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Mundo Política

Un insecto diminuto pone en jaque las cosechas en Alemania y la UE

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Berlín (Euractiv.de/.es) – Un insecto diminuto, de apenas un milímetro, está poniendo en peligro cultivos esenciales, entre ellos la remolacha azucarera y la patata, no sólo en Alemania: también amenaza las plantaciones en otros socios de la Unión Europea (UE).

La «cicadélida leporina» (Pentastiridius leporinus/cicadélida del síndrome de bajas riquezas) es el principal vector de una enfermedad importante de la remolacha azucarera, que reduce drásticamente el rendimiento y el contenido de azúcar de las plantas infectadas.

Aunque es originaria de Europa, hasta ahora se limitaba tradicionalmente a los cañaverales y no se consideraba una amenaza para los cultivos.

Sin embargo, se ha adaptado para alimentarse de cultivos como la remolacha azucarera, las patatas y ciertas hortalizas, propagando la enfermedad mientras come.

Según la Asociación Alemana de Agricultores (DBV), la dimensión de la amenaza a los cultivos ha alcanzado niveles nunca vistos hasta la fecha.

Sólo en 2024 se infectaron más de 100.000 hectáreas, según explicó a Euractiv un experto de la DBV.

Una plaga que se extiende a casi todos los cultivos en Europa

Detectada por primera vez en los cultivos alemanes de remolacha azucarera en 2008, la «cicadélida leporina» se ha extendido desde entonces a las patatas y ahora es una amenaza creciente para los pimientos, los tomates, las acelgas, el apio, los espárragos, las cebollas y la remolacha.

El gran dolor de cabeza de los agricultores es la capacidad del insecto para pasar el invierno en cultivos de cereales, entre ellos el trigo.

«Eso significa que es relativamente difícil contener eficazmente la propagación de la enfermedad mediante medidas de rotación de cultivos», alerta el DBV.

El entomólogo de la Universidad de Gotinga Michael Rostás confirma la gravedad de la situación.

«El cultivo de trigo de invierno tras la remolacha azucarera también parece beneficiar al insecto (…) así, las ninfas (en un proceso de metamorfosis) a pueden encontrar alimento en las raíces durante todo el año», asegura.

Posible propagación a toda Europa

Aunque Alemania es en estos momentos el país más afectado, los expertos advierten de la elevada probabilidad de que «cicadélida leporina» se propague a toda Europa.

«El insecto apareció por primera vez como plaga en el este de Francia en la década de 1990», explica Rostás.

«Fue allí donde se describió por primera vez la enfermedad y se identificaron tanto el patógeno como el vector», agrega.

Las cosas no pintan bien para los cultivos en otros países de la UE.

«Es probable una mayor propagación del insecto y de las enfermedades que transmite a otros países europeos», advierte Rostás.

«Todas las zonas donde se cultivan remolacha azucarera y patatas, posiblemente incluso algunas hortalizas, podrían verse afectadas«, advierte.

Por otra parte, el experto alerta de que los motivos del rápido crecimiento de la población del insecto siguen siendo en gran parte un misterio para la ciencia.

Su concentración  en el sur de Alemania y Suiza puede indicar motivos climáticos de fondo.

«Es posible que prefiera condiciones más cálidas y se beneficie así del cambio climático», señala.

¿Nuevas variedades de cultivos?

El brote ha redoblado los llamamientos a favor de una reforma de la normativa de la UE que permita el uso de nuevas técnicas genómicas (NTG).

«El desarrollo de variedades resistentes sólo es posible a medio y largo plazo», asegura una fuente del DBV.

«Para hacerlo con eficacia, sería útil acceder a técnicas modernas de mejora genética, entre ellas CRISPR/Cas», agrega la fuente.

Rostás respalda la idea.

«Creo que la obtención de nuevas variedades vegetales mediante la edición del genoma merece mucho la pena», asegura.

Pero las NTG siguen rodeadas de fuerte controversia, tanto en Alemania como en el resto de la UE.

La coalición alemana, de la formación democristiana CDU (PPE), del canciller, Friedrich Merz, y el Partido Socialdemócrata (SPD/S&D) está dividida sobre la conveniencia o no de etiquetar los productos editados genéticamente.

En Bruselas, mientras tanto, prosiguen las negociaciones interinstitucionales a tres bandas entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la regulación de las NTG.

En un intento por mitigar la situación, las autoridades alemanas han emitido una autorización de emergencia de 120 días para el uso de pesticidas en el cultivo de la patata, tras una aprobación similar para la remolacha azucarera a principios de abril.

Hace diez días, las medidas se ampliaron para incluir las variedades de zanahoria, remolacha y col.

Sin embargo, el DBV ha advertido de que «las medidas a corto plazo» probablemente no resolverán «el desafío estructural más profundo que plantea la rápida adaptación y propagación de la plaga».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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La UE, un paso más cerca de su adhesión al Tribunal de Estrasburgo, ahora bajo presión de Roma y Copenhague

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha asegurado este jueves que la Unión Europea (UE) está casi lista para su largamente esperada adhesión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras varios años de estancamiento de las negociaciones.

«Pensamos que estaremos en condiciones de solicitar en breve el dictamen formal del Tribunal de Justicia sobre el proyecto de acuerdo», comentó este jueves el Comisario europeo antes de un Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas.

A la pregunta de si se podría tomar una decisión este mismo jueves, el responsable de Justicia de la UE no dio una respuesta clara pero señaló que las cosas van por buen camino, tal como adelantó Euractiv hace pocos días.

Aunque las negociaciones de adhesión se remontan a los años setenta y el Tratado de Lisboa lo convirtió en una obligación legal en 2009, los contactos llevan 15 años parados.

El siguiente paso en el proceso es solicitar oficialmente al Tribunal de Justicia de la  UE (TJUE) un dictamen sobre si el proyecto de acuerdo revisado es compatible con la legislación comunitaria.

«Creemos que ese dictamen podría tardar entre 18 meses y dos años», comentó el alto funcionario.

Si la UE se adhiere, quedará sujeta a las sentencias jurídicamente vinculantes del tribunal de Estrasburgo, que ya supervisa a los 46 Estados miembro del Consejo de Europa, no sólo a los socios de la UE.

«Se trata de una obligación impuesta por el Tratado (…)  cuenta con un fuerte apoyo entre los Estados miembros, voy a impulsar los esfuerzos en este sentido»,  subrayó McGrath.

Por su parte, el ministro polaco de Justicia, Adam Bodnar, cuyo país ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE, confirmó la buena marcha de las negociaciones.

«Parece que estamos avanzando en este proceso», subrayó.

Pero, al margen de la posible incorporación de la UE, los vientos políticos soplan en contra para el alto tribunal.

En una carta abierta, cuyo contenido adelantó hace pocos días Euractiv, divulgada durante la reciente visita de la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, a su homóloga italiana, Giorgia Meloni, en Roma, se pide revisar la forma cómo el Tribunal interpreta la legislación en vigor sobre derechos humanos, especialmente en cuestiones polémicas como las deportaciones relacionadas con las políticas de asilo e inmigración.

Lo que comenzó como una iniciativa exclusivamente danesa e italiana se ha transformado en un rechazo más general entre varios socios del bloque comunitario a la percepción de que el TEDH se extralimita en su interpretación, especialmente en las sentencias relacionadas con la inmigración.

Nueve Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos Austria, Bélgica, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, firmaron la dura misiva.

Hungría también se ha sumado a la queja.

El Tribunal «hace casi imposible expulsar a los inmigrantes ilegales que han cometido delitos graves. Eso se tiene que acabar», escribió el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Bóka Janos.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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ONG y expertos critican a la UE por «abandonar» las pequeñas explotaciones familiares

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Numerosas ONG y grupos de defensa del bienestar animal han cargado contra la Unión Europea (UE) por supuestamente privilegiar a las grandes explotaciones avícolas y porcinas del bloque comunitario en detrimento de las pequeñas granjas familiares.

Está previsto que la UE revise en 2026 algunas de sus normas sobre bienestar animal, por lo cual las ONG redoblan su campaña contra la ganadería intensiva.

«Los partidarios de la ganadería intensiva argumentan que este tipo de explotaciones [a gran escala] son necesarias para alimentar a una población que sigue creciendo (…) sin embargo, este modelo de ganadería industrial suele ir acompañado de una cascada de perjuicios», asegura un portavoz del grupo AGtivist, con sede en el Reino Unido, al tiempo que apunta a  los daños medioambientales y a la escasa atención al bienestar animal.

El grupo, conocido por su labor de presión contra las «megagranjas» en el Reino Unido, ha puesto ahora su mirada en la UE.

España, entre los peores alumnos

Ha identificado 2.949 nuevas explotaciones a gran escala en todo el bloque entre 2014 y 2023, y ha detectado los mayores «puntos calientes» en España, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

Ese tipo de granjas están incluidas en la Directiva sobre Emisiones Industriales y tienen capacidad para albergar más de 40.000 aves de corral, 2.000 cerdos de engorde o 750 cerdos reproductores.

Los activistas afirman que la expansión de este tipo de explotaciones imita el aumento de las «megagranjas» en Estados Unidos, una comparación que la industria ganadera rechaza.

«El sistema norteamericano de megagranjas no es en absoluto comparable a los métodos de producción europeos», explica a Euractiv un portavoz de la Asociación Europea de Ganado y Carne Sostenibles (SELMA), al tiempo que añade que el modelo de la UE sigue arraigado en las prácticas extensivas y a pequeña escala.

El portavoz de SELMA asegura además que las granjas más grandes pueden modernizar más fácilmente las herramientas de producción y a menudo van más allá de los requisitos mínimos de bienestar animal.

Los datos de la UE confirman un cambio a explotaciones «menos numerosas y más grandes» y, al igual que SELMA, relacionan las economías de escala con la productividad y la resistencia.

También muestran un descenso de la cabaña ganadera total de la UE en la última década, ante la previsión  de que el consumo de carne siga disminuyendo.

A pesar de ello, las aseguran que las grandes empresas agrarias obstaculizan la renovación generacional en la agricultura, un viejo reto para la UE.

En ese sentido,Winês Grenho Ajuda, experta del Eurogrupo para los Animales, una ONG con sede en Bruselas, asegura que «aunque las grandes explotaciones pueden proporcionar algo de empleo, éste suele ser de muy baja calidad y la satisfacción laboral es escasa».

Ajuda advierte de que la concentración de tierras y la consolidación del mercado amenazan a las pequeñas empresas y a los terratenientes.

Acusaciones de contaminación y «trato cruel»

En ese sentido,AGtivist culpa a las grandes explotaciones de los problemas medioambientales de todo el bloque: desde la contaminación de las aguas subterráneas en España hasta la proliferación de algas provocada por los nitratos en Francia.

Algunas de las mayores explotaciones porcinas y avícolas de la UE están sujetas a la Directiva sobre emisiones industriales y a normas especiales para limitar la contaminación del agua, el suelo y el aire.

Pero los grupos ecologistas han criticado en reiteradas ocasiones la directiva por su falta de ambición, aseguran que cubre muy pocas explotaciones y lamentan la exclusión del ganado vacuno de las nuevas normas de la UE acordadas a finales de 2023.

En Galicia, ciudadanos y ONG fueron noticia recientemente por llevar a las autoridades regionales ante los tribunales por la contaminación causada por las granjas porcinas y avícolas locales.

Un fiscal aceptó llevar el caso, y alegó «grave» contaminación de las masas de agua y «un hedor insoportable durante todo el año».

Las condiciones de bienestar animal también están en el punto de mira, a pesar de que el sector se enorgullece de cumplir algunas de las normas más estrictas del mundo.

Un miembro de AGtivist realizó una visita «de incógnito» a una granja avícola de la región italiana de Lombardía para ver de primera mano cómo estaba la situación.

«Las gallinas están hacinadas en jaulas de siete pisos, en estrechos pasillos que parecen no tener fin», explicó en un informe.

La UE prohibió en 2012 las jaulas en batería para gallinas y las sustituyó por «jaulas enriquecidas».

En ese sentido está prevista la presentación en breve de una nueva propuesta para eliminar las jaulas por completo, una medida que las ONG consideran necesaria desde hace mucho tiempo.

Ayudas de la PAC

La organización de pequeños agricultores La Vía Campesina también ha dejado clara su posición, y asegura que el informe de AGtivist se hace eco de las inquietudes que existen desde hace tiempo sobre la manare en la cual se distribuyen los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).

«La mayoría de los pequeños y medianos agricultores se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles debido al aumento de los costes de producción, los bajos precios y la desigualdad en los pagos [de las subvenciones], que están vinculados al tamaño de la explotación», explica a Euractiv Morgan Ody, coordinador general de La Vía Campesina.

La Comisión admitió recientemente que los pagos de la PAC son injustos y se comprometió a reorientar las subvenciones a «los agricultores que más lo necesitan».

En una entrevista concedida a Euractiv, el Comisario europeo de agricultura, Christophe Hansen, aseguró la semana pasada que el sector debería estar abierto a aplicar un mecanismo para reducir los fondos destinados a las explotaciones más grandes.

Hansen adelantó a Euractiv que tiene previsto presentar la propuesta junto con el presupuesto plurianual de la UE a mediados del próximo mes de julio.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Las áreas marinas protegidas aumentarán un tercio en los próximos años, según Conferencia de la ONU

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París/Bruselas (Euractiv.fr/.es) – Las áreas marinas protegidas (AMP) aumentarán en todo el planeta aproximadamente un tercio en los próximos años, según anunciaron los países participantes en la Conferencia de la ONU sobre los Océanos que se celebra hasta mañana viernes en Niza, en la Costa Azul francesa.

«Sin duda hemos superado el umbral del 10% de aguas marítimas protegidas, pero lo más probable es que lleguemos al 12%», aseguró en rueda de prensa la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.

Según el Convenio de Kunming-Montreal sobre la diversidad biológica, el 30% de las tierras y mares del mundo deben estar protegidos de aquí a 2030.

La reunión, organizada conjuntamente por Francia y Costa Rica, se ha fijado como objetivo animar a los países participantes a conservar los océanos y utilizar sus recursos de forma más sostenible.

Está previsto que la cita internacional concluya con la aprobación del Plan de Acción de Niza sobre los Océanos, una declaración política no vinculante.

En los últimos días, sin embargo, la reunión de la ONU ha servido de escenario para lanzar mensajes contra la explotación minera de los fondos marinos o para influir en las próximas negociaciones de un tratado sobre la contaminación de los mares con plásticos.

Explotación minera de los fondos marinos

En la apertura de la conferencia, el lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron instó a los países participantes a desistir de sus planes de explotación minera en aguas profundas.

Su mensaje fue posterior al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington concedería unilateralmente permisos para empezar a explotar el lecho marino en aguas internacionales.

«Creo que es una locura lanzar una acción económica depredadora que sacudirá los fondos marinos, que sacudirá la biodiversidad, que la destruirá, que liberará sumideros de carbono irrecuperables, cuando no sabemos nada al respecto», comentó  Macron el lunes (9 de junio).

En ese sentido, Pannier-Runacher anunció el miércoles que la coalición de países que exigen el fin de la explotación minera de los fondos marinos (a la espera de pruebas científicas de que es segura para el medio ambiente) se ha visto reforzada con tres nuevos miembros (de 34 a 37).

Junto a ellos otros países, entre ellos China, que no se han sumado explícitamente a la petición de moratoria de la minería de aguas profundas, se oponen a conceder licencias al margen de las normas internacionales, aseguró la ministra.

Contaminación por plásticos

Por otra parte, Pannier-Runacher recordó que el martes de esta semana 95 países, incluidos los 27 miembros de la UE, emitieron una declaración conjunta en la cual  instan a alcanzar un acuerdo sobre un objetivo mundial para reducir la producción y el uso de plástico en un nuevo tratado de la ONU, que se podría empezar a negociar en agosto.

Según el texto de la declaración, el objetivo debe «ajustarse periódicamente» para aumentar la ambición de manera gradual.

También se insta a las industrias a diseñar productos de plástico respetuosos con el medio ambiente y a prohibir gradualmente los productos más contaminantes y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlos.

Los firmantes piden además que se aplique el principio de «quien contamina paga» y subrayan que el tratado sobre la contaminación por plásticos debe estar respaldado por un mecanismo financiero que garantice su aplicación.

Tratado de alta mar

La conferencia de la ONU en Niza supone un avance con vistas a la ratificación del tratado sobre la protección de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, o BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar.

Aún faltan 60 firmas para que entre en vigor, pero el lunes Macron dio por hecha su ratificación.

Cincuenta y un países han ratificado ya el tratado. Según Macron, otros 15 países se han comprometido a ratificarlo, lo cual significa que el texto podría entrar en vigor en enero de 2026.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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