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De las pistolas a las subvenciones de la UE: la mafia italiana quiere los miles de millones de los fondos de recuperación

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Roma (Euractiv.it/.es) – La delincuencia organizada no necesita armas para conseguir su parte del dinero de la Unión Europea (UE) destinado a la recuperación de Italia. Todo lo que necesita es papeleo.

Roma es la mayor beneficiaria del fondo de recuperación de la UE tras el tsunami -más de 200.000 millones de euros- para reconstruir su economía.

Pero en lugar de una renovación nacional, los expertos advierten de que la escasa supervisión de los 200.000 millones deja la puerta abierta al despilfarro, la corrupción y, en algunos casos, la infiltración de la mafia.

Uno de los principales motivos de sospecha de abusos es una ley de contratación pública, originalmente pensada para agilizar las compras menores, que permite adjudicar contratos públicos de menos de 140.000 euros sin licitaciones públicas.

«Las adjudicaciones directas son demasiadas: el 98% de todos los contratos», asegura Giuseppe Busia, jefe de la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac) de Italia, que recientemente presentó un informe sobre el tema al Parlamento.

«Hay una concentración sospechosa entre 135.000 y 140.000 euros, lo que supone un aumento de más del triple desde 2021, cuando el umbral era de 75.000 euros», dice, al tiempo que señala el fraccionamiento generalizado de los contratos, una táctica utilizada para eludir las licitaciones y evitar la supervisión.

El plan nacional de recuperación «ha amplificado todos los factores de riesgo conocidos en el gasto público», explica Alberto Vannucci, profesor de la Universidad de Pisa, experto en asuntos de mafia y corrupción.

El investigador añade que los apretados plazos y la sobrecarga burocrática a menudo dejan a un funcionario la responsabilidad de decidir quién recibe millones.

«Incluso los funcionarios honrados quedan expuestos, especialmente en determinados contextos en los que, por citar una frase muy manida, la presión llega en forma de oferta que no se puede rechazar«, comenta Vannucci.

Pero el problema va más allá de los atajos administrativos.

«El modelo de control es puramente formal» y «comprueba si el papeleo está en orden, no si los proyectos aportan algún beneficio real a los ciudadanos«, asegura Vannucci. Ello, en su opinión, permite canalizar fondos públicos hacia operaciones aparentemente legítimas en beneficio de delincuentes, políticos y funcionarios.

Nuevos métodos de la mafia

Según ambos expertos, la mafia ya no ataca con pistolas: ahora utiliza el encanto y una contabilidad limpia.

«Ya no disparan, sobornan», bromea Vannucci.

Busia los describe como «camaleones» que se mezclan a la perfección con las operaciones comerciales legítimas, una práctica que incluso el gobierno parece pasar por alto.

La delincuencia organizada ha seguido al dinero y se ha extendido más allá de sus bastiones meridionales para infiltrarse en la contratación pública.

Desde 1991, más de 400 gobiernos locales -de norte a sur- han sido disueltos por vínculos con la mafia. Estas redes, antaño regionales y violentas, se han convertido ahora en nacionales, corporativas, incrustadas en la maquinaria del Estado.

El Viceprimer Ministro Matteo Salvini (La Liga/Patriotas por Europa) resta importancia a las inquietudes expuestas en el informe de la ANAC.

«Intentamos gastarlo todo y gastarlo bien. Confío en los empresarios italianos», comentó recientemente, al tiempo que negó que exista corrupción sistémica.

Sin embargo, no todos están tranquilos. El diputado de Izquierda Verde Angelo Bonelli describió el sistema de contratación como «cada vez más opaco» y culpó a las recientes reformas del Gobierno del aumento de las adjudicaciones directas y la subcontratación.

Por su parte, la senadora del Partido Democrático (PD/S&D) Enza Rando advirtió de que «Italia está retrocediendo», en alusión  a la caída del país en la clasificación mundial de lucha contra la corrupción.

Italia está en cabeza en la Unión Europea tanto en investigaciones activas como en daños estimados relacionados con el fondo de recuperación.

Según datos de la Fiscalía Europea (EPPO), de los 307 casos abiertos relacionados con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, 228 corresponden a Italia.

En ese sentido, un portavoz de la Comisión Europea explicó a Euractiv que las normas de contratación de la UE sólo se aplican por encima de ciertos umbrales, lo cual significa que la mayoría de las adjudicaciones directas quedan fuera del control de Bruselas. Aun así, la Comisión asegura que analiza la información sobre presuntos abusos.

«Nuestra mejor arma son los datos», comenta Busia, en referencia  a la base de datos de contratos de Italia, que contiene 60 millones de entradas y crece en cinco millones cada año.

Su fuerza reside en la posibilidad de cotejar datos judiciales, fiscales y de la seguridad social para detectar actividades sospechosas.

Pero los datos son sólo una parte de la solución. Busia aboga por una mayor transparencia en la propiedad de las empresas, normas más estrictas para los grupos de presión y leyes más duras para los compradores y proveedores públicos.

«No hay obligación legal de declarar los propietarios finales», advierte, al tiempo que añade que conocer la identidad de los contratistas es clave para evitar infiltraciones, poner fin a la colusión, la manipulación de licitaciones y las grandes distorsiones de la competencia.

Un retroceso normativo

Las recientes reformas legales del gobierno conservador de la primera ministra, Giorgia Meloni, han debilitado aún más la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, Vannucci critica el debilitamiento de las normas anticorrupción, incluida la abolición del delito de abuso de poder para los funcionarios públicos y la eliminación de la legislación sobre tráfico de influencias.

«Eran herramientas esenciales para los fiscales. Ahora han desaparecido», lamenta.

Por otra parte, Busia señala que los últimos cambios introducidos en el código de contratación pública italiano han diluido la protección contra los conflictos de intereses, debilitando las salvaguardias administrativas que garantizaban la integridad del gasto público.

Ambos expertos subrayan que el verdadero peligro no son los escándalos de gran repercusión mediática, sino la corrupción silenciosa y sistémica.

«No creo que veamos una oleada de grandes casos (…) el riesgo real es que gran parte del daño se produzca en silencio, bajo el radar», asegura Vannucci.

Peor aún es la señal que se envía: la corrupción no deja de ser corrupción sólo porque ya no pueda perseguirse, subraya.

«No se trata sólo de hacer cumplir la ley (…) se trata de si permitimos que el despilfarro, la connivencia y la captura privada se conviertan en la nueva normalidad», advierte.

Si Italia no cambia de rumbo, los 200.000 millones de euros de los fondos de recuperación no servirán para reconstruir el país. En su lugar, servirán de lección magistral sobre cómo gestionar un chanchullo público a plena luz del día.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Moncloa cambia su estructura y potencia las áreas de «discurso» y atención a «quejas» de los ciudadanos

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Madrid (Servimedia) – El Gobierno ha modificado la estructura organizativa de la Presidencia del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, lo cual implica, entre otros cambios, potenciar las áreas de elaboración del «discurso» político y la atención a «quejas» de los ciudadanos.

Así se recoge en el Real Decreto 676/2025, que sustituye al Real Decreto 954/2024 de septiembre del año anterior, en el que se introducen diversos cambios en la estructura de la Presidencia del Gobierno.

Entre las novedades destaca la transformación de la Secretaría General de Coordinación Institucional en la nueva Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía.

El nuevo decreto establece entre las funciones principales de esta secretaría el «facilitar la comunicación con la ciudadanía y atender y dar respuesta a todas aquellas sugerencias, quejas e informaciones que se dirijan al presidente del Gobierno«, según recoge textualmente el artículo 2 de esta norma.

Asimismo, dependerán directamente de la persona titular de la Dirección Adjunta del Gabinete del presidente los departamentos de Prospectiva Estratégica y Asesoramiento Científico; Asuntos Culturales y Discurso.

Esta última sección «asistirá en todas las funciones relacionadas con la propuesta y elaboración de discursos y mensajes» del jefe del Ejecutivo y «contará con una Unidad de Coordinación cuyo titular tendrá rango de subdirector general».

Nueva estructura y toma de «decisiones europeas»

El texto legal establece que la Presidencia del Gobierno se organizará a través de ocho órganos superiores y directivos, incluyendo el Gabinete del Presidente del Gobierno, la Dirección Adjunta del Gabinete y la nueva Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía.

Una de las principales funciones del Gabinete será «proporcionar al presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones», además de «conocer las políticas y programas públicos adoptados y desarrollados por los Gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de facilitar la cooperación y la cogobernanza».

La nueva estructura refuerza los mecanismos de coordinación interministerial, estableciendo que el Gabinete debe «conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno».

El decreto contempla también «el estudio y seguimiento de todos los programas y acciones de la Unión Europea que tengan incidencia en las políticas públicas del Estado, proporcionando la información necesaria para la toma de decisiones europeas».

Mejoras operativas

Se establece una nueva regulación del Comité de Dirección de la Presidencia, donde la persona titular de la Dirección del Gabinete «ejercerá las funciones de dirección, coordinación e impulso del Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno».

Los cambios buscan modernizar la estructura de Presidencia para hacerla más eficiente y adaptada a las nuevas necesidades de Gobierno, con especial atención a la transparencia y la participación ciudadana.

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(Editado por Servimedia/Madrid)

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Google suscribirá el Código de Buenas Prácticas de la UE para la IA generativa

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El gigante tecnológico estadounidense Google se ha comprometido a suscribir el compromiso voluntario de la Unión Europea (UE) para regular las buenas prácticas en el terreno de la Inteligencia Artificial Generativa, según han confirmado fuentes de la compañía y de Bruselas.

Bruselas y los reguladores europeos consideran que suscribir ese Código equivale a cumplir la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.

Al firmar el Código de Buenas Prácticas de la IA, Google asume varios compromisos sobre el impacto climático de la tecnología, la mitigación del riesgo de que la IA llegue a ser totalmente autónoma y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

La decisión de Google de suscribir ese compromiso se produce sólo pocos días después de que el gigante tecnológico estadounidense Meta anunciara que no lo firmará, tras alegar «incertidumbres jurídicas».

Google es la empresa del sector que más compromisos en ese sentido ha suscrito hasta la fecha. Otros signatarios son la francesa Mistral AI y la alemana Aleph Alpha.

En ese sentido, el presidente de Google, Kent Walker, ha declarado que «este Código, tal y como se aplica, promoverá el acceso de los ciudadanos y las empresas europeas a herramientas de IA seguras y de primer nivel a medida que estén disponibles.»

La redacción del Código de buenas prácticas y la aplicación de la Ley de IA han sido objeto de duras críticas en los últimos meses, y numerosas empresas del sector han presionado a la Comisión Europea para que revise y retrase la aplicación de la norma.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Las elecciones de París se transforman en un campo minado para Macron y la derecha francesa

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París (Euractiv.fr/.es) – La batalla política por representar al distrito más elegante de París se ha convertido en una disputa política entre el ex primer ministro y antiguo Comisario de la Unión Europea (UE) Michel Barnier y la ministra de Cultura, Rachida Dati, afectada por un reciente caso de presunta corrupción, creando un auténtico quebradero de cabeza para el presidente, Emmanuel Macron.

Barnier,  ex negociador de la UE para el Brexit, logró esta semana el respaldo del partido conservador francés Les Républicains (LR) para presentarse a unas elecciones parlamentarias parciales clave en el rico distrito 7 de la capital.

Pero la decisión provocó la airada respuesta de Rachida Dati -también miembro de LR y alcaldesa de ese distrito-, que se negó a retirarse de la carrera y anunció que competirá contra Barnier en las elecciones locales de septiembre.

Dati confiaba obtener el apoyo tanto de LR como del partido Renacimiento de Macron para convertirse también en alcaldesa de París en las elecciones de primavera de 2026.

El cargo es una plataforma de lanzamiento frecuente para aspirar a cargos nacionales más elevados. Sin embargo, las recientes acusaciones de corrupción contra Dati están minando sus posibilidades.

La carrera ha puesto de manifiesto las divisiones entre los principales exponentes de la derecha francesa. El comité de nominación del partido trató de suavizar el lunes las tensiones, tras calificar a Dati de la «voz más fuerte para el cambio» en París, después de haber apoyado anteriormente la candidatura de Barnier.

Barnier, por su parte, aseguró que no ambicionaba la alcaldía de la capital.

Un quebradero de cabeza político

El ascenso fulgurante de Dati en la arena política gala desde su origen de inmigrante de clase trabajadora hasta convertirse en ministra la convirtió en un poderoso símbolo para la derecha conservadora.

Su entrada en el gabinete de Macron en 2024 refleja tanto su influencia personal como la necesidad del presidente de revitalizar a su partido tras los reveses electorales y para ganar terreno en bastiones urbanos como París.

El partido de Macron confía en hacerse con el control de una gran ciudad.

Al mismo tiempo, LR quiere recuperar París, antaño bastión conservador bajo el mandato del ex presidente Jacques Chirac, explica a Euractiv Bruno Cautrès, politólogo de la universidad Sciences Po.

«Ambos necesitan un candidato que destaque, pero también uno que no esté enredado en asuntos legales», asegura el investigador.

Dati está acusada de presuntamente aceptar en 2012, 900.000 euros en honorarios de consultoría de una filial de Renault-Nissan cuando era eurodiputada.

Dati, que ha negado las acusaciones, ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 2009 y 2019, un periodo en el cual los grupos de presión de los cargos electos estaban estrictamente regulados.

No obstante, es poco probable que su caso se resuelva antes de las elecciones parciales de septiembre y de las elecciones a la alcaldía de París de 2026.

Un perfil polarizador

Dati divide tanto a LR como a los partidarios de Macron. Su candidatura sorpresa es considerada por muchos un movimiento estratégico en la carrera por la alcaldía de París. No obstante, el partido apoyó a Barnier, a quien considera la opción más sólida y menos controvertida.

En la bancada de Macron, el dilema es más complejo. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ex miembro de LR, ha apoyado públicamente a Dati. Pero otros están cada vez más inquietos por los riesgos que representa su perfil político.

El ex ministro para Europa Clément Beaune criticó los ataques de Dati contra el poder judicial -después de que la ministra acusara a los magistrados de atacarla por razones políticas- advirtiendo en una entrevista en la televisión de que «no estamos en los Estados Unidos de Trump».

Un alto cargo de Renacimiento, que habló bajo condición de anonimato, advirtió de que «la mitad de los activistas [del movimiento de Macron] en París abandonarían» si se les pidiera que hicieran campaña por ella, con el argumento de que representa todo aquello a lo que el movimiento de Macron se opone.

«Macron llegó al poder en 2017 con la promesa de una reforma radical, una ruptura con la política partidista tradicional y un compromiso con una ética irreprochable», comenta un exdiputado de su partido.

«Destituyó a cuatro ministros -incluido François Bayrou, entonces ministro de Educación y ahora primer ministro- por acusaciones tan graves como las que hoy afronta Dati», agrega.

Un camino cada vez más complicado para Macron

Sin embargo, Macron no tiene una opción mejor. Dati es una de las pocas políticas populares, con amplia experiencia electoral y una maquinaria política que funciona sobre el terreno, cualidades que la hacen difícil de ignorar, a pesar de su complejo bagaje jurídico y político.

En ese sentido, Gabriel Attal, ex primer ministro y líder de Renacimiento, ha guardado silencio sobre los últimos movimientos de Dati. Pero también podría necesitar su apoyo si aspira a convertirse en la candidata oficial de Macron.

«Las elecciones a la alcaldía reflejarán la remodelación de la vida política francesa», explica  Stéphane Zumsteeg, director de investigación política del instituto demoscópico Ipsos.

«También es una prueba de fuego para saber si los partidos tradicionales siguen controlando sus flancos», agrega.

Con la previsión de que tanto Dati como Barnier se presenten, algunos sondeos indican una posible división del voto de centro-derecha y conservador , un escenario que podría beneficiar en última instancia a la izquierda.

Otros lo ven como una prueba de fuego para la frágil alianza de Macron con la derecha.

«Todo esto se empieza a parecer a un espejo que refleja la falta de preparación del partido de Macron para las elecciones», comenta un miembro del partido del presidente bajo condición de anonimato.

Y con una carrera presidencial en ciernes en 2027, lo que está en juego en París es más importante que nunca.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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