Mundo Política
Tusk alcanza el ecuador de la legislatura en Polonia con varias promesas incumplidas

Varsovia (Euractiv.pl) – Elogiado en Bruselas como símbolo del «regreso de Polonia a Europa», el Gobierno del primer ministro polaco, Donald Tusk, ha llegado al ecuador de su mandato en medio de un creciente descontento ciudadano, tensiones en la coalición y críticas por las varias promesas incumplidas.
Tusk regresó al poder en diciembre de 2023 al frente de una coalición cuatripartita formada por su Coalición Cívica (KO), pro-UE, la centrista Polonia 2050, el Partido Popular Polaco (PSL), de centro-derecha, y la Izquierda. El Gobierno de Tusk asumió el poder tras varios años dominados por el nacionalista Ley y Justicia (PiS), que no logró formar una mayoría a pesar de haber obtenido el mayor número de escaños en las elecciones de octubre de 2023.
Pero dos años después, la frustración de los votantes ha crecido: el 60% de los polacos se declara insatisfecho con la gestión del Gobierno, según un reciente sondeo de SW Research para Onet. De las 100 «promesas concretas» hechas por KO antes de las elecciones, sólo 19 se han cumplido plenamente. También siguen en al aire otras promesas básicas, entre ellas elevar la obligatoriedad del umbral del impuesto sobre la renta a 14.000 euros.
En un discurso pronunciado el miércoles en la ciudad de Piotrków Trybunalski, Tusk admitió que existe malestar en los ciudadanos, pero sugirió que los críticos pasan por alto la principal prioridad de su Gobierno: la seguridad nacional.
«Después de dos años, veo una falta de acuerdo entre los polacos sobre lo que realmente sirve a nuestro interés nacional. Todavía no hemos establecido prioridades comunes, la primera de las cuales, por supuesto, es la seguridad», dijo. «Defender la frontera de Polonia contra un agresor es nuestra responsabilidad compartida», subrayó.
Polonia es el país de la OTAN que más gasta en defensa en relación con su PIB. Para 2025, se prevé que gaste el 4,48% de su PIB en defensa, según los últimos datos de la OTAN. «No puede haber mejor crítica para mí. Es la mayor recompensa que Polonia podría tener», afirmó.
Reforma judicial y rendición de cuentas
La oposición nacionalista no tiene mucho que celebrar. El presidente, Karol Nawrocki, respaldado por PiS, ha criticado públicamente al gobierno, y ha advertido de que «no hay confianza pública cuando se hacen promesas que no se cumplen».
El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, ha calificado de «terribles» los dos años de Tusk en el poder, y ha tachado la reforma judicial del Gobierno de «empresa de naturaleza criminal.»
La reforma judicial y la rendición de cuentas por los presuntos abusos cometidos durante los años del PiS fueron promesas electorales clave para la coalición de Tusk.
En la etapa del PiS, los conflictos del Estado de Derecho de Polonia llevaron a la Comisión Europea a bloquear los fondos de recuperación y cohesión de la UE. Bruselas desbloqueó los fondos después de que el nuevo gobierno presentara reformas destinadas a restaurar la independencia judicial.
El gobierno de Tusk ha tomado algunas medidas para restablecer la independencia judicial, entre ellas limitar los poderes de los fiscales disciplinarios y aumentar la influencia de los tribunales en el nombramiento de los presidentes de los tribunales.
Sin embargo, los intentos de reformar el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura se han visto en gran medida bloqueados, y dejado puestos clave sin cubrir. Recientemente, el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, propuso una ley para aclarar el estatus de los «neojueces» y realizar nuevos nombramientos judiciales.
Sin embargo, los avances han sido limitados y cautelosos, lo cual ha generado frustración incluso dentro de la coalición progresista de Tusk, que argumenta que los esfuerzos por desmantelar las estructuras de la era PiS han sido demasiado lentos.
No obstante, varios ex altos cargos del PiS se han visto sometidos a escrutinio judicial. El ex ministro del Interior Mariusz Kamiński y el viceministro Maciej Wąsik fueron condenados por abuso de poder, aunque fueron luego indultados por el entonces presidente Andrzej Duda, y posteriormente elegidos eurodiputados.
El Parlamento votó recientemente a favor de levantar la inmunidad a Michał Dworczyk y al antiguo jefe de Energía del Estado, Daniel Obajtek, a petición de los fiscales polacos.
Balance desigual en política social y economía
Según el profesor Radosław Markowski, de la Academia Polaca de las Ciencias, el Gobierno ha logrado avances significativos en algunos ámbitos. Entre ellos citó el restablecimiento de la financiación pública de la fecundación in vitro, iniciativas sobre la salud mental de los jóvenes y una drástica reducción de la inflación, de casi el 40% a alrededor del 3%.
A pesar de ello, afirmó que el mayor fracaso de la coalición es su incapacidad para «restaurar el orden constitucional» tras los años del PiS. «Los intentos fueron demasiado blandos, y eso no funciona», comenta, al tiempo que añade que eso podría restarle apoyos a largo plazo.
Un síntoma del debilitamiento de Tusk en su coalición son las especulaciones sobre la posibilidad de que el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, le sustituya antes de las elecciones de 2027. Sin embargo, Sikorski ha negado los rumores.
«No tengo ninguna ambición de sustituir a Tusk como primer ministro antes de las elecciones», dijo en TVN24 el mes pasado. «Es Donald Tusk quien nos llevará a la victoria en 2027», agregó.
Markowski duda de que Sikorski fuera una mejor opción, y señala que a Polonia le vendría mal perderle en Asuntos Exteriores en un momento de tensión por la guerra en Ucrania.
«En una coalición cuatripartita, también se necesitan habilidades para equilibrar diferentes intereses y encontrar el consenso (…) un buen decano no siempre es un buen rector», concluyó.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Los socialistas europeos rechazan otro mandato de Metsola como presidenta de la Eurocámara

Ámsterdam (Euractiv.com/.es) – El líder de los socialistas europeos (PSE/S&D), Stefan Löfven, ha dejado claro que la formación de centroizquierda no quiere que la maltesa Roberta Metsola (Partido Popular Europeo, PPE) opte a un tercer mandato como presidenta del Parlamento Europeo.
En su intervención en el congreso de partidos europeos de centro-izquierda -que se cerró el viernes en Ámsterdam tras dos días de reuniones- el sueco recordó que el PPE ha acordado un reparto de poder con el PSE/S&D, según el cual los socialistas reclamarán la presidencia de la Eurocámara para la próxima legislatura de dos años y medio, entre 2027 y 2029.
«Tenemos un acuerdo, el acuerdo se hizo después de las elecciones [al Parlamento Europeo de 2024], y ese acuerdo sigue siendo válido», subrayó Löfven en rueda de prensa el viernes.
«Si todavía quieren (el PPE) un entorno de trabajo decente en Bruselas, tienen que atenerse al acuerdo», agregó.
Sus comentarios abren una importante disputa política entre las dos principales familias políticas que dirigen las instituciones de la UE, antes de alcanzar el ecudor del ciclo político quinquenal, a principios de 2027.
Según Löfven, los principales partidos políticos europeos han acordado que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ejerza el cargo durante dos mandatos de dos años y medio y que la presidencia del Parlamento Europeo se divida en dos ciclos.
El mandato de Costa, según los Tratados de la UE, está limitado a 2,5 años, pero ningún oresidente anterior del Consejo Europeo ha permanecido cinco completos.
«Es responsabilidad del PPE. Si se llega a un acuerdo, se espera que lo cumpla. Así funcionan las cosas», dijo Löfven.
Es probable que el PPE no quiera aceptar que los socialistas estén al frente de dos de las tres principales instituciones de la UE.
En la actualidad, los socialistas sólo tienen tres miembros en el Consejo Europeo: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro maltés, Robert Abela.
Roberta Metsola aún no ha expresado oficialmente su interés en seguir presidiendo la institución, que dirige desde 2022, pero las especulaciones, incluso dentro de su propio partido, apuntan a que aspira al cargo, tras su negativa a entrar en la contienda política de su país.
Löfven, ex primer ministro de Suecia, fue reelegido el viernes para un segundo mandato como presidente del Partido Socialista Europeo, estructura que agrupa a los partidos de centro-izquierda europeos, que dirige desde finales de 2022.
El grupo parlamentario de los socialistas es el segundo más numeroso del Parlamento Europeo tras el PPE, pero el centro-izquierda tiene un número limitado de comisarios europeos.
«Tenemos una presencia fuerte, pero posiblemente nos habría gustado tener más comisarios», comentó Löfven el viernes.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa

Bruselas/Madrid (Servimedia) – El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, trasladó este viernes que sigue adelante el procedimiento de infracción contra España por la actuación del Gobierno en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, después de que esta operación haya fracasado.
En una rueda de prensa en Bruselas este viernes, el portavoz no quiso comentar el caso concreto, pero sí aclaró que el procedimiento sigue adelante porque se sostiene en que hay postulados de la ley española que van en contra de la europea e invade competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE), de los supervisores nacionales, infringe la regulación bancaria europea y la libertad de movimiento del capital.
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Además, defendió la consolidación bancaria tanto doméstica como transfronteriza por considerar que ayuda a mejorar la eficiencia del sector, la rentabilidad, beneficia a la economía europea y a todos los consumidores.
El procedimiento de infracción se comunicó el pasado 17 de julio y contemplaba un plazo de dos meses para responder y subsanar. El Gobierno solicitó una extensión de plazo de seis semanas a la Comisión Europea, que fue concedida.
El procedimiento se abrió por incumplir la legislación europea al otorgar en las normas nacionales “facultades ilimitadas” al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias que chocan con las leyes europeas, tras su decisión de prohibir la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell durante al menos tres años.
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(Editado por MMR/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Bruselas abre la carrera para albergar la sede de la futura autoridad aduanera de la UE, a la que opta Málaga

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea anunció este viernes que ha pedido a las capitales de los países miembros de la Unión Europea (UE) que presenten sus propuestas para albergar la sede de la futura autoridad aduanera del bloque, una nueva institución, a la que optan entre otras ciudades Málaga, que coordinará a las autoridades nacionales en el marco de una reforma más ambiciosa para hacer frente a la avalancha de productos baratos importados por las plataformas chinas de comercio electrónico como Temu o Shein, entre otros objetivos.
Los países del bloque europeo se enfrentan a grandes retos comerciales ante la oleada de paquetes baratos enviados por plataformas como Temu y Shein, pero las autoridades aduaneras de algunos miembros de la UE solo pueden controlar un reducido volumen por cada millón de paquetes que entran, según un reciente informe de la Comisión Europea.
Por ello, la UE quiere colaborar en ese esfuerzo de control con la creación de un «centro de datos» centralizado, que albergará a una futura autoridad aduanera, con el objetivo de mejorar las comunicaciones entre sus autoridades.
A partir de ahora, se inicia la competencia entre las distintas capitales del bloque para saber quién será la elegida.
La reciente iniciativa del bloque comunitario para crear una autoridad contra el blanqueo de capitales estuvo marcada por una prolongada lucha política entre ciudades para albergar la sede de ese organismo de vigilancia. La disputa fue especialmente agria entre Madrid, que partía como una de las favoritas, contra París y Roma, aunque la elegida fue finalmente Fráncfort.
Esta vez España también compite contra Francia -que presenta la candidatura de Lille– y contra Portugal, que se inclina por Oporto.
La apuesta de España es por Málaga.
Entre los criterios que la Comisión Europea ha esbozado para elegir la sede figuran la accesibilidad, la rapidez de entrada en funcionamiento y la existencia de suficiente escolarización europea para los hijos de los empleados.
Se prevé que la autoridad cuente con 250 empleados y necesitará telecomunicaciones «soberanas de la UE» e instalaciones especiales para albergar el centro de datos previsto, según la convocatoria de la Comisión.
A pesar de que el Ejecutivo de la UE ha solicitado ofertas, la creación del centro depende de que los legisladores europeos aprueben oficialmente la reforma aduanera.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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