París (Euractiv.fr/.es) – Tras la dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu, las posibilidades de que Francia apruebe un nuevo presupuesto para 2026 antes de fin de año se desvanecen, lo cual allana el camino a una «ley especial» que debería prorrogar las cuentas de 2025.

Lecornu, encargado por el presidente francés, Emmanuel Macron, de dirigir las «negociaciones de última hora» para formar gobierno, hizo de la consecución de un acuerdo presupuestario su mayor prioridad.

Sin embargo, con el actual estancamiento político, parece poco probable que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre un nuevo proyecto de presupuesto antes de la fecha límite que fija la Constitución.

El proyecto de Ley de Finanzas se tiene que presentar en la Asamblea Nacional antes del 13 de octubre para que pueda ser aprobado en 2026, lo cual abre un periodo obligatorio de 70 días para debates y enmiendas. Se necesitan otros ocho días para que el Consejo Constitucional revise el texto antes de que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

Impasse de los interinos

El problema es que un gobierno provisional no puede presentar un proyecto de ley de finanzas, ya que no se le pueden exigir responsabilidades políticas.

Mientras el Ministerio de Economía sigue preparando el texto «para garantizar la continuidad del Estado», el  nuevo gobierno heredará seguramente un proyecto muy cuestionado.

El proyecto de Lecornu, basado en gran medida en los 44.000 millones de euros de ahorro propuestos por su predecesor François Bayrou, no convenció a los partidos de la oposición.

Tanto la izquierda -que aboga por un impuesto sobre el patrimonio- como la extrema derecha -que exige recortes de las prestaciones sociales a los extranjeros y una menor contribución a la Unión Europea (UE)- plantearían seguramente una moción de censura a cualquier gobierno que intentara aprebarlo.

¿Una «ley especial»?

Si no hay gobierno, o si se disuelve el Parlamento, el gabinete provisional de Lecornu podría solicitar una votación limitada sobre el capítulo de «ingresos» del presupuesto, lo que permitiría seguir recaudando impuestos.

Como alternativa, la Asamblea Nacional podría aprobar una «ley especial» para «garantizar la continuidad de la vida nacional y el funcionamiento regular de los servicios públicos», una medida utilizada por última vez tras la caída del gobierno del ex primer ministro y comisario europeo Michel Barnier.

En virtud del artículo 47 de la Constitución francesa, esa ley permite al Estado recaudar impuestos y gastar a los niveles del año anterior hasta que se apruebe una nueva Ley de Finanzas.

Sin embargo, también impide que los tramos del impuesto sobre la renta se ajusten a la inflación, lo que supone un aumento de los impuestos para muchos hogares.

Impacto económico

La congelación del gasto público sin ajustes por inflación podría ahorrar entre 15.000 y 20.000 millones de euros, según las estimaciones de los economistas, lo que reduciría el déficit de Francia a alrededor del 5% del PIB en 2026. Una cifra inferior al 5,4% de este año.

Pero la parálisis política ya está haciendo mella. La previsión de crecimiento del Gobierno para 2025 se ha revisado a la baja, del 1% al 0,7%, mientras que la incertidumbre sobre los impuestos ha llevado a hogares y empresas a frenar el gasto.

La tasa de ahorro de Francia alcanzó el 18,8% a principios de 2025, su nivel más alto en casi medio siglo.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Estrasburgo (Francia/Euractiv.com/.es) – El Parlamento Europeo votó este martes en contra de la petición del Hungría de levantar la inmunidad de la Eurocámara a la eurodiputada italiana Ilaria Salis y al legislador húngaro Péter Magyar, en la oposición al gobierno del primer ministro, Viktor Orbán, cuyo partido, Fidesz pertenece al grupo ultra Patriotas por Europa (PfE), en el cual se encuentra, entre otros, Vox.

Salis, activista antifascista acusada de agredir a manifestantes de extrema derecha en Budapest en 2023, se ha convertido en abanderada de la izquierda europea. Los defensores de su causa aseguran que se tendría que enfrentar a una justicia no imparcial, y motivada políticamente, si fuera entregada a las autoridades húngaras.

En ese sentido, la Eurocámara logró este martes, por apenas un voto,  306 a favor y 305 en contra, que no se levante su inmunidad parlamentaria, que la protege de ser sometida a juicio.

El resultado de la votación es una muestra tangible de las profundas divisiones sobre su caso, que ha polarizado al Parlamento Europeo en las últimas semanas.

Los partidos de izquierda -sobre todo los socialistas (S&D) y Verdes- se mostraron satisfechos con el resultado de la votación, mientras que en las filas de la extrema derecha, algunos eurodiputados cargaron contra el grupo del Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario en Estrasburgo, por -en su opinión- «apoyar a terroristas de extrema izquierda».

«El caso de Salis -decidido por un solo voto- marca la negativa del Parlamento a ceder a las presiones del gobierno húngaro de Viktor Orbán, que una vez más intentó utilizar el sistema judicial para silenciar a sus oponentes políticos», afirmó el eurodiputado Verde David Cormand.

Muchos eurodiputados consideran que Magyar, antaño cercano a Orbán pero ahora uno de sus más duros críticos, es objetivo de la presión política de cara a las elecciones del año que viene en Hungría.

El Parlamento Europeo protegió previamente su inmunidad en tres casos concretos, que van desde un supuesto robo de teléfono en un club nocturno a demandas por difamación presentadas por el ex legislador György Simonka, y el movimiento de extrema derecha Nuestra Patria.

Las votaciones secretas sobre el caso reflejan la creciente preocupación de los eurodiputados por la independencia judicial en Hungría y son un raro caso de rechazo a cooperar con las peticiones de extradición de un Estado miembro.

Según algunos analistas, es probable que la decisión de este martes alimente la tesis de Orbán de que Bruselas protege a sus aliados mientras interfiere en los asuntos internos de Hungría.

Budapest lleva mucho tiempo enfrentada a la UE por el Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.

El caso ha puesto a prueba la línea habitual del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad, salvo en casos de clara motivación política, una línea que se ha ido difuminando en el caso de Hungría.

La votación «demuestra que cuando los representantes electos, los activistas y los ciudadanos defienden juntos los valores democráticos, se puede hacer frente y derrotar a las fuerzas autoritarias», comentó este martes Salis en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Por otro lado, Salis reiteró su petición de ser juzgada en Italia, subrayó que aunque se conceda la inmunidad, el juicio puede seguir adelante. «Ahora corresponde a las autoridades italianas actuar», dijo.

Mientras tanto, el co-presidente del grupo conservador de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Nicola Procaccini, mostró su enfado. El partido de derechas Hermanos de Italia, de la primera ministra, Giorgia Meloni, pertenece al ECR.

«El poder legislativo ha invadido la esfera judicial. Budapest, a la que se acusa de violar la ley, ha sufrido hoy ella misma una gravísima violación del Estado de Derecho», subrayó.

«Su lugar está en la cárcel, no en el Parlamento», comentó Zoltan Kovács, portavoz del Gobierno húngaro en la UE.

«No olvidemos quién es realmente Salis: una violenta activista antifascista que vino a Hungría a cazar opositores políticos en las calles – con un martillo», afirmó.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) –  El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite este martes el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) que no le aplicó la Ley de Amnistía por el delito de malversación.

Tal y como confirmaron fuentes jurídicas, el Pleno también admitió a trámite los recursos de los exconsejeros Lluis Puig Gordi y Antoni Comín por el mismo motivo. Eso sí, rechazó suspender las órdenes de detención nacional que pesan sobre ellos.

El Tribunal aprecia que «concurren en los recursos una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales».

La decisión, añadieron las mismas fuentes, contó con los votos en contra de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías.

Mientras, en lo que se refiere a la solicitud de suspensión de las órdenes de detención contra Puigdemont, Puig y Comín, el Pleno no apreció «urgencia excepcional» para aplicar las medidas cautelarísimas que reclamaban, por lo que, a fin de resolver sobre la misma, procederá a abrir una pieza separada.

La admisión a trámite de estos recursos de amparo se suma a la del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

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(Editado por FCM/gja/Servimedia)

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