Bruselas (Euractiv.com/.es) – El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), algunos de cuyos detalles se dieron a conocer el jueves en una declaración conjunta, no aporta muchos datos sobre cómo quedarán los gravámenes transatlánticos para el sector digital del bloque comunitario, según un primer análisis.

La declaración del jueves se produjo tras el acuerdo político – muy criticado por muchos sectores en Europa- que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron el pasado mes de julio en Escocia, en un intento por evitar una guerra comercial transatlántica.

No obstante, parece improbable que los detalles contenidos en la declaración conocida el jueves en Bruselas cambien la percepción negativa del acuerdo en el sector, puesto que, entre otros puntos, compromete a la UE a una serie de concesiones en el ámbito digital.

Según el texto, la UE y Estados Unidos «se comprometen a abordar las barreras comerciales digitales injustificadas», lo cual, probablemente, será recibido con entusiasmo por los grupos del Parlamento Europeo.

No obstante, plantea múltiples interrogantes sobre las políticas tecnológicas que se podrían ver afectadas, sobre todo teniendo en cuenta la hostilidad manifestada por Estados Unidos con varias de las normas digitales del boque comunitario, incluidas las normas de gobernanza digital y la Ley de Inteligencia Artificial.

La DMA, la DSA y las DST no se verán afectadas

No obstante, la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y los Impuestos a  los Servicios Digitales (DST) no están incluidos, según explicó el jueves el Comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič.

«Hemos mantenido esas cuestiones fuera de las negociaciones comerciales», subrayó Šefčovič. Aunque no existe un régimen común europeo de comercio de servicios, varios países miembros del bloque comunitario han aprobado sistemas nacionales, y otros, como Polonia, parecen dispuestos a seguir ese modelo.

Mientras Bruselas sostiene que su normativa digital quedó fuera de las negociaciones comerciales, la administración estadounidense ha sugerido que la legislación digital de la UE sí está incluida.

No obstante, en la declaración conocida el jueves no se hace referencia directa a la DSA ni a  la DMA de la UE, ni se afirma de manera explícita que esas normas digitales emblemáticas no se verán afectadas por el acuerdo con Estados Unidos.

No habrá aranceles por el uso de la red

Por otro lado, en una concesión notable, la declaración afirma que la UE no adoptará ni mantendrá las tasas por el uso de las redes, extremo confirmado el jueves por Šefčovič.

Las empresas de telecomunicaciones de la UE han ejercido una fuerte presión en favor de las tarifas de uso de red: quieren cobrar a las grandes plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, por ese tráfico.

Aunque la Comisión Europea rechazó en su momento apoyar la propuesta original de «reparto equitativo» de las telecos, dejó la puerta abierta a la nueva Ley de Redes Digitales, que incluye mecanismos de resolución de conflictos para las autoridades reguladoras de las telecomunicaciones.

En ese sentido, los grupos de presión de las grandes empresas tecnológicas han advertido de que ello podría ser una forma indirecta de imponer tarifas de red. No queda claro si el compromiso de la UE cierra también esa posibilidad.

Pero Šefčovič destacó un aspecto positivo a la decisión de la UE de no imponer tasas por el uso de la red.

«Lo que en realidad estamos haciendo aquí es crear el espacio propicio para mejorar (…) las posibilidades de comercio digital entre la Unión Europea y Estados Unidos», subrayó el eslovaco.

Voz y voto para los comerciantes estadounidenses en la reforma aduanera

Los detalles son imprecisos, al tiempo que las negociaciones con Washington prosiguen, según Bruselas. En ese sentido, Šefčovič admitió que la relación bilateral es «amplia».

«Habrá muchos temas para debatir», comentó. «Pero, por supuesto, hemos sido muy claros en que, para nosotros, la autonomía regulatoria es esencial», recalcó el alto funcionario de Bruselas.

A pesar de su afirmación, la declaración incluye una «concesión»: la UE «tiene la intención de consultar» con Estados Unidos y con los comerciantes estadounidenses acerca de la digitalización de los procedimientos comerciales y la aplicación de la reforma aduanera de la UE, actualmente en fase de negociación.

Por otra parte, Bruselas y Washington también quieren negociar un acuerdo de reconocimiento mutuo sobre ciberseguridad, entre otros puntos.

La UE comprará chips de IA fabricados en Estados Unidos

Por otro lado, la UE expresa su «intención de comprar» chips de Inteligencia Artificial fabricados en Estados Unidos por valor de al menos 40.000 millones de euros, según el texto de la declaración de este jueves.

Los chips se destinarán a los «centros informáticos» de la UE, pero hasta la fecha Bruselas no ha aclarado quién pagará la factura. Como requisito previo para esas importaciones, el bloque comunitario europeo asegura que trabajará junto con Estados Unidos en el control de la «fuga de tecnología» a determinados destinos.

La administración estadounidense se ha comprometido a limitar los aranceles al 15%, lo cual  parece reforzar la idea de que la UE se ha librado del gravamen del 100% a los chips con el que Trump amenazó hace apenas unas semanas.

Por otro lado, ambas partes afirman que no impondrán derechos de aduana a las transmisiones electrónicas y apoyarán una prohibición permanente de las mismas.

Ese asunto es objeto de negociación desde hace años ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y llevó a la UE y a China -aunque no a Estados Unidos- a acordar una prohibición. La declaración del jueves compromete a la UE y a Estados Unidos a «tratar de que se adopte un compromiso multilateral permanente» para evitar esos gravámenes a escala global.

No es todavía jurídicamente vinculante

La declaración del jueves no es jurídicamente vinculante, ya que ambas partes tienen todavía que concretar las propuestas en textos legales. Por parte de la UE, eso significa que la Comisión Europea tiene que negociar con el resto de instituciones, básicamente con el Parlamento Europeo y el Consejo.

«Es imposible hablar de un acuerdo justo», comentó el jueves el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com) – El gigante tecnológico estadounidense Google ha anunciado nuevos cambios en su tienda de aplicaciones para móviles en un intento por esquivar las posibles multas de la Comisión Europea en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la normativa de la Unión Europea (UE) que regula las  grandes empresas del sector.

En un post publicado esta semana en su Centro de Políticas, Google anuncia modificaciones en su «programa de ofertas externas» para los desarrolladores que utilizan Play Store para distribuir aplicaciones en el Espacio Económico Europeo (EEE).

El gigante tecnológico también ha introducido una estructura escalonada para una tasa de «servicio continuo» que cobra a los desarrolladores, similar a los cambios propuestos por Apple en junio.

En virtud de la DMA, los gigantes tecnológicos (incluidos Apple y Google) se pueden enfrentar a multas de hasta el 10% de su facturación mundial anual si infrinjen las normas.

Bruselas ha multado este año a Apple y Meta por infracciones en ese marco, pero hasta la fecha Google ha logrado esquivar sanciones de la DMA a pesar de la constatación preliminar del Ejecutivo comunitario de infracción en relación con su Play Store, comunicada en marzo.

Tasas escalonadas

Los últimos cambios de Google, que incluyen revisiones de las tarifas que cobra a los desarrolladores de aplicaciones, demuestran que la empresa quiere eludir la normativa de la UE.

Hasta la fecha, los desarrolladores se han esforzado por derivar a sus clientes a ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones móviles para evitar que las plataformas se queden con una parte de sus ventas dentro de la aplicación en concepto de comisiones.

Pero en respuesta a las exigencias de la DMA, tanto Google como Apple introdujeron nuevas comisiones para los desarrolladores.

En ese marco, Google ha revisado otra vez su estructura de tarifas ampliada. Uno de los cambios se refiere a la «tasa de adquisición inicial» para desarrolladores, que se ha reducido del 10% al 3%. Desde ahora, sólo se aplicará durante los seis meses siguientes a la instalación de la aplicación por el usuario.

Por otra parte, los desarrolladores de Play Store deben pagar la cuota de servicio de «nivel 1», que Google considera «esencial» para tener «una aplicación segura y fiable», por ejemplo accediendo a su sistema de revisión de aplicaciones.

Por su parte, la cuota de «Nivel 2» es opcional, pero desbloquea «funciones adicionales», como la distribución, el descubrimiento y la gestión de aplicaciones, y elementos de servicio adicionales, como campañas de promoción personalizadas.

Google aplica una tarifa fija por instalación de aplicación en los niveles 1 y 2, aunque la tarifa varía en función del país del usuario y de si se trata de un juego u otro tipo de aplicación.

Las tarifas oscilan desde 0,10 euros en el extremo inferior (por ejemplo, para un juego instalado por un usuario de Play en Rumanía) hasta 1,90 euros (para un juego instalado por un usuario en Alemania).

¿»Tarifas basura»?

En ese sentido, Tim Sweeney, Consejero Delegado de Epic Games, muy crítico desde hace tiempo con los «impuestos» que Apple y Google aplican a los desarrolladores en sus tiendas de aplicaciones, cargó contra la última medida de Google, que calificó de «claramente ilegal» y tachó los cambios de «tasas basura y despriorización discriminatoria de los resultados de búsqueda»

Por su parte, Gene Burrus, experto de la Coalition for App Fairness, que representa a desarrolladores de aplicaciones como Spotify y Match Group, también criticó la medida de Google, y aseguró que «perpetúa tasas y restricciones que violan la DMA».

Aunque Google afirma que los cambios aumentan la «flexibilidad» de los desarrolladores (al tiempo que «equilibran las necesidades de confianza y seguridad en todo el ecosistema»), el gigante tecnológico advierte de que las revisiones podrían aumentar los riesgos de seguridad para los usuarios de su plataforma Android.

«Nos sigue preocupando que estos cambios puedan exponer a los usuarios de Android a contenidos nocivos y empeorar la experiencia con las aplicaciones», explica a Euractiv Clare Kelly, asesora principal de Google en cuestiones competencia, en una respuesta por escrito.

La compañía recomienda a los usuarios que sólo instalen aplicaciones de tiendas de confianza, como Play Store, para reducir el riesgo de malware.

Kelly subraya que los cambios se han aplicado «tras las conversaciones de la DMA con la Comisión».

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Varsovia/Bruselas (Euractiv.com) – Polonia gravará con un impuesto del 3% a las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger a la industria nacional y a los medios de comunicación, según anunciaron esta semana fuentes oficiales .

Al tiempo que prosiguen en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las negociaciones para adaptar el sistema fiscal mundial a las realidades digitales modernas, muchos países europeos trabajan en sus sistemas impositivos nacionales centrados en las grandes empresas tecnológicas, predominantemente estadounidenses.

Esos esfuerzos han acaparado la atención -y la ira- del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, a pesar de la dura reacción de su administración, incluidas amenazas de represalias mediante la aplicación de aranceles comerciales, varios países siguen adelante con sus medidas.

En ese sentido, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció en marzo su intención de gravar a las grandes empresas tecnológicas, y en estos días se empiezan a conocer más detalles de ese plan.

Fuentes del Ministerio polaco de Asuntos Digitales han explicado a Euractiv que el proyecto de ley seguirá su tramitación «hasta finales de año». Una vez listo, se someterá a consulta pública.

Dependiendo de cómo avance el proceso legislativo, el nuevo impuesto podría entrar en vigor en 2027.

Según el Ministerio, el gravamen se aplicará a las empresas cuyos ingresos globales superen los 750 millones de euros.

Se aplicará a, entre otros, plataformas, redes sociales y aplicaciones de transporte compartido, así como a empresas que ofrezcan publicidad personalizada o vendan datos de usuarios.

Quedarán exentos los servicios que solo proporcionen a los usuarios acceso a contenidos (por ejemplo juegos) o interfaces (como plataformas de pago o de comunicaciones), así como los servicios financieros y las ventas directas a través de la web, por ejemplo a través del sitio web de una empresa minorista.

Las empresas afectadas tendrán que declarar los ingresos generados en Polonia o en relación con Polonia, en función de si pueden «suponer razonablemente» que los usuarios son residentes en el país, por ejemplo a través de sus direcciones IP, según el Ministerio.

Fuentes oficiales polacas creen que un «modesto» impuesto del 3% a los ingresos de los gigantes tecnológicos podría generar hasta 470 millones de euros el primer año.

La propuesta se asemeja al proyecto de la Comisión Europea de crear un impuesto digital para toda la UE, que habría ido a parar a las arcas nacionales, pero que se abandonó después de que los Estados miembros fueran incapaces de llegar a un acuerdo.

Bruselas también se planteó la aplicación de un impuesto digital en la UE para saldar las deudas derivadas de la crisis por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en su lugar, propuso recientemente un impuesto a escala de la UE sobre las grandes empresas en general.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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