Madrid (Servimedia) – El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistió este miércoles en que «el catalán será lengua oficial en la Unión Europea» y aseguró que el Gobierno «está trabajando» para ello. Una promesa que llega después de que Bruselas pospusiera sin fecha este debate.

Así se pronunció en el Congreso de los Diputados en respuesta al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien habló de «guerra sucia» judicial contra el catalán, avisando al ministro de que, «si contempla sin hacer nada, es cómplice”.

Y es que el diputado republicano denunció durante su intervención un «agravio permanente y sistemático sobre los hablantes del catalán», asegurando que «una parte de los operadores jurídicos dificultan que los catalanes y catalanas lleven una vida normal».

Ante esto, el ministro salió en defensa del «conjunto del poder judicial», mostrando su «admiración y reconocimiento a la inmensa mayoría de jueces y magistrados que hacen su trabajo con rigor e imparcialidad». Y, al mismo tiempo, defendió la gestión del Ejecutivo en relación al catalán.

Así, Bolaños respondió al diputado de Esquerra que «este Gobierno es probablemente el que más ha hecho por la normalización del catalán en la historia de la democracia», recordándole que puede usar esta lengua en el Congreso «gracias a un acuerdo al que llegamos al inicio de la legislatura». Y añadió que en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia también han incluido «la posibilidad de que se utilice el catalán como lengua oficial en aquellos procedimientos judiciales en Cataluña».

En este sentido, quiso dejar claro que desde el Ejecutivo están «trabajando para que el catalán sea una lengua oficial en el seno de la UE». Eso sí, evitó poner fecha a esta promesa y únicamente apuntó: «¿Cuándo? No lo sabemos, pero el catalán será lengua cooficial en la UE».

De ahí que volviera a poner de relieve que «cuando hablamos de lengua catalana, este Gobierno está haciendo un esfuerzo indiscutible por proteger el catalán, el gallego y el euskera, porque son una gran riqueza de nuestro país».

Por último, también se refirió a la Ley de Amnistía destacando el «esfuerzo importante» realizado por el Gobierno «para que la situación que se vivía en Cataluña se haya superado». Y puntualizó que esta norma tiene un «apellido»: «Para la normalización política, social e institucional en Cataluña, que es lo que hemos logrado», sentenció.

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(Editado por FCM/gja/Servimedia)

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Madrid (Servimedia) – El Partido Popular utilizará este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Cámara Alta requerirá así al Ejecutivo de Pedro Sánchez a depositar unas nuevas cuentas públicas en el Congreso en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar el choque institucional al Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a presentar los Presupuestos para 2026 antes de que acabe el año. Pero la oposición desconfía de su palabra y moverá ficha para elevar la presión sobre La Moncloa emprendiendo el séptimo choque entre órganos constitucionales de la legislatura. Este será el primero que el Senado dirige exclusivamente contra el Gobierno en casi 50 años de democracia.

El PP argumenta en su propuesta de 20 páginas, cotejada por Servimedia, que el Ejecutivo está incurriendo en «una inconstitucionalidad por omisión» porque, al no presentar Presupuestos, desoye la obligación establecida en el artículo 134.1 y 134.3 de la Constitución, e «impide» al Senado ejercer la función constitucional de control que le atribuye el artículo 66.2 de la Carta Magna.

Bajo esta tesis, el PP alega que el Gobierno «se está arrogando una competencia que no le corresponde», la de autorizar gastos no autorizados por las Cortes Generales para el siguiente año natural, a través del «abuso de la prórroga» presupuestaria. Motivo en el que sustenta esta vía, la del conflicto de atribuciones, para, a su vez, denunciar ante el Alto Tribunal el incumplimiento de la Constitución por parte del Gobierno.

«DÉFICIT DEMOCRÁTICO»

En este sentido, la propuesta sostiene que «la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año», del Presupuesto de 2023 es «inconstitucional, desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual» y supone «un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales».

En paralelo, el PP hace una serie de apreciaciones políticas y denuncia que el Gobierno de Sánchez se encuentra en «una situación insostenible de déficit democrático» porque no ha logrado el «aval parlamentario» para gobernar con unas cuentas públicas en los dos años y medio que lleva en marcha la legislatura.

«Está gobernando con los Presupuestos de otro gobierno y de otra legislatura avalados por unas Cámaras de composición distinta», constata la oposición, que insiste en que «no resulta legítimo llevar dos años con un Presupuesto prorrogado e ir camino del tercero, pues eso es incompatible con la obligación de aprobar unos nuevos Presupuestos ‘en el plazo más breve posible’, como exige el Tribunal Constitucional».

Además, subraya que la negativa del Gobierno a presentar las cuentas públicas constituye un incumplimiento simultáneo de la Ley General Presupuestaria y de la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

«INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN»

Por estas razones, el PP usará su mayoría absoluta para que el Pleno del Senado apruebe el conflicto de atribuciones y requiera al Gobierno a «que revoque su omisión de elaborar el Proyecto de Ley de Generales del Estado para el año 2026 y proceda a su elaboración y remisión al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.1 y 3 de la Constitución». Si el Ejecutivo no contesta en el plazo de un mes o ignora al Senado, el PP podrá entonces elevar el choque al TC, que se vería obligado a pronunciarse.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la figura de la «inconstitucionalidad por omisión» en su doctrina, pero cargos del PP consultados por Servimedia dan por hecho que el margen de actuación del Alto Tribunal está limitado a constatar que existe una actuación del Gobierno contraria a la Carta Magna. Es decir, que el Constitucional podría pronunciarse en contra de la forma de proceder del Ejecutivo de Sánchez, pero solo le recordaría la obligación de presentar Presupuestos tres meses antes de que acabe el año, sin obligarle en ningún caso a hacerlo.

Sánchez, que ha compartido en varias ocasiones su intención de gobernar hasta 2027, podría ser el primer presidente del Gobierno que no presenta unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura o que, al menos, no los aprueba, una «anomalía democrática» en palabras del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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(Editado por PTR/clc/Servimedia)

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Estrasburgo/Francia (Euractiv.com) – La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tsikhanouskaya, se dirige esta miércoles al Parlamento Europeo con la esperanza de convencer a los eurodiputados de que mantengan y refuercen las sanciones de la UE contra el régimen de Alexander Lukashenko.

«La firmeza de Bruselas importa (…) cuanto más frágil sea el régimen, más probabilidades tendremos de ver un cambio real», asegura.

La visita de la líder opositora bielorrusa a Estrasburgo este miércoles, acompañada de su marido, Sergei Tikhanovski – liberado el pasado junio tras cinco años de cárcel -, se produce cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, parece decidido a acercarse a Minsk.

Trump declaró el pasado agosto que ha mantenido una «maravillosa conversación» con el «muy respetado presidente de Bielorrusia». Varias decenas de opositores políticos bielorrusos han sido liberados en los últimos meses tras la presión de Estados Unidos.

A cambio, Washington levantó en septiembre parte de sus sanciones contra la aerolínea bielorrusa Belavia. Además, dos funcionarios  estadounidenses fueron invitados como observadores a las maniobras militares Zapad 2025, organizadas por Rusia y Bielorrusia.

Para Tikhanovskaya, Estados Unidos no está cambiando su estrategia global hacia Minsk, quizá sólo su «táctica». «No veo nada drástico», afirma, al tiempo que explica que mantiene conversaciones con la administración estadounidense.

«El régimen se está quedando sin dinero, sin opciones y sin legitimidad (…)  por eso busca ahora concesiones y un alivio de las sanciones», subraya.

La resolución sobre la situación en Bielorrusia, que se prevé sea aprobada hoy por el Parlamento Europeo, se produce cuando Washington y Moscú han abierto negociaciones para organizar una reunión entre Trump y Vladímir Putin en Budapest, en un esfuerzo por encontrar una solución política que ponga fin a la guerra en Ucrania.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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