Estrasburgo (Francia/Euractiv.com) – Cuatro eurodiputados franceses del Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario de Estrasburgo, sumaron fuerzas este jueves con el jefe de la extrema derecha europea, Jordan Bardella (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa), en un intento, fallido, de derribar a la Comisión Europea, en aras, aseguraron, de salvaguardar los intereses europeos en el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con  Mercosur.

El eurodiputado François-Xavier Bellamy, uno de los protagonistas del choque político, pertenece a la misma familia europea que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen (PPE), aunque existe una importante división política entre ambos, ya que su partido, Los Republicanos, está sometido a la presión de la extrema derecha francesa, de Agrupación Nacional (RN).

Los resultados de la votación de este jueves (que no logró tumbar a Von der Leyen en Estrasburgo) muestran que cuatro de los seis eurodiputados de Los Republicanos -Bellamy, Laurent Castillo, Christophe Gomart y Céline Imart- apoyaron la propuesta de Bardella, desafiando las instrucciones de su grupo de votar en contra.

Bellamy es uno de los políticos más veteranos del Partido Popular Europeo. Ocupa la vicepresidencia del grupo parlamentario y es también el tesorero de la alianza europea de partidos de centro-derecha del PPE.

Euractiv accedió a una declaración de la oficina de Bellamy en la cual se destaca la iniciativa de von der Leyen de impulsar el acuerdo comercial con Mercosur sin pedir la aprobación de los parlamentos nacionales de los países de la UE.

«No podíamos contradecir los compromisos que asumimos durante nuestra campaña, y la lucha que estamos librando sin descanso para proteger en especial a nuestros agricultores», se dice en el comunicado, en el cual se señala que la moción -contra Von der Leyen- no tenía «ninguna posibilidad» de ser aprobada de todos modos.

El líder del PPE, Manfred Weber, denunció el lunes el intento de tumbar a Von der Leyen, que calificó de truco «ridículo», tras acusar a Bardella de utilizar a la Comisión Europea para su agenda política interna, sobre todo su intento de tumbar al presidente francés, Emmanuel Macron, y provocar nuevas elecciones.

Tras la dimisión el lunes del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, Bardella ha pedido a Los Republicanos, de centro-derecha, que formen gobierno con Agrupación Nacional.

Bardella, que lidera el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo y es presidente de la Agrupación Nacional, presentó la moción el mes pasado, y apuntó como principal motivo de la moción de censura contra Von der Leyen al acuerdo comercial con Mercosur.

En cuanto a los otros dos legisladores de Los Republicanos, Nadine Morano se abstuvo, e Isabelle Le Callennec no votó, aunque estaba en el hemiciclo. El resto del PPE se mostró a favor de rechazar la propuesta de Bardella, así como una moción similar de la Izquierda contra la jefa de Bruselas, que tampoco prosperó.

El pasado julio, cuando un diputado rumano de extrema derecha también intentó impulsar una moción de censura contra Bruselas, el PPE presionó al esloveno Branko Grims para que retirara su apoyo mucho antes de la votación. Ningún otro miembro del PPE apoyó la moción de la extrema derecha.

Sin embargo, el apoyo público a Von der Leyen es considerado desde hace tiempo como negativo en las filas de la  derecha francesa, donde se la considera una estrecha aliada de Macron.

Los Republicanos anunciaron el pasado verano que no respaldarían la candidatura de Von der Leyen para un segundo mandato como presidenta de la Comisión, pero más tarde, en noviembre, optaron por apoyar al Ejecutivo en pleno.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Estrasburgo (Francia/Euractiv.com) – La Comisión Europea  sopesa la posibilidad de introducir cambios en la legislación comunitaria contra la deforestación, según informó el jueves la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ante los eurodiputados del grupo liberal Renovar Europa en el Parlamento Europeo.

Según Bruselas, la entrada en vigor de la ley sigue plagada de problemas en el sistema informático, lo que podría descarrilar su aplicación, prevista para el 30 de diciembre. Roswall ha dicho que debería retrasarse un año más, lo que significaría que no entraría en vigor hasta diciembre de 2026.

Pero este jueves Roswall también insinuó la posibilidad de reabrir y retocar el reglamento, según informaron a Euractiv varias personas presentes en la reunión de ese grupo político.

Cambiar la ley supondría otro golpe para uno de los pocos apartados del Pacto Verde que aún no se han revisado, ya que la prioridad política de la UE se desplaza cada vez más hacia el crecimiento económico.

«Roswall dice que tenemos que simplificar la legislación», comentó a Euractiv un eurodiputado de Renovar Europa  presente en la reunión. Un segundo eurodiputado confirmó la información, y una fuente parlamentaria cercana a los debates también confirmó la versión, al tiempo que añadió que se estudia la posibilidad de conceder ayudas a las microempresas y las pequeñas empresas.

Según el reglamento -que sería el primero de este tipo en el mundo-, los agricultores y silvicultores que comercialicen productos en el mercado de la UE deberán introducir datos de geolocalización para demostrar que sus mercancías no están vinculadas a la deforestación.

Durante la reunión, Roswall habría relacionado los problemas informáticos con el gran volumen de datos subidos por los pequeños agricultores, según el eurodiputado consultado. La solución podría pasar por la reapertura de la normativa para eximir a algunos productores, una vieja reivindicación de los eurodiputados alemanes y austriacos de centro-derecha.

La comisaria sueca,  del Partido Popular Europeo (PPE), y su Directora General de Medio Ambiente llevan insistiendo desde el mes pasado en que los retrasos del sistema informático son técnicos, no políticos.

En un acto celebrado el miércoles en Bruselas, Luis Planas Herrera, miembro del gabinete de Roswall, afirmó que «no hay vuelta atrás» en la aplicación del reglamento y subrayó que cualquier posible aplazamiento no significaría que Bruselas abandona la normativa.

Euractiv se puso en contacto con Roswall para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Madrid (Servimedia) – La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente los recursos contra la apertura de una pieza separada para investigar por malversación a Begoña Gómez y a su asistente María Cristina Álvarez, aunque el juez Juan Carlos Peinado podrá seguir investigando si la mujer del presidente Pedro Sánchez incurrió en un «plan delictivo» para beneficiarse de su estancia en La Moncloa.

Según el auto conocido este jueves, los magistrados consideran que la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid de acusar a Gómez de malversación y plantear que fuera juzgada por un jurado fue «prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental» al no contener una descripción mínima de los hechos investigados.

El tribunal señala que la resolución impugnada «no establece un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva» ni incluye las razones por las que el juez considera factible el enjuiciamiento por separado.

La Sala mantiene que ambos comportamientos investigados están «íntimamente entrelazados», ya que la intervención de la asistente como directora de Programas de Presidencia era supuestamente utilizada como «un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias».

CONEXIÓN ENTRE DELITOS

Los magistrados argumentan que la prueba de ambos supuestos delitos «está intrínsecamente unida, casi en relación de medio a fin», lo que en principio «imposibilita la formación de piezas separadas» sin que el instructor haya aportado razonamiento que justifique lo contrario.

El auto confirma, sin embargo, la necesidad de investigar si María Cristina Álvarez «pudiera haberse extralimitado en el desempeño de sus funciones públicas» para favorecer presuntamente el plan delictivo mediante «la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares».

La Sala avala también que declare como testigo el ministro Félix Bolaños, al considerar «necesaria, útil y pertinente» su comparecencia para aclarar las funciones que debía desempeñar la asistente. El ahora ministro era entonces Secretario General de Presidencia.

Los magistrados recuerdan que el nombramiento de un asistente para el cónyuge del presidente «resulta necesario desde el punto de vista protocolario, de organización, de agenda y de seguridad», pero la investigación se centra en una posible «extralimitación de las funciones».

«PLAN DELICTIVO»

El tribunal señala que tras más de año y medio de instrucción y con diligencias pendientes, no procede modificar el procedimiento «sin verificar una correcta delimitación fáctica» que permita conocer qué hechos se desgajarían y respecto a qué investigados.

La resolución destaca que la fase de instrucción es «esencialmente de investigación» y no exige «hasta su finalización realizar una valoración jurídica precisa», siendo necesario verificar la consistencia de algunas imputaciones antes de continuar por nuevas fases.

Los magistrados han declarado firme esta resolución, contra la que no cabe recurso, y ordenan al juez instructor que adopte las decisiones oportunas para acomodar las actuaciones practicadas a lo ahora acordado.

La Sala mantiene el resto de la resolución recurrida, incluyendo la investigación sobre una posible extralimitación en las funciones de la asistente de la esposa del presidente del Gobierno. En concreto, los jueces apuntan que ya dijeron en anteriores resoluciones «que los hechos susceptibles de investigación, por su aparente relevancia penal era determinar si María Cristina Álvarez pudiera haberse extralimitado en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez)».

En concreto, el juez podrá investigar si la mujer del presidente incurrió «en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados e incluso apuntamos los datos objetivos (correos intercambiados con el Vicerrector de la Universidad Sr. Doadrio) en los que asentar una justificada y necesaria indagación».

VALORACIÓN DE PRUEBAS

El tribunal recuerda que su labor es de «revisión y control» de la actividad del juez instructor, respetando los «ámbitos funcionales diferenciados» sin que ello merme la estructura de garantías del sistema de recursos.

Los magistrados subrayan que no les corresponde «examinar el material instructor» ni han practicado con inmediación las declaraciones testificales, siendo esta una labor «exclusiva y excluyente del juez instructor».

La investigación se inició hace más de año y medio para determinar la relación entre empresas de Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez, ampliándose después a la actividad relacionada con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

El caso incluye también la posible apropiación indebida de la marca Transformación Social Competitiva (TSC), aunque se descartó inicialmente investigar malversación al no tener Begoña Gómez condición de funcionaria pública.

MARCO LEGAL

La Sala cita el artículo 762.6ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre formación de piezas separadas y el artículo 17 que establece como regla general que cada delito dará lugar a una causa independiente.

Los magistrados recuerdan que las modificaciones legales buscan «hacer más rápida y eficaz la sustanciación de los procesos», evitando el automatismo en la acumulación de causas y la «elefantiasis procesal» de los macroprocesos.

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(Editado por NBC/gja/Servimedia)

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