Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea no parece dispuesta a ceder a las presiones para retrasar la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, y en el caso de las normas sobre los modelos de inteligencia artificial generativa, también conocidos como inteligencia artificial de propósito general (IAG, por sus siglas en inglés), cuyo plazo de aplicación está fijado para el próximo 2 de agosto, no parece que el calendario vaya a cambiar.

En las últimas semanas, varios países de la UE y miembros del sector han pedido a Bruselas que retrase la aplicación de la Ley de la IA, alegando que aún no están listas varias  directrices, normas y herramientas de cumplimiento de ese paquete normativo.

Se trata, entre otras, de las normas para los modelos GPAI (por sus siglas en inglés) -es decir, los sistemas de IA generativa como ChatGPT de OpenAI o LeChat de Mistral-, que entrarán en vigor el 2 de agosto.

En ese sentido, cerca de 1.000 grupos de presión, académicos, expertos y representantes de la sociedad civil participaron en la redacción de un Código de Buenas Prácticas para los GPAI, una herramienta destinada a facilitar el cumplimiento de la norma.

Pero el proceso de redacción se ha prolongado más de lo previsto, y el grupo no logró cumplir el plazo original, que venció el pasado 2 de mayo.

A menos de un mes de la entrada en vigor de la Ley de IA, la Comisión Europea todavía tiene que aprobar el Código, aunque la Comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, ha confirmado que se publicará antes del 2 de agosto.

Por otro lado, el Consejo de IA -órgano compuesto por representantes nacionales del sector- ha debatido la posibilidad de establecer un «periodo de gracia» para que los signatarios comiencen a aplicar el Código, teniendo en cuenta los retrasos en la finalización del documento.

Ese periodo transitorio supondría que los promotores del GPAI no tendrían que cumplir de inmediato las disposiciones específicas del código. Sin embargo, seguirían estando legalmente obligados a cumplir la Ley de IA a partir del 2 de agosto de 2025.

Un portavoz de Bruselas ha explicado a Euractiv que el Consejo de IA sopesa la posibilidad de ampliar el plazo de aplicación del Código hasta finales de 2025.

Cualquier fase transitoria se aplicaría únicamente al Código de buenas prácticas voluntario y no suspendería las normas generales de la Ley de IA.

«No hay que parar el reloj, no hay periodo de gracia, no hay pausa«, comentó un portavoz de la Comisión Europea en una rueda de prensa el pasado viernes.

El proyecto de directrices de la Comisión Europea sobre las normas GPAI incluye un año transitorio para facilitar el cumplimiento de la norma, razón por la cual la denominada Oficina de IA, que supervisa la Ley de IA, no empezará a aplicar las normas GPAI hasta el 2 de agosto de 2026.

En el caso de los modelos GPAI comercializados antes del 2 de agosto de 2025, las normas no se aplicarán hasta el 2 de agosto de 2027.

No obstante, algunos grupos de presión quisieran un retraso de mayor alcance en la aplicación de la Ley de IA.

En ese sentido, un portavoz de Bruselas explicó a Euractiv que las normas sobre los modelos GPAI se aplicarán a partir del 2 de agosto.

Sin embargo, en el contexto de la próxima simplificación normativa digital de Bruselas, cuya presentación está prevista para finales de año, el portavoz añadió que «todas las opciones están abiertas» para su posible consideración en esta etapa.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Pekín/Bruselas (agencias/Euractiv.com) – China ha respondido este domingo con una nueva salva de aranceles contra la Unión Europea (UE), como respuesta a la prohibición impuesta por el bloque comunitario a las empresas chinas para adquirir equipos médicos europeos en gran volumen.

El ministerio chino de Finanzas comentó este domingo en un comunicado de prensa que las empresas de la UE, a excepción de «aquellas con capital europeo establecidas en China, tendrán que ser excluidas» de los pedidos de más de 6,3 millones de dólares.

Tras una profunda investigación, que se prolongo durante nueve meses y concluyó en enero pasado, la Comisión Europea detectó que el 87% de las licitaciones públicas chinas de productos sanitarios contienen prácticas discriminatorias anticompetitivas, que perjudican gravemente a las empresas europeas.

La Comisión Europea decidió el pasado mes de junio excluir a las empresas chinas de los contratos públicos de la UE para productos sanitarios superiores a 5 millones de euros.

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 (Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Unión Europea (UE) tiene previsto presentar la semana próxima una iniciativa, en principio con cinco medidas, para posiblemente reprender a Israel por la situación humanitaria en Gaza derivada de su operación militar en la Franja.

No obstante, la profunda fragmentación del bloque comunitario en este delicado asunto podría acabar frustrando la iniciativa,

Según un análisis interno de los 27 sobre el acuerdo comercial UE-Israel, al cual tuvo acceso Euractiv en junio, detectó «indicios de incumplimiento» de los compromisos en materia de derechos humanos recogidos en ese texto.

A partir de ese punto, está previsto que el servicio de acción exterior del bloque  (SEAE) presente el miércoles de la próxima semana un documento con varias medidas posibles a los embajadores de la UE, según informaron a Euractiv fuentes comunitarias.

¿Suspensión total o parcial del acuerdo UE-Israel?

Según las fuentes consultadas, el  documento podría incluir una suspensión total o parcial del acuerdo, posibles sanciones selectivas a ministros del gobierno israelí, personal militar o colonos radicales, medidas comerciales, un embargo de armas o una suspensión de la cooperación científica entre ambas partes, entre otras.

Aunque la mayor parte de esas opciones ya se han barajado, esta es la primera vez que se presentan oficialmente por escrito.

En ese sentido, está previsto que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatan el documento con las distintas opciones en su reunión del 15 de julio en Bruselas, la última antes de las vacaciones de verano.

Ese mismo día se podría fijar un plazo preliminar para que Israel pruebe que la situación humanitaria en Gaza ha mejorado sustancialmente.

Tel Aviv asegura que la revisión del acuerdo con la UE es «escandalosa» y está «plagada de lagunas metodológicas»

«El primer objetivo es cambiar (la actitud de Israel) sobre el terreno (…). Si la situación no mejora, entonces podremos debatir otras medidas», comentó en junio la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Un equipo técnico de la UE dirigido por el enviado del bloque a Oriente Medio, Christophe Bigot, viajó hace pocos días a Israel para intentar llegar a un acuerdo con Tel Aviv.

«Confiamos en poder llegar todavía a algún acuerdo con ellos», comentó esta semana un funcionario de la UE.

La UE sostiene que la revisión obedece a la urgente necesidad de aliviar el sufrimiento de la población  de Gaza, aunque la división entre los 27 sobre la posibilidad de imponer a Israel algún tipo de medida punitiva es tangible.

Sanciones selectivas, la opción más viable

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que temen deteriorar la relación con Tel Aviv , han evitado hasta la fecha adoptar una posición dura, y se han limitado a invitar a los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios a «continuar las conversaciones para un seguimiento» de la situación.

La suspensión total del Acuerdo de Asociación, o incluso la congelación parcial de sus disposiciones de política exterior, requeriría la aprobación unánime de los Estados miembros, lo cual es improbable dada la oposición de aliados clave como Alemania, la República Checa y Hungría.

Por otro lado, algunas fuentes comunitarias apuntan a que la Comisión Europea, responsable de la política comercial del bloque, rechaza tomar medidas radicales en ese terreno.

La posibilidad de un embargo de armas es muy improbable, sobre todo porque Alemania, el mayor proveedor en la UE de armas a Israel, lo frenaría.

No obstante, varias fuentes diplomáticas de la UE consideran que las sanciones selectivas contra individuos, similares a las ya impuestas por Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega, parecen la opción más viable.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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