Madrid (Servimedia) – El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo que investigará las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza, según informa Servimedia, socio de EURACTIV.

El equipo estará formado por el fiscal de sala jefe de la Audiencia Nacional y por la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quienes actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional.

Con ello se pretende aunar capacidad operativa con especialización en materia de derechos humanos.

El fiscal general ha adoptado esta decisión a raíz de la petición hecha por la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la unidad que esta dirige.

En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

El decreto recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internaciones, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con los que nuestro país tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los tratados suscritos por España.

Las diligencias de investigación tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición del órgano competente, dando cumplimiento con ello a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos.

Esta iniciativa de la Fiscalía española coincide con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio Palestino Ocupado que insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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(Editado por SGR/gja/Servimedia)

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Madrid (Servimedia) – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves la propuesta de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, aprobada por su Consejo de Administración, y que alcanza un total de 12.888 millones para los aeropuertos españoles, de los que 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas.

Así lo anunció Sánchez en un acto celebrado este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en el que precisó la propuesta de inversiones reguladas de la compañía que finalmente se incluya en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, tras su tramitación, que incluye el periodo de consultas con las asociaciones representativas de los usuarios, se someterá a aprobación del Consejo de Ministros.

Aena ya notificó esta propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Sánchez resaltó que este plan “tendrá un impacto positivo en todo el territorio porque llegará a todos los aeropuertos de la red Aena, nuestra hoja de ruta marca el interés general y una ambición de futuro de nuestro país».

Según el presidente, este plan cumple una serie de objetivos como son «la necesidad de aumentar el tráfico aéreo y responder ese éxito con voluntad de escucha; mejorar la experiencia de los pasajeros y la sostenibilidad medioambiental».

Por ello, anunció que 1.500 millones se destinarán a la innovación, proyectos tecnológicos y a conseguir descarbonizar la economía para vivir en un planeta saludable.

«Esa inversión nos permitirá alcanzar las cero emisiones netas en 2030, adelantándonos 20 años al compromiso global del sector del transporte aéreo», señaló.

Sánchez habló de «cifras espectaculares» este verano en los aeropuertos españoles. Como ejemplo, en agosto hubo más de 33 millones de viajeros. «Un récord histórico en el conjunto de la red y en 21 de nuestros aeropuertos», señaló, entre ellos, el de Alicante, donde se celebró el acto, con más de dos millones de pasajeros y casi 12.600 operaciones, explicó.

«Se estima que una mejora del 10% de la conectividad aérea incrementa nuestro producto interior bruto (PIB) en el 0,5%. Cada mil pasajeros crean un empleo directo. Y un aumento del 1% de vuelos ayuda a incrementar los intercambios comerciales en un 0,7%. Hablamos que no solo nos permite volar alto, sino también relanzar nuestra economía», afirmó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que «detrás de la inversión también hay planificación, hay una apuesta decidida de modernización de las infraestructuras aéreas y un modelo de éxito basado en la gestión y en el desarrollo de 46 aeropuertos y dos helipuertos y un marco regulador y normativo sólido que da certidumbre a los inversores, operadores, y, por lo tanto, al sector privado», señaló para destacar la apuesta del Gobierno por la colaboración público-privada.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quiso explicar que «más allá del aparatoso ruido artificial de algunas polémicas recientes, lo único cierto es que las tarifas aeroportuarias de Aena se definen todos los años mediante fórmulas matemáticas, contempladas en una normativa específica española y comunitaria en un proceso que después es supervisado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que como saben es un organismo independiente. No hay nada caprichoso en la definición de las tasas aeroportuarias».

Así, destacó que «por estas fechas pero el año que viene» el Consejo de Ministros aprobará este plan, el DORA III, y así, «una vez que adquiera cuerpo, el Estado supervisará el proyecto».

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, abrió el acto resaltando «el papel tan importante del Gobierno» y también de Sánchez porque «siempre ha apoyado siempre sin excepción a Aena, su actividad, sus decisiones y propuestas, incluso me atrevo a aventurar que algunas decisiones podrían no agradarle y por eso demuestra comprensión profunda de la compañía y el sector».

Y también aseguró que Puente «es el ministro que todo presidente de Aena querría que le tocara en suerte porque supervisa a Aena de una manera inteligente, sofisticada y tiene una valiente capacidad de cubrir las espaldas al equipo directivo y en general a Aena».

Lucena señaló que este plan consiste en un «exhaustivo análisis para analizar la capacidad y las estructuras y para que los servicios aeroportuarios cumplan niveles de seguridad y calidad óptimos. Tiene como objetivo último el fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad del sistema aeroportuario español».

Asimismo, incidió en que «la voluntad de Aena con sus inversiones es acomodar la demanda futura de los aeropuertos. Y esto siempre lo hacemos con base a criterios exclusivamente técnicos y con el máximo respecto al medio ambiente porque tenemos desde hace ya bastantes años en marcha un plan muy ambicioso de lucha contra el cambio climático».

Por último, señaló que «globalmente todavía los aeropuertos españoles tienen capacidad para acomodar la demanda de los próximos años, pero empieza a estar la cosa apretada y creo que esta es la razón que justifica sin ninguna duda el acto el acto de hoy».

El presidente del Gobierno también estuvo acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

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(Editado por NVR/MMR/JBM/gja/Servimedia)

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Praga (Euractiv.cz/.es) – La inminente aplicación de una tasa de la Unión Europea (UE) a los combustibles para calefacción y transporte por carretera se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a las elecciones parlamentarias del mes que viene en Chequia.

Con el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, denominado ETS2, los proveedores de gas natural, otros combustibles para calefacción, gasolina y gasóleo tendrán que comprar permisos por cada tonelada de CO₂ que emitan al quemarse.

La idea es reducir las emisiones fomentando el cambio a alternativas más limpias, como las bombas de calor y los coches eléctricos.

La creciente importancia de este asunto en la campaña electoral checa quedó patente el pasado miércoles, cuando los ministros salieron de una reunión del gabinete y aprovecharon la rueda de prensa para subrayar el rechazo de Chequia al ETS2 y a otras iniciativas europeas sobre el clima.

«Creemos que lo mejor sería abolir el sistema, pero aún no tenemos apoyo para ello, estamos buscando aliados», declaró el primer ministro conservador, Petr Fiala.

Su principal rival, el populista Andrej Babiš, también ha hecho del tema del impuesto una prioridad de su campaña y ha prometido bloquear su implantación en Chequia y buscar aliados en la UE para renegociar las normas comunitarias.

«Si el pueblo nos elige, en la primera reunión de gobierno adoptaremos una posición negativa sobre los nuevos derechos de emisión», declaró Babiš el martes al sitio de noticias Echo24. «Enviaremos inmediatamente cartas al Consejo Europeo y a la Comisión», subrayó.

Con más del 30% de apoyo en las últimas encuestas, el ex Primer Ministro de derechas subrayó que su primer viaje al extranjero sería a Polonia, país también muy crítico con el Régimen RCDE2. Tanto Babiš como otros políticos checos han citado estudios, cuya validez es contestada por algunos, según los cuales los hogares checos podrían ver aumentar sus facturas de combustible hasta 3.300 euros anuales.

Más a la derecha del partido ANO de Babiš, el SPD nacionalista de Tomio Okamura también ha prometido utilizar «todos los medios legales» para rechazar el sistema ETS2.

El Gobierno presiona para limitar los precios

El Gobierno de Fiala, consciente de las posibles sanciones económicas si Praga se negara a aplicar la legislación de la UE -por no hablar de la pérdida de ingresos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión RCDE2, que se supone que los gobiernos utilizarán en parte para proteger a los ciudadanos vulnerables de facturas más elevadas-, afirma que no implantará el sistema hasta que se establezcan salvaguardias para evitar picos en el precio de los derechos de emisión.

El Ministro de Medio Ambiente, Petr Hladík, presentó en junio un documento oficioso, respaldado por 19 Estados miembros, en el cual pedía limitar a 45 euros el precio de un derecho de emisión de una tonelada. Ese precio supondría unos 0,10 euros más por litro de combustible.

«Estamos presionando a la Comisión Europea para que presente una propuesta de revisión del RCDE2 lo antes posible», dijo Hladík el miércoles.

Por irónico que pueda resultar, el acuerdo político por el cual se creó el ETS2 se cerró mientras la República Checa ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Este legado choca ahora con una campaña electoral en la que casi todos los grandes partidos prometen suprimir el sistema o, al menos, presionar a Bruselas para que refuerce las salvaguardias.

Incluso el Partido Pirata checo, que comparte escaño con los Verdes en el Parlamento Europeo, apoya un tope de 45 euros, pero insiste en que parte de los ingresos del RCDE2 se destinen a un Fondo Social para el Clima que los gobiernos puedan canalizar hacia los hogares más pobres.

Mientras los líderes de los partidos se comprometen a no aplicar el RCDE2, las autoridades checas están haciendo precisamente eso, elaborando los planes sociales climáticos requeridos que establecen cómo se utilizaría el dinero.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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