Bruselas (Euractiv.com/.es) – Las compañías energéticas austriacas se niegan a competir entre sí, y por ello los consumidores están a merced del «dictado» de esas empresas, con lo cual acaban pagando facturas mucho más elevadas de lo que deberían: un problema que se repite en toda la Unión Europea (UE).

Cuando los precios de la energía en Austria, país «adicto» al gas ruso, se dispararon -y la principal empresa de servicios públicos de Viena estuvo a punto de quebrar-, el gobierno ordenó a la autoridad de competencia y al regulador energético que examinaran el sector.

Dos años después, su informe final ofrece una imagen muy negativa de un mercado energético que parece congelado en el tiempo.

«Tras 24 años de liberalización, todavía no existe un mercado nacional competitivo que funcione», comentó la semana pasada Natalie Harsdorf, directora de la autoridad austriaca de la competencia, la BWB.

En lugar de competir a escala nacional por el negocio de los millones de hogares austriacos, las empresas han creado reinos de taifas regionales o, en palabras de Harsdorf, «tenemos empresas regionales que dominan los mercados».

Austria tiene una de las tasas de cambio de contrato más bajas de Europa, un indicador clave para medir la competitividad del mercado, con sólo un 4,5%. Un nuevo contrato de suministro -del tipo más habitual- es actualmente un 10% más caro que en la vecina Alemania.

La investigación reveló un mercado minorista de la electricidad plagado de «innumerables participaciones cruzadas entre empresas».

Eso supone que cada empresa regional posee participaciones en otras.

«La pregunta que se plantea es: ¿quieren estas empresas participar en la competencia austriaca?», asegura Wolfgang Urbantschitsch, director del regulador energético del país, E-Control.

La principal empresa de servicios públicos de Viena posee el 28% de EVN, de Baja Austria, que a su vez tiene una participación indirecta del 36% en el principal proveedor de energía de Burgenland. La mayoría de las empresas poseen también acciones de Verbund, el principal productor de electricidad de Austria.

Entonces, ¿para qué competir? «Parece que no lo necesitan», concluye Urbantschitsch.

La situación es tan grave que Austria es pionera en la promulgación de un nuevo conjunto de leyes antimonopolio destinadas a frenar el dominio de los grandes proveedores de energía.

La legislación, aprobada en 2024, obliga a las empresas a igualar las condiciones favorables al consumidor ofrecidas en otros lugares, o a explicar por qué no lo hacen.

«La BWB se centra ahora en investigaciones individuales», comenta Harsdorf.

La UE, en apuros

Austria no está ni mucho menos sola. Dos importantes indicadores sugieren que la Unión Europea (UE) en su conjunto está empeñada en fomentar una competencia real para los consumidores minoristas de electricidad.

No obstante, apenas el 7,15% de los consumidores domésticos europeos cambiarán de suministrador en 2023, según datos de mercado del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) y el organismo de vigilancia de la UE (ACER).

Y a pesar de todas los deficiencias del sector en Austria, ocho países europeos, entre ellos Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Luxemburgo, lo hacen aún peor.

El problema es que las empresas que dominan el mercado tienden a retener a los consumidores.

Según los reguladores, una vez que el porcentaje de cambio de proveedor cae por debajo del 10%, el 73% de los hogares quedan atrapados en un proveedor dominante.

El índice Herfindahl-Hirschman (IHH), medida habitual de la concentración del mercado, ofrece una explicación similar.

En 2023, sólo cinco países de la UE estarán en «verde», lo cual indica un mercado competitivo y sin problemas.

Otros nueve -entre ellos Bélgica, Polonia, Italia y España– estaban en la zona «naranja»,y muestran señales preocupantes de concentración.

Otros nueve países de la UE están en «rojo», lo cual significa que una o muy pocas empresas dominan el mercado minorista, lo cual deja a los consumidores vulnerables en una situación de especial desprotección.

Con demasiada frecuencia, esa supervisión brilla por su ausencia. Alemania es un ejemplo de ello. Los operadores de redes locales obtuvieron en 2023 un asombroso 20,2% de rentabilidad de la inversión, según una investigación del grupo de reflexión BNE.

«Si los operadores de red pueden obtener semejante rentabilidad, es que algo falla en el marco regulador», asegura Robert Busch, Director General de BNE.

En algunos casos extremos, como el de EWE, los beneficios alcanzaron el 50% del capital, según BNE.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) –  La Unión Europea (UE) se encuentra en una encrucijada en torno a los derechos de los trabajadores, al tiempo que aumenta la presión para debilitar la «condicionalidad social» de la Política Agrícola Común (PAC), asegura en una entrevista con Euractiv Estelle Ceulemans, eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D).

La belga Ceulemans, coordinadora del S&D en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, ha visitado recientemente el poblado chabolista de Borgomezzanone, en Apulia, Italia, junto a una delegación de la Eurocámara  organizada por la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT).

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Acaba de visitar el mayor barrio de chabolas de Italia, Borgomezzanone, donde viven muchos inmigrantes que trabajan en la agricultura. ¿Qué ha visto allí?

Condiciones de vida inhumanas. Sin agua, sin instalaciones sanitarias… tienen generadores eléctricos, pero para el resto de cosas están sobreviviendo. Por no hablar de sus condiciones de trabajo. Tienen que trabajar bajo el control de los capataces, organizados en estructuras piramidales de tipo mafioso. Son verdaderas zonas sin ley para los trabajadores, que cobran una media de 2 euros por hora. Aquí también hace 40 grados.

¿Se trata de un fracaso del cual Bruselas tiene poca implicación o influencia?

Visitamos uno de los asentamientos más grandes de la zona, pero en toda la provincia hay cerca de 20.000 trabajadores que viven en condiciones similares. Es casi una organización de explotación laboral a escala industrial. Lamentablemente, esta situación existe en otras partes de Italia y de Europa.

¿Debería la UE hacer más esfuerzos para velar por los derechos laborales?

Está claro que es nuestra responsabilidad. Nuestro colega del S&D, Johan Danielsson, dirigirá un informe de propia iniciativa en la Comisión de Empleo del Parlamento (EMPL) para reglamentar mejor las cadenas de subcontratación, el papel de los intermediarios y las inspecciones.

Como ocurre en algunos Estados miembros, tenemos que fijar objetivos para garantizar que, especialmente en sectores de alto riesgo como la agricultura, al menos el 8% de las empresas sean inspeccionadas cada año. Instamos a la Comisión Europea a que proponga una Directiva en este sentido.

El mecanismo de condicionalidad social de la Política Agrícola Común (PAC), que vincula las subvenciones agrícolas al cumplimiento de las normas laborales, está ahora en el punto de mira. Algunos Estados miembros y eurodiputados conservadores piden que se revise o incluso se suprima, argumentando que da lugar a dobles sanciones y cargas excesivas. ¿Debería la Comisión Europea reconsiderar este sistema en la futura PAC?

Si se revisa el sistema, se tiene que reforzar, no debilitar ni eliminar. Queremos que se añadan más directivas de la UE al sistema de condicionalidad, especialmente la del salario mínimo. No será fácil, pero es una lucha que tenemos que encabezar. Si la ley y los recursos no van en la misma línea, nada cambia.

Queremos también que los pagos de la PAC estén vinculados al número de trabajadores declarados. Porque lo que hemos visto aquí es una gran cantidad de trabajadores no declarados, algo típico del sector agrícola.

La Comisión Europea presentará en breve su propuesta sobre la PAC, en la que se prevé «simplificar» la condicionalidad social para facilitar su aplicación por parte de los Estados miembros. ¿Qué espera de esta medida?

Veremos qué pasa, pero estamos preocupados. Ya sabemos que la idea de «simplificación» de la actual Comisión se inclina hacia la «desregulación». Y hemos oído rumores de que la cuestión del respeto de los derechos sociales está de algún modo en entredicho. Pase lo que pase, encabezaremos las iniciativas que sean necesarias para reforzar la condicionalidad social, incluso mediante sanciones.

La condicionalidad social existe en Italia. Sin embargo, como hemos visto, las normas no se respetan. Es muy importante salir de la burbuja de la UE y comprometerse con la situación sobre el terreno. Sólo así podremos afrontar la realidad.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Roma (Euractiv.it/.es) – La coalición conservadora de gobierno en Italia ha exhibido este fin de semana sus profundas diferencias en torno a una propuesta para ampliar el acceso a la ciudadanía de los hijos de los inmigrantes.

La coalición italiana de derechas está formada por Fratelli d’ Italia (ECR), de la primera ministra, Giorgia Meloni, Forza Italia (PPE), del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y La Lega (Patriotas por Europa, el mismo grupo de Vox), liderado por el ministro de Transportes, Matteo Salvini.

El debate se focaliza en la denominada Ius Italiae que ha propuesto Forza Italia, según la cual se concedería la ciudadanía italiana a los menores nacidos en el extranjero que hayan completado al menos 10 años de educación en Italia con un rendimiento académico homogéneo.

«Si me permiten un consejo, sería bueno que todo el mundo se centrara en las prioridades del Gobierno. Esto [la ley de ciudadanía] no forma parte del programa», comentó Meloni.

Sin embargo, Tajani expresó este fin de semana una opinión antagónica, y subrayó que la propuesta de Forza Italia es coherente con el programa de gobierno de la coalición, en el cual, entre otros puntos, se garantiza apoyo a la integración de los inmigrantes.

«Incluso Fratelli d´Italia lo apoyó en la última legislatura», comentó Tajani en declaraciones a los medios.

Pero La Lega rechaza la reforma.

«Es paradójico que, mientras el Partido Democrático (S&D) permanece en silencio tras su derrota, sea Forza Italia la que presiona para que la ciudadanía sea más accesible a los extranjeros», comentó el diputado de La Lega Stefano Candiani.

«Ahora mismo hay otras prioridades. Tajani debería aceptarlo», agregó.

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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)

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