Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha seleccionado el primer grupo de productos que tendrán que cumplir, en breve, normas de sostenibilidad mucho más estrictas, y para ello ha exigido a los fabricantes que aumenten la vida útil de sus materiales e incrementen el uso de componentes reciclados, entre otros puntos.

En el marco del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR, por sus siglas en inglés), aprobado en junio de 2024, la Comisión Europea tiene que elaborar una lista -que se prevé se ampliará con el tiempo- con los productos que deben cumplir normas de sostenibilidad estrictas.

Su primera lista incluye: ropa, muebles, neumáticos, colchones, acero, hierro, aluminio, así como productos electrónicos, desde lavavajillas y teléfonos móviles hasta cargadores de vehículos eléctricos, artículos que en la fase de diseño tienen un gran impacto en el cambio climático.

A partir de mediados de 2028, las empresas que fabrican esos productos tendrán que cumplir nuevas normas, que van desde el aumento de la durabilidad de los productos hasta el uso de componentes reciclados, pasando por la reducción del consumo de agua o del contenido de sustancias químicas en la fabricación.

Esos productos también estarán sujetos a normas de etiquetado energético, según revela el nuevo plan.

El textil,  en el punto de mira de Bruselas

Dado que el sector del textil es responsable de entre el 2 y 8% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del mundo, según la ONU, no es de extrañar que la ropa haya entrado en la lista.

El sector es también el quinto mayor consumidor de materias primas y el tercero en cuanto a uso de agua y tierra, según el máximo organismo medioambiental de la UE.

Otra razón probable para la inclusión de la ropa en la lista es que, a pesar del creciente sector de la moda rápida y el aumento del consumo de productos textiles, el mismo organismo ha pedido a la industria que se esfuerce por fabricar prendas de mayor calidad, más duraderas y reciclables.

Los productos químicos, los plásticos y el calzado no pasaron el corte, aunque se consideró su inclusión en la lista.

En ese sentido, un estudio del Centro Común de Investigación de la UE, que sirvió de base para elaborar el listado, considera que esos productos tienen un gran impacto en el medio ambiente, ya sea por las elevadas emisiones a la atmósfera o por el intenso consumo de agua y energía que requiere su fabricación.

Se trata de «una oportunidad perdida», lamentó Emily Best, de la ONG internacional ECOS, en una rueda de prensa celebrada el miércoles de esta semana.

Muchas partes interesadas quieren que se incluyan los sectores químico y del plástico «lo antes posible», añadió Best.

Los productos químicos y afines, como los plásticos, y el sector del calzado también serán objeto de un estudio de Bruselas para evaluar el alcance de las posibles medidas.

El calzado es responsable de una quinta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sector textil, comentó Luca Boniolo, en la misma rueda de prensa de ECOS en Bruselas.

Boniolo señaló que la ONG confía en que Bruselas trate el tema del calzado «en la próxima ronda a más tardar», porque es urgente -asegura- introducir mejoras, especialmente «en materia de reparabilidad y reciclabilidad».

Los próximos pasos

Según el plan de trabajo de Bruselas a cinco años vista, la adopción de normas concretas no comenzará antes de finales de 2026, como muy pronto.

Los requisitos de sostenibilidad se establecerán en actos delegados, en principio, ya a finales de 2026 para el acero y la electrónica, en 2027 para el aluminio, los textiles y los neumáticos y en 2028 para los muebles.

Además de esos plazos, existe un periodo de transición de 18 meses antes de que las medidas entren en vigor, lo cual significa que no cabe esperar mejoras de la sostenibilidad a corto plazo.

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(Editado por DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Berlín (Euractiv.de/.es) – El abono mensual de transporte ilimitado de Alemania, por 58 euros, más conocido como Deutschlandticket, ha recibido un nuevo y sorprendente espaldarazo por parte de los dos socios de la futura coalición alemana, la conservadora CDU (PPE) y el Socialdemócrata SPD (S&D), que han acordado mantener las subvenciones a la iniciativa.

¿Se debe a que el Deutschlandticket -que cubre trenes regionales, metro, autobuses y tranvías de toda Alemania- ha tenido un gran éxito, con 13,5 millones de abonados?

Sus partidarios señalan que la oferta, lanzada en mayo de 2023, ha contribuido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a aumentar el número de usuarios de los sistemas de transporte público.

Pero también hay escepticismo sobre si el acuerdo ha estado a la altura de las expectativas o si ha sido la mejor manera de gastar los impuestos, ya que los contribuyentes alemanes han estado aportando 3.000 millones de euros cada año para subvencionar la medida.

Reducción de emisiones

En febrero pasado, el comité asesor del Gobierno sobre política climática no se mostró muy convencido del efecto directo del billete sobre el clima, y estimó que su potencial de ahorro de gases de efecto invernadero (GEI) se sitúa entre 0,44 y 2,8 megatoneladas.

El grupo de investigación Ariadne, respaldado por el gobierno, calculó recientemente que sería de entre 4 y 6,49 megatoneladas.

Pero son cifras relativamente menores si se comparan con las emisiones totales de 649 megatoneladas de GEI de Alemania en 2024, incluidas las emisiones globales del sector del transporte de 143 megatoneladas.

Rango de utilización

Tanto la Agencia de Estadística alemana como investigadores universitarios han atribuido al Deutschlandticket el mérito de animar a los alemanes a utilizar el transporte público o incluso a caminar en los desplazamientos de corta distancia.

Los abonados utilizan los abonos principalmente para ir al trabajo, pero cada vez aprovechan más la oferta también para viajes de fin de semana.

Sin embargo, ests efectos se limitan a las grandes ciudades, que cuentan con amplias redes de transporte público, y atienden sobre todo a las necesidades de los trabajadores jóvenes de cuello blanco, según una investigación del Instituto Fraunhofer que analizó el primer año del Deutschlandticket.

En las zonas rurales de Alemania, donde las opciones de transporte público pueden ser tan escasas como un solo autobús rural al día, el coche es una necesidad para la mayoría de la gente para tareas cotidianas como las compras en el supermercado.

Algunos políticos de regiones poco pobladas tachan la oferta de una «subvención para los habitantes acomodados de las ciudades», lo cual no es del todo cierto, ya que los viajeros de larga distancia de las ciudades periféricas han logrado importantes ahorros gracias a la oferta.

Facilitar la movilidad de las rentas más bajas

Pero más que la ubicación o la convicción personal, ha sido el precio del billete el factor clave para hacerlo accesible, sobre todo a quienes no pueden permitirse mantener un coche u otro medio de transporte.

Una encuesta realizada en el marco del estudio Fraunhofer reveló que el precio es una razón «importante» para quienes se decidían por comprar el abono.

Por término medio, los encuestados calificaron de «caro» un precio propuesto de 53 euros y rechazaron un precio mensual de 75 euros por considerarlo «demasiado caro», mientras que afirmaron que un «precio barato» estaría en torno a los 35 euros.

El precio de un abono mensual del Deutschlandticket subió a principios de año a 58 euros al mes. Sigue siendo un precio relativamente bajo comparado con lo que costaban los abonos mensuales en muchas ciudades alemanas, pero ya no es la gran «ganga».

¿Futura espiral de precios?

El precio será probablemente el mayor reto para el futuro. Está previsto que se encarezca a  partir de 2029, y el futuro canciller, Friedrich Merz (CDU), aseguró recientemente que el «precio completo» no subvencionado del Deutschlandticket será de 90 euros al mes.

Una subida cercana a ese precio significaría probablemente una caída del número de abonados y, a su vez, desencadenaría una espiral fatal para la oferta, ya que la disminución del número de usuarios y de los ingresos exigiría nuevas subidas de precios (o el retorno de las subvenciones).

No es casualidad que la subida de precios esté prevista para 2029, justo antes de las próximas elecciones alemanas y del final del mandato de cuatro años de Merz como canciller.

Esto deja la difícil decisión sonre el destino del nuevo Deutschlandticket en manos de un hipotético segundo mandato de Merz o de quien le suceda en el cargo.

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(Editado por BTS/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Ocho organizaciones ecologistas y de derechos humanos han solicitado formalmente al Defensor del Pueblo Europeo que investigue si el proceso de la Unión Europea (UE) para diluir normas clave de sostenibilidad constituye un caso de “mala administración”.

En el marco de la controvertida ley «ómnibus», la Comisión Europea ha propuesto recientemente suavizar los requisitos básicos de información ecológica y las normas que obligan a las grandes empresas a rendir cuentas por las violaciones del medio ambiente y los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Pero ClientEarth y otras ONG sostienen que el proceso utilizado por Bruselas para simplificar la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (DDDC) y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (IRSC) fue «muy  defectuoso».

«La propuesta ómnibus se hizo sin ninguna consulta pública, ignorando a la sociedad civil, con falta de pruebas o evaluaciones de impacto ambiental y social, y con un enfoque principal en los intereses (…) de la industria», aseguraron varias  ONG en un comunicado a principios de esta semana.

«Esta temeraria medida no sólo debilita las normas de sostenibilidad, sino que también daña la confianza pública en los cimientos democráticos de la UE», añaden.

Según las ONG, la Comisión Europea tampoco ha evaluado si la propuesta ómnibus está alineada con sus objetivos de neutralidad climática, lo que podría chocar contra las obligaciones jurídicas que impone la Ley Europea del Clima.

El Defensor del Pueblo Europeo puede investigar el asunto, pero sus competencias se limitan a realizar investigaciones y emitir recomendaciones.

Las ONG también han pedido al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que rechacen la legislación.

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(Editado por AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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