Bruselas (Euractiv)- Los ministros del Consejo de Europa dieron el miércoles un primer paso formal para remodelar el modo en que el máximo tribunal europeo de derechos humanos interpreta la legislación sobre migración.

La medida se produce tras meses de presiones políticas de los gobiernos, que acusan al Tribunal del Consejo de extralimitarse y restringir las políticas de seguridad nacional en casos de migración.

El Consejo supervisa el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH ), mientras que su Tribunal hace cumplir esos derechos en 46 Estados miembros, incluidos los 27 países de la UE.

En medio de un intenso debate sobre el equilibrio entre el CEDH y los controles migratorios nacionales, los ministros reunidos en Estrasburgo pidieron en una declaración conjunta aprobada el miércoles una respuesta más contundente del Convenio al tráfico de seres humanos, la seguridad fronteriza y la expulsión de delincuentes.

Responsabilidad compartida

Subrayaron la responsabilidad compartida entre los Estados y la necesidad de equilibrar los derechos individuales con la seguridad pública. La declaración aboga implícitamente por una interpretación más flexible de las normas de derechos humanos en los casos de migración.

«Hoy hemos dado juntos un importante primer paso adelante», declaró Alain Berset, Secretario General del Consejo de Europa, al encargar al comité de los 46 ministros de Asuntos Exteriores la redacción de una declaración política que se adoptará en su próxima sesión formal en Chisinau (Moldavia) en mayo de 2026.

El responsable del Consejo de Europa no respondió a las preguntas sobre si esto significa que la convención se reformará o modificará, pero señaló que la convención es un «instrumento vivo en desarrollo».

«Por favor, no lo olviden nunca. El Convenio se redactó en 1950. Era antes de la inteligencia artificial, de las redes sociales, antes de muchas cosas, antes de los teléfonos móviles, y se mantiene hasta hoy porque es posible adaptarse»

El empuje danés-italiano

La petición de un debate político sobre la interpretación judicial comenzó como una propuesta danesa-italiana -revelada por primera vez por Euractiv en mayo- y desde entonces se ha convertido en una bola de nieve. Austria, Bélgica, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa se adhirieron a la iniciativa, a la que se han sumado otros países que pretenden recalibrar el CEDH y disponer de más margen para imponer controles fronterizos.

«Nuestra tarea no es debilitar el Convenio, sino mantenerlo fuerte y relevante, para garantizar que la libertad y la seguridad, la justicia y la responsabilidad, se mantienen en equilibrio», advirtió Berset.

El movimiento recibió un fuerte respaldo el miércoles por la mañana, cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, escribieron un artículo de opinión conjunto en The Guardian en el que pedían unas normas modernizadas del CEDH que «protejan las fronteras y defiendan las democracias». El «actual marco de asilo se creó para otra época», afirmaron ambos líderes.

No amparar las redes criminales

También añadieron que el Tribunal no debe amparar a las redes criminales de contrabando, y que los gobiernos necesitan un margen de maniobra más claro para procesar y devolver a las personas de forma rápida y legal.

La reunión ministerial del miércoles es la continuación de una reunión técnica celebrada en noviembre, durante la cual los funcionarios reunidos en Roma empezaron a trazar posibles vías para modificar los convenios internacionales, incluido el propio CEDH.

La líder italiana Giorgia Meloni anunció por primera vez la reunión técnica al margen de la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas en octubre. Berset, sin embargo, ya había advertido contra los impulsos más beligerantes. En una entrevista concedida en octubre a Euractiv, afirmó que los intentos de frenar la influencia del Tribunal eran «el camino equivocado para iniciar un debate político productivo» sobre la reforma institucional.

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(Editado por mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La última propuesta de la Comisión Europea para utilizar activos soberanos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania es la que más se ajusta al derecho internacional, según declaró este miércoles la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

El plan, presentado oficialmente a las capitales europeas la semana pasada, apunta a aprovechar hasta 210.000 millones de euros en activos rusos depositados en la Unión Europea (UE). Lagarde aseguró que la iniciativa de Bruselas debería tranquilizar a los inversores que temen que el denominado «préstamo de reparación» equivalga a una confiscación.

El BCE ha advertido en repetidas ocasiones de que cualquier uso ilegal de los activos podría desencadenar una fuga de capitales de la Eurozona y potencialmente socavar la estabilidad financiera del bloque. Bélgica y Euroclear, el depositario de valores con sede en Bruselas que posee la gran mayoría de los activos destinados al préstamo, también manifestaron su preocupación por ello.

«Creo que este plan es lo más cercano que he visto a algo que cumpla los principios del derecho internacional», declaró Lagarde en una conferencia organizada por el Financial Times .

La francesa añadió que es «esencial» que la propuesta de la Comisión Europea «no elimine la titularidad de Rusia sobre los activos».

«Creo que los inversores en activos denominados en euros y en Europa apreciarán» que la UE no quiera «eliminar los activos soberanos porque nos conviene (…) es un caso muy, muy excepcional», subrayó.

El argumento jurídico de Bruselas se basa en el hecho de que los activos han madurado en gran medida en efectivo desde que fueron inmovilizados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dado que las sanciones de la UE impiden la devolución de los saldos en efectivo a Moscú, el dinero ya no es propiedad del Kremlin, argumenta la Comisión. Bruselas sostiene que el «activo» de Moscú es el «derecho» que tiene sobre las instituciones financieras de la UE que albergan los fondos, incluida Euroclear.

«Ese derecho del Banco Central de Rusia es el activo de Rusia», afirma la propuesta jurídica de la Comisión, la cual añade que «los saldos en efectivo no son propiedad del Banco Central de Rusia y no están protegidos por la inmunidad soberana».

Negociación en Bélgica  

Las declaraciones de Lagarde se producen a pocos días del Consejo Europeo de la semana que viene, en el cual los líderes de la UE intentarán convencer al primer ministro belga, Bart De Wever, de que abandone su firme rechazo al plan de Bruselas.

De Wever, que ha calificado el préstamo de «muy equivocado«, rechaza respaldar la propuesta a menos que se compartan sus riesgos jurídicos y financieros, y que otros países de la UE se comprometan también a utilizar los activos rusos depositados en sus jurisdicciones.

Bélgica ha propuesto importantes enmiendas a la propuesta jurídica de la Comisión, según funcionarios de la UE. Entre ellas figura la exigencia de que otros países del bloque ofrezcan garantías financieras ilimitadas en caso de que el Kremlin demande con éxito a Bélgica por daños y perjuicios superiores al valor total del préstamo.

Francia, que según algunas fuentes posee hasta 19.000 millones de euros en activos soberanos rusos, también es reacia a utilizar fondos rusos depositados en sus bancos privados, como exigen la Comisión Europea y De Wever, según los funcionarios europeos consultados.

Como alternativa a la propuesta de Bruselas, De Wever presiona al resto de socios de la UE para que emitan deuda conjunta para apoyar a Kiev, que podría quedarse sin dinero en abril del año que viene. Sin embargo, Hungría -cuyo primer ministro prorruso, Viktor Orbán, se ha negado a proporcionar financiación adicional a Kiev- bloquea esa opción.

La Comisión Europea propone cubrir sólo dos tercios, 90.000 millones de euros, de las necesidades de financiación de Kiev para 2026 y 2027. Pero Bruselas ha dejado claro que está dispuesta a utilizar todos los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por la UE tras la invasión.

«Insistimos en la importancia de que cualquier acción o acuerdo evite socavar la confianza en los mercados financieros internacionales salvaguardando el orden jurídico y la seguridad jurídica que sustentan las economías mundiales», comentó una fuente de Euroclear.

El gobierno belga declinó hacer comentarios.

Estaba previsto que los enviados de la UE siguieran debatiendo el plan esta tarde.

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(Editado por Victoria Becker/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La competitividad de Europa depende de que se mantengan las normas democráticas al tiempo que se racionaliza su sistema administrativo. A medida que la competencia mundial se acelera y las tensiones geopolíticas remodelan los flujos comerciales y de inversión, el modelo económico y democrático de la Unión Europea (UE) se ve sometido a constantes retos y presiones.

Aunque la UE se enorgullece de su elevado estándar democrático, muchos sostienen que la excesiva burocracia se ha convertido en un lastre estructural que debilita la competitividad, desalienta la inversión y erosiona la confianza en las instituciones.

Voces procedentes tanto de las regiones como de la «burbuja» de Bruselas y de la UE subrayan que el exceso de carga administrativa está condicionando el atractivo de Europa, con un mensaje claro: Europa no se puede seguir permitiendo un sistema que frena la innovación y se aleja de los ciudadanos.

Freno a la competitividad

En opinión de Sari Rautio, presidenta del Grupo del Comité de las Regiones del Partido Popular Europeo (PPE), el mayoritario en Estrasburgo, el impacto se siente con mayor intensidad a nivel regional, donde opera la columna vertebral de la economía europea: sus pequeñas y medianas empresas (PYME).

«El exceso de burocracia afecta tanto a nuestra competitividad económica como a la salud de nuestra democracia», explica Rautio en entrevista con Euractiv.

Las PYME, señala, son el motor de las economías regionales, pero también son las menos capacitadas para hacer frente al peso  administrativo. «La carga recae especialmente en las PYME […] y, sin embargo, son las menos preparadas para manejar complejos procedimientos nacionales y de la UE», afirma.

Cuando las obligaciones burocráticas crecen, las consecuencias económicas son inmediatas. «Cuando las normas, las obligaciones de información o las solicitudes de financiación se hacen demasiado pesadas, las PYME retroceden; y cuando eso ocurre, las regiones pierden innovación, inversión y crecimiento.», apunta.

No obstante, Rautio destaca que el daño no es sólo económico. Cuando los agentes locales tienen dificultades para acceder a las ayudas de la UE o deben superar procedimientos complejos, los ciudadanos empiezan a ver a la UE no como un socio, sino como una «lejana máquina burocrática».

Esas presiones se producen cuando la competitividad de Europa se ha ido «debilitando de forma crónica», como se destaca en los informes Draghi y Letta. Por ello, en opinión de Rautio, reducir la burocracia no es una mera cuestión de eficiencia, sino un elemento fundamental.

«Reducir la burocracia es esencial para reforzar el atractivo de Europa como modelo de negocio y destino de inversiones […] y para devolver a los ciudadanos la confianza en que la UE está ahí para ayudarles a ellos, a sus comunidades y a sus PYME a prosperar.», subraya la legisladora del PPE.

Desalentar el crecimiento

Por otro lado, el eurodiputado del grupo liberal Renovar Europa Engin Eroglu también pinta un panorama complicado. En su opinión, el entorno normativo europeo está socavando la capacidad de las empresas para competir a escala mundial.

«Con el marco normativo actual, muy pocas empresas europeas pueden alcanzar las tasas de crecimiento necesarias para competir a escala internacional, o crecer», comenta Eroglu en declaraciones a Euractiv.

Para las empresas, el creciente coste del cumplimiento de la normativa ya no es asumible. «Las empresas deben reducir los costes de personal, sobre todo minimizando la parte de trabajo administrativo improductivo provocado por los requisitos normativos», sostiene Eroglu.

El problema de fondo no es sólo el volumen creciente de normas, sino su complejidad y lentitud de aplicación. «Cada vez hay más sectores en Europa dominados por oligopolios. Eso reduce gravemente la innovación, ya que las PYME tienen muy pocas oportunidades de poner en marcha o ampliar sus negocios.», afirma.

Por ello, para Eroglu la simplificación emprendida por Bruselas ya no basta. «Tras muchos años de regulación cada vez más compleja, ha llegado el momento de la desregulación, no sólo de la simplificación […] para que puedan surgir nuevas empresas globales europeas», apunta.

La desigual aplicación de las normas

Rautio cree que el problema no son los valores o las normas de Europa, sino cómo se aplican en los distintos territorios. Las regiones son las protagonistas del proceso, puesto que son responsables de aplicar el 70% de la legislación de la UE.

Por ello, la aplicación de las normas debe ser «menos costosa, más inteligente, más proporcionada y tener en cuenta el elemento local», subraya.

No obstante, las normas de gobernanza deben permanecer intactas, asegura. «La condicionalidad del Estado de Derecho es esencial: protege el dinero de los contribuyentes, asegura la confianza entre los Estados miembros y garantiza que los programas de la UE se ejecuten de forma justa y transparente», afirma Rautio.

Pero para que el sistema funcione, la manera de aplicar las normas debe cambiar. En ese sentido, Rautio pide «menos obligaciones de información que se solapen, más proporcionalidad en los controles y un auténtico compromiso con la gobernanza multinivel y el principio de asociación».

Confiar más en las regiones, gestionadas de manera más eficaz, permitiría que se impulsara la inversión y la innovación «sin socavar los cimientos de nuestra democracia».

Por ello, Eroglu sostiene que la protección de las normas democráticas no debería suponer un exceso de carga administrativa. «Democracia y eficacia no se excluyen mutuamente: la clave está en cómo se organizan los procesos democráticos», subraya.

Reducir la carga burocrática forma parte del refuerzo de la legitimidad democrática de la UE, asegura. «Proteger los estándares democráticos significa que las decisiones sean comprensibles, eficientes y cercanas a los ciudadanos – no sobrecargar de burocracia a empresas y ciudadanos», afirma.

Un sistema «más rápido, sencillo y centrado», agrega Eroglu, es a la vez más democrático y más competitivo a nivel mundial.

¿Vulnerabilidad estratégica?

La conclusión es clara: la burocracia en la UE no es un defecto técnico interno, sino una vulnerabilidad estratégica en un momento en el cual el bloque comunitario europeo compite con superpotencias reguladoras, modelos capitalistas de Estado y economías capaces de tomar decisiones con mucha mayor celeridad.

Para que la UE sea un destino atractivo para la inversión, la innovación y la participación democrática, las reformas deben ir más allá de la simplificación simbólica. Deben remodelar la forma en que las empresas y los ciudadanos diseñan, aplican y experimentan las normas, aseguran Eroglu y Rautio.

La capacidad de la UE para prosperar en el tablero económico mundial dependerá de si es capaz de mantener elevados niveles de gobernanza al tiempo que construye un sistema administrativo dinámico, claro y proporcional. El coste de no hacerlo, advierten las partes interesadas, no es sólo el estancamiento económico, sino una mayor erosión de la confianza en el modelo democrático en el cual se sustenta la arquitectura del bloque europeo.

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(Editado por BM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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