La presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez (PP), cree que esta comunidad se encuentra «en absoluta soledad» respecto a la cuestión migratoria y debe «enseñar a Europa y al mundo cuál es la situación real: que está sola y necesita ayuda y una política común en materia migratoria por parte de Europa y del Gobierno español».

Pérez ha hecho estas consideraciones en Arrecife antes de participar en una reunión de un grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de las Regiones Europeas (CALRE), que aglutina a 69 parlamentos europeos y que preside ella misma.

Además de esta cita, el Castillo de San José ha sido escenario de la grabación de un videpodcast sobre migración en el que han participado representantes institucionales, como el vicepresidente del Parlamento de Bruselas o la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, y expertos en migración.

«Una situación migratoria difícil» en Canarias

«Entendemos que el videopodcast es un buen instrumento para poder llegar a muchísima gente, alzar la voz y decir a Europa que estamos viviendo una situación migratoria difícil y complicada de gestionar por parte de Canarias en solitario», ha referido Pérez.

La presidenta del Parlamento canario ha aludido a la entrada en vigor en Europa, «a mediados de 2026, del Pacto sobre Migración y Asilo, que va a plantear el control de fronteras».

Al respecto, ha dicho que «el Frontex en España no es un instrumento efectivo», si bien ha añadido que «parece que hay un compromiso de que empiece a operar de manera mucho más intensa ahora en la Ruta Atlántica y en España».

«Reparto y solidaridad»

Pérez destaca la necesidad de un «reparto y solidaridad entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea» porque «Canarias no puede seguir tramitando, gestionando y acogiendo en solitario, no solamente mayores inmigrantes, sino también menores no acompañados».

«En este momento tenemos más de 5.000 menores no acompañados, mil de ellos, además, en situación de asilo que estamos gestionando en solitario y supone un sobrecoste importante para nuestras arcas públicas», ha referido.

Por ello, ha confiado en que la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo «dé soluciones reales a las situaciones que se están viendo en Canarias» y que contribuya a que «se articulen políticas migratorias comunes para que Canarias vea, no solamente un control efectivo de sus fronteras, sino una migración ordenada, porque, en caso contrario», este fenómeno «generará muchas tensiones en su estado de bienestar, vivienda y otras cuestiones».

La dirigente popular sostiene que «los números no engañan: en 2017 llegaron a Canarias 427 migrantes y en 2024, 48.000», algo que ella atribuye a «un cambio de política migratoria».

«Hubo un cambio de Gobierno español en el año 2018 y un cambio en política diplomática y migratoria», ha aseverado.

Volumen de políticas migratorias «enorme» en Canarias

El vicepresidente del Parlamento de Bruselas, Mohamed Ouriagli, se ha referido a la importancia de la solidaridad «entre todos los países europeos para resolver esto» y ha admitido que «el volumen que afecta a Canarias es enorme».

En su opinión, esa solidaridad se debería ver «distribuyendo y haciendo nuevos centros de acogida en otros sitios», ya que no se trata sólo del control de fronteras, sino «también de ir aceptando a esas personas, ir aprendiendo a convivir». EFE

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Diversas organizaciones no gubernamentales impulsan en Guatemala la migración laboral temporal bajo esquemas de «reclutamiento ético», como una alternativa para frenar los flujos irregulares hacia Estados Unidos y romper el ciclo de deudas y prácticas próximas a la trata de personas.

Entidades como CIERTO, un contratista internacional de trabajadores agrícolas, y la Fundación Avina, a través del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, promueven un modelo que prioriza la «migración circular», que consistente en viajar, trabajar de forma regular y retornar con capital a las comunidades de origen.

La directora ejecutiva de CIERTO Guatemala, Cesia Ochoa, explicó a EFE que la diferencia entre una oportunidad legítima y una estafa radica en la asunción de los costos.

«La persona trabajadora no debe pagar por un empleo. En visas como la H-2A y H-2B para Estados Unidos, los costos debe cubrirlos el empleador», afirmó Ochoa.

Sin embargo, en las zonas rurales de Guatemala, intermediarios no regulados -conocidos como «coyotes» o reclutadores fraudulentos- cobran a los campesinos entre 5.000 y 25.000 quetzales (entre 650 y 3.200 dólares) por supuestos trámites de visados.

Esta práctica, identificada como reclutamiento no ético, empuja paradójicamente a la migración irregular.

«Un guatemalteco que ya pagó 25.000 quetzales por una visa temporal de cuatro meses es muy probable que no retorne, sino que permanezca en Estados Unidos de forma irregular porque técnicamente ya pagó un tipo de coyotaje», advirtió Ochoa.

Aunque la demanda de mano de obra guatemalteca en el extranjero es alta, las vías legales resultan insuficientes.

Según datos de CIERTO, el país centroamericano envía aproximadamente 20.000 trabajadores al año bajo programas regulares, frente a una capacidad humana y demanda real que superan las 65.000 personas.

Esta brecha es aprovechada por estructuras criminales. Para contrarrestarlo, CIERTO opera como una agencia de reclutamiento con certificación internacional -IRIS, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y ClearView-, lo que garantiza procesos transparentes y libres de costos para el trabajador.

«Migración tripartita»

Asimismo, se han implementado proyectos piloto de «migración tripartita», que conectan a agricultores guatemaltecos con el mercado laboral del norte de México para su capacitación y, posteriormente, con empleadores en Estados Unidos, elevando así sus estándares de productividad.

Para Sindy Hernández, coordinadora del proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, de la Fundación Avina, estas iniciativas son vitales en un escenario donde el Estado no logra cubrir las necesidades básicas de la población.

«Guatemala no les ofrece oportunidades, principalmente económicas, y lo económico es transversal para la educación, la recreación y la salud», señaló Hernández.

La coordinadora denunció además la existencia de un «doble discurso» por parte de los países de destino, especialmente Estados Unidos: mientras exigen una migración «ordenada y segura», las políticas restrictivas y la burocracia limitan la obtención de visados formales.

«Es un escenario de adversidad donde las políticas de rechazo a la migración son cada vez mayores y más agresivas», lamentó Hernández, quien subrayó la necesidad de generar condiciones de inclusión socioeconómica en los países de origen.

El proyecto ‘Voces Migrantes para el Cambio’, apoyado por la cooperación internacional, facilitó en 2025 la creación de la Mesa de Reclutamiento Ético en Guatemala, un espacio inédito para definir estándares de protección laboral.

El objetivo final trasciende el envío de trabajadores y busca garantizar su retorno y reintegración exitosa.

«No miramos a la persona trabajadora como un número, sino como un proyecto de vida que brinda desarrollo a nivel comunitario», remarcó Ochoa. EFE

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Costa Rica busca mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante una estrategia de descentralización que pretende acercar los servicios de salud a la población y hacer frente al reto de detectar y tratar de manera temprana enfermedades como el cáncer.

“La descentralización de la salud no solo son medicinas, involucra una amplia estructura, recursos humanos, equipos, infraestructura y es el gran reto que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene hoy en día. La clave está en cómo nos armonizamos para fortalecer y llevar esta estructura de la Gran Área Metropolitana a las zonas rurales”, dijo el director de Farmacoepidemiología de la CCSS, Ricardo Pérez, durante un foro en el evento Expomed.

Datos brindados por Pérez indican que en 2025 hay abiertas 6 unidades descentralizadas de medicamentos que han atendido a 1.319 pacientes, para un total de 12.000 administraciones de medicamentos que antes solo podían ser ejecutadas por los principales hospitales del país, ubicados en el área metropolitana.

Mailyn Ulate es la jefa de Farmacia del hospital Enrique Baltodano de la localidad de Liberia, provincia de Guanacaste, en el oeste del país, en donde funciona desde hace tres años un área descentralizada de la CCSS para el tratamiento del cáncer, la cual ha brindado 9.000 atenciones de pacientes en ese periodo.

“Hay un impacto a nivel social en el paciente, en su red de apoyo familiar, en el desgaste físico emocional que implica trasladarse lejos de casa. Es un impacto no cuantificable pero sí tangible”, afirmó.

Según Ulate, con la atención de pacientes con cáncer en el hospital de la ciudad de Liberia, la CCSS se ha ahorrado unos 3 millones de dólares solo en transporte al evitar el traslado hasta San José.

La CCSS lleva adelante un plan de regionalización de servicios de salud que busca desconcentrar la atención de tratamientos de menor complejidad desde los hospitales centrales hacia Unidades Desconcentradas de Medicamentos Especializados (UDAME).

Con ello, las autoridades pretenden reducir la inequidad, mejorar la calidad de vida de los pacientes, generar ahorro económico, aumentar la productividad y modernizar la institución.

En Costa Rica el 50 % de la población vive fuera del área metropolitana, lo que representa, en muchos casos, un viaje de hasta 8 horas por carretera para trasladarse a la área metropolitana a recibir un tratamiento o una atención médica especializada.

El gerente general de la farmacéutica Roche para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, Álvaro Soto, comentó en el foro que permitir que los pacientes sean tratados y acompañados cerca de sus hogares va a potenciar más el impacto de las terapias en etapas tempranas.

Costa Rica enfrenta una serie de condiciones estructurales demográficas, epidemiológicas y territoriales que hacen de la descentralización una apuesta estratégica para acercar los servicios de salud a las comunidades ante las necesidades crecientes de una población más longeva y con alta carga de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer.

En Costa Rica actualmente, mueren más de 6.000 personas al año por algún tipo de cáncer, y para el 2040 se calcula que el aumento de la incidencia de esta enfermedad producirá casi 12.000 casos nuevos por año.

Para la población femenina costarricense el cáncer de mama, de estómago y colon poseen los índices más elevados de mortalidad, mientras que en los hombres son el de próstata, el de estómago, el de bronquios y el de pulmón. EFE

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