Mientras la comunidad internacional discute cómo fortalecer la acción climática global, uno de los grandes desafíos radica en cómo transformar un sistema de financiamiento que, aunque crece en compromisos, no logra responder a las necesidades de quienes están en la primera línea de batalla: las comunidades locales.

La necesidad de implementar un financiamiento a gran escala fue una de los acuerdos que hicieron los países en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en Belém, Brasil, que se realizó entre los pasados 10 y 21 de noviembre.

Expertos consultados por EFE enfatizaron, sin embargo, que el diseño de los fondos de Naciones Unidas y de los mecanismos nacionales fue creado para interactuar principalmente con gobiernos y no contempla las ayudas económicas necesarias para las comunidades que implementan las soluciones en el territorio.

“Los fondos multilaterales son creados por gobiernos nacionales y son diseñados para ser utilizados por ellos. No están diseñados para aterrizar a la realidad de una comunidad local”, dijo a EFE Andrés Mogro, gerente programático de la Fundación Avina, organización sin fines de lucro que busca apoyar el desarrollo sostenible en América Latina.

Estas comunidades, que son las que ponen el cuerpo a la lucha cotidiana contra el cambio climático y las que sufren de forma más directa el impacto de esta problemática, son también las que más obstáculos encuentran para acceder a fuentes de financiamiento.

«Los recursos rara vez llegan a las comunidades y territorios que realmente protegen y regeneran los ecosistemas y biomas. Esto se ha manifestado de diversas maneras, especialmente en los territorios amazónicos y otras regiones del sur global», aseguró a EFE Raimundo Alves, coordinador ejecutivo de la Asociación Comunitaria de Educación en Salud y Agricultura (ACESA) de Brasil.

Experiencias comunitarias

Alves mencionó el caso del proyecto ‘Barraginhas‘, implementado en la Amazonía brasileña y coordinado por él, que describió como un

ejemplo exitoso de cómo las comunidades combaten el cambio climático.

Se trata de una experiencia comunitaria que involucra a 240 familias de agricultores de Maranhão a cargo de pequeñas represas de tierra que filtran el agua de lluvia, regeneran el suelo, recargan las fuentes de agua y fortalecen la biodiversidad.

La implementación de las ‘barraginhas’ fue posible gracias al apoyo de la Iniciativa BASE, impulsada por distintas organizaciones y coordinada por Avina, que busca promover un mayor acceso al financiamiento climático para las comunidades locales.

Gracias a este proyecto en la Amazonía, la vegetación se fortaleció, los manantiales que antes estaban enterrados se regeneraron, las familias adoptaron sistemas agroforestales y se observó una disminución considerable del uso de pesticidas.

«Estas pequeñas represas demuestran que acciones sencillas y de bajo costo, basadas en el conocimiento local, pueden generar profundos impactos en la adaptación climática«, explicó Alves.

Además, instó al sistema internacional a «reconocer que la innovación no solo se encuentra en laboratorios o grandes centros urbanos, sino también en prácticas ancestrales y tecnologías sociales desarrolladas e implementadas por comunidades y territorios tradicionales».

Trabas burocráticas

Uno de los desencadenantes de este problema, explicaron los expertos, es la dificultad de los pequeños actores locales de medir el impacto de su trabajo y aportar lo que se conoce como evidencia climática, elementos necesarios para acceder a financiamiento.

«Aunque hoy existe evidencia robusta sobre la eficacia de soluciones locales, los fondos siguen exigiendo pruebas técnicas», resumió Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).

«Muchos quedan fuera del financiamiento porque no encajan en marcos metodológicos», explicó Guzmán y agregó: «Necesitan pruebas, evidencias, contactos y muchos documentos que son parte fundamental de la estructura burocrática de una institución».

El proyecto ‘Tonelada Justa‘ de la Fundación Avina busca mitigar esta problemática al medir el impacto del trabajo de los recicladores de base en América Latina a partir de indicadores verificables.

Los recicladores, explicó a EFE Mogro, «no hablan el idioma de los científicos climáticos» pero aún así están «en la primera línea de acción frente a la crisis» y su contribución debe ser valorada. EFE

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La principal carretera de Brasil, la Vía Dutra, que une Río de Janeiro y São Paulo, está dando los primeros pasos para convertirse en un corredor logístico verde, con la electrificación de su flota de camiones.

El proyecto, llamado Laneshift e-Dutra, fue presentado en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) y pretende revolucionar el transporte de cargas en Brasil, que se realiza principalmente por carretera.

El e-Dutra nació con el apoyo de un consorcio de 17 empresas del sector del transporte y la logística, entre ellos gigantes como Volkswagen, o Amazon y LOTS Group, una empresa de soluciones tecnológicas para el sector del transporte del Grupo Scania, responsable del primer viaje.

“Lo que estamos mostrando con este proyecto es que la logística sostenible no es algo para dentro de diez años. Ya es posible hoy”, afirmó a EFE Edson Guimarães, director ejecutivo para América Latina de LOTS Group.

El plan es ambicioso: hasta 2030, cerca de 1.000 camiones eléctricos deberán cruzar diariamente la Vía Dutra, que conecta a 60 millones de personas en los dos principales polos económicos de Brasil, que son responsables del 41 % del PIB.

Cuando esto sea una realidad, se evitará la emisión de cerca de 75.000 toneladas de CO2, lo que equivale a los gases que generan cerca de 16.000 automóviles de combustión.

Para Guimarães, el e-Dutra es un ejemplo de cómo la colaboración entre empresas, gobiernos y organizaciones técnicas es “la espina dorsal” de la transición del diésel a energías limpias.

“Ningún actor consigue hacer esta transformación de forma aislada. La logística verde solo avanza cuando toda la cadena trabaja de manera coordinada”, explicó.

El biometano, otra vía para el transporte verde

Además del proyecto en la Vía Dutra, LOTS presentó en la COP30 otro piloto de descarbonización: la primera ruta de larga distancia con camiones a biometano, en un proyecto que une Scania, Ultragás y el Senai, una institución privada sin ánimo de lucro que ofrece formación profesional y tecnológica para la industria brasileña.

La ruta, de 2.950 kilómetros, une São Bernardo do Campo, urbe vecina a São Paulo, y Belém, ciudad amazónica en la que se desarrolla la cumbre climática de la ONU.

Este tipo de proyectos, según Guimarães, van a contribuir a disminuir la llamada “paridad de costo total de propiedad”, es decir, harán que los camiones eléctricos y con combustibles sostenibles igualen en precio a los de diésel.

“Hoy vemos muchos proyectos pilotos, pero todavía a poca escala. Para escalar, la transición necesita costos equivalentes al modelo tradicional. Ese es el gran acelerador”, señaló.

LOTS asegura que ya ha mostrado que es posible avanzar hacia esa paridad, en un proyecto reciente de logística con la industria de empaques metálicos, que permitió mejorar más del 200 % la eficiencia operativa en apenas dos meses, reduciendo horas y optimizando rutas para compensar el costo de tecnologías verdes.

Guimarães insiste en que ese camino —»más eficiencia, más cooperación y más electrificación»— será crucial para que el e-Dutra deje de ser un piloto y se convierta en el primer corredor logístico verde a gran escala de América Latina.EFE

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En la búsqueda global de una transición justa y equitativa hacia un futuro sostenible, la estrategia de empoderamiento comunitario emerge como una de las herramientas más efectivas, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad como el Corredor Seco centroamericano.

El enfoque aborda las urgentes necesidades de asistencia técnica y adaptación al cambio climático en este territorio árido, además de garantizar que comunidades locales se conviertan en actores centrales de su resiliencia y desarrollo sostenible.

Ese fue uno de los temas del panel ‘Transición energética justa en Centroamérica: avances, desafíos y oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible más allá de la mitigación climática para poblaciones altamente vulnerables’, convocado por la organización World Vision y Microsol, en el marco de la COP30.

El Corredor Seco, un área de 150.000 kilómetros que atraviesa Centroamérica hasta el sur de México, alberga aproximadamente a 20 millones de personas que se desarrollan en actividades agrícolas.

Si esta región fuese un país, sería el más vulnerable al cambio climático, según estudios de la organización World Vision, donde el 73 % de los habitantes viven en extrema pobreza, y muchos se ven obligados a migrar.

En estas condiciones, la comunidad empoderada se transforma en “socio clave” para desarrollar actividades y prolongar acciones de las organizaciones en territorio, afirmó  João Diniz, líder regional de World Vision para América Latina y el Caribe.

El programa ‘Esperanza para el Corredor Seco’, impulsado por World Vision, tiene como objetivo conectar a múltiples actores para mejorar la calidad de vida en algunas regiones del área y transformar a la comunidad local en protagonistas de la construcción de sus soluciones para que sean prósperas y sostenibles.

Ese empoderamiento va desde identificar y comprender sus necesidades y desafíos, hasta por ejemplo “entender cómo revisar un presupuesto municipal” para que la comunidad sea quien tenga noción para exigir respuestas a las instituciones.

Por eso, el proceso de la organización en el territorio puede extenderse de unos “diez a quince años”, afirmó Diniz, o «hasta que se vea una transformación”.

Ejemplo de éxito

En Guatemala, donde el Corredor Seco ocupa el 10 % del país, las necesidades abarcan varios frentes: asistencia humanitaria, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, acceso a una vivienda digna, cuidado de la tierra y la salud, entre otros.

La organización lleva a cabo una serie de proyectos en el territorio, entre los que se encuentra la iniciativa Utsil Naj, que significa “Un hogar saludable para todos” en maya, en alianza con la ONG peruana Microsol.

El proyecto, que también se desarrolla en México y en Honduras, busca resolver una necesidad de cocción limpia, en un país en el que 54 % de los hogares utiliza cocina con leña, según datos del último censo.

Con la instalación de más de 20.000 estufas mejoradas, se redujeron más de 200.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente y mejoró la salud de mujeres, niños y niñas al disminuir su exposición al humo.

Estas acciones, sumadas a la metodología FMNR (por sus siglas en inglés) de World Vision —una técnica de regeneración natural gestionada

por agricultores— contribuyen a restaurar ecosistemas degradados y avanzar en la captura de carbono, un modelo cuyo alcance quedó evidenciado en el foro, donde se destacó que uno de los proyectos redujo más de 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente.

Presente en el evento, el ministro de Energía y Minas de Guatemala, Víctor Hugo Ventura, afirmó que para el país la transición energética “no es solamente una apuesta”, sino que es “una necesidad”, y resaltó que debe ser justa yendo “por el principio” sin dejar “a nadie atrás”.

Queremos que “los donantes de los países principalmente desarrollados, se comprometan a invertir esos recursos en países como Guatemala, y con eso logramos apoyar a las comunidades a tener acceso a agua, a generar sus recursos naturales y también a tener prácticas más saludables”, afirmó Diniz.

“El Corredor Seco tiene necesidades”, pero también cuenta con comunidades competentes, comprometidas, y capaces de atraer inversiones, expresó. EFE

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