste total de propiedad muestra que los camiones eléctricos de baterías serán competitivos con los diésel en muchas rutas durante esta década, especialmente si se tienen en cuenta el combustible, el mantenimiento y la recarga en las comparaciones de costes. Lo que antes parecía tecnológicamente lejano se ha convertido en una realidad del mercado a corto plazo.
Por otro lado, otros trabajos académicos subrayan que los camiones de emisiones cero son técnicamente viables y comercialmente aprovechables. En las operaciones de larga distancia, los camiones eléctricos de batería y los de pila de combustible de hidrógeno pueden competir con los diésel tanto en emisiones durante su vida útil como en costes, siempre que cuenten con la infraestructura adecuada.
Reforzar el sistema energético
En ese sentido, investigaciones recientes sugieren que la electrificación aporta beneficios más allá del sector del transporte. Un estudio de modelización para 2025 que abarca 33 países europeos concluye que la electrificación total del transporte terrestre es óptima en términos de costes incluso sin limitaciones climáticas estrictas.
Coordinando la recarga de los vehículos eléctricos con la producción de energías renovables, Europa puede reducir la necesidad de almacenar baterías estacionarias y disminuir los costes de los sistemas energéticos. Los autores del estudio calculan que la flexibilidad del vehículo podría minimizar las inversiones necesarias para estabilizar la red.
A menudo se ignora la interdependencia entre las políticas de transporte y electricidad. La movilidad eléctrica no sólo depende de un sistema energético limpio, sino que contribuye activamente a crearlo. Con la expansión de la energía eólica y solar, la recarga de vehículos eléctricos se convierte en un instrumento para equilibrar la demanda e integrar la generación variable, una ventaja del sistema que los vehículos de combustión interna no pueden ofrecer.
Los costes del retraso
Otro análisis de la misma comunidad de investigadores pone de relieve los riesgos de ir demasiado lentos. El estudio concluye que posponer la electrificación a gran escala podría aumentar los costes de todo el sistema en cerca de 126.000 millones de euros al año, al trasladar la carga de la descarbonización a los edificios, la industria y la agricultura.
Esos sectores se verían obligados a compensar las reducciones no logradas en el transporte por carretera, lo que crearía tensiones políticas y exigiría intervenciones mucho más contundentes más adelante.
Las instituciones de la Unión Europea (UE) también han expresado su preocupación por el ritmo de la transición. El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido en un informe sobre la recarga de vehículos eléctricos que la infraestructura está «desigualmente desplegada» en los Estados miembros, lo que complica los desplazamientos transfronterizos y socava los objetivos climáticos de la UE.
Por otra parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que las emisiones del transporte siguen aumentando, a pesar de las reducciones en el resto de sectores importantes, lo cual refuerza la urgencia de un cambio estructural.
En resumen, esas conclusiones sugieren que la indecisión es muy perjudicial: aumenta los costes, debilita la estrategia industrial de Europa y se corre el riesgo de aumentar las diferencias entre los Estados miembros.
Acelerar la electrificación
La investigación apunta en una dirección clara: Europa no carece de tecnologías, vías o justificación económica para descarbonizar el transporte por carretera: falta adaptar la aplicación de las políticas a las pruebas científicas y económicas.
La electrificación se tiene que acelerar en paralelo al despliegue a gran escala de la infraestructura de recarga, especialmente para los vehículos pesados. La aplicación nacional de la normativa de la UE, incluidas las nuevas normas de CO2 y el Reglamento sobre infraestructuras de combustibles alternativos, determinará si la transición tiene éxito o se estanca.
Al mismo tiempo, la política de transportes no puede centrarse únicamente en los vehículos. La planificación urbana, el transporte público y las inversiones en movilidad activa son esenciales para reducir la demanda y mejorar la accesibilidad. Los estudios demuestran que la electrificación, aunque necesaria, no conseguirá por sí sola la reducción de emisiones para 2030.
Europa se enfrenta a una elección estratégica. Las pruebas hasta la fecha apuntan a una vía tecnológicamente madura, económicamente racional y beneficiosa, siempre que se acelere el ritmo. Si la UE aprovecha esta oportunidad, no sólo determinará su futura política climática, sino también su competitividad, seguridad energética y cohesión social en los próximos años, según los expertos.
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(Editado por BM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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La UE llega a un acuerdo para reducir las normas de sostenibilidad de las empresas
Bruselas (Euractiv)- Tras meses de presiones del sector, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron el martes por la mañana un compromiso para reducir los requisitos de sostenibilidad e información de las empresas, después de más de siete horas de negociaciones.
El acuerdo va más allá de lo propuesto por la Comisión en cuanto al recorte de las obligaciones de información de las empresas, aunque no llega a la amplia reducción que una mayoría de derechas acordó en el Parlamento el mes pasado.
Jörgen Warborn, negociador del PPE que dirige las negociaciones en el Parlamento, celebró el resultado. «Estamos cumpliendo con el Pacto Verde. Antes había verde, pero no había acuerdo», dijo. «Es una victoria para la competitividad y para Europa».
Su principal aliada en este asunto, Pascale Piera, del grupo ultraderechista Patriotas de Europa, ofreció una lectura muy distinta, al presentar el acuerdo como un golpe mortal para el Pacto Verde. Al suprimir los requisitos para que las empresas adopten planes de transición climática, «hemos logrado derribar lo que era esencialmente el símbolo clave del Green Deal, y esto es inevitablemente un impulso para la economía», declaró a Euractiv.
Ante la presión de los grupos empresariales, la Comisión había propuesto una reducción parcial como parte de su primer paquete ómnibus. Pero el Partido Popular Europeo, de centroderecha, unió fuerzas con la extrema derecha para exigir un alcance mucho más reducido.
Más empresa, menos sostenibilidad
Las normas de la UE aprobadas el año pasado obligan a las grandes empresas a aplicar la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor, en virtud de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial.
Paralelamente, la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) obliga a las grandes empresas que cotizan en bolsa a divulgar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluida su estrategia climática y sus planes de transición.
Según el acuerdo provisional, la información social y medioambiental sólo se aplicará a las empresas de la UE con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios neto anual superior a 450 millones de euros, frente al umbral de 50 millones propuesto inicialmente por la Comisión. La presidencia danesa del Consejo de la UE calcula que los umbrales revisados eximen a más del 85% de las empresas que de otro modo entrarían en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Elevación del umbral
En cuanto a la diligencia debida, el umbral se ha elevado considerablemente. En lugar de aplicarse a las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios de al menos 450 millones de euros, la obligación sólo se aplicará ahora a las que tengan más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros.
En línea con la posición del Parlamento, el nuevo régimen de información también elimina por completo los planes obligatorios de transición climática.
Se espera que el Parlamento Europeo formalice el acuerdo en una votación el próximo martes, y que los embajadores de la UE examinen el expediente y tomen una decisión al respecto esta misma semana.
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(Editado por cz/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre/Euractiv.es)
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Ametller Origen instala un sistema automático de pago por retorno de botellas

El Grupo Ametller Origen ha instalado en uno de sus establecimientos de Barcelona la primera máquina del sector de la distribución alimentaria que permite a los clientes devolver automáticamente envases de vidrio a cambio de una compensación económica.
La compañía ha puesto en marcha esta prueba piloto, pionera en España, con el objetivo de alargar la vida útil de los envases de vidrio, impulsando su reutilización y reduciendo el impacto ambiental.
La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto ‘Re-Retail: recuperación de envases reutilizables en el punto de venta’, cuenta con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña y la coordinación de la consultora en sostenibilidad Inèdit, informa Ametller Origen.
Proceso mecanizado
Este proyecto funciona por ahora en la tienda del número 47-53 de la calle Numancia de Barcelona, donde los clientes pueden devolver envases de vidrio de productos como la leche Letona o la kombucha Flax. Por cada devolución, reciben una compensación de 45 céntimos en el caso de las botellas de leche y de 25 céntimos por las de kombucha.
La empresa de servicios circulares POTS se encarga de la higienización de las botellas.
«La circularidad es un pilar fundamental de nuestro plan estratégico de sostenibilidad. Con proyectos como este, damos un paso más para testar modelos de reducción de la huella de carbono de nuestra cadena de valor y construir un modelo alimentario más responsable y eficiente», explica la directora de Sostenibilidad de Ametller Origen, Amaya Prat.
Y es que, según la compañía, por cada botella de vidrio recuperada y reutilizada se reduce entre un 88 y un 90 % el impacto ambiental en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kgCO₂eq) y entre un 78 y un 81 % el impacto en consumo de agua respecto a un envase de un solo uso.
Para Alfred Vara, jefe del departamento de prevención y eficiencia de recursos de la Agencia de Residuos de Cataluña, el proyecto «se alinea con la prioridad de avanzar en la reutilización de los envases, también en el ámbito del retail, un sector complejo», y refuerza la apuesta de Ametller Origen por reducir este tipo de residuos.
Por su parte, Mar Barri, responsable de Sostenibilidad de Kombucha Flax, resalta que sus botellas están especialmente diseñadas para ser reutilizadas y que proyectos como este «están muy alineados» con sus valores.
Apuesta por la economía circular
Ametller Origen y Letona iniciaron su colaboración en el ámbito de la economía circular en marzo de 2022, cuando pusieron en marcha el primer proyecto de envases de vidrio retornable en el sector alimentario.
En una primera fase, quince tiendas de Ametller Origen vendieron en exclusiva la leche Letona UHT entera de un litro en formato de vidrio retornable. Desde el inicio del proyecto, la tasa media de retorno se ha mantenido en el 46 %, con más de 7.896 botellas recuperadas.
La sostenibilidad «es un eje estratégico» de Ametller Origen, subraya la compañía, que apuesta por el ecodiseño y la circularidad de los envases como palancas para reducir la huella ambiental.
Entre otras iniciativas, destaca la implantación del ‘hallopack‘, un envase con un 80 % menos de plástico, que permite ahorrar anualmente más de 50 toneladas de plástico de un solo uso, la promoción de bolsas reutilizables o la sustitución de las bolsas de plástico por alternativas compostables o de papel.
Además, la compañía fomenta el consumo responsable con opciones como comprar con ‘tupper‘ propio en las secciones de carnicería y charcutería. EFE
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