Natalia Kidd

El reconocimiento del rol estratégico de los recicladores de base constituye el foco de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales que participan en Ginebra de las arduas negociaciones para lograr un tratado internacional vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos.

Convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5.2) del Tratado Global sobre Plásticos busca llegar este jueves a un acuerdo en torno al texto definitivo del pacto, respecto del cual aún existen numerosos puntos en discusión y fuertes resistencias, sobre todo por parte de países productores de plásticos y de petróleo.

En este foro, cientos de organizaciones de la sociedad civil, líderes de recicladores de base y coaliciones empresariales comprometidas con una economía circular inclusiva aúnan esfuerzos para lograr que los 184 países que participan de la negociación sellen un tratado que sea vinculante, justo y ambicioso en los compromisos a adoptar.

Un trabajo fundamental

Uno de sus principales objetivos es que el tratado, que se negocia desde 2022, reconozca el papel estratégico de los recicladores en la gestión y mitigación de la contaminación por plásticos, así como el rol de los pueblos indígenas y de las comunidades más afectadas por la polución.

«Es fundamental que el artículo de transición justa sea priorizado y que tenga en cuenta principalmente a los recicladores de base«, señaló a EFE la coordinadora para el Programa de Economía Circular Inclusiva de la Fundación Avina en Brasil, Paula Pariz.

En torno al 60 % de los plásticos que se recuperan es gracias al trabajo de los cerca de 40 millones de recicladores de bases que hay en el mundo.

Pariz, quien participa de las deliberaciones que se desarrollan en Ginebra desde el 5 de agosto, resaltó que «desde hace más de cuatro generaciones, los recicladores de base trabajan, sobre todo en el Sur global, en la última frontera para poner fin a la contaminación, recuperando plásticos y poniéndolos de nuevo en el ciclo de producción».

«Nunca fueron reconocidos y ahora es el momento de hacerlo«, aseveró.

Las organizaciones abogan por la inclusión de los recicladores en el preámbulo del tratado y en el artículo sobre transición justa. También para que sean mencionados en los artículos de gestión de residuos y de financiación.

«Hablamos de la necesidad de dignificar, reconocer y visibilizar, pero, sobre todo, de mejorar las condiciones de los recicladores de base en el mundo. Hacemos escuchar nuestra voz con la esperanza de que este tratado sea ambicioso, vinculante y que detenga la contaminación», dijo a EFE la portavoz de la Alianza Internacional de Recicladores, Soledad Mella.

Economía circular y responsabilidades

El grado de ambición del tratado aún no está garantizado, y todavía persisten las discusiones sobre si las metas a trazar deben ser vinculantes o meros compromisos voluntarios.

Mientras tanto, prosigue el debate entre los países sobre los límites a la producción de plásticos, las mejoras en la gestión de residuos y la financiación necesaria para atender a la crisis ambiental.

«El tratado, para que tenga efecto, debe ser ambicioso y tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también el impacto social y ambiental de la crisis por los plásticos«, indicó a EFE la investigadora a cargo de la Unidad de Ciencias de Datos sobre Reciclaje de Fundación Avina, Romina Malagamba.

El PNUMA ha advertido que, a menos que se firme un tratado global, los residuos plásticos se triplicarán para 2026, causando un severo impacto en la salud humana y animal.

De acuerdo a datos de la ONU, anualmente se producen en el mundo unas 400 millones de toneladas de plásticos -la mitad, de un solo uso-, de las cuales solo un 10 % se recicla. Unas 11 millones de toneladas acaban cada año en lagos, ríos y mares.

Uno de los objetivos es pasar del actual modelo lineal de producción y descarte a otro de economía circular, donde se tenga en cuenta todo el ciclo de los plásticos, desde el diseño hasta la producción, la reutilización y la eliminación.

«El problema son los aditivos y químicos, y que hay una enorme cantidad de plásticos de un solo uso que no se recicla», advirtió Malagamba.

Según un estudio de la consultora Eunomia y el grupo de investigación Zero Carbon Analytics, difundido durante las deliberaciones en Ginebra, siete países (China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Corea del Sur, India, Japón y Alemania) concentraron dos tercios de la producción mundial de plásticos en 2024.

«Todos somos responsables por el planeta, pero no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad; las asimetrías son enormes. Por eso es importante lograr un tratado ambicioso, justo y vinculante», apuntó Malagamba. EFE

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha actualizado esta semana sus orientaciones sobre la legislación de la Unión Europea (UE) contra la deforestación y aclaró las definiciones y exenciones relacionadas con las normas comunitarias en la materia, al tiempo que mantuvo el calendario para su aplicación.

En virtud del nuevo Reglamento antideforestación (EUDR), se prohibirá la entrada en la Unión Europea de determinados productos como la soja, el cacao, el café, el ganado, el aceite de palma, la madera y el caucho, a menos que estén «libres de deforestación».

Tras la presión ejercida por los países de la UE y sus principales socios comerciales, la Comisión Europea retrasó la normativa hasta diciembre.

El documento de orientación actualizado -divulgado el martes- sigue el calendario actual: las  microempresas y pequeñas empresas comunitarias tendrán que aplicar las normas a partir del 30 de junio de 2026.

El texto actualizado de Bruselas aclara definiciones clave, entre ellas «riesgo insignificante» -lo cual equivale a que existen pruebas sólidas de que determinado producto cumple las normas EUDR- al tiempo que reitera que la conversión de bosques en tierras para usos no agrícolas no se considera «deforestación» según el Reglamento.

Los importadores europeos de alimentos pidieron la semana pasada más claridad a Bruselas sobre la EUDR, tras algunas especulaciones que apuntaban a la posibilidad de reabrir el expediente.

El Parlamento Europeo respaldó en junio pasado una flexibilización de la normativa, al tiempo que el Comisario europeo de agricultura, Christophe Hansen, explicó a Euractiv que apoyaría la medida, especialmente para los productos fabricados en la UE.

Sin embargo, la Comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, es quien tiene la última palabra. Hansen confirmó el pasado mes de julio que no se ha tomado ninguna decisión sobre una posible flexibilización o retraso de la normativa.

Los posibles cambios se podrían incluir en un paquete de simplificación de Bruselas para agricultores y silvicultores, cuya presentación está prevista para el otoño.No obstante, los grupos y ONG ecologistas confían en que eso no pase.

«La actualización de las orientaciones es una señal positiva de que la Comisión sigue trabajando para apoyar la aplicación de la EUDR. Esperamos que eso suponga que la credibilidad y la seguridad jurídica prevalecerán sobre los intentos de reabrir el EUDR, y que no se incluirá en un (paquete legislativo) ómnibus [de simplificación ] de ningún tipo», explicó un portavoz de la ONG Rainforest Alliance en declaraciones a Euractiv.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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El Gobierno brasileño lidera el diseño de un fondo global para frenar la deforestación con pagos de cuatro dólares por cada hectárea de selva bien conservada, un mecanismo inédito que debe ser lanzado en la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP30).

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus sigla en inglés), cuyos detalles están siendo finalizados, espera movilizar 125.000 millones de dólares de gobiernos e inversores privados, según la propuesta brasileña.

Ese monto será reinvertido en bonos soberanos o títulos de grandes empresas, por los que se estima conseguir un retorno de 4.000 millones de dólares anuales para repartir entre más de setenta naciones tropicales, desde Colombia a Indonesia, a cambio de preservar sus bosques.

“Va a recaudar un volumen de recursos que nunca antes fue destinado a las selvas”, dijo Leonardo Sobral, responsable del área de bosques de Imaflora, una ONG brasileña dedicada a la gestión sustentable.

Al alimentarse de los intereses de sus inversiones, y no de donaciones puntuales, la idea es que el TFFF se sustente solo y garantice pagos de forma permanente a los países receptores.

“Da previsibilidad. No es dinero que tienen un año sí y al siguiente no, sino que va a servir para hacer planes de conservación a más largo plazo”, aseguró Sobral, quien ha participado en las discusiones sobre el mecanismo con el Gobierno brasileño.

En el caso de Brasil, cuyo territorio alberga cerca de dos terceras partes de la Amazonia, las autoridades calculan que el país puede llegar a recibir anualmente unos 900 millones de dólares.

Esta cifra es casi cuatro veces mayor al presupuesto destinado este año al organismo responsable de los parques nacionales brasileños.

A diferencia de otros instrumentos que financian proyectos concretos previamente acordados con el donante, la propuesta actual del TFFF da más flexibilidad a los países receptores.

En el documento de presentación se propone, sin mucho detalle, que los recursos vayan a programas de conservación. A su vez, propone que un 20 % sea destinado a comunidades locales o indígenas.

Monitoreo satelital

Pese a la flexibilidad en el uso del dinero, se evaluará, con la ayuda de sistemas de monitoreo satelital, el desempeño de cada país en función de su índice de deforestación anual. Este no podrá elevarse por encima del nivel registrado en el momento en el que el país entre al mecanismo.

Igualmente, habrá penalidades en caso de incumplimiento. Por cada hectárea deforestada se dejará de recibir un pago equivalente a entre 100 y 200 hectáreas. También, por cada hectárea degradada por incendios, el descuento será igual al pago de 25 hectáreas.

A tres meses de la COP30, que se celebra en la ciudad amazónica de Belém (norte de Brasil), el Gobierno brasileño trabaja a marchas forzadas con el fin de lograr un compromiso financiero abultado para anunciar el día del lanzamiento del TFFF.

Según Brasil, varios países desarrollados han expresado interés en invertir, aunque falta por ver si eso se materializa antes de la conferencia.

El director ejecutivo de WWF Brasil, Mauricio Voivodic, dice que es un plazo de tiempo “corto”. Sobre todo teniendo en cuenta que es un mecanismo diferente a los que existían hasta ahora.

“Es tan innovador que muchos países aún no saben cómo dirigir los recursos, porque no es una donación, sino una inversión”, afirmó el ejecutivo del organismo medioambiental.

Para la adhesión de gobiernos y empresas también serán fundamentales las evaluaciones que las agencias de calificación hagan del TFFF. Algo que se espera para septiembre, según Voivodic.

“El fondo puede ser un legado muy importante de la COP30. Pero el trabajo para ponerlo en marcha va a continuar después”, dice el directivo de WWF Brasil.

La gestión de bosques es uno de los temas que se discutirán en el III Foro Latinoamericano de Economía Verde. Este evento lo organizará la Agencia EFE en São Paulo el próximo 4 de septiembre.

El evento, que reunirá a autoridades y expertos para discutir los retos de la crisis climática, está patrocinado por ApexBrasil, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones e inversiones, y las empresas Norte Energía y Lots Group. Además, cuenta con el apoyo de la universidad IBMEC, del Observatorio del Clima y de Imaflora. EFE

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