Washington/Bruselas (Euractiv.com/.es) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva mucho tiempo expresando sus dudas sobre si los 31 aliados de Estados Unidos en la OTAN defenderían a su país, al tiempo que ha dejado clara su opinión acerca de que la Unión Europea (UE) es casi exclusivamente una carga para los bolsillos de Washington. Pero quienes trabajaron para la OTAN tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 tienen una versión muy diferente.

No cabe duda de que Estados Unidos es la potencia militar hegemónica. Su gasto en defensa es superior al de Europa y Canadá juntos. Sin embargo, en la historia de la Alianza Atlántica, solo los estadounidenses han activado el artículo 5, la cláusula de asistencia mutua.

Washington dio ese paso tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y los aliados europeos no dudaron en cumplir sus compromisos.

No obstante, ese gesto de solidaridad europea no impidió que Trump escribiera esta semana en una publicación en las redes sociales que Estados Unidos «siempre estará ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros».

Cuando Al Qaeda, la organización terrorista liderada por Osama bin Laden, secuestró aviones con civiles para utilizarlos como escudos humanos contra Estados Unidos, Washington pidió ayuda a Europa y a Canadá.

En la sede de la OTAN en Bruselas hubo una gran «conmoción», recuerda el entonces portavoz de la Alianza Jamie Shea, junto con un «sentimiento de solidaridad (…) todos estamos en el mismo barco», era la frase más repetida, asegura.

Estados Unidos invocó el artículo 5 y los aliados respaldaron unánimemente a Washington.

«Un ataque contra uno es un ataque contra todos», dijo entonces Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos.

La semántica no tiene cabida en la guerra.

Sin embargo, el apoyo que recibieron los estadounidenses tras el 11-S no se tuvo en cuenta cuando se redactó el Tratado. En aquel momento, la principal preocupación de los aliados era un ataque soviético contra Europa y que los estadounidenses tuvieran que acudir al rescate de Europa, y no al revés.

Al principio, ni siquiera estaba claro si el 11-S entraba dentro del ámbito de aplicación de la cláusula de defensa mutua.

Solo Países Bajos preguntó qué significaría en la práctica invocar la cláusula, explica Shea, «pero la mayoría de los aliados querían una decisión rápida y una muestra de unidad de la Alianza, en lugar de un debate complicado y técnico», agrega el exportavoz.

Los países de la OTAN «acordaron que, si quedaba claro que el ataque estaba dirigido desde el extranjero contra los Estados Unidos, se tenía que considerar una acción cubierta por el artículo 5», comunicó el entonces jefe de la OTAN al día siguiente de la catástrofe.

Poco después, tomaron esa decisión.

El «cheque en blanco» de Europa

La primera reacción al 11-S en la OTAN fue la preocupación por la falta de planificación ante un ataque contra la sede de la Alianza, situada al norte de Bruselas. Los aliados consideraron trasladar la sede a otro lugar y enviar a casa a los ciudadanos estadounidenses y al personal no esencial.

Shea recuerda que uno de los puntos de debate en la agenda de los embajadores era si «el objetivo debía ser simplemente expresar simpatía y solidaridad u ofrecer alguna forma concreta de ayuda», una cuestión fundamental para una alianza que no tenía experiencia en la lucha contra el terrorismo ni en la seguridad nacional.

Aunque los aliados ofrecieron todo lo que tenían a su disposición, Washington no aprovechó todas las ofertas de ayuda. «Todos los aliados ofrecieron tropas y equipos (…) pero Estados Unidos subrayó que podían hacerlo por ellos mismos en ciertos aspectos», recuerda el entonces jefe de la OTAN, Lord Robertson.

El apoyo fue diverso. Incluía derechos de reabastecimiento de combustible en toda Europa, acceso a puertos, aumento de la seguridad en torno a las instituciones internacionales en Bruselas, posicionamiento de aviones de vigilancia aliados en Estados Unidos para permitir que los estadounidense volaran a Oriente Medio, y muchas más medidas.

¿Un precio a pagar? 

La OTAN se involucró en Afganistán para apoyar a Estados Unidos cuando invadió el país en 2002. Veinte años después, los europeos retiraron sus tropas junto con los estadounidenses en medio del caos, y dejaron al país en manos de los talibanes.

Hasta la fecha, nadie en la OTAN se atreve a criticar abiertamente la misión en Afganistán. Pero las repercusiones del fiasco siguen frescas en la memoria de los aliados, especialmente en los países que pagaron el precio definitivo, entre ellos Dinamarca.

El país escandinavo,  cuyo territorio (en la crisis por Groenlandia) ahora está en el punto de mira de Donald Trump, fue el país que sufrió más bajas en relación con su población por su decisión de apoyar a Estados Unidos en Afganistán.

El entonces primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, reprendió a Trump a puerta cerrada en la cumbre de la OTAN de 2018 cuando este le criticó por gastar menos del 2 % del PIB en defensa. Le recordó al presidente estadounidense el sacrificio de Dinamarca en Afganistán, según apunta el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en sus memorias.

Stoltenberg escribió que Rasmussen «se negó a decir a las familias de los soldados fallecidos que su sacrificio no había servido de nada porque Dinamarca no había cumplido el objetivo del 2 %».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) – El Supremo ha ofrecido al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, que declare de forma voluntaria por la querella que presentaron contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos, según informa Servimedia, socio de Euractiv.

Los dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la candidatura de Se Acabó La Fiesta (SALF), encabezada por Luis ‘Alvise’ Pérez, comparecerán este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) que investiga su querella contra el dirigente ultra por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. El Alto Tribunal ofreció a Alvise declarar voluntariamente, pero su presencia parece improbable.

El magistrado Manuel Marchena acordó abrir diligencias previas para investigar los hechos, que la Sala de Admisión calificó indiciariamente, en auto del pasado octubre, como constitutivos de esos presuntos delitos. El Supremo ya ha realizado los trámites con la Eurocámara para poder citar al parlamentario.

Los eurodiputados querellantes son Diego Solier y Nora Junco, que tras sus diferencias con Alvise dejaron el partido y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Ambos denunciaron que venían siendo víctimas de una «continua campaña de hostigamiento» a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos en un podcast y en su perfil de Telegram, y que llegaron a «temer por su integridad física» después de que su antiguo jefe de filas revelara datos sobre los lugares que frecuentaban.

Además, acreditaron que tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una «ingente» cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, que les generaron «una continua sensación de inseguridad», y les empujaron a modificar «sus hábitos o rutinas».

Posible financiación irregular

En apenas año y medio año, el líder de Se Acabó la Fiesta ha acumulado cuatro causas en el Tribunal Supremo (TS). Se trata de investigaciones que van desde la supuesta financiación ilegal de la formación hasta esta de acoso a sus dos excompañeros de escaño.

El Supremo solicitó el suplicatorio de suspensión de inmunidad para poder investigar al eurodiputado por un presunto delito electoral y de supuesta financiación irregular de campaña a las elecciones europeas, en las que obtuvo tres escaños.

Además, el Supremo investiga a ‘Alvise’ Pérez por la difusión de una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y actualmente presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La cuarta de las causas por las que está siendo investigado el agitador de ultraderecha es una abierta por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Se acumulan las causas judiciales

Las discrepancias de ‘Álvise’ Pérez con los dos eurodiputados de su lista comenzaron cuando el Tribunal Supremo empezó a investigar la entrega al líder de SALF de un maletín con 100.000 euros por el empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CriptoSpain’. Esa cantidad, que sirvió presuntamente para sufragar la campaña de las europeas, no quedó reflejada en ninguna contabilidad ni consta en documento alguno.

Romillo fue detenido en septiembre de 2024 por una presunta estafa piramidal a cientos de clientes. Una vez descubierto, decidió confesar y colaborar con la Justicia. Es en ese momento cuando el empresario explicó que había entregado a ‘Alvise’ esos 100.000 euros en efectivo para “gastos personales”.

En el caso de la publicación de una prueba PCR de covid-19 falsa del exministro Salvador Illa, está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental y por otro de injurias. ‘Alvise’ negó haber sido el autor de la falsificación del documento que se difundió en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña y defendió que se limitó a difundir un documento que “circulaba masivamente” por redes sociales.

Finalmente, ‘Alvise’ Pérez tiene abierta otra causa por un supuesto delito de injurias a funcionario público y otro de coacciones contra Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, que lo denunció como autor de mensajes en su contra a través de Telegram. La fiscal alegó que el líder de SALF llamó a que sus entonces 40.000 seguidores expresaran su odio contra ella con el objetivo de alterar el normal desarrollo de su vida profesional y personal.

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(Editado por SGR/fcm/Servimedia)

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Nuuk/Washington (agencias/Euractiv.com) – Los partidos políticos de Groenlandia han dejado claro que no desean formar parte de los Estados Unidos, después de que el presidente de ese país, Donald Trump, volviera esta semana a sugerir el uso de la fuerza para apoderarse del territorio autónomo danés, rico en minerales.

La declaración conjunta de los cinco partidos políticos de la isla, en la cual rechazan formar parte de Estados Unidos se produjo el viernes por la noche, después de que Trump repitiera que Washington iba a «hacer algo con Groenlandia, les gustara o no».

Las países miembros de la Unión Europea (UE) han dado una respuesta coordinada  a la amenaza después de que la Casa Blanca dijera esta semana que Trump quiere comprar Groenlandia y se negara a descartar una acción militar.

«No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses», afirmaron los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia en una declaración conjunta. «El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses», agregaron.

«Ningún otro país puede entrometerse en esto. Debemos decidir el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar una decisión precipitada, sin dilaciones y sin interferencias de otros países», afirmaron.

Colonia danesa hasta 1953, Groenlandia obtuvo la autonomía 26 años después y sopesa suavizar sus lazos con Dinamarca.

La coalición en el poder no está a favor de una independencia precipitada. El único partido de la oposición, Naleraq, que obtuvo el 24,5 % de los votos en las elecciones legislativas de 2025, quiere romper los lazos con Dinamarca, pero también firmó la declaración conjunta.

Según una encuesta publicada este sábado por la agencia danesa Ritzau, más del 38 % de los daneses cree que Estados Unidos lanzará una invasión de Groenlandia durante el mandato de Trump.

Las advertencias de Dinamarca

Dinamarca y otros aliados europeos en la UE han expresado su sorpresa por las amenazas de Trump. El líder republicano afirma que controlar la isla es crucial para la seguridad de Estados Unidos por el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

«No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Eso es lo que harán si no lo hacemos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea de forma amable o de forma más difícil», afirmó el presidente estadounidense el viernes.

Tanto Rusia como China han aumentado su actividad militar en la región en los últimos años, pero ninguna de las dos ha reclamado la isla.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido de que una invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos acabaría con «todo», es decir, con el pacto de defensa en la OTAN y con el sistema de equilibrios posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Trump por su parte ha subrayado que «el hecho de que [Dinamarca] tuviera un barco que desembarcó [en Groenlandia] hace 500 años no significa que sean propietarios de la tierra».

Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y con miembros del gobierno de Groenlandia para intentar acercar posturas.

En ese sentido, en los últimos días se está llevando a cabo una intensa actividad diplomática. La UE intenta evitar una crisis, sin contrariar a Trump. El jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó el viernes que la alianza militar no está en «una crisis».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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