Bruselas (Euractiv.com) – El gigante tecnológico estadounidense Google ha anunciado nuevos cambios en su tienda de aplicaciones para móviles en un intento por esquivar las posibles multas de la Comisión Europea en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la normativa de la Unión Europea (UE) que regula las  grandes empresas del sector.

En un post publicado esta semana en su Centro de Políticas, Google anuncia modificaciones en su «programa de ofertas externas» para los desarrolladores que utilizan Play Store para distribuir aplicaciones en el Espacio Económico Europeo (EEE).

El gigante tecnológico también ha introducido una estructura escalonada para una tasa de «servicio continuo» que cobra a los desarrolladores, similar a los cambios propuestos por Apple en junio.

En virtud de la DMA, los gigantes tecnológicos (incluidos Apple y Google) se pueden enfrentar a multas de hasta el 10% de su facturación mundial anual si infrinjen las normas.

Bruselas ha multado este año a Apple y Meta por infracciones en ese marco, pero hasta la fecha Google ha logrado esquivar sanciones de la DMA a pesar de la constatación preliminar del Ejecutivo comunitario de infracción en relación con su Play Store, comunicada en marzo.

Tasas escalonadas

Los últimos cambios de Google, que incluyen revisiones de las tarifas que cobra a los desarrolladores de aplicaciones, demuestran que la empresa quiere eludir la normativa de la UE.

Hasta la fecha, los desarrolladores se han esforzado por derivar a sus clientes a ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones móviles para evitar que las plataformas se queden con una parte de sus ventas dentro de la aplicación en concepto de comisiones.

Pero en respuesta a las exigencias de la DMA, tanto Google como Apple introdujeron nuevas comisiones para los desarrolladores.

En ese marco, Google ha revisado otra vez su estructura de tarifas ampliada. Uno de los cambios se refiere a la «tasa de adquisición inicial» para desarrolladores, que se ha reducido del 10% al 3%. Desde ahora, sólo se aplicará durante los seis meses siguientes a la instalación de la aplicación por el usuario.

Por otra parte, los desarrolladores de Play Store deben pagar la cuota de servicio de «nivel 1», que Google considera «esencial» para tener «una aplicación segura y fiable», por ejemplo accediendo a su sistema de revisión de aplicaciones.

Por su parte, la cuota de «Nivel 2» es opcional, pero desbloquea «funciones adicionales», como la distribución, el descubrimiento y la gestión de aplicaciones, y elementos de servicio adicionales, como campañas de promoción personalizadas.

Google aplica una tarifa fija por instalación de aplicación en los niveles 1 y 2, aunque la tarifa varía en función del país del usuario y de si se trata de un juego u otro tipo de aplicación.

Las tarifas oscilan desde 0,10 euros en el extremo inferior (por ejemplo, para un juego instalado por un usuario de Play en Rumanía) hasta 1,90 euros (para un juego instalado por un usuario en Alemania).

¿»Tarifas basura»?

En ese sentido, Tim Sweeney, Consejero Delegado de Epic Games, muy crítico desde hace tiempo con los «impuestos» que Apple y Google aplican a los desarrolladores en sus tiendas de aplicaciones, cargó contra la última medida de Google, que calificó de «claramente ilegal» y tachó los cambios de «tasas basura y despriorización discriminatoria de los resultados de búsqueda»

Por su parte, Gene Burrus, experto de la Coalition for App Fairness, que representa a desarrolladores de aplicaciones como Spotify y Match Group, también criticó la medida de Google, y aseguró que «perpetúa tasas y restricciones que violan la DMA».

Aunque Google afirma que los cambios aumentan la «flexibilidad» de los desarrolladores (al tiempo que «equilibran las necesidades de confianza y seguridad en todo el ecosistema»), el gigante tecnológico advierte de que las revisiones podrían aumentar los riesgos de seguridad para los usuarios de su plataforma Android.

«Nos sigue preocupando que estos cambios puedan exponer a los usuarios de Android a contenidos nocivos y empeorar la experiencia con las aplicaciones», explica a Euractiv Clare Kelly, asesora principal de Google en cuestiones competencia, en una respuesta por escrito.

La compañía recomienda a los usuarios que sólo instalen aplicaciones de tiendas de confianza, como Play Store, para reducir el riesgo de malware.

Kelly subraya que los cambios se han aplicado «tras las conversaciones de la DMA con la Comisión».

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Varsovia/Bruselas (Euractiv.com) – Polonia gravará con un impuesto del 3% a las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger a la industria nacional y a los medios de comunicación, según anunciaron esta semana fuentes oficiales .

Al tiempo que prosiguen en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las negociaciones para adaptar el sistema fiscal mundial a las realidades digitales modernas, muchos países europeos trabajan en sus sistemas impositivos nacionales centrados en las grandes empresas tecnológicas, predominantemente estadounidenses.

Esos esfuerzos han acaparado la atención -y la ira- del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, a pesar de la dura reacción de su administración, incluidas amenazas de represalias mediante la aplicación de aranceles comerciales, varios países siguen adelante con sus medidas.

En ese sentido, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció en marzo su intención de gravar a las grandes empresas tecnológicas, y en estos días se empiezan a conocer más detalles de ese plan.

Fuentes del Ministerio polaco de Asuntos Digitales han explicado a Euractiv que el proyecto de ley seguirá su tramitación «hasta finales de año». Una vez listo, se someterá a consulta pública.

Dependiendo de cómo avance el proceso legislativo, el nuevo impuesto podría entrar en vigor en 2027.

Según el Ministerio, el gravamen se aplicará a las empresas cuyos ingresos globales superen los 750 millones de euros.

Se aplicará a, entre otros, plataformas, redes sociales y aplicaciones de transporte compartido, así como a empresas que ofrezcan publicidad personalizada o vendan datos de usuarios.

Quedarán exentos los servicios que solo proporcionen a los usuarios acceso a contenidos (por ejemplo juegos) o interfaces (como plataformas de pago o de comunicaciones), así como los servicios financieros y las ventas directas a través de la web, por ejemplo a través del sitio web de una empresa minorista.

Las empresas afectadas tendrán que declarar los ingresos generados en Polonia o en relación con Polonia, en función de si pueden «suponer razonablemente» que los usuarios son residentes en el país, por ejemplo a través de sus direcciones IP, según el Ministerio.

Fuentes oficiales polacas creen que un «modesto» impuesto del 3% a los ingresos de los gigantes tecnológicos podría generar hasta 470 millones de euros el primer año.

La propuesta se asemeja al proyecto de la Comisión Europea de crear un impuesto digital para toda la UE, que habría ido a parar a las arcas nacionales, pero que se abandonó después de que los Estados miembros fueran incapaces de llegar a un acuerdo.

Bruselas también se planteó la aplicación de un impuesto digital en la UE para saldar las deudas derivadas de la crisis por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en su lugar, propuso recientemente un impuesto a escala de la UE sobre las grandes empresas en general.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com) – Un grupo de investigadores de la Unión Europea (UE) ha alertado de los problemas que plantea la medición de las capacidades de la Inteligencia Artificial (IA), y ha instado a los reguladores europeos a garantizar que las cifras de los modelos de las empresas de IA se ajusten realmente a lo que afirman.

Un nuevo documento publicado la semana pasada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europa concluye que los puntos de referencia de la IA prometen demasiado.

Los autores concluyen que las herramientas patentadas que comparan los modelos de IA son fáciles de manipular y miden con errores.

Las empresas de IA utilizan los puntos de referencia para cifrar el rendimiento de sus modelos en determinadas tareas. OpenAI, por ejemplo, puso a prueba su nuevo GPT-5 para comprobar la fiabilidad con la que se abstiene de responder a preguntas que no tienen respuesta, y supuestamente el nuevo modelo obtuvo una puntuación más alta que el anterior.

Los investigadores de la UE instan a los reguladores a centrarse en examinar detenidamente el funcionamiento de esas herramientas.

La evaluación comparativa de la IA es un problema para la UE porque sus normas sobre inteligencia artificial se basan en la evaluación de las capacidades de los modelos en muchos contextos diferentes.

Por ejemplo, los modelos de gran tamaño pueden considerarse de riesgo especial con arreglo a la normativa de la UE sobre IA, basándose en una evaluación comparativa que determine que tienen «gran capacidad de impacto».

La norma permite a la Comisión especificar qué significa eso exactamente mediante un acto delegado, cosa que el ejecutivo de la UE no ha hecho hasta ahora.

Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos lanzó el pasado viernes un conjunto de herramientas de evaluación que sus organismos públicos pueden utilizar para probar herramientas de IA. El Plan de Acción sobre la IA de Washington tiene como claro objetivo reforzar el liderazgo de Estados Unidos en la materia.

¿En qué puntos de referencia de IA confiar?

Los investigadores de la UE afirman que los responsables políticos se deben asegurar de que los puntos de referencia se centren en las capacidades del mundo real y no en tareas limitadas; estén bien documentados y sean transparentes; definan claramente qué miden y cómo; e incluyan diferentes contextos culturales.

Otro problema, según el documento, es que las evaluaciones comparativas existentes se suelen centrar en el inglés.

«En especial, detectamos la necesidad de nuevas formas de señalar en qué puntos de referencia confiar», se afirma en el documento.

Si se hace bien, los investigadores de la UE sugieren que los responsables políticos tienen la oportunidad de conseguir un nuevo tipo de «efecto Bruselas».

En ese sentido, en declaraciones a Euractiv, Risto Uuk, responsable de política e investigación de la UE en el Future of Life Institute, un grupo de reflexión centrado en la IA, admitió compartir las inquietudes recogidas en el documento, y sugirió que la UE exija evaluadores externos y financie el desarrollo del ecosistema de evaluación de la IA.

«Las mejoras son necesarias, pero evaluar las capacidades y otros aspectos de los riesgos y beneficios es crucial, y no basta con confiar en las vibraciones y las anécdotas», añadió el experto.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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