Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea ha informado este viernes de que el gigante tecnológico Meta sólo aplicará cambios limitados en el modelo de publicidad de pago o consentida que inició en noviembre de 2024, después de que en abril Bruselas le impusiera una multa de 200 millones de euros en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo de la UE ha investigado el cambio de Meta para ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir entre pagar a la empresa para acceder a versiones de Facebook/Instagram sin publicidad o aceptar ser rastreados para anuncios.

La Comisión ha tomado esa medida porque la DMA exige a los denominados «gatekeepers» como Meta que obtengan el consentimiento afirmativo para ese rastreo.

El plazo para que Meta cumpliera la decisión de la DMA de la Comisión expiró ayer.

Sin embargo, el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, no pudo confirmar este viernes si los cambios implementados por Meta en el modelo publicitario el año pasado son suficientes para cumplir la decisión de abril en la que Meta fue   sancionada en el marco de la DMA.

El portavoz añadió que Bruselas estudiará los próximos pasos a seguir, y reiteró que Meta se arriesga a multas diarias a partir de hoy, 27 de junio, si sigue incumpliendo la normativa.

Un portavoz de Meta informó a Euractiv de que recientemente la empresa ha modificado la redacción y el diseño del flujo que los usuarios ven cuando se les pide que elijan cómo acceder a sus aplicaciones. Pero no dio más detalles.

Pagar o ver menos anuncios personalizados

La investigación de Bruselas a Meta comenzó en marzo de 2024, pero en noviembre la empresa modificó su oferta de pago o consentimiento, alegando que los usuarios podrían elegir entre pagar una cuota para acceder a versiones sin publicidad de sus aplicaciones o acceder gratuitamente a una versión con publicidad en la cual los anuncios utilizarían menos datos personales para la segmentación.

También redujo el precio de la opción sin publicidad, que bajó un 40%. De ese modo, el precio de las suscripciones mensuales a las versiones sin anuncios de Facebook e Instagram ha bajado a 7,99 euros al mes cada una.

La Comisión Europea decidió en abril que la versión original del modelo de pago o consentimiento de Meta, que ofrecía a los usuarios una opción binaria más cara, no cumplía con la DMA.

En ese sentido, este viernes un portavoz de Meta acusó a la Comisión de sancionar injustamente el modelo de negocio de la empresa.

«La Comisión Europea sigue discriminando el modelo de negocio de una empresa estadounidense», aseguró el portavoz.

«La elección del usuario entre una suscripción a un servicio sin anuncios o un servicio gratuito con anuncios sigue siendo un modelo de negocio legítimo para todas las empresas de Europa, excepto Meta», lamentó el portavoz de la empresa.

Por otro lado, el portavoz de Meta subrayó que la empresa «se ha comprometido de forma constructiva con la Comisión Europea y ha introducido numerosos cambios para responder a los comentarios cambiantes [de la Comisión]».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Valerio O., ex alto directivo de asuntos públicos de Huawei en Bruselas, se movía con soltura por las laberínticas instituciones de la Unión Europea (UE). Hoy está en el centro de una amplia investigación sobre presunta corrupción, en la cual las autoridades examinan si se cruzó la línea que separa el “lobby” del soborno.

En varias confesiones a las autoridades belgas a principios de este año, a cuyo contenido ha tenido acceso Euractiv y sus medios asociados belgas De Standaard y Le Vif, el lobbista esbozó cómo el gigante tecnológico chino trató de influir en la política de la UE aprovechando sus conexiones, supuestos pagos a través de intermediarios y sutiles gestos de gratitud, como champán, hoteles de lujo y entradas de fútbol.

Su testimonio ocupa ahora un lugar central en una investigación más amplia en curso sobre las prácticas de los grupos de presión en la capital administrativa de Europa, que sigue en fase preliminar. Ninguna de las personas y entidades mencionadas ha sido acusada aún y todas son presuntamente inocentes.

El caso se ha convertido rápidamente en una de las investigaciones sobre corrupción más reveladoras de la historia de la UE, con un alcance potencialmente mayor que el escándalo Catargate, en el cual se acusó a eurodiputados de aceptar dinero y regalos de agentes de Estados del Golfo.

Mientras que el escándalo Catargate puso de relieve la presencia de dinero extranjero en los pasillos del Parlamento, el caso Huawei llama la atención sobre los métodos de influencia más institucionalizados: consultorías de grupos de presión, redes políticas y la afinada maquinaria que sustenta la defensa de políticas en Bruselas.

En su núcleo hay un sistema que legaliza el acceso, enmascara los flujos de dinero y opera en la zona gris entre la diplomacia, los grupos de presión y la estrategia corporativa.

Los fiscales belgas están poniendo a prueba dónde acaba la representación legal y dónde empieza la influencia ilícita.

Hasta ahora, ocho personas (entre ellas Valerio O.) han sido acusadas preliminarmente de participar en una organización delictiva, blanqueo de capitales o corrupción. Las autoridades llevaron a cabo varias redadas en 21 lugares de tres países en relación con el caso.

Huawei no ha sido acusada de ningún delito y niega haber dado instrucciones a sus empleados para infringir la ley.

Un portavoz de la empresa en Bélgica explicó a Euractiv que «lamentablemente se ha descubierto que dos de sus empleados actuaron infringiendo las políticas de la empresa y la legislación local en vigor».

El portavoz añadió que la empresa ha cooperado con las autoridades judiciales y ha rescindido los contratos de las personas implicadas.

Un abogado que representa a Valerio O. declinó hacer comentarios, y la fiscalía belga tampoco se quiso pronunciar sobre la investigación en curso.

De asesor parlamentario a experto en lobbies

Con su pelo engominado y su sonrisa Colgate, Valerio O. era experto en abrir puertas en el Parlamento Europeo. Antes de incorporarse a Huawei como lobbista senior, pasó una década como asistente parlamentario de los eurodiputados, aprendiendo a desenvolverse en la escena política de Bruselas.

Esa red -cultivada a lo largo de años de votaciones nocturnas, cenas y cócteles– era exactamente lo que Huawei necesitaba ante la creciente hostilidad en Europa, dijo Valerio O. a los investigadores.

A finales de 2020, Huawei se volvió tóxica.

La creciente presión estadounidense y el aumento de la inquietud europea por los vínculos de Huawei con Pekín culminaron ese mismo año en Bruselas con una carta firmada por 41 eurodiputados en la cual se instaba a la Comisión Europea a prohibir que proveedores de alto riesgo como Huawei y su competidor chino ZTE recibieran financiación de la UE.

En aquel momento, la iniciativa se consideró una defensa de los intereses de Nokia, rival europea de Huawei.

Según la declaración de Valerio O. a la policía, su superior en Huawei reaccionó airadamente.

Asegura que la empresa respondió impulsando una contraofensiva que llevó a los eurodiputados a redactar y firmar una nueva carta -conocida internamente como la «Carta 5G»- que fue enviada en febrero de 2021 a los comisarios Margrethe Vestager, Thierry Breton y Valdis Dombrovskis. La misiva, que no nombraba directamente a Huawei, pedía un trato no discriminatorio en las decisiones sobre infraestructuras 5G y advertía contra el «racismo tecnológico».

Valerio O. dijo a los investigadores que la carta fue coordinada a petición de Huawei y redactada por el eurodiputado italiano Fulvio Martusciello (Forza Italia/PPE) y su antiguo asistente convertido en lobbista, Nuno W.M.

Valerio O. aseguró que los esfuerzos para promover la carta -incluida la obtención de firmas adicionales de otros legisladores antes de su publicación– estaban vinculados a pagos a Martusciello a través de consultorías de terceros y de su antiguo ayudante, Nuno W.M.. Esas afirmaciones no se han podido probar.

Pagos y apoderados

Las facturas revisadas por las autoridades belgas indican que contratistas de Huawei pagaron 45.590 euros al lobbista Nuno W.M. por servicios de «consultoría» y «mapeo de partes interesadas».

A continuación, Nuno W.M envió al menos 6.700 euros al eurodiputado Fulvio Martusciello, 1.000 euros a su asistente en Nápoles y casi 15.000 euros a un ayudante residente en Bruselas identificado como Adam M, según una orden de detención firmada por el juez instructor encargado del caso.

La policía sigue investigando la trascendencia jurídica de esas transferencias en el marco de una posible trama de corrupción. Tanto Nuno W.M. como Adam M. niegan haber cometido delito alguno y no están detenidos.

«Es sólo una fachada, estos ‘servicios de consultoría'», dijo Valerio O. a los investigadores, alegando que Huawei mantuvo deliberadamente su nombre fuera de las transacciones financieras. «Utilizan intermediarios. Huawei nunca asume riesgos», subrayó.

Martusciello ha negado haber cometido irregularidades.

«Coordiné y firmé la llamada ‘Carta 5G’ porque creía sinceramente que abordaba una cuestión legítima e importante», comentó, al tiempo que añadió que nunca solicitó ni recibió compensación por ninguna actividad política.

Por otra parte, admitió haber compartido públicamente la carta en una de sus cuentas en las redes sociales «con total transparencia», aunque el post ya ha sido borrado.

En su testimonio ante los investigadores anticorrupción belgas, Valerio O. alegó que Martusciello formaba parte de un grupo de eurodiputados que, en su opinión, llevaba a cabo prácticas corruptas de manera habitual.

«No hace nada gratis», comentó Valerio O. «Forma parte del grupo de eurodiputados para los que la corrupción está en su ADN. Cuando ven una oportunidad, la aprovechan», agregó.

Según el testimonio de Valerio O. a los investigadores belgas, Martusciello no sólo participó en la redacción de la llamada «Carta 5G», sino que también desempeñó un papel a la hora de conseguir más firmantes.

«Este tipo me dijo que dijera a mis jefes que su ayuda tenía un precio… El precio dependería del número de firmantes», explicó Valerio O, y agregó que cuando transmitió ese mensaje a su superior de Huawei, la respuesta fue escueta: «De acuerdo, adelante».

No obstante, esas acusaciones no han sido corroboradas. Los fiscales belgas han presentado un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Martusciello. No se han presentado peticiones de este tipo en relación con otros firmantes de la carta.

Champán, fútbol e influencia

Los regalos no acababan en las cartas, según el testimonio de Valerio O. En su ordenador, la policía encontró un archivo titulado «Regalos de Navidad», que clasificaba a los funcionarios de la UE por valor percibido.

El ex lobbista de Huawei alegó que los objetivos de alto nivel recibían botellas de champán; otros recibían cajas de productos de cuidado de la piel «Rituals», todos por debajo de 150 euros, el umbral establecido por las normas éticas del Parlamento. En la práctica, admitió Valerio O., la mayor parte del champán nunca pasó de su nevera.

Más eficaces, en su opinión, eran las atenciones sociales: asientos en el palco corporativo del estadio de fútbol RSC Anderlecht, adquiridos por 50.000 euros al año, donde los invitados disfrutaban de vino blanco y hamburguesas, según declaró a la policía.

Los investigadores descubrieron que entre los invitados se encontraban los eurodiputados Nicola Minchev, Daniel Attar y otro ex eurodiputado, a quien Euractiv prefiere no nombrar, por el momento. La imagen de Huawei estaba tan dañada, aseguró Valerio O., que esos eventos eran a menudo la única forma de conseguir una reunión.

Los fiscales belgas han solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria tanto de Minchev como de Attard en relación con la investigación.

Contactados por Euractiv y sus colaboradores, Attard, socialista maltés, y Minchev, liberal búlgaro, admitieron haber asistido a un partido en el estadio del Anderlecht, pero dijeron desconocer que la invitación procedía de Huawei.

El ex eurodiputado aseguró que asistieron «a título privado» y añadió: «No vi -y sigo sin ver- nada objetable al respecto».

Subrayaron que nunca han aceptado «favores ilícitos», y menos a cambio de influir en sus decisiones profesionales.

Ninguna de las actividades descritas -como los regalos o la hospitalidad- son necesariamente ilegales, y la investigación sigue en una fase inicial. Se presume la inocencia de todas las personas mencionadas.

Las autoridades belgas investigan ahora si otras gratificaciones más extravagantes, como aparatos tecnológicos o viajes de alto nivel, han cruzado la línea de los incentivos ilícitos.

Un caso destacado mencionado por Valerio O. es el de una cena con un eurodiputado -que Euractiv prefiere no nombrar, por el momento- en Barcelona.

La factura: 803 euros. Días después, esa cantidad fue reembolsada al eurodiputado por una entidad vinculada a Huawei, según Valerio O.

El eurodiputado no respondió a las múltiples peticiones de comentarios de Euractiv, y la entidad vinculada a Huawei declinó hacer comentarios.

Influencia subcontratada, estrategia en el sur de Europa

Según Valerio O., Huawei centró estratégicamente sus esfuerzos de presión en varios países del sur de Europa, donde buscaba reforzar los lazos políticos y mitigar los daños a su reputación.

En ese sentido, aseguró que a principios de 2024, al menos dos eurodiputados  fueron invitados por Huawei al Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona, con viajes y alojamiento supuestamente cubiertos por la misma entidad vinculada a Huawei. Uno de ellos, según Valerio O., recibió vuelos en clase business y una suite de hotel para él y su pareja valorada en 1.000 euros por noche.

Ese eurodiputado, que ya ha dimitido y al que Euractiv no nombra en esta primera fase de la investigación, confirmó haber asistido al evento con un miembro de su familia, pero aseguró que se pagó su viaje.

Describieron el viaje como una misión oficial que fue declarada de acuerdo con las normas parlamentarias y de la que se informó públicamente.

En su testimonio, Valerio O. alegó que Huawei podía ejercer influencia en determinadas delegaciones nacionales de las instituciones de la UE con más facilidad que en Bruselas.

«Si Huawei quiere colocar enmiendas, puede hacerlo a través de las embajadas, donde entramos como estrellas», dijo.

Aseguró además que en el caso de un Estado miembro del bloque, Huawei obtuvo acceso a las primeras versiones de las propuestas legislativas tras comprometerse a invertir en una planta de fabricación, presentando lo que describió como una «lista de deseos» directamente a los representantes diplomáticos.

Las embajadas en cuestión no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

A la pregunta de por qué no borró los documentos incriminatorios, Valerio O. respondió: «Lo guardé todo por si los chinos se volvían contra mí».

En marzo de 2025, tras una redada de la policía belga en 21 lugares de tres países. Valerio O. fue arrestado en su casa. Huawei rompió lazos con él tres semanas después.

Desde entonces, Valerio O. está cooperando con los investigadores, haciendo comentarios, dando nombres y entregando archivos. «Cuanto más hablo, más sé que estoy perjudicando a mi empleador», dijo al juez.

“Corrupción generalizada en el Parlamento Europeo”

Valerio O. también lanzó acusaciones contra tras personas que, en su opinión, están implicadas.

Nombró a otras entidades y personas, incluido un antiguo funcionario de la UE al que calificó de «un grupo de presión muy corrupto». No se han presentado cargos contra ellos y no han estado implicados en el caso.

Por otro lado, Valerio O. describió deficiencias en su trabajo, y aseguró que a veces falsificaba actas de reuniones o exageraba su papel e influencia a nivel interno.

«Siempre fui el showman (…) cuanto más actúas como un pez gordo, más te pagan», explicó ante los investigadores.

Mientras la investigación sigue su curso, los fiscales belgas preparan nuevos interrogatorios y esperan decisiones sobre las peticiones de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de cuatro eurodiputados.

La posibilidad de un juicio no está excluida, aunque el caso está aún en fase preliminar.

En su testimonio, Valerio O. ofreció una sombría evaluación del entorno político general de Bruselas.

«Esos eurodiputados son doctores en corrupción (…) todo el Parlamento es corrupto. Es delicado, pero forma parte del sistema», aseguró.

Un portavoz del Parlamento Europeo declinó hacer comentarios sobre los detalles de la investigación en curso, pero dijo que la institución mantiene «una política de tolerancia cero frente a la corrupción y el fraude», está cooperando con las autoridades judiciales y ha reforzado recientemente sus «normas de integridad, declaraciones financieras y procedimientos de diligencia debida».

Añadió que esas medidas «ya están dando resultados».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Roma (Euractiv.it/.es) – El gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido seguir adelante con una polémica revisión de la  ley de caza, lo cual ha desatado la ira de Bruselas y de los grupos ecologistas.

La propuesta de reforma no fue presentada por el Gobierno como tal sino por los líderes del bloque de la derecha en el seno del ejecutivo: Forza Italia (PPE), Fratelli d´Italia (de Meloni/ECR)) y los ultra de la Liga (Patriotas por Europa, el grupo de Vox).

La propuesta incluye medidas consideradas incompatibles con la legislación de la Unión Europea (UE) para la protección de la naturaleza, lo cual podría agravar la tensión entre Roma y la Comisión Europea, que en los últimos años ha incoado múltiples procedimientos de infracción contra Italia relacionados con el medio ambiente.

El proyecto de ley propone reactivar el uso de aves señuelo vivas sin citar las exenciones exigidas por la legislación de la UE, y limitar los espacios naturales protegidos al 30% del territorio de una región, un umbral que el Ministro de Medio Ambiente podría rebajar unilateralmente si se supera.

También se despojaría al ISPRA, el instituto nacional de investigación medioambiental, de su función vinculante de supervisión, transfiriendo la autoridad a un nuevo comité técnico bajo control directo del Gobierno.

En el texto se proponen cambios muy significativos para regular la caza, incluida la ampliación de la temporada hasta febrero, coincidiendo con la migración de muchas especies de aves.

En ese sentido, Massimo Buconi, presidente de la Asociación Italiana de Caza, calificó el proyecto de ley de «punto de partida útil», pero admitió que algunas medidas «no son apropiadas»

Por otro lado, Buconi criticó al gobierno por no adjuntar la reforma a la ley de presupuestos – una vía legislativa más rápida – y advirtió de que la fórmula elegida podría resultar «tortuosa e incierta»

En pie de guerra

El  ministro italiano de agricultura, Francesco Lollobrigida, calificó a principios de mes el aumento de poblaciones de animales salvajes de amenaza para la agricultura, la seguridad pública y la salud, y puso como ejemplo la propagación de la peste porcina africana.

Pero «las disposiciones no tienen nada que ver con el control de la fauna salvaje», asegura Giovanni Albarella, experto en caza e Lipu-BirdLifeItalia.

«Los señuelos vivos, el debilitamiento de la protección de las aves migratorias y la ampliación de los periodos de caza no tienen nada que ver con la gestión de poblaciones», agrega.

Cuarenta y seis organizaciones ecologistas solicitaron una reunión con el Ministerio poco después de que se conociera el contenido del proyecto de ley, pero ninguna recibió respuesta.

¿Infringir las normas de la UE?

Las normas italianas de caza tampoco han pasado desapercibidas en Bruselas. Desde 2022, Italia las ha modificado varias veces.

Con al menos 10 cambios que tocan 26 puntos diferentes de la ley de caza de 1992, Roma desencadenó dos procedimientos de infracción separados y un caso de pre-infracción.

Según la Comisión, Italia permite a las autoridades regionales autorizar la caza en zonas protegidas o fuera de las temporadas legalmente permitidas, lo cual infringe la Directiva de la UE sobre aves.

Italia tampoco ha aplicado el Reglamento REACH que prohíbe la munición de plomo en los humedales.

El expediente de infracción previo de la Comisión pone el foco en que Italia no ha aplicado su plan nacional contra la caza furtiva ni ha acabado con el comercio ilegal de aves señuelo vivas.

«Las disposiciones del nuevo proyecto de ley, si se aprueban, sólo pueden empeorar la situación», explica Albarella.

«Ni uno solo de los cambios propuestos responde a las quejas dela Comisión (…) van en dirección contraria», añade.

Entre los puntos más polémicos está la ampliación de la temporada de caza en febrero, la exclusión del ISPRA en favor de un comité controlado por el gobierno y el límite de las zonas protegidas.

«Es una violación directa de los Tratados (de la UE)”, asegura Domenico Aiello, responsable de protección jurídica de la ONG WWF Italia.

«La UE nos exige que aspiremos al máximo nivel de protección, no que lo tratemos como un límite», agrega.

Otro punto conflictivo es el uso de señuelos vivos, que el proyecto de ley reintroduce sin hacer referencia al artículo 9 de la Directiva de Aves de la UE, la única base jurídica para las exenciones limitadas.

«Sin una excepción oficial, eso es claramente ilegal según la legislación de la UE», advierte Albarella.

Ninguno de los tres partidos gobernantes ni el Ministerio de Agricultura respondieron a las peticiones de comentarios de Euractiv Italia.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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