Mundo Economía
Por qué Europa no gastará más dinero para protegerse de la amenaza rusa
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Ni un solo Estado miembro de la Unión Europea (UE) ha respondido a la «oferta» de Bruselas para flexibilizar sus estrictas normas presupuestarias y aumentar el gasto en defensa: y sólo faltan cinco días para que venza el plazo.
La activación de la llamada «cláusula de salvaguardia nacional» permitiría a los países de la UE aumentar el gasto en defensa en un 1,5% del PIB anual durante un periodo de cuatro años.
Bruselas presentó el plan, que en su opinión podría aumentar el gasto militar del bloque en 650.000 millones de euros, en el marco de un paquete más amplio de 800.000 millones de euros denominado «Rearm Europe» (Rearmar a Europa, definición que no gustó a España), que incluye 150.000 millones de euros en préstamos para proyectos conjuntos de adquisición.
Pero hasta la fecha no se ve mucho entusiasmo por el plan.
«Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha presentado oficialmente una solicitud para activar la cláusula nacional de salvaguardia», asegura un portavoz de la Comisión.
Incluso Portugal, que anunció el miércoles su intención de activar la cláusula, aún no ha presentado una solicitud oficial.
¿A qué se debe el retraso?
Según funcionarios, diplomáticos y analistas de los asuntos comunitarios, la reticencia de los Estados miembros se debe probablemente a una combinación de factores.
En primer lugar, el calendario. Muchos gobiernos habían cerrado sus planes presupuestarios anuales cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el plan en marzo.
En segundo lugar, muchos países, sobre todo los más «frugales», entre ellos Países Bajos, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo, gozan de buena salud fiscal. Simplemente no necesitan flexibilidad fiscal adicional para aumentar el gasto militar.
Mientras tanto, los Estados miembros con restricciones fiscales -muchos situados en el sur de Europa- están más preocupados por las reacciones del mercado de bonos que por la postura de la Comisión.
Ocho países de la UE, entre ellos Francia, Italia y Polonia, ya están sujetos al denominado «procedimiento de déficit excesivo» por registrar déficits superiores al umbral del 3% establecido por el bloque. Roma ha descartado explícitamente activar la cláusula de escape.
Su reticencia «a activar la cláusula de escape demuestra que este plan no está funcionando como se pretendía», comenta a Euractiv Nils Redeker, director adjunto del Centro Jacques Delors.
«Esos países se enfrentan a riesgos reales de sostenibilidad de la deuda y a preocupaciones legítimas sobre las reacciones del mercado, limitaciones que se aplican independientemente de lo que la Comisión ponga sobre la mesa», agrega el experto del «think tank».
Aun así, algunos analistas creen que esos temores son exagerados.
Según Zsolt Darvas, miembro del grupo de reflexión Bruegel, incluso si los Estados miembros utilizaran el plan en toda su extensión, sólo añadirían un 6% a sus ratios de deuda en relación con el PIB.
«Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública, eso no es un problema», opina Darvas, puesto que -asegura- a los inversores les preocupan en última instancia las perspectivas de crecimiento de los países, los tipos de interés y «las trayectorias fiscales a largo plazo».
Darvas considera probable que Alemania, en pleno proceso de formar gobierno, acabe activando la cláusula para hacer compatible con las normas presupuestarias de la UE su plan de infraestructuras y defensa, dotado con 1 billón de euros.
En ese sentido, el portavoz de Bruselas asegura que los socios del bloque están «invitados» a presentar sus solicitudes oficiales antes del 30 de abril.
Las solicitudes posteriores aún se pueden aceptar, aunque se anima a todos a presentarlas antes de fin de mes para garantizar «un enfoque coordinado».
Una valoración optimista
La falta de aceptación del plan sugiere que la previsión de 650.000 millones de euros de la Comisión Europea era, probablemente, demasiado optimista, según varios analistas y funcionarios. Pero Bruselas no piensa igual.
«Si los Estados miembros aumentan más rápidamente sus gastos de defensa, el importe total podría ser superior a 650.000 millones de euros», comenta un portavoz del ejecutivo comunitario.
Además, pueden recurrir a otros 150.000 millones de euros en préstamos en el marco de la iniciativa ReArm Europe.
Independientemente de la cantidad finalmente recaudada, muchos temen que la propuesta de la Comisión pueda socavar la credibilidad de las normas fiscales, que se actualizaron el año pasado.
El plan actual de la Comisión representa «lo peor de dos mundos», asegura Redeker.
Reactivar la cláusula cada cuatro años no proporciona a los Estados miembros «seguridad en la planificación presupuestaria», pero tampoco ofrece ninguna «fecha de caducidad clara» para cuando ese gasto tenga que volver a seguir las normas habituales.
«El riesgo real es que, al evitar la reforma, estamos doblando las reglas fiscales hasta el punto de romperlas», advierte Redeker. «Y si todo el mundo empieza a doblarlas, no aguantarán mucho tiempo», subraya.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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El sector pesquero europeo pide ayudas a Bruselas para facilitar la transición energética
Bruselas/Madrid (Servimedia) – La patronal europea de armadores de pesca, Europeche, ha pedido a la Comisión Europea, junto a organizaciones de empresas de astilleros y otras industrias relacionadas con el mar, un trato más favorable en regulación y subsidios, para facilitar la transición energética del sector pesquero, según informa Servimedia, socio de Euractiv.
Lo han hecho en una reunión con el comisario de pesca, Costas Kadis, en la que asistieron representantes de Europeche, de la que forma parte la española Cepesca, así como miembros de SEA Europe, Copa-Cogeca, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO).
En un comunicado, estas entidades defienden que la Comisión Europea «actúe de manera urgente para desbloquear la transición energética de la pesca», proceso que, a su juicio, «se ve frenado actualmente por las restricciones regulatorias de la UE, el acceso limitado a la financiación y la insuficiente certeza de la inversión».
Sostienen que esta transición requiere eliminar con urgencia los obstáculos regulatorios mediante un reglamento ómnibus, sin esperar a una reforma completa de la Política Pesquera Común (PPC).
También le expusieron al comisario la necesidad de acceso simplificado a una financiación adecuada de la UE para abordar las inversiones necesarias para la transición energética y la modernización de la flota, respaldado por un marco político estable capaz de restablecer la confianza de los inversores a largo plazo.
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(Editado por JRN/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)
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La responsable de Comercio de la UE tranquiliza a los eurodiputados sobre la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- La responsable comercial de la UE está tratando de tranquilizar a los eurodiputados preocupados por la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur se aplique antes de que el Parlamento Europeo haya tenido la oportunidad de votar sobre él, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Euractiv.
Como informó Euractiv la semana pasada, la Presidencia del Consejo retiró una declaración en la que se comprometía a esperar a la votación del Parlamento antes de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, que tiene una gran carga política. El Gobierno francés y varios eurodiputados han calificado esta medida de antidemocrática. Sin embargo, otros diplomáticos han argumentado que las declaraciones en las que se promete esperar al Parlamento no son una práctica habitual.
En virtud de los tratados, la UE puede aplicar provisionalmente el acuerdo con los países del Mercosur, sin esperar al Parlamento Europeo. Los eurodiputados seguirían conservando la facultad de votar sobre la celebración del acuerdo.
Sabine Weyand, directora general de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, envió el lunes un correo electrónico a los eurodiputados, al que ha tenido acceso Euractiv, en el que explicaba que la aplicación provisional del acuerdo no sería automática tras su firma oficial el sábado en Paraguay. La funcionaria alemana afirmó que los países del Mercosur también tendrían que ratificar el acuerdo y notificarlo a la UE, un proceso que podría llevar tiempo.
«Dado que los procedimientos de ratificación llevan tiempo (y la UE no es una excepción), no tiene mucho sentido especular sobre cuándo estarán listos dichos procedimientos y las notificaciones resultantes por parte del Mercosur», escribió Weyand.
Obtener un rápido consentimiento
Weyand dijo que esperaba colaborar con el Parlamento para obtener un rápido consentimiento, «de modo que, por parte de la UE, estemos listos para empezar a aplicar el acuerdo tan pronto como uno o todos los Estados signatarios del Mercosur hayan notificado que están en condiciones de hacerlo».
En un correo electrónico del 25 de noviembre enviado al presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, Bernd Lange, y al eurodiputado responsable del Mercosur, Gabriel Mato, al que ha tenido acceso Euractiv, la funcionaria afirmó que «no era intención de la Comisión» eludir al Parlamento, ya que ello «iría en contra del espíritu del Acuerdo Marco y de los repetidos compromisos del comisario de no proponer la aplicación provisional antes de la aprobación».
Recalibrar el equilibrio de poderes entre el Parlamento y la Comisión
El acuerdo marco es un acuerdo alcanzado el año pasado entre el Parlamento y la Comisión para recalibrar el equilibrio de poderes entre ambos, que aún no ha sido ratificado ni aplicado plenamente.
En el correo electrónico de noviembre, Weyand afirmó que, siguiendo el consejo del servicio jurídico del Consejo, se había añadido a la decisión una disposición que permitía la rápida aplicación del acuerdo tras su firma, aunque, según Weyand, de forma involuntaria.
«Como resultado del traslado de la disposición al proyecto de decisión sobre la firma, la redacción revisada podría abrir involuntariamente la puerta a una posible aplicación provisional del acuerdo comercial provisional antes de la aprobación del Parlamento», escribió.
«Tras un nuevo debate y dada la delicadeza del asunto, el Consejo tomará en los próximos días nuevas medidas para modificar el proyecto de decisión sobre la firma, con el fin de aclarar que el artículo pertinente sobre la aplicación provisional solo pretende dar respuesta a la situación específica del Mercosur y no se aplicaría por parte de la UE antes de la aprobación», escribió Weyand.
Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido…
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Finalmente, el Consejo decidió no aceptar los cambios y mantuvo la puerta abierta a la aplicación provisional.
Esta rápida aplicación del acuerdo podría cobrar mayor relevancia si los eurodiputados logran aprobar una resolución en la que se solicite un dictamen jurídico al máximo tribunal de la UE, una medida que suspendería el proceso de ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur.
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Con información de Alice Bergoend y María Simon Arboleas.
(Editado por adm, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner (Euractiv.es)
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Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave
Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido acuerdo comercial entre el bloque europeo y Mercosur, pero el camino no está exento de dificultades. Estos son algunos de los elementos clave del controvertido acuerdo que marcará el debate político en las próximas semanas.
Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur
Bruselas (Euractiv)- Los embajadores de la UE respaldaron el acuerdo comercial entre la UE y…
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¿Qué es el acuerdo?
El Mercosur es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que juntos suman una población de alrededor de 295 millones de habitantes y el quinto PIB más grande del mundo.
El acuerdo eliminará gradualmente los aranceles a más del 90 % del comercio bilateral. Las negociaciones comenzaron en 1999 con un acuerdo inicial en 2019, aunque el acuerdo político no se alcanzó hasta diciembre de 2024.
¿Por qué ha tardado tanto?
El pacto ha sido siempre motivo de división entre los sectores económicos y los Estados miembro. Especialmente después de 2019, los cambios de gobierno y la evolución de los objetivos políticos en Europa y los países del Mercosur obligaron a los negociadores a buscar el momento más adecuado.
¿Qué incluye?
El acuerdo UE-Mercosur se divide en dos partes, cada una con un proceso de aprobación diferente. La primera es un acuerdo exclusivamente comercial: el Acuerdo Comercial Provisional (ACP). Es competencia exclusiva de la UE, lo cual significa que necesita la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.
La segunda es un acuerdo de asociación más amplio: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AAEM). Incluye el comercio, pero también la inversión y la cooperación política. Debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, un proceso que podría llevar años.
Los puntos de discordia
Los elementos más controvertidos están relacionados con el comercio. Para muchas industrias de la UE, el acuerdo es una clara victoria. Elimina los elevados aranceles a las exportaciones de la UE —incluidos los aranceles de hasta el 35 % a las piezas de automóvil y las bebidas alcohólicas— y levanta otras barreras comerciales.
Sin embargo, a cambio, la UE ha hecho concesiones a Argentina y Brasil, dos potencias agrícolas, al permitirles cuotas libres de aranceles para la carne de vacuno y de aves de corral, así como para otros productos «sensibles» como el arroz, la miel y el azúcar.
¿Por qué los agricultores lo rechazan?
Mientras que Buenos Aires y Brasilia consideran que las nuevas cuotas son modestas, muchos agricultores europeos temen verse «inundados» por productos del Mercosur.
#Mercosur avanza sin reciprocidad y con alto coste para el campo europeo.
Ahora el @Europarl_EN y los eurodiputados españoles tienen la responsabilidad de frenar un acuerdo que rompe la igualdad de reglas.
Sin reciprocidad, no hay comercio justo.#NOalMercosur…— Asaja Nacional (@AsajaNacional) January 9, 2026
Su preocupación es que los productores del Mercosur trabajan con normas laborales, de bienestar animal y medioambientales menos estrictas, mientras que los agricultores de la UE deben cumplir con regulaciones extensas y costosas, incluidas más restricciones sobre los pesticidas.
¿Qué ha hecho la UE para abordar este asunto?
Las asociaciones de agricultores y los ministros de Agricultura de la UE han presionado en reiteradas ocasiones durante los últimos años para que se incluyan salvaguardias y reciprocidad más estrictas en el acuerdo.
Desde entonces, se han abordado muchas de esas inquietudes. Las cláusulas de salvaguardia permitirán a la UE suspender las importaciones libres de aranceles de algunos productos si los mercados se ven sometidos a presión. Esas cláusulas se han endurecido en la última ronda de negociaciones entre los embajadores (Coreper) de los socios de la UE celebrada el lunes, según adelantó Euractiv.
La Comisión Europea ha reforzado los controles fronterizos para impedir la entrada de productos prohibidos en el bloque europeo y ha impulsado nuevas normas para prohibir las importaciones de cultivos tratados con pesticidas peligrosos vetados en la UE.
¿Por qué los Verdes y las ONG ecologistas lo rechazan?
Los grupos ecologistas y de izquierda rechazan el acuerdo, y han advertido de que podría impulsar la deforestación al fomentar una agricultura más intensiva y la extracción de recursos para la exportación. Los sectores más críticos temen que pueda socavar los derechos de las comunidades indígenas, muchas de las cuales se han pronunciado en contra del acuerdo.
El acuerdo se ha concretado al tiempo que grupos ecologistas y varios partidos políticos manifiestan su rechazo a los recientes cambios en la ley de deforestación de la UE. A esas inquietudes se suma el hecho de que los principales comerciantes de cereales brasileños se han retirado esta semana de un pacto destinado a proteger la Amazonia de la deforestación provocada por la soja.
¿Quién lo apoya?
Las industrias de la UE, desde la automoción y la maquinaria hasta los productos químicos y farmacéuticos, se beneficiarán de un mejor acceso al mercado del Mercosur. Alemania, la potencia automovilística de Europa, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales defensores del acuerdo.
Los productores de alimentos y bebidas, más que los agricultores, también ven grandes oportunidades. Los exportadores prevén una creciente demanda de productos de mayor valor añadido, entre ellos el queso, el chocolate, el vino y las bebidas espirituosas.
El acuerdo también incluye una muy generosa lista de productos alimenticios y bebidas de la UE —alrededor de 340 en total— que protege de las imitaciones a productos emblemáticos como el queso manchego español o el champán francés.
Más allá de la necesaria diversificación que necesita la UE, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se considera estratégico estrechar los lazos geopolíticos con un bloque económico importante como es el Mercosur.
¿Qué pasos se darán ahora?
Está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo en Paraguay, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Mercosur, a finales de la próxima semana. La ceremonia, inicialmente prevista para el lunes 12, posiblemente se producirá después del miércoles debido a cuestiones logísticas.
Pero el proceso todavía no ha terminado.
Aunque el Parlamento Europeo no puede modificar el texto, ahora debe aprobarlo o rechazarlo. En ese sentido, se prevé que el debate sea reñido, ya que los eurodiputados votarán más en función de los intereses de sus países que de sus grupos políticos.
Antes de ese momento, los eurodiputados votarán si remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que emita un dictamen jurídico. La medida fue propuesta en noviembre por un grupo de 145 eurodiputados, pero fue bloqueada temporalmente , después de que los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo alegaran la necesidad de esperar la decisión del Consejo sobre el acuerdo.
Si la impugnación ante el TJUE sale adelante, ello podría congelar el proceso de ratificación de la UE hasta que el alto Tribunal emita su dictamen. La votación podría tener lugar en la próxima sesión plenaria, que comienza el 19 de enero.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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