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Mundo Política

Bruselas apuesta por la preferencia europea para reforzar el «músculo defensivo» de la UE

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Todos los programas de la industria de defensa de la Unión Europea (UE) contemplados en el nuevo presupuesto plurianual estarán vinculados a la «preferencia europea», una apuesta clara por los productores de armamento con sede en el bloque comunitario, según un documento de Bruselas al cual ha tenido acceso  Euractiv.

La Comisión Europea tiene previsto fusionar todos las iniciativas y programas de subvención de la industria de defensa de la UE junto con los programas para otros sectores estratégicos en un único megafondo de política industrial de la UE, bautizado Fondo Europeo de Competitividad (FEC).

El plan podría chocar con los programas de muchos países de la UE para utilizar los fondos de defensa comunitarios para reponer sus arsenales militares, y también podría echar por tierra  las esperanzas de impulsar las fábricas europeas de contratistas de defensa externos, entre ellas las principales empresas estadounidenses.

La idea del FEC se debate desde hace tiempo, pero el texto del anteproyecto al cual tuvo acceso Euractiv el martes, ofrece una nueva perspectiva del plan de la Comisión.

La inclusión de los programas industriales bajo la etiqueta de «competitividad» para sectores «estratégicos» sugiere que Bruselas apuesta por concentrar los recursos de la UE en productos fabricados en la UE.

El FEC «se centrará en el desarrollo y la fabricación de tecnologías y sectores estratégicos situados en la Unión», reza el texto del documento.

Las condiciones de elegibilidad se elaborarán con el fin de «proteger los intereses estratégicos y de seguridad económica de la Unión», se agrega.

Ampliación del programa

Entre los programas incluidos en los planes del FEC figura el Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), pendiente de aprobación, lo cual indica que la Comisión lo considera una solución a largo plazo para reforzar la industria europea de defensa e impulsar más adquisiciones militares conjuntas en el continente.

Los actuales proyectos del EDIP, que se negocian entre el Parlamento y el Consejo, sólo llegan hasta 2027.

También se incluyen las subvenciones a la producción de municiones ASAP, cuyo presupuesto expiró a finales del mes pasado.

Ello sugiere que Bruselas sopesa inyectar más recursos para reactivar el programa, lanzado inicialmente para ayudar a las empresas europeas a suministrar a los ejércitos europeos y a Ucrania suficientes proyectiles de artillería.

El programa de adquisición militar conjunta EDIRPA, que expira en diciembre, también está incluido en la propuesta del FEC.

En ese sentido, una fuente comunitaria ha explicado a Euractiv que la Comisión Europea quiere mantener en funcionamiento tanto el ASAP como el EDIRPA, como mecanismos de financiación al menos hasta que el EDIP -que contiene elementos de ambos programas- supere todas las trabas en las negociaciones.

El documento consultado por Euractiv no indica sin embargo cuánto dinero tiene previsto destinar la Comisión Europea a esos programas en su propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto a largo plazo del bloque europeo, cuya presentación está prevista para el próximo 16 de julio.

Algunos de los otros programas relacionados con la defensa quedarán fuera de la FEC, entre ellos el plan de movilidad militar para adaptar las infraestructuras de toda Europa a las especificaciones militares, o los fondos de cohesión utilizados para impulsar la fabricación de armamento.

Un solo fondo, pero reglas muy diferentes

El texto consultado por Euractiv no aborda cómo Bruselas tiene previsto gestionar las diferentes normas para la concesión de subvenciones de cada programa del FEC, ni el grado de flexibilidad del cual dispondrá la UE para transferir fondos entre los distintos programas.

Los criterios para los programas industriales de defensa del bloque comunitario se establecieron después de meses de duras negociaciones, en medio de la falta de acuerdo sobre si permitir o no que la financiación de la UE se destine a sistemas de armamento producidos por contratistas extranjeros, así como por reticencias en torno a asuntos de seguridad nacional.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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La sociedad civil advierte contra una simplificación de la Ley de Inteligencia Artificial

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Numerosas ONG especializadas en la defensa de los derechos de los consumidores han instado a la Comisión Europea a no reabrir ni retrasar la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, mientras el ejecutivo de la Unión Europea (UE) se esfuerza por simplificar la normativa digital.

Este miércoles, varias organizaciones de la sociedad civil han publicado una carta abierta dirigida a la Comisaria de Asuntos Digitales, Henna Virkkunen, al Comisario de Industria, Stéphane Séjourné, y al Comisario de Economía, Vladis Dombrovskis, instándoles a no reabrir la legislación tecnológica de la UE.

Bruselas anunció el pasado mes de enero que a finales de este año presentará un «paquete digital» destinado a simplificar y racionalizar las normas tecnológicas, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Inteligencia Artificial (IA) y la legislación sobre ciberseguridad.

No obstante, sobre todo en las últimas semanas, la industria tecnológica europea y algunos países del bloque comunitario han presionado para que se suspendan algunas de las normas de la Ley de IA, con el argumento de que la norma podría obstaculizar la innovación de la UE en ese campo, ya que las herramientas esenciales para su cumplimiento aún no están listas.

Los firmantes de la misiva -entre los cuales está la asociación paneuropea de protección de los consumidores (BEUC), la ONG de derechos digitales EDRi y el Centro para la Democracia y la Tecnología- temen que las presiones para «parar el reloj» puedan disfrazar una desregulación total, no una mera simplificación.

Bruselas se juega la confianza de los ciudadanos europeos

La carta señala, a modo de ejemplo, el primer paquete de simplificación presentado por la Comisión Europea a principios de este año sobre sostenibilidad y diligencia debida, y argumenta que las enmiendas fueron mucho más allá de lo previsto originalmente.

«La Ley de Inteligencia Artificial es una piedra angular de la ambición europea de defender una inteligencia artificial que dé prioridad a las personas y respete los derechos, y cualquier debilitamiento de sus salvaguardias podría socavar la confianza pública y la credibilidad de Europa como referente mundial en materia de inteligencia artificial», explicó a Euractiv Laura Lázaro Cabrera, experta del Centro para la Democracia y la Tecnología en Europa.

«Es peligroso hacer retroceder protecciones legales esenciales», comentó a Euractiv Blue Tiyavorabun, de EDRi.

En una intervención ante el Consejo a principios de junio, Virkkunen no descartó retrasar la aplicación de la Ley de IA.

En aquel momento, el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, explicó a Euractiv que «todas las opciones» seguían abiertas, en el contexto del paquete digital.

Para impulsar la innovación europea en IA, la Comisión Europea ha dejado muy claras cuáles con sus metas.

«Queremos que Europa sea uno de los continentes líderes en IA», declaró en febrero pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Cumbre sobre IA celebrada en París.

Para lograr ese fuerte impulso a la IA, según Regnier, se apoyará a los países y a la industria de la UE con«infraestructuras, datos, potencia de cálculo, talento y, por supuesto, claridad y seguridad jurídica».

Al mismo tiempo, reiteró que Bruselas mantiene su compromiso con «los objetivos de la Ley de IA», entre ellos el apoyo a «normas armonizadas basadas en el riesgo en la UE y la garantía de la seguridad de los sistemas de IA en el mercado europeo».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Schengen a los 40: los controles fronterizos son la «nueva normalidad»

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Hay poco que celebrar en el 40º aniversario del espacio  Schengen, ya que la zona de libre circulación de la Unión Europea (UE) se está resquebrajando cada día.

El espacio Schengen, creado en 1985 y elogiado como uno de los logros más importantes del bloque, permite la libre circulación de personas, bienes y servicios entre 27 países: 23 Estados miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Cada día, cerca de 3,5 millones de personas cruzan las fronteras interiores, y cerca de 32 millones de empresas ahorran dinero en pesados costes burocráticos.

Pero esa libertad se ha puesto a prueba en repetidas ocasiones desde 2015, cuando un fuerte aumento del flujo de refugiados y migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio, desencadenó la vuelta de los controles en las fronteras interiores.

En aquel momento, los países de la UE lo enmarcaron como una respuesta «temporal» para mitigar la crisis, que puso de manifiesto los límites de los sistemas de asilo y fronteras del bloque comunitario europeo.

Según las normas de Schengen, los Estados miembros tienen derecho a volver a aplicar  temporalmente los controles fronterizos, aunque sólo cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

La duración de esos controles depende de las razones jurídicas concretas que alegue cada país, pero la idea está clara: temporal es «temporal».

Sin embargo, desde principios de este mes, 11 países Schengen han vuelto a implementar  controles fronterizos en sus fronteras interiores. Polonia aplicó el lunes controles fronterizos a los vehículos procedentes de Alemania como medida de represalia.

Varias instituciones de la UE, entre ellos el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, han cuestionado «la necesidad, la proporcionalidad y las pruebas que sustentan la vuelta de los controles fronterizos», explica a Euractiv Davide Colombi, investigador de Justicia y Asuntos de Interior del «think tank» CEPS.

Los países de la UE «han fracasado sistemáticamente a la hora de aportar pruebas de cómo su introducción de controles fronterizos es una solución al problema», añade Colombi.

El experto asegura que la aplicación de controles en las fronteras interiores sólo se tendría que permitir en casos limitados y excepcionales.

«(…) Los Estados miembro han ido más allá de lo que realmente les permite hacer la legislación de la UE», agrega.

«Uno de los principales problemas es la falta de aplicación por parte de la Comisión Europea, a pesar de que los Estados miembro han ido más allá de los plazos establecidos por el Código de fronteras Schengen», explica Colombi, al tiempo que añade que Bruselas no está tomando ninguna medida significativa, por ejemplo, procedimientos de infracción.

El peaje económico

Dado que Schengen es un motor clave de la economía de la UE, su desmantelamiento tendría consecuencias directas en el comercio, los desplazamientos diarios al trabajo, el turismo y los costes vinculados a los controles fronterizos, entre ellos infraestructuras y personal.

Se calcula que los costes anuales de funcionamiento oscilan entre 2.000 y 4.000 millones de euros al año, es decir, entre el 0,02% y el 0,03% del PIB total del espacio Schengen.

En términos más generales, la supresión de la zona de libre circulación socava los cimientos de la eurozona, ya que una unión monetaria funciona mejor cuando las mercancías y las personas pueden circular libremente.

Los controles fronterizos permanentes pueden ralentizar la circulación de personas y mercancías por el continente, encarecer el turismo y dificultar los desplazamientos diarios de los 1,7 millones de trabajadores transfronterizos de Schengen.

Sólo eso tendría un coste de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, y los países más pequeños, como Eslovaquia y Luxemburgo, serían los más afectados.

Si a eso se añaden cerca de 200 millones de desplazamientos transfronterizos anuales y millones de camiones de mercancías, como los 18 millones que entran en Alemania cada año, el impacto económico total podría duplicarse fácilmente, lo cual podría alterar las cadenas de suministro en toda la UE.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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El Comisario europeo de Clima asegura que la UE debe ser «inteligente» para cumplir sus objetivos de sostenibilidad

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, considera que la Unión Europea (UE) debe ser  «pragmática» e «inteligente» a la hora de decidir cómo cumplir sus objetivos climáticos, aunque ello implique delegar la acción en el mundo en desarrollo y modificar leyes previamente acordadas.

La Comisión Europea propuso la semana pasada un objetivo de reducción para 20240 de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% por debajo de los niveles de 1990 , un año después del plazo fijado en la Ley del Clima de la UE, que compromete al bloque comunitario a alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Hoekstra aprovechó el retraso para recabar el apoyo de los Estados miembro a ese objetivo, teniendo en cuenta que el Pacto Verde, sello distintivo de la primera legislatura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , empezaba a decaer.

En una entrevista con Euractiv, Hoekstra aseguró que «hay un apoyo muy fuerte a la reducción del 100% de las emisiones para 2050».

Al mismo tiempo, admitió que es «una petición muy justa de muchos Estados miembro» garantizar que las políticas climáticas estén más estrechamente vinculadas a la competitividad.

Hoekstra asegura además que en sus últimas conversaciones con varios líderes europeos y eurodiputados le han convencido de que se mantiene un «apoyo abrumador» a los «ambiciosos objetivos climáticos» de la UE.

Un resultado tangible de ello es reconocer que el objetivo climático sólo será políticamente viable si se concede a los gobiernos cierta flexibilidad, en especial la opción de «externalizar» parte de su acción climática al mundo en desarrollo.

Abiertos a los «créditos de carbono»

Por otra parte, Hoekstra asegura que siempre ha estado «abierto» a la idea de utilizar los créditos de carbono -un concepto forjado en la conferencia COP29 de la ONU celebrada el año pasado en Bakú- para monetizar la acción climática en el mundo en desarrollo.

«Sabemos cómo no hacerlo», comentó el alto funcionario, al tiempo que admitió que los anteriores sistemas de compensación se han visto empañados por acusaciones de «lavado verde».

Sólo funcionará si el sistema es «creíble, verificable y adicional», añadió.

«La humanidad ha conseguido, incluso en el camino de la acción climática, cosas mucho más complicadas que plantar árboles, o el almacenamiento de carbono (CAC), o las renovables a escala», dijo Hoekstra.

Plantar árboles y desplegar energías renovables son soluciones aceptadas, sobre todo en Europa, que carece de reservas nacionales de combustibles fósiles.

Sin embargo, la captura y almacenamiento de carbono es un tema controvertido y ha sido  políticamente «aparcado» en Bruselas hasta hace poco.

La legislación de la UE en vigor exige a la industria del petróleo y el gas, partidaria desde hace tiempo de la CAC, que desarrolle conjuntamente una infraestructura -generalmente utilizando yacimientos de gas agotados- capaz de almacenar de forma permanente 50 millones de toneladas de CO2 al año a partir de 2030.

El argumento es que, sin un lugar donde almacenarlo, nadie invertirá en tecnología de captura de carbono.

Pero los agentes del sector aseguran ahora que el objetivo es inviable, por lo cual se especula con la posibilidad de que la Comisión Europea revise las normas en el marco de su campaña de «simplificación» normativa.

De no ser así, se podría ver obligada a tomar medidas contra las empresas petroleras que no cumplan el objetivo.

Neutralidad tecnológica

Hoekstra subrayó que Bruselas mantiene «un punto de vista completamente neutral» sobre las tecnologías que se utilicen.

«Estamos muy a favor de las energías renovables. También la nuclear (…) también la CAC», comentó el alto funcionario de Bruselas, al tiempo que citó un proyecto de captura de carbono en Suecia financiado por la UE con 180 millones de euros, el cual visitó recientemente.

Por otro lado, refutó las críticas según las cuales los esfuerzos de la Comisión por reducir la burocracia equivalen a una desregulación o al «desmantelamiento» del Pacto Verde.

«Estamos en una de las mayores transiciones, sin duda en el ámbito de la energía, que ha vivido la humanidad (…) tenemos un verdadero norte muy claro, y también tenemos muy claro nuestro enfoque general», subrayó el holandés.

Reconocer el coste de la transición

Por otro lado, Hoekstra admitió la gran magnitud de los costes sociales y de inversión asociados a la transición energética.

La agenda de descarbonización de la UE, que Bruselas define como una combinación de «estrategia climática, estrategia de competitividad y estrategia de independencia», tendrá un peaje económico elevado.

«No cometamos el error de confundir costes con inversiones», comentó, al tiempo que recordó los 400.000 millones de euros que la UE seguiría gastando anualmente en importar petróleo y gas «incluso si echamos a los rusos».

«Esto sólo ocurre si [existe] la previsibilidad que buscan los fondos de pensiones y otros grandes inversores», explicó.

Por otro lado, Hoekstra rechazó la idea de que modificar leyes aprobadas mediante una serie de propuestas «ómnibus» socavaría esa misma previsibilidad.

Citando el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera (CBAM) de la UE -el arancel de importación basado en la huella de carbono de determinados productos básicos-, señaló que el 90% de las empresas incluidas inicialmente han sido eliminadas de su ámbito de aplicación, mientras que el sistema sigue captando el 99% de las emisiones.

«¿Por qué las incluimos inicialmente (…) no será que nuestro diseño era, quizás, bueno pero no genial (…) qué eliges entonces?», se preguntó.

«¿Corriges el rumbo (…) o sigues chocando siempre contra el mismo muro?», concluyó.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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