Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea mantiene su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a una décima parte de los niveles de 1990, aunque, según un documento interno al cual ha tenido acceso Euractiv, el Ejecutivo de Bruselas ofrecerá un margen de maniobra considerable a los miembros más reticentes del bloque comunitario.

Aunque el objetivo de alcanzar cero emisiones netas a mediados de siglo está fijado por ley, la UE aún no ha establecido una meta intermedia que marque la mitad del camino hacia el hito de 2030 de reducir las emisiones un 55% respecto al año de referencia.

Está previsto que una propuesta, cuya presentación está prevista para este miércoles, fije el objetivo para la UE en un 90%, el mínimo recomendado por el Consejo Asesor sobre el Clima del bloque comunitario.

Sin embargo, a partir de 2036, los «créditos internacionales de alta calidad» -vinculados a un sistema de certificados de carbono respaldado por la ONU- podrían contabilizarse para alcanzar el objetivo, según el texto al cual ha tenido acceso Euractiv, que aún podría sufrir cambios antes de su publicación.

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de carbono, que prohibirá las emisiones de la industria y la generación de electricidad a partir de 2039, se complementará con «absorciones nacionales permanentes», lo cual abre la puerta a la inclusión de emisiones negativas en el régimen.

Dado que algunos sectores van rezagados en la senda de descarbonización de la UE, se debería crear una «mayor flexibilidad» para «apoyar la consecución de los objetivos de forma rentable», según reza el texto del borrador.

El nuevo nivel de flexibilidad, que refleja en gran medida el acuerdo alcanzado en Berlín tras las recientes negociaciones con el Comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra, responde a las inquietudes de algunos socios de la UE, que temen las repercusiones económicas de una acción climática reforzada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha convertido en el «abanderado» extraoficial de los países de la UE más reticentes a la propuesta, con el apoyo de pesos pesados como Polonia e Italia.

«Esas supuestas flexibilidades no son más que una puerta trasera a una menor acción climática», lamentó este lunes la eurodiputada Lena Schilling (Verdes), que negociará la nueva norma en el Parlamento Europeo.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los grupos de presión en Bruselas están inmersos estos días en un último esfuerzo para intentar retrasar la normativa sobre Inteligencia Artificial (IA) de propósito general (GPAI, por sus siglas en inglés), antes de que la Comisión Europea publique en los próximos días el Código de Buenas Prácticas en la materia, de voluntario cumplimiento.

El Código, que se aplicará a los modelos de IA polivalentes en los que se basan tecnologías como ChatGPT de OpenAI, ha sido objeto de mucho debates y choques. Cerca de 1.000 grupos de presión y expertos europeos han participado en el proceso de redacción, junto con expertos independientes.

Paralelamente, la industria y la presidencia semestral polaca del Consejo de la Unión Europea (UE) han sugerido que la Comisión «pare el reloj» en la aplicación de la Ley de IA, dado que aún están pendientes múltiples directrices y normas.

A principios de este mes, la Comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen aseguró ante el Consejo que «no hay que descartar» el aplazamiento de algunos epígrafes de la norma si no están listas las herramientas de aplicación.

El Código de Buenas Prácticas tiene por objeto ayudar a los desarrolladores de IA a cumplir las normas de la ley para los GPAI, cuya entrada en vigor está prevista a partir del 2 de agosto.

Pero aunque la Comisión Europea no ha cerrado oficialmente la puerta a retrasar algunos plazos de la Ley de IA, sí ha indicado que las normas para los GPAI se aplicarán efectivamente en agosto.

Ello no ha impedido que el grupo de presión de las grandes tecnológicas, CCIA Europe, haya hecho una última petición a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para que retrasen las normas.

En ese sentido, Daniel Friedlaender, Director de la CCIA Europa, aseguró en un comunicado que la UE corre el riesgo de «paralizar por completo la innovación», ya que el Código aún no está listo, a pocas semanas  de que entren en vigor las nuevas normas.

Llamamiento a «resistir la presión»

Pero el mundo académico y la sociedad civil también impulsaron su propia carta abierta la semana pasada, en la cual defienden la Ley de IA e instan a la Comisión a «resistir las presiones» para descarrilar la norma.

«Los riesgos sistémicos de los modelos GPAI siguen avanzando», se advertía en la carta, en la cual se citaban peligrosas «capacidades relacionadas con amenazas cibernéticas, biológicas, radiológicas y nucleares».

El Parlamento Europeo también es favorable a que la aplicación de la ley se desarrolle según lo previsto.

«Ahora es necesario un enorme esfuerzo para ultimar cuanto antes el Código de Buenas Prácticas y las normas necesarias para la evaluación de la conformidad. No puede haber más retrasos», declaró a Euractiv el eurodiputado Michael McNamara (Renovar Europa, liberales), copresidente del grupo de trabajo del Parlamento Europeo sobre la Ley de IA.

«Si el Código de Buenas Prácticas y las normas de gobernanza de los modelos GPAI no entran en vigor este año, como está previsto, la UE sufrirá una importante pérdida de credibilidad que irá mucho más allá de la Ley de IA», advirtió.

Por su parte, el eurodiputado Sergey Lagodinsky (Verdes), que formó parte de los negociadores de la Ley de IA, explicó a Euractiv que se necesitan «mecanismos sólidos» para garantizar que la ley «se aplique y se haga cumplir de forma efectiva».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Roma (Euractiv.it/.es) – La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido oficialmente a los jueces de ese alto tribunal que amonesten a Italia por incumplir sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, tras la polémica liberación en enero pasado de un funcionario libio acusado de crímenes contra la humanidad.

La petición se produce después de que Italia presentara sus alegaciones, en el marco de un trámite procesal que permite a los Estados explicar su actuación antes de que la Corte se pronuncie sobre una posible falta de cooperación.

En una respuesta de 14 páginas, la fiscal Nazhat Shameem Khan argumenta que Italia incumplió sus obligaciones legales, obstruyó la justicia e impidió que la CPI ejerciera su mandato en ese caso.

Nijeem Osama Almasri, jefe de la policía judicial libia, fue detenido en Turín el 19 de enero, pero apenas dos días después fue puesto en libertad y devuelto a Trípoli a bordo de un avión de las fuerzas aéreas italianas.

Almasri se enfrenta a cargos de asesinato, tortura y violación relacionados con los abusos cometidos en el centro de detención de Mitiga, en la capital libia.

Italia ha defendido su gestión del caso y cita para avalarlo una sentencia del Tribunal de Apelación de Roma, que ordenó la liberación de Almasri por defectos de procedimiento en la detención.

Por su parte, el ministerio italiano de Justicia ha explicado que no puede corregir el error debido a una supuesta solicitud de extradición concurrente de Libia -desestimada posteriormente por el primer ministro libio- y a incoherencias en la orden de detención de la CPI.

El ministerio del Interior también ordenó la expulsión de Almasri, con el argumento de que era la forma más rápida de proteger la seguridad nacional.

Sin embargo, la fiscal de la CPI ha puesto en duda esa explicación.

«Más de tres meses después de la liberación de Almasri, Italia planteó por primera vez la existencia de una supuesta solicitud de extradición concurrente de Libia», escribió Khan, al tiempo que señaló que en la documentación no se incluía ninguna prueba que sustentara ese argumento.

«Al final (…) parece que, tras recibir dos solicitudes contrapuestas, Italia no atendió ninguna de las dos (…) Almasri no fue ni entregado al Tribunal ni extraditado (o detenido) en Libia, sino trasladado en plena libertad a Trípoli, donde fue recibido por una multitud enfervorizada.», lamenta la fiscal de la CPI.

Según Shameem Khan, las dudas o reticencias sobre la orden de detención o las solicitudes paralelas tendrían que haber desencadenado un proceso de consulta oficial, y no una liberación unilateral.

Por ello, ha instado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que declare a Italia infractora y remita el asunto a la Asamblea de Estados Partes o al Consejo de Seguridad de la ONU.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario, Alfredo Mantovano, están siendo investigados en relación con este polémico caso, y se enfrentan a acusaciones de complicidad y malversación.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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