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El lobo en Europa, en grave peligro por las normas laxas y la «moda» de la caza

Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los esfuerzos realizados por la Unión Europea (UE) en los últimos 30 años para proteger a los lobos en Europa están en entredicho pues el incremento de la caza, la manipulación de las estadísticas y una Comisión Europea que parece tomarse a la ligera su compromiso de conservación, amenazan gravemente el futuro de la especie.
Los lobos, que estuvieron al borde de la extinción antes de que la UE impulsara su protección en los años 90, vuelven a estar amenazados, pues la población se ha recuperado desde entonces y es -supuestamente- una molestia para los agricultores del bloque.
Los cazadores matan lobos en grandes cantidades en toda Europa a diario, pero para muchos parece que se trata más de una diversión que de la protección real del ganado que alegan para acabar con la vida de los animales.
Y las cosas para los cazadores de lobos se van a poner aún más fáciles: la Comisión Europea ha presionado en las últimas semanas para que se rebaje la protección de los lobos en el marco del Convenio internacional de Berna, un primer paso necesario para cambiar las normas a escala de la UE.
Aunque eso no «cambia la obligación legal de los Estados miembros de proteger la especie y preservar sus poblaciones», como señaló el responsable de medio ambiente de la UE a principios de mes, la realidad es muy distinta.
Los cazadores de algunos países marcan los lobos jóvenes como «trofeos», las autoridades de otros hacen la vista gorda ante la caza ilegal y Bruselas basa sus esfuerzos de conservación en datos estadísticos de dudosa fiabilidad.
Cazar lobos jóvenes como “trofeos” no para proteger al ganado
En ese sentido, las perspectivas son alarmantes. En el Báltico se prevé que mueran 800 lobos, puesto que los cazadores podrán abatir 341 animales en Lituania, 300 en Letonia y 134 en Estonia durante esta temporada de caza.
Se cree que algunos serán cachorros, lo cual supone un aumento considerable en comparación con la última temporada de caza 2023-2024, en la cual los cazadores pudieron abatir 281 lobos en Lituania, 149 en Estonia y 300 en Letonia.
En Letonia se caza anualmente «alrededor del 50-60%» de la población de lobos, según el plan de acción para el lobo del gobierno, en el cual se afirma que a los cazadores les gusta exhibir pieles y cráneos como «trofeos raros», incluidos cachorros y hembras preñadas.
«Los cachorros de lobo empiezan a acompañar a sus padres en la caza en diciembre. Hasta diciembre, en Letonia se mataron entre 200 y 250 lobos en los últimos seis años», explica a Euractiv Mareks Vilkins, de la ONG Lobos y Linces de Letonia.
«Por tanto, no quedan muchos lobos vivos para aprender las técnicas de caza» de sus progenitores, añade Vilkins.
Si se mata a los lobos cazadores experimentados de la manada, los más jóvenes tenderán a atacar presas fáciles, entre ellos ovejas y ganado.
En cuanto a la depredación de ovejas -que afecta anualmente al 0,06% del rebaño total de la UE, según el informe de la Comisión de 2023, que también admite que la caza no reduce sustancialmente los niveles de depredación-, esto también es un problema.
«Toda esta matanza sólo aumentará la depredación de ovejas porque los lobos jóvenes no tendrán la habilidad para cazar» y eso «será utilizado por el lobby de cazadores y el [Servicio Forestal del Estado] para justificar el aumento de la cuota de lobos», alerta Vilkins.
Mientras que el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de las especies estrictamente protegidas, es el Servicio Forestal del Estado el que decide sobre los cupos de caza del lobo «en interés del lobby de los cazadores, que ven a los lobos y linces como plagas y alimañas«, subraya.
En su opinión, la edad media de los cazadores de los países bálticos es de 50-60 años, lo cual significa que «nacieron en la soviética y tienen una actitud muy hostil hacia los lobos».
Cuestionable comprobación de hechos entre los burócratas de la UE
Según las normas de la UE, las cacerías -aunque estén autorizadas– no deben amenazar la preservación de los lobos. No obstante, las cifras de conservación que los socios del bloque envían a Bruselas pueden no reflejar la realidad.
«Los burócratas letones conocen los Valores de Referencia Favorables (VRF) y, por tanto, presentan cifras que superan significativamente los VRF para apaciguar a los perezosos burócratas de la Comisión Europea«, comenta Vilkins.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), se prohíbe la caza de lobos si el número de animales es inferior al VFR del país.
Según Vilkins, los informes se hacen cuando nace la camada, pero las cifras se recortan después, cuando empiezan las cacerías, con el consiguiente aumento del número de lobos muertos.
Una reciente auditoría estatal en Letonia reveló que el Servicio Forestal podría estar proporcionando estimaciones de población de lobos muy superiores a las cifras reales, además de que sus datos son «cuestionables» y no son rastreables ni verificables.
Existe «una elevada probabilidad de que el tamaño de la población que determina el Servicio difiera cada vez más de la situación real», añade el informe.
Con ello, ese servicio estatal también calcula las cuotas de captura basándose en los mismos datos poco fiables.
Aunque el estatus de los lobos en Europa se modificó gracias a la iniciativa de Bruselas, el Ejecutivo comunitario «no tiene competencias para vigilar sobre el terreno especies o tipos de hábitats cubiertos por la Directiva de Hábitats», explica a Euractiv un portavoz de Bruselas.
Cacerías ilegales en Francia, Alemania y Suecia
No obstante, en Europa la situación es dispar.
En Francia, el «gobierno siempre ha permitido las matanzas de lobos», comenta a Euractiv Rodolphe Gaziello, presidente de la ONG Le Klan du Loup, al tiempo que añade que el país «nunca ha respetado el Convenio de Berna».
Aunque no se produzca ningún ataque de lobos, Francia ha permitido abatir este año 192 lobos, es decir, alrededor del 20% de la población total de lobos, según informa Le Monde.
A pesar de que las autoridades proporcionan a los pastores «vallas eléctricas y perros» como medidas de protección, se prefiere el método de «disparar a matar» por «razones políticas», lamenta Gaziello.
Según la Directiva Hábitats de la UE, la caza sólo está permitida cuando no exista una alternativa satisfactoria.
«El gobierno ofrece medidas de protección que no se utilizan», añade Gaziello.
El nuevo plan de gestión del lobo en Francia también facilita la caza.
«La coexistencia con la vida salvaje está gravemente obstaculizada cuando los enfoques institucionales no reconocen ni anticipan el riesgo, manteniendo en cambio un estado de urgencia», comenta Fiona Hurrey, experta del Programa de Medio Ambiente de la ONU.
Una investigación realizada por Hurrey analizó las «tensiones políticas y sociales aparentemente desproporcionadas en relación con el nivel de impacto que la especie tiene en el sector agrícola» y en la «seguridad humana», comenta la experta.
La situación en Alemania presenta otra cara.
Allí se han dado casos en los cuales las medidas de protección «no se consideran ‘razonables’ para los ganaderos de determinadas zonas (por ejemplo, regiones alpinas, zonas costeras con presas) o para el ganado vacuno o los caballos grandes», explica a Euractiv James Brückner, responsable del departamento de fauna salvaje de la Asociación Alemana para el Bienestar Animal.
Eso significa que «es más fácil conceder exenciones para eliminar un lobo en caso de que se produzcan ataques», añade Brückner.
Cuando se producen ataques, se suele matar al lobo equivocado.
Desde 2010, en Alemania 95 lobos han aparecido muertos víctimas de la caza ilegal, y casi 900 han muerto en accidentes de tráfico.
«La cifra oscura [matanzas ilegales] es mucho mayor», comenta a Euractiv un cazador alemán bajo condición de anonimato.
Calcula que las matanzas ilegales podrían llegar a 100 lobos al año.
En Suecia, el fenómeno de la caza ilegal también es preocupante. Ello llevó a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra el país en 2015.
Por otro lado, Suecia quiere reducir el número de lobos de 300 a 170, una decisión que la Comisión Europea aún puede impugnar.
No obstante, el gobierno ha ordenado los preparativos para futuras cacerías de hasta 170 lobos, según explica a Euractiv Magnus Orrebrant, presidente de la Asociación Sueca de Carnívoros.
¿Promesas en “papel mojado”?
Todos estos casos y la falta de reacción de Bruselas, hacen que la promesa de la UE de preservar al lobo en Europa se pueda quedar potencialmente en papel mojado.
El Congreso de los Diputados español ha votado hace poco a favor de levantar la prohibición de la caza del lobo.
«Con la reducción del estatus de protección, es muy probable que Alemania comience a reducir el número de lobos, ya que varios políticos y estados federales lo han pedido durante bastante tiempo, especialmente los conservadores (CDU) y la formación de ultraderecha AfD«, comenta Brückner. Incluso la ministra de Medio Ambiente (Los Verdes), Steffi Lemke, apoyó la medida.
Algunos estados federales (länder) incluyen a los lobos en su legislación de caza, y los cazadores son oficialmente responsables del seguimiento de las poblaciones de lobos en varios estados, entre ellos Baja Sajonia, comenta Brückner.
«Todos los expertos coinciden en que la caza del lobo no reducirá el número de ataques al ganado, sobre todo si no existen medidas de protección del ganado«, subraya.
«Por tanto, si en el futuro se sacrifican lobos, será una maniobra política, al igual que lo fue a nivel de la UE», añade Brückner.
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[Editado por DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Los Verdes alemanes exigen medidas urgentes tras una primavera de sequía récord

Berlín (Euractiv.de/.es) – El partido alemán Los Verdes, en la oposición, ha instado esta semana al gobierno del canciller, Friedrich Merz (CDU/PPE), a asignar urgentemente fondos para la adaptación al cambio climático después de la publicación de un informe de la agencia meteorológica nacional en el cual se alerta de que esta primavera ha sido una de las más secas y cálidas desde que se tienen registros en el país europeo.
En un borrador de propuesta al cual ha tenido acceso Euractiv-Berlín, el grupo parlamentario de los Verdes pide al gobierno de coalición de la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD/S&D) que «proporcione la base financiera necesaria tanto para las medidas locales que se requieran como para la tarea conjunta de adaptación climática», y que active los planes ya recogidos en las estrategias nacionales sobre agua y adaptación climática.
En la propuesta se pide además reforzar las medidas de protección contra el calor en el sector sanitario y en los puestos de trabajo, al tiempo que se subraya la necesidad de «tener en cuenta las consecuencias que las sequías recurrentes tienen para la movilidad de las personas y el transporte de mercancías».
El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) publicó el viernes (30 de mayo) datos de la primavera de 2025, que calificó como «demasiado cálida, muy seca y con muchas horas de sol».
La temperatura media registrada fue de 9,8°C (1,9°C superior a la media del periodo 1961-1990) y 0,7°C por encima de la del periodo 1991-2020.
Por otro lado, los niveles de precipitación fueron un 48% y un 44% inferiores a los de esos periodos respectivos, lo que la convierte en la primavera más seca desde 2011 y la sitúa entre las tres más secas jamás registradas en el país.
En relación con los resultados del informe del DWD, los Verdes aseguran que Alemania está pagando un elevado precio, ya que «el transporte fluvial, las granjas y las panaderías por igual [están] sufriendo por la carga de la sequía».
Todos esos elementos conjugados darán como resultado «precios más altos de la gasolina, la cerveza, el pan y otros productos cotidianos», se apunta en la propuesta.
Por otra parte, los Verdes recuerdan los recientes incendios forestales registrados en el país –un problema más frecuente en los países del sur de Europa- y subrayan los riesgos para la salud que supone el calor extremo, sobre todo para una población cada vez más envejecida.
El bajo caudal de los grandes ríos alemanes, entre ellos el Rin, el Elba y el Danubio ha ocupado los titulares de las noticias en las últimas semanas, al igual que las advertencias de agricultores y científicos sobre el probable impacto de la desecación del suelo en los cultivos de primavera.
En ese sentido, el ministro alemán de Clima y Medio Ambiente, Carsten Schneider, expresó esta semana su gran preocupación por la magnitud de la sequía, bastante inusual en Alemania.
La propuesta de los Verdes será debatida en el Bundestag el próximo 6 de junio.
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(Editado por RH/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Los sénior canarios, los más digitalizados de España, según un informe de Fundación Mapfre

La población senior de Canarias, mayores de 55 años, es la que más conectada está y más usa las TIC en toda España, según destaca el estudio realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.
Su director, Juan Fernández Palacios, ha destacado en rueda de prensa que aunque las islas son líderes en población sénior que usa con asiduidad las tecnologías de la información, con un porcentaje que alcanza el 28,4 % de usuarios TIC mayores de 75 años, están «muy lejos de ser ‘age friendly’, ya que en solo tres de los indicadores estudiados están por encima de la media nacional y 19 por debajo.

Si bien Canarias destaca «por su notable avance en plazas de centros de día para mayores, con 1,51 centros por cada 10.000 habitantes, y ha mejorado su tasa de desempleo», sus pensiones tienen «las medias más bajas», ha referido.
En Canarias, los mayores de 55 tienen «uno de los patrimonios en planes de pensiones medios más bajos, de 7.289 euros, y una pensión media de 1.271 euros«.
Aunque en el archipiélago «se están dando pasos hacia adelante para responder al reto del envejecimiento poblacional», ha asegurado que «hay un gran margen de mejora».
El salario medio de los mayores de 55 años es de 26.224,51 euros, la 13º posición entre el resto de comunidades, manteniéndose en la misma posición que en la edición anterior.
En lo relativo a la tasa de actividad, Canarias baja al 30,99 %, un puesto menos desde la edición anterior, y en la tasa de ocupación de mayores de 55 años alcanza el 19,5 %, la 15º posición desde la 14 º de hace un año.
En lo relativo a los servicios, Canarias ocupa la segunda posición en cuanto al número de plazas en centros de día por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con 145,52 plazas, subiendo desde la quinta posición, pero cae al 16ª puesto en lo relativo al número de plazas en centros residenciales por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, con un total de 256,81.
También se coloca a la cola como el 15º territorio en relación con la tasa de cobertura de servicios asistenciales a sénior, que se sitúa en un 5,06%.
Esta investigación se basa en la recopilación de más 420 datos de diferentes fuentes oficiales y pretende ofrecer una visión «completa y realista de esta apuesta en términos de empleo, pensiones, participación política o infraestructuras sociales, entre otros».
En esta edición, se ha añadido información sobre el grado de independencia de los sénior, es decir, sobre su capacidad económica, situación de discapacidad y nivel de utilización de las nuevas tecnologías.
«Adaptarse a las necesidades de la población sénior no solo es un desafío social, sino también una oportunidad para el desarrollo económico”, ha apuntado Fernández-Palacios, que considera que este es uno de los grandes retos actuales, ya que en una población de «envejecimiento acelerado» se debe «tener esto en cuenta y trabajar junto con la administración para generar nuevas oportunidades, bienestar y calidad de vida para los mayores».
En 2050, el 50 % de la población en España tendrá más de 55 años, por lo que «será determinante para el futuro del país, que pasa por ellos», que son «parte fundamental del tejido económico, con un gran poder adquisitivo, una participación activa en el consumo y una contribución clave en el mercado laboral».

Este informe busca, ha dicho, «contribuir y sensibilizar para tomar conciencia de la nueva situación en la que estamos como sociedad» en la que «cada vez hay más canas y menos jóvenes».
A nivel nacional, destacan las comunidades del noroeste de España, como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León como las más envejecidas, mientras que Baleares, Murcia o Madrid están en el lado opuesto.
Este estudio destaca que en España la población se mantiene sin discapacidades serias hasta los 79 años de media, lo que implica que tiene «una capacidad de contribución importante», especialmente en el número de autónomos que está por encima del 4 %, con «más autónomos de 55 años que personas jóvenes».
El director del Centro de Investigación Ageingnomics ha recalcado que España y Canarias «necesitan a la población sénior en la economía de las empresas» y ha opinado que «si seguimos con la tendencia de pensar que estas personas de 55 a 65 deben estar en casa y descansar, vamos a generar problemas en sectores y actividades» en el medio y largo plazo.
En esa línea, ha resaltado que la población sénior en Canarias es «una generación que no tiene que ver con el estereotipo de persona mayor», ya que son «muy activas, les encanta viajar, tienen inquietudes culturales crecientes y un buen nivel de formación».
En lo económico, ha apuntado que «el 50 % de los mayores de 55 ayuda de forma regular a otros miembros de su familia, por lo que son «base fundamental de la economía» en el archipiélago. EFE
lbl/pcr
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Bruselas impone normas sobre CO2 a los grandes productores europeos de petróleo y gas

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha identificado a 44 grandes productores de petróleo y gas para que colaboren en el objetivo de la Unión Europea (UE) de almacenar 50 millones de toneladas anuales de CO2 subterráneos de aquí a 2030.
El objetivo de los 50 millones de toneladas, fijado en la Ley de Industria Neta Cero, apunta a impulsar las medidas de captura y almacenamiento de CO2 perjudicial para el clima, en un proceso que normalmente se realiza bajo tierra y en yacimientos de gas agotados.
Hasta la fecha no existían normas claras sobre qué empresas petroleras que operan en la UE pagarían la factura.
Las nuevas normas aprobadas el miércoles de esta semana especifican que las empresas que extraigan menos de 610.000 toneladas equivalentes de petróleo entre 2020 y 2023 -o que aporten menos del 5% de la producción total de petróleo crudo y gas natural de la UE- quedarán exentas de la obligación.
El borrador con el listado de empresas petroleras sujetas a la obligación -o exentas de ella- fue publicado este jueves (22 de mayo) por la tarde.
Las empresas incluidas deberán presentar a la Comisión Europea planes detallados de cumplimiento antes del 30 de junio de 2025.
La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) advirtió en el marco de una consulta pública sobre el proyecto legislativo, que se cerró en abril, de que el plazo era «demasiado corto».
El grupo de presión también expresó su preocupación por el umbral del 5%, alegando que pondría la carga sobre las espaldas de un pequeño número de grandes empresas energéticas o daría lugar a un «aumento injustificado y extraordinario de las obligaciones entre un número limitado de entidades».
En su lugar, defendió que el punto de corte debería ser el 1% de la producción de la UE.
Sin embargo, un umbral menor «podría haber supuesto una mayor carga administrativa para la Comisión Europea y los Estados miembros», aseguró esta semana Hanna Biro, de la Fundación Medioambiental Bellona, al tiempo que añadió que reduciría su capacidad para hacer cumplir la ley.
Según el reglamento, el punto de corte del 5% pretende «concentrar el esfuerzo administrativo para las autoridades nacionales y para las entidades obligadas en aquellas entidades que, debido a sus actividades significativas en la producción de hidrocarburos, disponen de los medios financieros y técnicos para invertir en el despliegue de emplazamientos de almacenamiento geológico de CO2«.
El objetivo de 50 millones de toneladas es «técnicamente viable», destacó Biro.
«Lo que necesitamos es un fuerte apoyo de los Estados miembros para garantizar que los procesos administrativos y la concesión de permisos se desarrollen sin problemas y no se conviertan en cuellos de botella», subrayó.
«Admitimos que es algo ambicioso en un mercado emergente con costes realmente altos, costes iniciales y riesgos elevados. Francamente, para eso existe este objetivo: para romper este ciclo de incertidumbre inversora», puntualizó.
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(Editado por RH/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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