Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha descubierto que miles de millones de euros de ayudas públicas de la Unión Europea (UE) para la prevención y la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales no van a parar donde deberían ni son objeto de un seguimiento eficaz de Bruselas.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el problema se ha intensificado: más de dos millones de hectáreas han ardido en la UE en los últimos cuatro años.

«Cada año se producen en la Unión Europea más de 1.000 incendios forestales, que queman una superficie equivalente a dos veces el tamaño de Luxemburgo», explicó este miércoles en rueda de prensa Nikolaus Milionis, miembro del TCE.

La investigación del TCE sugiere que el dinero no se destina eficazmente a tratar los problemas sobre el terreno y que no queda claro cuál es el impacto real de la importante financiación de la UE para proyectos específicos.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) posterior a la crisis proporcionó 470 millones de euros a Grecia y 390 millones de euros a Portugal, pero la Comisión no ha  rastreado el destino final de los fondos, advierte el TCE.

«El dinero no siempre llega a donde puede marcar la diferencia, y se sabe poco sobre los resultados de los proyectos financiados», comentó Milionis.

El organismo de control presupuestario de la UE, con sede en Luxemburgo, examinó a Portugal, España, Grecia y Polonia durante la auditoría, y calculó que sólo estos cuatro países recibirían unos 1.000 millones de euros del actual presupuesto septenal de la UE, reforzados con 1,5 del MRR.

«Descubrimos que la Comisión no tenía una visión completa de la cantidad total de dinero de la UE en medidas relacionadas con los incendios forestales», afirma el TCE en su informe.

¿Dónde va el dinero?

Además, se detectaron «deficiencias en la selección de los proyectos» en los Estados miembros, explicó Milionis.

El informe indica que los fondos no se destinan sistemáticamente a las zonas de alto riesgo ni se desembolsan en base a información actualizada.

Por ejemplo, una zona parcialmente inundada por un embalse en Portugal fue seleccionada para recibir fondos, ya que la decisión se basó en un mapa de riesgos obsoleto que no mostraba una presa construida años antes.

También en Portugal, los auditores descubrieron que la asignación de fondos del MRR se decidía precipitadamente y sin consultar debidamente a las autoridades competentes, lo que significaba que se pasaban por alto zonas muy vulnerables.

En España, el presupuesto se repartió uniformemente entre las regiones, sin tener en cuenta los riesgos y necesidades reales de cada provincia, señala el TCE.

Falta de supervisión

«Hay poco conocimiento de los resultados. No sabemos mucho sobre la eficacia de los proyectos financiados por la UE», lamenta Milionis.

De los siete casos analizados en el informe, cuatro obtuvieron resultados decepcionantes, mientras que un quinto no se amplió como se debía.

El TCE instó a la Comisión Europea a brindar ayuda a las autoridades nacionales a seleccionar los proyectos con mayor potencial para combatir y prevenir los incendios forestales, y a evaluar los resultados y difundir sus conclusiones.

«Ni la Comisión ni los Estados miembros« utilizan los datos disponibles «para comprobar la eficacia de los proyectos seleccionados», lamentó Milionis. «Una oportunidad perdida, en nuestra opinión», agregó.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Reino Unido y la Unión Europea (UE) han cerrado este miércoles un acuerdo que han calificado de «histórico» sobre el futuro de Gibraltar, que pone fin a años de frágiles negociaciones post-Brexit sobre el estatus del territorio británico de ultramar.

El acuerdo supondrá el establecimiento de controles duales de pasaportes Schengen y británicos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar y la eliminación de los controles de documentos de identidad y tarjetas de residencia para las 15.000 personas que cruzan diariamente la frontera entre el Peñón, como se conoce informalmente, y la vecina España (en la «verja»).

El acuerdo también eliminará los controles de mercancías e impulsará la cooperación entre la UE y el Reino Unido en otros ámbitos, entre ellos las ayudas estatales, la fiscalidad y la aplicación de la ley.

Gibraltar, cuyo estatuto de territorio británico España discute desde hace tiempo, seguirá formando parte del Reino Unido en virtud del acuerdo.

El Comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se felicitó este miércoles por el «acuerdo histórico», y añadió que «refuerza un nuevo capítulo en nuestra relación» tras la salida oficial de Reino Unido de la UE en 2020.

Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, aseguró que el actual Gobierno laborista «heredó una situación» de la anterior administración conservadora «que ponía en peligro la economía y el modo de vida de Gibraltar».

«El avance de hoy ofrece una solución práctica tras años de incertidumbre», apuntó Lammy.

Las negociaciones sobre el estatuto de Gibraltar han sido tensas durante varios años. El futuro del territorio no se resolvió en el acuerdo de libre comercio UE-Reino Unido de 2020, posterior  al referéndum sobre el Brexit de 2016.

Aproximadamente 34.000 personas viven actualmente en Gibraltar, un territorio de 6,7 kilómetros cuadrados en el extremo sur de España que fue cedido a Gran Bretaña por Madrid en 1713.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es)- Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) debatirán sobre el «equilibrio» entre el acceso de las fuerzas de seguridad a las comunicaciones digitales y el derecho a la intimidad en un debate del Consejo este viernes, según un documento informativo al cual ha tenido acceso Euractiv.

La Presidencia polaca del Consejo de la UE distribuyó el documento entre las delegaciones de los países antes del debate informal del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del viernes.

Está previsto que los ministros intercambien puntos de vista sobre los mejores enfoques para que las autoridades policiales y judiciales puedan acceder legalmente a los datos de las comunicaciones con fines de investigación penal, «teniendo en cuenta los retos tecnológicos y la necesidad de proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho», según reza el texto del documento.

El acceso de las fuerzas del orden a los datos de las comunicaciones se ha topado con un obstáculo en los servicios de mensajería cifrada de extremo a extremo (E2EE), ya que no disponen de claves de cifrado, lo que significa que no pueden descifrar las comunicaciones de sus usuarios y, por tanto, no pueden facilitar estos datos sin restricciones a las fuerzas del orden, ni siquiera cuando se les notifica una orden judicial.

La tecnología E2EE está diseñada para preservar la privacidad de las personas y reforzar la ciberseguridad, pero las fuerzas de seguridad se quejan de que proporciona comunicaciones seguras a los delincuentes.

El tema suscitó gran atención durante las primeras rondas de negociación de un reglamento de la UE para combatir los abusos sexuales a menores, para el que la Comisión propuso obligar incluso a los servicios E2EE a escanear los mensajes para detectar contenidos delictivos.

El expediente es objeto de debate en el Consejo, que permanece dividido. Por el contrario, el Parlamento ha presionado para que se elimine el requisito de obligar a las plataformas E2EE a escanear los contenidos, ya que a los eurodiputados les preocupa que la medida rompa la encriptación.

El informe de la Presidencia polaca reconoce que el acceso a los datos de las comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad «siempre ha sido una medida de investigación intrusiva».

Pero también el documento recomienda exigir la interceptación legal de la aplicación de las comunicaciones en todos los servicios, y sugiere desarrollar una hoja de ruta tecnológica.

El texto informativo no entra en detalles sobre posibles soluciones tecnológicas para «equilibrar» el acceso legal y la E2EE.

En abril, la Comisión anunció la creación de una hoja de ruta tecnológica como parte de su Estrategia de Seguridad Interior.

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( Editado por Inés Fernández-Pontes y Fernando Heller/Euractiv.es)

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