París (Euractiv.fr/.es) – Los países más ricos de la Unión Europea (UE), entre ellos Francia y Alemania, rechazan las peticiones de las economías más pequeñas del bloque comunitario para garantizar que el acceso a un nuevo fondo industrial se reparta según criterios geográficos en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto septenal (2028-2034).

La batalla está en el centro de las negociaciones sobre el fondo industrial de 234.000 millones de euros -denominado Fondo Europeo de Competitividad-, que será una parte muy importante del próximo presupuesto.

El plan de Bruselas es utilizar el dinero para superar la crisis de competitividad de Europa y el retraso de las inversiones en los sectores ecológico, de defensa, digital, espacial y biotecnológico.

Los ministros europeos del ramo debatieron el proyecto este lunes, antes de las negociaciones sobre el diseño final, que se prolongará durante los próximos dos años.

Alemania, Francia y otros grandes contribuyentes al presupuesto de la UE se han movilizado para bloquear el «equilibrio geográfico», que dividiría el fondo para que los socios con menos recursos tuvieran acceso a él independientemente de la solidez de sus proyectos.

Pero el bloqueo de los países ricos va en contra de los deseos de países como Chequia, Eslovaquia, Polonia y Portugal, ya afectados por recortes masivos de subvenciones regionales y agrícolas.

«La financiación es como el flujo sanguíneo. No debemos limitarla a [ciertas] partes del cuerpo», declaró el ministro letón del ramo, Jurģis Miezainis, al tiempo que advirtió contra las medidas que perjudicarían a los países más pobres.

Por su parte, el ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domański, afirmó que su gobierno «insiste en la necesidad de un equilibrio geográfico dentro del fondo».

Sin embargo, los países más ricos se oponen a ofrecer a las economías más pequeñas una mayor parte del presupuesto. Cualquier excepción a la asignación basada en el mérito «debe estar estrictamente regulada, debidamente justificada y utilizarse en un número mínimo de casos», declaró el ministro holandés de industria, Vincent Karremans.

La posición de Países Bajos contó con el respaldo de Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Austria, todos ellos entre los 10 países más ricos de la UE, lo que supone un duro golpe para los países menos prósperos.

París y Berlín también se oponen a un reparto regional del presupuesto.

Francia «insistió» en que el fondo debe centrarse en los méritos, según señaló el ministro francés de Industria, Marc Ferracci. Por su parte, la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, afirmó que las asignaciones deben basarse en la «excelencia tecnológica».

Los ministros de Ciencia e Investigación del bloque debatirán el martes el programa Horizonte Europa, dotado con 175.000 millones de euros, y su relación con el Fondo Europeo de Investigación.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com) – El comisario europeo de Sanidad, Olivér Várhelyi, se mostró este jueves abierto a la posibilidad de aplicar impuestos a los productos con alto contenido en azúcar, grasa y sal para ayudar a financiar la sanidad pública en los países de la Unión Europea (UE).

En el marco de una reunión en la comisión de Sanidad del Parlamento Europeo, preguntado por el eurodiputado Vlad Voiculescu (Renovar Europa/liberal) sobre su opinión acerca de gravar los ultraprocesados,  el comisario concluyó que es «algo sobre lo que podemos reflexionar» en el marco del plan de salud cardiovascular de la Comisión Europea.

«Necesitamos una buena herramienta de medición, porque hemos tenido estos debates y, en general, siempre acaban en una discusión ideológica sobre privar a la gente de sus opciones, sobre imponer condiciones a las industrias, más que sobre proteger la salud pública», dijo Várhelyi.

De forma similar al planteamiento de salud pública de la Comisión Europea en relación con el tabaco, se exigiría a los consumidores de estos productos de riesgo que contribuyan económicamente, ya que es más probable que tengan que depender de los sistemas sanitarios en caso de verse afectados por alguna patología relacionada con su consumo.

Según una fuente de la Comisión, la tasa podría basarse en aplicaciones que midan el grado de transformación de los productos alimentarios , como Truefood , entre otras.

«No se trata de limitar la disponibilidad de los productos que la gente quiere comprar. Podemos influir en las elecciones y eso es lo que creo que deberíamos hacer», añadió el alto funcionario europeo.

El comisario argumentó que, si se avanzara en este debate, sería necesario garantizar que los ingresos sólo se pudieran gastar en salud pública y no se utilizaran para colmar otras lagunas presupuestarias.

De aplicarse, esta estrategia podría complementar la financiación sanitaria existente en el marco comunitario, especialmente el programa EU4Health, que se diluyó sobre todo en el fondo de competitividad presentado por la Comisión Europea el pasado mes de julio.

Preguntado por el eurodiputado centrista danés Stine Bosse sobre la posibilidad -o incluso la necesidad- de convertirlo en un recurso propio de la UE, el comisario no quiso entrar en detalles.

«Estoy muy comprometido con la búsqueda de soluciones -hay varias formas, entre ellas gravar determinados productos como los alimentos grasos o azucarados- para encontrar fondos para la salud», explicó Bosse a Euractiv.

La Comisión Europea lleva tiempo estudiando el plan.

En ese sentido, varias fuentes de Bruselas confirmaron a Euractiv que Várhelyi  ha contactado antes del verano con los principales grupos parlamentarios en Estrasburgo para plantear la cuestión de gravar esos productos.

«Quería demostrar que no se trata sólo de la industria o de la inteligencia artificial. No entró en detalles, pero quiso mostrar que busca soluciones en el marco del presupuesto», comentó una fuente cercana al asunto.

Bruselas analiza el tema desde hace tiempo

La Comisión Europea encargó un estudio para analizar la posibilidad de aplicar impuestos especiales en toda la UE a los productos con alto contenido en grasas, sal y azúcar (HFSS, por sus siglas en inglés), medidas que están en vigor en varios Estados miembros

El estudio de la DG TAXUD de Bruselas, publicado el pasado mes de mayo, concluía que gravar alimentos poco saludables como las bebidas azucaradas puede contribuir a reducir las enfermedades no transmisibles (ENT).

Según el estudio, los fabricantes redujeron el contenido de azúcar de los refrescos tras la aplicación de impuestos a esos productos, mientras que los aumentos de precio también redujeron el consumo y fomentaron el cambio a alternativas más saludables.

Hasta la fecha, 11 países de la UE,  y en España la comunidad autónoma de Cataluña, han introducido algún tipo de impuesto a las bebidas alcohólicas sin alcohol.

Nueve de ellos (Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y la comunidad autónoma española de Cataluña) se centran exclusivamente en las bebidas azucaradas.

Dinamarca grava los helados, el chocolate y los productos de confitería, mientras que Hungría grava tanto las bebidas azucaradas como otros productos con alto contenido en grasas y azúcares.

Rumanía introdujo un impuesto especial sobre las bebidas azucaradas el 1 de enero de 2024. Italia también tenía previsto aplicar este año un «impuesto al azúcar» a las bebidas con más de 25 gramos de edulcorantes añadidos por litro, pero la medida fue aplazada por el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Reacción de la industria

A pesar de las conclusiones de la Comisión, parece poco probable que se establezca un impuesto europeo.

«Habrá una fuerte oposición, sobre todo en el sur de Europa», afirma Luigi Pio Scordamaglia, director general de la asociación agroalimentaria Filiera Italia y responsable de Asuntos Internacionales de la organización de agricultores italianos Coldiretti.

«Por supuesto que la obesidad es un problema, pero gravar los alimentos poco saludables sólo motivará que la gente consuma productos aún más baratos y de menor calidad», añadió. En su lugar, Scordamaglia abogó por medidas como la educación alimentaria en las escuelas y límites más estrictos a la comercialización de productos ultraprocesados dirigidos a consumidores vulnerables.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El organismo de control ético de la Unión Europea (UE) abrió este martes una investigación sobre los mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acerca del polémico acuerdo comercial del bloque comunitario con los países del Mercosur.

La medida se produce a raíz de una denuncia presentada por una periodista del medio de investigación Follow The Money, después de que su solicitud para acceder a un mensaje entre los dos líderes en 2024 fuera ignorada durante 15 meses y finalmente rechazada.

La Comisión afirmó que no pudo identificar el mensaje a pesar de una «investigación exhaustiva».

Por otro lado, Bruselas explicó que el texto se envió a través de la aplicación móvil de mensajería instantánea Signal con la función de «desaparición de mensajes» activada, por lo que ya no estaba almacenado en el teléfono oficial de von der Leyen.

El caso se asemeja an algunos puntos al denominado escándalo «Pfizergate», cuando el New York Times impugnó la negativa de la Comisión Europea a hacer públicos los intercambios de mensajes de texto de Von der Leyen con el director general de la farmacéutica Pfizer durante la pandemia de Covid-19.

El pasado mes de mayo el tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la Comisión no dio una «explicación plausible» de su desestimación de esa petición.

Tras la nueva denuncia, el organismo de control de la UE ha solicitado una reunión con los servicios de la Comisión antes de mediados de octubre de 2025 y ha pedido documentos internos sobre cómo se tramitó la solicitud de acceso.

El acuerdo UE-Mercosur, sellado a finales de 2024 tras 25 años de conversaciones, es el mayor y más polémico acuerdo comercial negociado por Bruselas hasta la fecha.

Si es finalmente ratificado crearía una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas. No obstante se ha enfrentado en repetidas ocasiones al fuerte rechazo de las organizaciones de agricultores, sobre todo en Francia, y de los movimientos ecologistas de todo el bloque europeo.

A principios de este mes Bruselas inició el proceso de ratificación, con la presentación del texto del acuerdo junto con el compromiso de establecer salvaguardias para los agricultores de la UE.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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