Mundo Política
Los países miembro tiene que poder razonar su definición de «país seguro» en la gestión migratoria

Luxemburgo (Euractiv.com/.es) – El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que un país comunitario puede designar «países seguros» para la gestión migratoria ateniéndose a su legislación nacional, pero debe poder fundamentar jurídicamente esa decisión.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció el jueves sobre dos asuntos relacionados con la interpretación del concepto de «tercer país seguro», ahora bajo la lupa de la Comisión Europea.
El dictamen afirma que los gobiernos pueden elaborar sus propias listas de países seguros a efectos de devolución o tramitación de inmigrantes, pero esas designaciones deben estar sujetas al control judicial de los tribunales nacionales.
Aunque la opinión no es vinculante, servirá de sólida orientación para la sentencia final del TJUE en varios asuntos pendientes, cuya resolución está prevista para mayo o junio.
#ECJ #AG Richard de la Tour: A Member State may designate safe countries of origin by a legislative act and must disclose, for the purpose of judicial review, the sources of information upon which that designation is based #internationalprotection 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) April 10, 2025
Si la sentencia final va en la misma línea que el dictamen de este jueves, ello podría plantear obstáculos a los gobiernos que quieran eludir a los tribunales externalizando la tramitación del asilo o enviando a los migrantes a otros países, como es el caso de los acuerdos Italia-Albania o Reino Unido-Ruanda.
El caso está relacionado con una cuestión prejudicial de un Tribunal de Roma en relación con el acuerdo Italia-Albania, que se negó a validar la detención de migrantes rescatados en el Mediterráneo y enviados a centros de Albania, basándose en su procedencia de países que Italia calificó de «seguros» mediante una ley nacional.
Para que un tribunal nacional pueda evaluar la legalidad de tal designación, debe «disponer de las fuentes de información en las que se basa dicha designación», según el Abogado General Richard de la Tour.
Añadió que la mera designación de un país como «seguro» no puede eximirlo de la impugnación jurídica, ya que al hacerlo privaría de hecho a la actual Directiva de la UE sobre el procedimiento de asilo «de todo efecto práctico».
El Abogado General razona además que un país puede calificarse de «seguro» para la mayoría, aunque algunos grupos corran riesgos, siempre que sea una democracia que ofrezca protección y esos grupos queden claramente excluidos de tal definición.
La opinión del Abogado General del TJUE se conoce en un momento especialmente delicado, cuando Italia está a punto de poner en funcionamiento sus polémicos centros de gestión migratoria en Albania, a pesar de que los traslados están aparentemente en suspenso a la espera de la sentencia final del alto tribunal europeo en estos casos.
A pesar del retraso, está previsto que cerca de cuarenta migrantes a la espera de ser deportados sean trasladados esta semana a uno de los controvertidos centros albaneses.
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(Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
La UE resiste la presión de los «lobbies» sobre el plazo para aplicar las normas sobre IA generativa

Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea no parece dispuesta a ceder a las presiones para retrasar la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, y en el caso de las normas sobre los modelos de inteligencia artificial generativa, también conocidos como inteligencia artificial de propósito general (IAG, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de aplicación está fijado para el próximo 2 de agosto, no parece que el calendario vaya a cambiar.
En las últimas semanas, varios países de la UE y miembros del sector han pedido a Bruselas que retrase la aplicación de la Ley de la IA, alegando que aún no están listas varias directrices, normas y herramientas de cumplimiento de ese paquete normativo.
Se trata, entre otras, de las normas para los modelos GPAI (por sus siglas en inglés) -es decir, los sistemas de IA generativa como ChatGPT de OpenAI o LeChat de Mistral-, que entrarán en vigor el 2 de agosto.
En ese sentido, cerca de 1.000 grupos de presión, académicos, expertos y representantes de la sociedad civil participaron en la redacción de un Código de Buenas Prácticas para los GPAI, una herramienta destinada a facilitar el cumplimiento de la norma.
Pero el proceso de redacción se ha prolongado más de lo previsto, y el grupo no logró cumplir el plazo original, que venció el pasado 2 de mayo.
A menos de un mes de la entrada en vigor de la Ley de IA, la Comisión Europea todavía tiene que aprobar el Código, aunque la Comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, ha confirmado que se publicará antes del 2 de agosto.
Por otro lado, el Consejo de IA -órgano compuesto por representantes nacionales del sector- ha debatido la posibilidad de establecer un «periodo de gracia» para que los signatarios comiencen a aplicar el Código, teniendo en cuenta los retrasos en la finalización del documento.
Ese periodo transitorio supondría que los promotores del GPAI no tendrían que cumplir de inmediato las disposiciones específicas del código. Sin embargo, seguirían estando legalmente obligados a cumplir la Ley de IA a partir del 2 de agosto de 2025.
Un portavoz de Bruselas ha explicado a Euractiv que el Consejo de IA sopesa la posibilidad de ampliar el plazo de aplicación del Código hasta finales de 2025.
Cualquier fase transitoria se aplicaría únicamente al Código de buenas prácticas voluntario y no suspendería las normas generales de la Ley de IA.
«No hay que parar el reloj, no hay periodo de gracia, no hay pausa«, comentó un portavoz de la Comisión Europea en una rueda de prensa el pasado viernes.
El proyecto de directrices de la Comisión Europea sobre las normas GPAI incluye un año transitorio para facilitar el cumplimiento de la norma, razón por la cual la denominada Oficina de IA, que supervisa la Ley de IA, no empezará a aplicar las normas GPAI hasta el 2 de agosto de 2026.
En el caso de los modelos GPAI comercializados antes del 2 de agosto de 2025, las normas no se aplicarán hasta el 2 de agosto de 2027.
No obstante, algunos grupos de presión quisieran un retraso de mayor alcance en la aplicación de la Ley de IA.
En ese sentido, un portavoz de Bruselas explicó a Euractiv que las normas sobre los modelos GPAI se aplicarán a partir del 2 de agosto.
Sin embargo, en el contexto de la próxima simplificación normativa digital de Bruselas, cuya presentación está prevista para finales de año, el portavoz añadió que «todas las opciones están abiertas» para su posible consideración en esta etapa.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
Eslovenia convocará un referéndum consultivo sobre su adhesión a la OTAN

Liubliana/Bruselas (Euractiv.com/.es) – El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, ha manifestado su intención de convocar un referéndum consultivo sobre la adhesión del país a la OTAN, después de que una iniciativa de su Ejecutivo de coalición relacionada con un aumento del gasto en defensa fuera tumbada en el Parlamento.
«Sólo hay dos caminos: o permanecemos en la OTAN y pagamos la adhesión, o abandonamos la Alianza; todo lo demás es un engaño populista a los ciudadanos de Eslovenia», comentó Golob, según un comunicado del gobierno publicado el viernes.
En ese sentido, está previsto que la semana próxima Golob ofrezca más detalles sobre su iniciativa de consulta popular.
La medida se enmarca en el intento del Gobierno por minimizar el golpe que ha supuesto para el Ejecutivo el éxito de una iniciativa del partido La Izquierda, socio menor de su coalición de centro-izquierda, que exige un referéndum consultivo sobre el aumento del gasto en defensa.
El Parlamento esloveno aprobó el viernes la propuesta de La Izquierda por 46 votos a favor y 42 en contra.
La pregunta que se hará a los votantes es «si están a favor de que Eslovenia aumente el gasto en defensa hasta el 3% del PIB anual en 2030, es decir, aproximadamente 2.100 millones de euros».
El partido liberal Movimiento por la Libertad de Golob votó en contra de la iniciativa, mientras que sus socios de coalición -los socialdemócratas y La Izquierda- se aliaron con la oposición conservadora para respaldarla, ahondando las divisiones en el seno del bloque de gobierno.
El descontento se venía gestando desde que Eslovenia suscribió, en el marco de la reciente cumbre de la OTAN de La Haya, unos compromisos de gasto en defensa más elevados, según los cuales los socios de la Alianza elevarán la cifra hasta el 5% del PIB nacional en 2035.
Eslovenia es uno de los pocos países que no cumplió en 2024 el objetivo previo de gasto del 2% del PIB, aunque Liubliana aseguró que tiene previsto alcanzarlo a finales de este año.
Aunque los referendos consultivos en Eslovenia no son legalmente vinculantes, la oposición, liderada por el jefe del partido conservador SDS, Janez Janša, ha pedido a Golob que vincule un voto de confianza en el Gobierno al resultado del plebiscito, extremo que el primer ministro ha descartado.
Algunas voces apuntan a que Janša, estrecho aliado del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y muy cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, competirá en las elecciones parlamentarias de 2026.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
El pacto económico suicida de Europa

Durante siglos, los samuráis japoneses recurrieron a una práctica llamada seppuku -suicidio por destripamiento- como remedio contra el fracaso. El ritual europeo de señalización de virtudes tiene un nombre más prosaico (aunque igualmente letal): Reglamento (UE) 2021/1119, también conocido como Ley Europea del Clima.
En virtud de esta ley, aprobada en 2021, la UE acordó alcanzar la neutralidad climática en 2055. Con ese objetivo cada vez más incierto, la Comisión propuso un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% para 2040.
«Nos hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar estratégicamente sobre cómo conseguir que esto sea un éxito para Europa», declaró el miércoles el Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, en la presentación del proyecto de ley.
A menos que el Comisario considere un «éxito» acelerar la desindustrialización de Europa, no podría estar más equivocado.
El intento de la Comisión de imponer recortes más drásticos de las emisiones en un momento en que la economía de la región está prácticamente paralizada no es otra cosa que un seppuku con otro nombre.
Afortunadamente, las capitales europeas más sobrias -Roma, Praga y París, entre ellas- se oponen al plan 2040 de la Comisión.
La gran pregunta es qué camino seguirá la coalición de centro-derecha alemana, sometida a una intensa presión por parte del grupo de presión de los Verdes del país.
Alemania, que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de la UE, lleva casi cinco años estancada.
En la eurozona, el panorama no es mucho mejor, con un crecimiento real cercano a cero desde hace más de dos años, el más débil en décadas. Con la perspectiva de una ralentización aún mayor en medio de una posible guerra comercial con Estados Unidos, difícilmente podría haber un peor momento para apretar los grilletes a la industria europea.
Pocos países europeos disponen del espacio fiscal necesario para hacer frente a la carga de unos recortes más drásticos de las emisiones.
De los 20 miembros de la eurozona, 11 infringen actualmente las normas de déficit del bloque, encabezados por Rumanía, con un déficit presupuestario del 9,3%. Los intentos del gobierno de frenar el gasto ya han provocado malestar.
Mientras que la industria manufacturera en Europa ha disminuido alrededor de un 4% desde 2015, la caída ha sido especialmente pronunciada en el núcleo industrial de la región, Alemania, donde la producción industrial se ha contraído casi un 10% a medida que los pilares de la economía del país – productos químicos y automóviles – han comenzado a resquebrajarse.
La crisis alemana debería servir de advertencia al resto del bloque.
Al igual que la Comisión, la clase política alemana sostuvo durante años que su ambiciosa política climática (conocida en Alemania como Energiewende, o transformación energética) serviría de modelo para el resto del mundo.
En cambio, Alemania -que ha visto cómo la industria pesada se alejaba del país debido en parte a los elevados costes de la energía- sirve de ejemplo de una política climática fracasada.
Aunque las emisiones alemanas han disminuido considerablemente, ese «progreso» se ha traducido en la erosión de su base industrial.
Nadie niega la crisis climática. Sin embargo, una estrategia de «ir por libre» no salvará el planeta.
Sólo destruirá lo que queda de la economía europea y la prosperidad sin precedentes que el continente ha disfrutado en las últimas décadas.
Los samuráis también tenían una palabra para eso: kaishaku, la decapitación.
Que prevalezcan las cabezas más frías de Europa.
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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